CE - Sentencia 11001031500020250038001 de 2025

Demandante: Lina María Garrido Martín Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-00380-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-00380-01

Demandante: LINA MARÍA GARRIDO MARTÍN

Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Temas: Tutela de fondo. Falta de legitimación en la causa por activa.

Confirma sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la providencia del 3 de abril de 2025 , proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El 8 de noviembre de 2024, la señora Lina María Garrido Martín interpuso acción de tutela contra la Presidencia de la República, la Corte Constitucional, la Corte

1.1. Solicitud de amparo

El 8 de noviembre de 2024, la señora Lina María Garrido Martín interpuso acción de tutela contra la Presidencia de la República, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Congreso de la República, la Fiscalía General d e la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Alto Comisionado para la Paz, con el fin de que se amparen los derechos fundamentales a la vida, libertad, honra, paz, dignidad humana, bienes y creencias de los ciudadanos que habitan en el departamento de Arauca.

Estimó quebrantadas tales garantías constitucionales, por la «violencia sistemática y generalizada que sufren los ciudadanos del Departamento (sic) de Arauca por los grupos al margen de la ley denominados ELN, DISCINDENCIAS (sic) DE LAS FARC (Segunda Ma rquetalia) y bandas criminales que operan en el territorio».

1.2. Pretensiones

En consecuencia, solicitó lo siguiente:Demandante: Lina María Garrido Martín Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-00380-01

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2. DECLARAR la ausencia de protección del estado a sus ciudadanos en el Departamento de Arauca, donde no se les garantiza sus derechos fundamentales mínimos como la vida, la libertad personal, derecho a desarrollar su proyecto de vida en nuestro territorio, la protección de su honra y de sus bienes, enmarcándose

Departamento de Arauca, donde no se les garantiza sus derechos fundamentales mínimos como la vida, la libertad personal, derecho a desarrollar su proyecto de vida en nuestro territorio, la protección de su honra y de sus bienes, enmarcándose la realidad fáctica en la definición teórica de estado de cosas inco nstitucional (ECI), por incumplimiento del mandato de la norma superior de proteger a todas las personas residentes en el departamento, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades.

3. DECALARAR que en el Departamento de Arauca, ha ocurrido en genocidio continuado en contra de la población civil, utilizado como arma y bandera política de los grupos armados ilegales para acabar y/o someter a los distintos grupos sociales de la población, sin que las autoridades protejan efectivamente a sus ciudadanos, configurando un estado de cosas inconstitucional, que se concretan en el desconocimiento absoluto de los siguientes derechos tipificados como

fundamentales en nuestra constitución, así́:

ARTICULO 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte

ARTICULO 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

ARTICULO 17. Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres

de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

ARTICULO 17. Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas.

ARTICULO 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medi os masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.

ARTICULO 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

ARTICULO 24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia.

ARTICULO 34. Se prohíben las penas de destierro, prisión per petua y confiscación.

ARTICULO 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.

ARTICULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

1. Elegir y ser elegido.Demandante: Lina María Garrido Martín Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-00380-01

1. Elegir y ser elegido.Demandante: Lina María Garrido Martín Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-00380-01

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2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.

ARTICULO 85. Son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37 y 40.

4. ORDENAR a las tres ramas del poder público y organi smos de control, representadas por el presidente de la república, presidentes de la corte constitucional, corte suprema de justicia, consejo de estado, fiscalía general de la nación, contralor general de la república, dar aplicación al artículo 113 de la Constitución, trabajando armónicamente para hacer cumplir en el Departamento de Arauca los fines esenciales del estado, los elementales y básicos, de servir a la comunidad, garantizar los derechos consagrados en la Constitución, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, con el objetivo de impedir que organizaciones al margen de la ley sigan matando, secuestrando, extorsionando, desplazando, reclutando menores y

la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, con el objetivo de impedir que organizaciones al margen de la ley sigan matando, secuestrando, extorsionando, desplazando, reclutando menores y sometiendo por la fuerza y el terror a todos los habitantes del territorio, lo que se viene haciendo de manera pública, a la vista de todos y con publicidad en las redes sociales.

5. ORDENAR a las entidades del estado demandadas, que de manera conjunta y armónica, diseñen en un plazo de un mes una política pública de estado, que haga realidad en el Departamento de Arauca, los fines esenciales del estado; orientada a enfrentar la violencia fratricida y el genocidio continuado que ha venido ejecutándose en el Departamento de Arauca desde hace m ás de cuarenta (40) años, junto con la prevención y sanción de la corrupción generalizada en todos los estamentos del estado, que obtenga como resultado eliminar la cultura de la violencia e imponer la ley del fusil, así como la eliminación de la corrupción; política pública que debe venir acompañada de inversión social en todos los sectores

6. ORDENAR a las demandadas que para la elaboración de la anterior política pública de estado todas las cabezas que representan las ramas del poder público y organismos de control, se trasladen a cada uno de los siete municipios del departamento de Arauca, con el objetivo de que se obtenga un diagnostico serio de la situación de violencia, corrupción, atraso social y necesidades básicas insatisfechas, falta de vías, carencia absoluta de fuentes de empleo, entre muchas otras causas de la violencia enquistada en el Departamento.

de la situación de violencia, corrupción, atraso social y necesidades básicas insatisfechas, falta de vías, carencia absoluta de fuentes de empleo, entre muchas otras causas de la violencia enquistada en el Departamento.

7. ORDENAR al presidente de la república para que AUTORICE a la Defensoría del Pueblo, autoridades locales del Departamento, iglesias cristianas, católica, sociedad civil y congresistas del Departamento de Arauca, a conformar una comisión para que de manera inmediata se contacten con la Segunda Marquetalia y el ELN con el propósito de conseguir suspendan los asesinatos y demás delitos en contra de la población civil.

8. ORDENAR a la Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central de las FAR C, al ELN y demás grupos ilegales, se abstengan de cometer cualquier delito en contra de la población civil del Departamento de Arauca, mientras dialogan o tengan proceso de paz vigente con el gobierno nacional1.

1 Transcripción literal del texto original, por lo que puede contener errores.Demandante: Lina María Garrido Martín Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-00380-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 1.3. Hechos

La petición de tutela tuvo como fundamento, los siguientes:

La accionante indicó que el 2 de noviembre de 2024, la defensora del Pueblo pidió a las autoridades locales, departamentales y nacionales que se adopten

La petición de tutela tuvo como fundamento, los siguientes:

La accionante indicó que el 2 de noviembre de 2024, la defensora del Pueblo pidió a las autoridades locales, departamentales y nacionales que se adopten las medidas determinantes para salvaguardar los derechos inheren tes al ser humano, como son la vida, integridad, seguridad y justicia, específicamente para los habitantes del departamento de Arauca, ya que se han visto afectados de manera sistemática a causa de la guerra entre los grupos al margen de la ley por obtener el control del territorio.

Explicó que lo anterior se debe a que los ciudadanos de los siete municipios que conforman el departamento desarrollan su proyecto de vida en una situación de desprotección ante sus garantías , pues permanentemente se encuentran en riesgo extremo por la ausencia de acción institucional de las distintas entidades del Estado.

Refirió que las actividades sociales , económicas, políticas y culturales de la población han sido permeadas por el accionar de grupos al margen de la ley como el ELN, las disidencias de las FARC (Segunda Marquetalia), el Tren de Aragua y distintas bandas criminales, siendo víctimas de exterminio sistemático, masacres, homicidios colectivos y selectivos, extorsiones, amenazas y desplazamiento forzado.

Sostuvo que, a pesar de la violencia que se está viviendo de manera generalizada en el país, se puede evidenciar por las diferentes entidades estatales, mediante informes y respuestas las peticiones, que en Arauca la inseguridad se agudiza cada vez más, lo cual corresponde al olvido institucional que se vuelve cómplice de las repercusiones sobre la población civil.

estatales, mediante informes y respuestas las peticiones, que en Arauca la inseguridad se agudiza cada vez más, lo cual corresponde al olvido institucional que se vuelve cómplice de las repercusiones sobre la población civil.

Aseguró que el departamento cuenta con una ubicación estratégica puesto que hace parte de la franja binacional y, gran parte de su territorio pertenece a la región del piedemonte llanero, lo que ha permitido a estos grupos esconderse con facilidad y usarlo como corredor de movilidad y repliegue de movimientos, sumado a que es una zona rica en recursos naturales que, en vez de generar inversión social, solo ha aumentado la burocracia y la corrupción entre sus dirigentes.

Consideró que esta situación se desborda cada día pues las entidades estatales perdieron el control del territorio y lo cedieron a los grupos al margen de la ley, al punto de que las víctimas no solo corresponden a defensores de los derechos humanos, líderes sociales, políticos o grupos étnicos, sino a toda la población sin distinción alguna.

Señaló que el Estado no ha materializado ni puesto en marcha una política pública que garantice las medidas de seguridad necesarias para garantizar los derechos individuales de los ciudadanos del departamento y, pese a la existencia de entidades como la Unidad Nacional de Protección (UNP), que se encarga deDemandante: Lina María Garrido Martín Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-00380-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 brindar esquemas de seguridad, esta corresponde a una solución individual que no cubre la protección de un colectivo.

Aclaró que, con ocasión a esta preocupación, como araucana y representante a la Cámara por ese departamento , radicó una petición ante la «mayoría de las entidades estatales» para que realizaran acciones tendientes a impedir esta situación de zozobra que viven todos los habitantes de dicho territorio.

No obstante, según esta, las respuestas a estas solicitudes fueron insuficientes, pues algunas se remitieron, por competencia, a otras entidades y estas, pese a reconocer la situación de violencia generalizada, revelaban la ausencia de soluciones efectivas para proteger y salvaguardar la vida de los habitantes de ese departamento.

Al respecto, informó que la petición que se radicó ante la Presidencia de la República fue trasl adada a la mayoría de los ministerios para que dieran respuesta, así como a la Oficina del Alto Comisionado para la P az, quien respondió, en síntesis, que tiene conocimiento de la situación pero no se están realizando acciones concretas, pues solo se está monitoreando la zona, mientras que aumentan las víctimas.

Resaltó que el Ministerio de Defensa Nacional indicó las acciones que se realizan en el departamento, pero en general solo se trata de estrategias basadas en los diálogos de paz que adelanta el Gob ierno Nacional, sin que se aprecie una acción específica que ayude a erradicar la violencia en el territorio.

realizan en el departamento, pero en general solo se trata de estrategias basadas en los diálogos de paz que adelanta el Gob ierno Nacional, sin que se aprecie una acción específica que ayude a erradicar la violencia en el territorio.

Expresó que la Corte Suprema de Justicia respondió que no tiene atribuciones para proteger la vida, bienes y honra de los araucanos , ya que su la bor como máximo órgano de la jurisdicción ordinaria se enmarca en las funciones establecidas en el artículo 235 de la Constitución Política.

Refirió que, de manera similar, contestó la Corte Constitucional al indicar que no era posible emitir un pronuncia miento sobre la solicitud, ya que no se circunscribía a algún asunto relacionado con el control abstracto de constitucionalidad de las leyes, a la eventual revisión de acciones de tutelas o a dirimir conflictos de competencia entre jurisdicciones.

Expuso que el Consejo de Estado, a través de la presidencia de la Corporación, remitió la solicitud a la Fiscalía General de la Nación.

Afirmó que el presidente del Congreso de la República manifestó, en síntesis, tener amplio conocimiento del tema bajo discusión, pero que no se han tomado acciones concretas frente a este punto.

Resaltó que la Fiscalía General de la Nación señaló los grupos que delinquen en el departamento de Arauca, de conformidad con la información recaudada en el ejercicio de sus labores investigativas; además, la entidad aceptó que conoce de la situación de violencia que se vive en ese territorio y aportó estadísticas sobre masacres entre el 2022 y 2023.Demandante: Lina María Garrido Martín Demandados: Presidencia de la República y otros

la situación de violencia que se vive en ese territorio y aportó estadísticas sobre masacres entre el 2022 y 2023.Demandante: Lina María Garrido Martín Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-00380-01

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Indicó que la Defensoría del Pueblo respondió con un informe sob re el cumplimiento de su deber realizando alertas tempranas, pero frente a ellas no se han logrado concretar acciones por parte de los entes estatales encargados de brindar seguridad a los ciudadanos; de igual manera, reconoció que cuenta con información sobre la limitación de movilidad que tienen los habitantes de esa zona al no poder circular por ciertas vías o carreteras en las que ejercen control los grupos al margen de la ley.

Por otra parte, citó un comunicado publicado el 2 de octubre de 2024, en la página web del medio informativo «La Lupa Araucana», en el que las comunidades de las veredas Manantiales, La Conquista, Maporal, Brisas del Maporal, Caño Colorado y Caño Azul le pedían al Gobierno nacional y Departamental su ayuda ante la perturbación por parte del ELN en esos territorios.

Así mismo, hizo referencia a una noticia consignada el 18 de septiembre de 2024, en el sitio web de la Procuraduría General de la Nación, en el que se informó sobre un ataque terrorista perpetrado por ese grupo en la Base Militar

Así mismo, hizo referencia a una noticia consignada el 18 de septiembre de 2024, en el sitio web de la Procuraduría General de la Nación, en el que se informó sobre un ataque terrorista perpetrado por ese grupo en la Base Militar de Puerto Jordán en Arauqu ita (Arauca), en el que fallecieron dos uniformados y otros 26 resultaron heridos.

Destacó que el 22 de julio de 2024, el alcalde de Tame (Arauca) hizo un llamado a la paz y protección civil, solicitando abiertamente al ELN que su accionar no repercutiera contra la población civil ya que se estaban generando desplazamientos masivos en más de 50 personas de las veredas de ese municipio.

Mencionó distintas notas periodísticas que han registrado diferentes hechos de violencia en ese departamento entre el 2022 y el 2024.

Por otra parte, aseguró que en algunos municipios, en etapa electoral, solo pueden hacer campaña política ciertos candidatos ya que otros son vetados por los grupos armados ilegales, sumado a que las personas no se atreven a participar como testigos en las mesas de votación.

Adujo que, de hecho, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana No. 030-23, en la que advirtió a las autoridades para que tomaran acciones frente a posibles peligros durante las votaciones, para lo cual catalogó a seis de los siete municipios de Arauca como de riesgo electoral extremo.

Por lo anterior, indicó que en el departamento de Arauca se presenta una alta probabilidad de hechos de violencia en contra de todos los actores de la democracia, los cuales se traducen en actos de constreñimiento al elector,

Por lo anterior, indicó que en el departamento de Arauca se presenta una alta probabilidad de hechos de violencia en contra de todos los actores de la democracia, los cuales se traducen en actos de constreñimiento al elector, control territorial y poblacional, amenazas, atentados contra la vida, la integridad personal, restricciones de circulación que afectan el normal desarrollo del debate político regional por parte de los grupos armados al margen de la ley que hacen presencia en el territorio.Demandante: Lina María Garrido Martín Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-00380-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Alegó que el departamento se encuentra en un estado de abandono y olvido por parte del Gobierno nacional, departamental y local, pues estos no realizan acciones contundentes frente a las operaciones de los grupos beligerantes , lo cual se traduce en una vulneración de las garantías fundamentales inherentes al ser humano como son la vida, la paz, la salud, la dignidad humana, la integridad física, la igualdad, el derecho a elegir y ser elegido, comoquiera que los habitantes no pueden desarrollar sus actividades de manera normal.

1.4. Sustento de la vulneración

La demandante manifestó que se están vulnerando los derechos fundamentales a la vida, integridad, seguridad y justicia de la población del departamento de Arauca, a causa de la violencia sistemática y generalizada realizada por grupos al margen de la ley y bandas crimi nales, lo que ha ocasionado la pérdida de control del territorio.

Arauca, a causa de la violencia sistemática y generalizada realizada por grupos al margen de la ley y bandas crimi nales, lo que ha ocasionado la pérdida de control del territorio.

Expresó que los derechos fundamentales tienen una doble dimensión pues, por un lado, son facultades individuales por el simple hecho de ser personas, y por otro, constituyen mandatos de actuación o deberes de protección a todos los destinatarios de la Constitución Política, los cuales recaen directamente sobre el Estado.

Afirmó que esta tesis ha sido acogida por la Corte Constitucional para declarar el estado de cosas inconstitucional a través de la eventual revisión de acciones de tutela, ya que no solo se ha dedicado a proteger derechos individuales sino a materializar la protección de los derechos al impartir órdenes para que distintas entidades estatales cumplan con sus ob ligaciones legales y constitucionales , adoptando decisiones dirigidas a impedir el quebrantamiento de la norma superior.

Por tal motivo, pidió que se declare el estado de cosas inconstitucional respecto de los habitantes del departamento de Arauca, debido a que sus derec hos fundamentales son vulnerados sistemáticamente por los diver sos actores del conflicto armado en ese territorio.

Sostuvo que, para que se pueda materializar el derecho fundamental a la paz de los ciudadanos, debe garantizarse la libertad de la democracia, el derecho a elegir y ser elegido libremente y sin constreñimiento por grupos al margen de la ley o de alguna otra persona, por lo que debe desaparecer el riesgo electoral extremo en el que se encuentran los municipios.

1.5 Trámite de la acción de tutela en primera instancia

ley o de alguna otra persona, por lo que debe desaparecer el riesgo electoral extremo en el que se encuentran los municipios.

1.5 Trámite de la acción de tutela en primera instancia

La acción de tutela la conoció la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia2 que, mediante auto del 13 de noviembre de 2024, la admitió y negó las medidas provisionales solicitadas. El 26 de no viembre de ese mismo año, declaró la improcedencia de la acción por considerar que la protección de las

2 El radicado fue el 11001-02-30-000-2024-01482-00.Demandante: Lina María Garrido Martín Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-00380-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 garantías transgredidas podían ser solicitadas por medios procesales como la acción popular, según el artículo 4 de la Ley 472 de 1998.

El 12 de diciembre de 2024, la demandante impugnó la sentencia de primera instancia. Mediante auto del 16 de diciembre de 2024 se concedió la impugnación presentada y el reparto en segunda instancia correspondió a la Sala de Casación Civil de la Corte Supr ema de Justicia3. Mediante auto del 22 de enero de 2025 ordenó lo siguiente:

PRIMERO: Declarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la presente acción de tutela, sin perjuicio de la

de enero de 2025 ordenó lo siguiente:

PRIMERO: Declarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la presente acción de tutela, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los términos del inciso 1º del artículo 16, concordante con el 138 del Código General del Proceso.

SEGUNDO: Ordenar la remisión del expediente al Consejo de Estado para que asuma el conocimiento de la presente acción constitucional en primera instancia e imprima el trámite de rigor.

TERCERO: Comunicar lo aquí resuelto a los interesados por el medio más expedito y líbrense las comunicaciones pertinentes.

El 24 de enero del 2025, le correspondió, por competencia y reparto, conocer la acción de tutela a la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

Mediante auto del 10 de febrero de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, admitió la acción de tutela. Además, en el mismo auto resolvió un impedimento y negó la medida cautelar solicitada por la parte actora.

Frente al impedimento, manifestado por el entonces consejero Milton Ch aves García, lo declaró fundado por estar incurso en la causal del numeral 1° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, por tener interés en la actuación judicial, pues en calidad de presidente del Consejo de Estado tramitó la petición radicada por la señora Lina María Garrido Martín.

En relación con las medidas cautelares solicitadas por la actora, las negó por las siguientes razones: i) lo solicitado era parte del objeto de lo que se resolvería de fondo en la sentencia de tutela , según las pretensiones planteadas y, ii) la

En relación con las medidas cautelares solicitadas por la actora, las negó por las siguientes razones: i) lo solicitado era parte del objeto de lo que se resolvería de fondo en la sentencia de tutela , según las pretensiones planteadas y, ii) la celeridad y la eficacia del proceso de tutela conllevan a obtener un resultado de fondo expedito, frente a la presunta vulneración de sus derechos constitucionales.

1.6 Intervenciones

1.6.1. Presidencia del Consejo de Estado

El 31 de julio del 2024, esta corporación indicó que, mediante el oficio INT-20243617 contestó la petición elevada por la actora, a la que le indicó que de acuerdo con lo establecido en el artículo 237 de la Constitución Política y en las Leyes

3 El radicado fue el 11001-02-30000-2024-01482-01.Demandante: Lina María Garrido Martín Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-00380-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 270 de 1996 y 1437 de 2011, carecía de competencia para intervenir en asuntos atribuibles a las autoridades administrativas. Como consecuencia de estas,

mediante oficios INT -2024-3618, INT -2024-3619, INT -2024-3620, INT -20243621 e INT-2024-3622, todos del 31 de julio de 2024, se efectuaron los traslados por competencia, respectivamente, al Ministerio de Defensa Nacional, a la Defensoría el Pueblo, al Ministerio del Interior, a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, respectivamente.

También, manifestó que lo pretendido por la actora en la acción de tutela no puede ser atendido por el Consejo de Estado, puesto que no hay ninguna función relacionada con que «se mantenga la integridad territorial y asegure la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo en este territorio». Así, concluyó que no ha bía vulnerado algún derecho fundamental de la actora y solicitó negar las pretensiones de la acción.

Finalmente, afirmó que en el escrito de tutela se plantea una situación general derivada del escenario de inseguridad y orden público. Y que frente a casos como este, la Corte Constitucional ha indicado lo siguiente:

[…] si no se advierte la presencia de un nexo de causalidad entre la vulneración de los derechos de la demandante y la acción u omisión de la autoridad o el particular demandado, la tutela se torna improcedente, toda vez que la amenaza o afectación del derecho para cuya protección se interpone la acción debe existir y debe ser un derecho fundamental propio del demandante.

Por lo anterior, planteó la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, al existir otros mec anismos con mayor idoneidad y efectividad para los objetivos de la demandante.

1.6.2. Municipio de Arauca

con el requisito de subsidiariedad, al existir otros mec anismos con mayor idoneidad y efectividad para los objetivos de la demandante.

1.6.2. Municipio de Arauca

Esta entidad territorial manifestó que la acción de tutela versaba sobre la alteración del orden público en el departamento de Arauca, ocasionada por el aumento de la violencia, luego de que el presidente de la República y el Ministerio de Defensa Nacional decretaran el cese al fu ego bilateral y temporal con grupos al margen de la ley como el Ejército de Liberación Nacional, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y la Segunda Marquetalia disidencias de las FARC-EP.

Sostuvo que no le consta ninguno de los hechos relatados por la actora, los cuales consideró como apreciaciones subjetivas, por lo que era esta la que debía probarlos. Reprochó el material probatorio aportado, porque no era posible dar certeza de la información difundida en medios de comunicación. Además, indicó que existe una acción popular con las mismas pretensiones bajo el radicado 81001-23-39-000-2024-00060-00

Se opuso a todas las pretensiones, pues consideró que el asunto era competencia de la Presidencia de la República y los Ministerios de Defensa Nacional y del Interior. Indicó que la