CE - Sentencia 11001031500020250021301 de 2025

... Radicado: 11001-03-15-000-2025-00213-01

Accionante: AdonÆis María Barrios Rangel

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ D.C., veintitrØs (23) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00213-01

Accionante: AdonÆis María Barrios Rangel

Accionado: Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Barranquilla y

Tribunal Administrativo del AtlÆntico Referencia: Acción de tutela

TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Requisito de procedencia. Relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación que presentó la parte actora en contra d e la sentencia del 6 de marzo de 2025 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo por no superar el requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

AdonÆis María Barrios Rangel, en nombre propio, presentó escrito de tutela en el que solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la familia y de acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerados por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Barranquilla y el Tribunal Administrativo

solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la familia y de acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerados por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del AtlÆntico con ocasión de las providencias proferidas el 11 de diciembre de 2023 y 3 de mayo de 2024, respectivamente, en el marco del proceso de nulid ad y restablecimiento de derecho identificado con el nœmero de radicado 08001-33-33-0012021-00028-00/01.

2. Hechos

La causa petendi del escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fÆctica 1:

1 Ibídem. / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=08001333300120210002 8010800123Radicado: 11001-03-15-000-2025-00213-01

Accionante: AdonÆis María Barrios Rangel

2

2.1. Saulo JosØ SÆnchez GonzÆlez era el titular de la asignación de retiro reconocida por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur), hasta el momento de su fallecimiento ocurrido el día 3 de julio de 2020.

Aida del Rosario Caicedo Sarmiento, en calidad de compaæera perman ente, solicitó a dicha entidad el reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro. No obstante, mediante la Resolución 6376 del 23 de octubre de 2020 se dejó en suspenso

dicha entidad el reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro. No obstante, mediante la Resolución 6376 del 23 de octubre de 2020 se dejó en suspenso el pago del 50% de la prestación, al comprobarse que AdonÆis María Barro s Rangel ostentaba la calidad de esposa del causante. El 50% restante se re conoció a favor de los dos hijos del seæor SÆnchez GonzÆlez.

2.2. La seæora Caicedo Sarmiento interpuso demanda de nulidad y restablecim iento del derecho con el propósito de obtener la nulidad de la Resolución 06376 del 23 de octubre de 2020, y como consecuencia, el reconocimiento a su favor de l derecho pensional por concepto de sustitución.

2.3. El proceso le correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Barranquilla, bajo el radicado nœmero 08001-33-33-001-2021-00028-00.

En el curso de dicho trÆmite, la seæora AdonÆis María Barrios Rangel intervin o con una solicitud ad excludendum , y alegó su calidad de esposa del causante. Solicitó igualmente la nulidad de la Resolución 6376 y, a título de restablecimiento del derecho, el pago del cincuenta por ciento (50%) de la asignación de retiro, en calidad d e sustitución.

2.4. La autoridad judicial dictó sentencia de primera instancia el 11 de diciembre de 2023, en la que ordenó “a la Caja de Sueldo de Retiro de la Policía Nacional CAUSR proceder al pago de la sustitución de asignación de retiro del seæor Agente fi Saulo

2023, en la que ordenó “a la Caja de Sueldo de Retiro de la Policía Nacional CAUSR proceder al pago de la sustitución de asignación de retiro del seæor Agente fi Saulo JosØ SÆnchez GonzÆlez, de mÆs prestaciones sociales, y del retroactivo pensional a favor de las seæoras ADONAIS MARIA BARRIOS RANGEL, y AIDA DEL ROSARIO CAICEDO SARMIENTO, en porcentajes iguales, equivalentes al veinticinco (25%) cada una del cincuenta (50%) por ciento que fue suspendido en el a nterior acto. Así mismo se ordena vincular al subsistema de salud de la Policía Nacional, a las seæoras

ADONAIS MARIA BARRIOS RANGEL, y AIDA DEL ROSARIO CAICEDO

SARMIENTO”.

2.5. Inconforme con la decisión, la seæora AdonÆis María Barrios Rangel (tutelante) interpuso recurso de apelación. Afirmó que Casur expidió la Resolución 5859 del 25 de octubre de 2023 que aceptó el acuerdo al que llegaron las reclamantes de l derecho pensional y reconoció la sustitución de la asignación de retiro en el equivalente al 11% para Aida del Rosario Caicedo Sarmiento y 39% para la aquí accionante. A su juicio, dicho acto dio lugar al decaimiento de la Resolución 6376 del 23 de octubre de 2020.

2.6. El Tribunal Administrativo del AtlÆntico mediante sentencia del 3 de mayo d e 2024 confirmó la decisión de primera instancia. Sin embargo, frente al argumen to

2.6. El Tribunal Administrativo del AtlÆntico mediante sentencia del 3 de mayo d e 2024 confirmó la decisión de primera instancia. Sin embargo, frente al argumen to relacionado con el decaimiento de la resolución demandada, adujo que, segœn laRadicado: 11001-03-15-000-2025-00213-01

Accionante: AdonÆis María Barrios Rangel

3

jurisprudencia del Consejo de Estado, no se podía declarar la pØrdida de ejecutoria o el decaimiento de actos administrativos sin que se haya estudiado previamen te la legalidad del acto a travØs de los medios de control dispuesto para el efecto. Asimismo, seæaló que la expedición de un nuevo acto administrativo por la entidad demandada no era un motivo suficiente para declarar el decaimiento del acto ni exceder el Æm bito de competencia del juzgador.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional: i) amparar los derechos fundamentales solicitados. Como consecuencia de ello, pidió ii) dejar sin efectos las sentencias del 11 de diciembre de 2023 y del 3 de mayo de 2024; iii) ordenar a las autoridades judiciales accionadas que profieran una decisión de reempl azo en la que se tenga en cuenta el acuerdo de voluntades al que llegaron las be neficiaras de la asignación de retiro.

3.2. Como fundamento de la acción de tutela, la parte actora sostuvo que las providencias cuestionadas se apartaron de la valoración de la Resolución 5859 del 25 de octubre de 2023, que fue consecuencia del acuerdo de volunta des sobre la

3.2. Como fundamento de la acción de tutela, la parte actora sostuvo que las providencias cuestionadas se apartaron de la valoración de la Resolución 5859 del 25 de octubre de 2023, que fue consecuencia del acuerdo de volunta des sobre la distribución de los porcentajes del reconocimiento del derecho.

Asimismo, adujo que las autoridades accionadas desconocieron los artículos 1 , 2, 13, 29, 42, 46, 48, 53 y 229 de la Constitución Política.

4. TrÆmite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 24 de enero de 20252 la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela, se vinculó como terceros con interØs a la Nación-Ministerio de Defensa, a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y a Aida del Rosario Caicedo Sarmiento.

4.2. Aida del Rosario Caicedo Sarmiento 3 solicitó que se declare improcedente la solicitud de amparo constitucional dado que pretende revivir el debate del p roceso ordinario.

4.3. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Barranquilla 4 allegó el expediente digital del proceso ordinario. Asimismo, presentó informe en el que se opuso a las pretensiones. Para ello, indicó que el trÆmite respetó los derechos procesales de las partes y que la decisión cuestionada se fundamentó en el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado.

4.4. El Tribunal Administrativo del AtlÆntico, el Ministerio de Defensa Nacional y la Caja de Sueldos de Retro de la Policía Nacional guardaron silencio en esta etapa procesal.

Consejo de Estado.

4.4. El Tribunal Administrativo del AtlÆntico, el Ministerio de Defensa Nacional y la Caja de Sueldos de Retro de la Policía Nacional guardaron silencio en esta etapa procesal.

2 ˝ndice 00004 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia. 3 ˝ndice 00011 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia. 4 ˝ndice 00013 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00213-01

Accionante: AdonÆis María Barrios Rangel

4

5. La sentencia de primera instancia

La Sección Primera del Consejo de Estado profirió sentencia del 6 de marzo de 20255 que declaró improcedente la acción de tutela, debido a que no supe ró el requisito de relevancia constitucional.

Explicó que los argumentos expuestos en la solicitud coinciden con los que sustentaron el recurso de apelación que la actora interpuso en contra de la sentencia d e primera instancia del proceso ordinario. Esto, debido a que “en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y en la acción de tutela la parte actora seæala que se debió repartir la sustitución de asignación mensual de retiro del AG Saulo JosØ SÆnchez Gonzales en un 39% para la actora y en un 11% para la seæora Aida del Rosari o Caicedo Sarmiento, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 5859 del 25 de octubre de 2023”.

Por consiguiente, consideró que la discusión propuesta a travØs de este mecanismo

Caicedo Sarmiento, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 5859 del 25 de octubre de 2023”.

Por consiguiente, consideró que la discusión propuesta a travØs de este mecanismo constitucional ya fue resuelta por Tribunal accionado, el cual, por una parte, c oncluyó que las pruebas obrantes en el expediente acreditaban que el causante mantuvo una relación simultÆnea con ambas reclamantes durante los cinco (5) aæos anterio res a su fallecimiento, y que, en virtud de ello, resultaba procedente reconocer e l derecho en partes iguales. Por otra parte, indicó que la Resolución 5859 del 25 de octubre de 2023 no podía ser determinante en la decisión, toda vez que su legalidad debía controvertirse a travØs de los medios de control establecidos en la Ley 1437 de 2011.

Adicionalmente, seæaló que la inconformidad de la accionante recae sobre el porcentaje que fue reconocido a travØs de las sentencias enjuiciadas, lo que recae sobre un asunto meramente económico.

6. Impugnación

La parte actora presentó escrito de impugnación 6 en el que solicitó revocar el fallo de primer grado y, en su lugar, conceder la protección deprecada.

Para sustentar su petición, manifestó que, si bien sus pretensiones gravitaron en torno a un asunto económico, lo cierto es que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional expidió la Resolución 5859 del 25 de octubre de 2023, acto poste rior al que fue anulado a travØs de las sentencias enjuiciadas, y allí avaló el acuerdo de voluntades

Nacional expidió la Resolución 5859 del 25 de octubre de 2023, acto poste rior al que fue anulado a travØs de las sentencias enjuiciadas, y allí avaló el acuerdo de voluntades de las reclamantes del derecho pensional. En tal sentido manifestó ratificarse en los hechos y fundamentos de la demanda de tutela.

5 ˝ndice 00016 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia. 6 ˝ndice 00022 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00213-01

Accionante: AdonÆis María Barrios Rangel

5

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de con formidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de AdonÆis Maria Barrios Rangel al ser el titular de los derechos que afirma fueron vulnera dos, dado que actuó como interviniente ad excludendum en el trÆmite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado bajo el radicado nœm. 08001-3333-001-2021-00028-00/01.

2.2. Por otro lado, estÆ probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Barranquilla y del Tribunal Administrativo del AtlÆntico, por cuanto actuaron como jueces de primera y de segunda, respectivamente,

2.2. Por otro lado, estÆ probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Barranquilla y del Tribunal Administrativo del AtlÆntico, por cuanto actuaron como jueces de primera y de segunda, respectivamente, dentro del proceso mencionado y fue su actuación a la que la parte accion ante le atribuyó la vulneración de su garantía constitucional.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si los argumentos expuestos en el escrito de la impugnación tienen el alcance para revocar el fallo de primera instancia que declaró improcedente el amparo porque no superó el requisito de relevancia constitucional.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la do ctrina constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preli minar, realizar un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo sobre la problemÆtica jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratÆndose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional a travØs de la sentencia C-590 de 2005 7 indicó que estas proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carÆcter gen eral, que

Constitucional a travØs de la sentencia C-590 de 2005 7 indicó que estas proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carÆcter gen eral, que

7 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviæo.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00213-01

Accionante: AdonÆis María Barrios Rangel

6

habilitan la interposición de la tutela 8 y otros de carÆcter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto9.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración d e justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”10.

4.1. Relevancia constitucional

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controverti r las decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo obje to exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que e l asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial te nga una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el ju ez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por

constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción d e tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se co nvierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”11.

8 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial estÆ sujeta al cumpli miento de los siguientes requisitos generales de procedibilida d: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela te nga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con e l requisito de inmediatez; que en el evento de fundamen tarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga inc idencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifi quen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan si do cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela 9 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en l os

vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan si do cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela 9 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en l os defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrÆ ser razón s uficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgÆnico, que se presenta cuando el juez carece de com petencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fÆctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con funda mento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contrad icción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaæo por terceros y el mismo lo condujo a tomar una deci sión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivació n, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fÆcticos y ju rídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita fun cional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces

cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, confor me al mandato consagrado en el artículo 4” de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados. 9 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviæo. 10 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004. 11 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00213-01

Accionante: AdonÆis María Barrios Rangel

7

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

AdemÆs, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida po r una alta corte, el estudio de procedibilidad debe ser mucho mÆs estricto, lo que implica veri ficar la existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judici ales,

existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judici ales, el anÆlisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez constitucion al se establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilid ad relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interØs pœblico, ya que el asunto debe trascender el interØs particular de las partes y generar un efecto mÆs amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta œltima, debe destacarse que quien solicita el ampar o debe cumplir

la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta œltima, debe destacarse que quien solicita el ampar o debe cumplir con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho trÆnsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la cau sa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en tØrminos de los d efectos definidos por la jurisprudencia como œnicas causales que habilitan el co ntrol constitucional concreto12.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con el requisito de relevancia constitucional, y, por consiguiente, confirmarÆ el fallo de primera instancia. Esto, por las razones que se exponen a continuación:

12 Cfr. sentencia C-590 de 2005.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00213-01

Accionante: AdonÆis María Barrios Rangel

8

5.1. Al analizar el escrito de tutela y el de la impugnación, se advierte que la accionante indicó que la sentencia del 3 de mayo de 2024 desconoció que las reclam antes de la sustitución de la asignación de retiro llegaron un acuerdo sobre la distribución de la mesada, que fue aceptado por la Caja de Sueldos de Retiro de la Poli cía Nacional a travØs de la Resolución 5859 del 25 de octubre de 2023. En este orden, afirmó que la referida providencia no podía desconocer los efectos del acto.

travØs de la Resolución 5859 del 25 de octubre de 2023. En este orden, afirmó que la referida providencia no podía desconocer los efectos del acto. 5.2. Ahora, del anÆlisis de los aspectos abordados en la sentencia cuestiona da dictada por el Tribunal Administrativo del AtlÆntico y que puso fin a la actuación, así com o de las pruebas incorporadas al proceso, se advierte que el ad quem arribó a las siguientes conclusiones:

“De las probanzas referidas, el tribunal deduce que la seæora Adonais María Barrios Rangel, contrajo matrimonio en el aæo 1986 momento desde el cual convivieron y procrearon tres (3) hijos, conviviendo en los barrios Conidec, Ciudadela Metropolitana y San Felipe, como lo relataron los testigos; sin embargo, en varias ocasiones el causante abandonó temporalmente el hogar debido a relaciones extramatrimoniales que sostenía. Nótese que en los autos ni siquiera se insinuó que el seæor Saulo JosØ SÆnchez GonzÆlez se sustrajo a sus deberes de padre y menos que fue demandado por alimentos congruos y necesarios, lo cual permite inferir que, por lo menos, veló por sus hijos hasta los 18 aæos de edad.

Adicionalmente, se pudo constatar que desde el aæo 2009 aproximadamente inició una relación sentimental con la seæora Aida Del Rosario Caicedo Sarmiento, con quien tuvo un hijo de nombre JosØ David y convivieron en el municipio de Soledad desde el aæo 2011, relación que era conocida por todos los testigos en mayor o menor medida, pero sin que ninguno de ellos la desvirtuara de manera absoluta.

municipio de Soledad desde el aæo 2011, relación que era conocida por todos los testigos en mayor o menor medida, pero sin que ninguno de ellos la desvirtuara de manera absoluta.

Por consiguiente, las pruebas recaudadas en el desarrollo de la actuación procesal permiten determinar que hubo convivencia simultÆnea del seæor Saulo JosØ SÆnchez GonzÆlez con las hoy demandantes, razón por la cual se posibilita el reconocimiento de la pensión en igualdad de porcentajes, en tanto acreditaron convivencia en los œltimos cinco (5) aæos anteriores al fallecimiento del causante, tal como lo concluyó la primera instancia.

Finalmente, frente al argumento del decaimiento del acto administrativo aquí demandado, importa destacar que de manera reiterada el Consejo de Estado ha seæalado la improcedencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativa para declarar la pØrdida de ejecutoria o el decaimiento de los actos administrativos, sin que previamente se haya estudiado su legalidad a travØs los medios de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho contemplados en los artículos 137 y 138 del CPACA, respectivamente.

Por ello, la expedición de un nuevo acto administrativo en sede administrativa, pese a estar sub judice la actuación primigenia, no es motivo suficiente para, por un lado, declarar el decaimiento de actos administrativos; y de otro, que el ad quem exceda el Æmbito de su competencia en ese tópico.

Expresado de otra manera, la existencia de actos administrativos expedidos con posterioridad por Casur, no producen efectos respecto de

administrativos; y de otro, que el ad quem exceda el Æmbito de su competencia en ese tópico.

Expresado de otra manera, la existencia de actos administrativos expedidos con posterioridad por Casur, no producen efectos respecto de las decisiones o litigios pendientes de adoptar y/o resolver por estaRadicado: 11001-03-15-000-2025-00213-01

Accionante: AdonÆis María Barrios Rangel

9

jurisdicción, ni menos enrutar el sentido de la providencia que deba adoptarse en sede judicial, como se pretende en el recurso de apelación” (Resalta la Sala). En conclusión, para la autoridad accionada: i) se demostró la existencia de una relación simultanea de las seæoras AdonÆis María Barrios Rangel y de Aida Del Rosario Caiced o Sarmiento con el causante, motivo por cual, ostentan el derecho a la sustit ución de la asignación de retiro; ii) la expedición de la Resolución 5859 del 25 de octubre de 2023 no es motivo suficiente para declarar al decaimiento del acto demandado, pue s, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado se requiere que previamen te se realice el estudio de legalidad a travØs de los medios de control previstos en la Ley 1437 de 2011. En virtud de lo anterior, la Sala advierte que el debate planteado e n este caso fue adecuadamente examinado por el juez competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de forma arbitraria, sin respaldo o anÆlisis de los hechos y fundamentos normativos, ni que se hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el desarrollo del proceso ordinario.

decisión haya sido dictada de forma arbitraria, sin respaldo o anÆlisis de los hechos y fundamentos normativos, ni que se hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el desarrollo del proceso ordinario. Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a travØs del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender como acre ditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional, se requiere demo strar: i) su existencia; ii) su carÆcter desproporcionado; y iii) su carÆcter arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional advertir tal vulneración13.

5.3. A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte accionante pretende imponer su interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así como reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y contin uar con el debate surtido en el trÆmite del proceso de nulidad y restablecimient o del derecho, pues a partir de la revisión del proceso se advierte que los argu mentos expuestos en este escenario guardan identidad con los manifestados e n el proceso ordinario, si