CE - Sentencia 11001031500020250040601 de 2025

Radicación: 11001 03 15 000 2025 00406 01

Accionante: Jorge Eduardo Murillo Calderón

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2025 00406 01

Accionante: JORGE EDUARDO MURILLO CALDERÓN

Accionados: JUZGADO DIECISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO

DE BOGOTÁ, JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL

CIRCUITO DE IBAGUÉ, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL

TOLIMA Y CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,

SUBSECCIÓN B

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate planteado por la parte actora pretende reabrir la controversia resuelta por el juez natural.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo de tutela proferido el 21 de febrero de 202 5 por la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado , que declaró improcedente la solicitud de amparo.

contra del fallo de tutela proferido el 21 de febrero de 202 5 por la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado , que declaró improcedente la solicitud de amparo.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Jorge Eduardo Murillo Calderón , actuando por conducto de apoderada, promovió acción de tutela en contra del Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Bogotá, del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué, del Tribunal Administrativo del Tolima y delRadicación: 11001 03 15 000 2025 00406 01

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Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, y para ello, formuló las siguientes pretensiones1:

“[…] Primero. Declarar la procedencia de la presente tutela en relación con los derechos fundamentales, amparados en la Constitución Política de Colombia, artículos 29 y 48, relacionados con el debido proceso, la seguridad social en materia pensional y demás que considere violados esa Corporación, del tutelante Jorge Eduardo Murillo Calderón, (…), por vías de hecho por acción y omisión de las autoridades judiciales accionadas, conforme da cuenta esta petición y la respectiva decisión, derechos estos vulnerados en la acci ón del medio de control acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de que cuenta la misma petición de tutela y esa sentencia.

cuenta esta petición y la respectiva decisión, derechos estos vulnerados en la acci ón del medio de control acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de que cuenta la misma petición de tutela y esa sentencia.

Segundo. Declarar la nulidad absoluta de todo lo actuado en el asunto medio de control acción de nulidad y restablecimiento del derecho en referencia, que estriba esta tutela, viciado totalmente por la acción y omisión de no citar en aquel proceso a algunos terceros con probable interés, que de oficio debieron llamarse en garantía, conforme lo disponen para estos eventos la Ley 1437 de 2011 CPACA, art. 227, Código General del Proceso CGP, art. 72 y conc., y se expone sustentadamente en este libelo, como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Rama Judicial del Poder Público, Superintendencia Financiera de Colombia SFC y demás entidades que estimara cada instancia de oficio llamar en garantía en aquel asunto.

Tercero. Asimismo cabe declarar la nulidad de lo actuado totalmente en aquella acción medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ya que en estas dos (2) últimas instancias: Tribunal Administrativo del Tolima y Consejo de Estado, no ejercieron el control de legalidad para conjurar la nulidad de las actuaciones del Juzgado 17 Administrativo, Sección Segunda de Bogotá, D. C. y Juzgado 9º Administrativo de Ibagué, los cuales declararon su incompetencia por razón del territorio y de la cuantía, respectivamente, ya que estos no lo hicieron en su momento, por lo que esas Corporaciones de superior jerarquía funcional, asumieron sus competencias sin ningún reparo a estos vicios.

declararon su incompetencia por razón del territorio y de la cuantía, respectivamente, ya que estos no lo hicieron en su momento, por lo que esas Corporaciones de superior jerarquía funcional, asumieron sus competencias sin ningún reparo a estos vicios.

Cuarto. En consecuencia, revocar en su totalidad la sentencia de 13 de julio de 2023 proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Tolima, en la acción de medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de este accionante contra la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones, que negó las pretensiones del accionante, entre otras disposiciones, asunto radicado allí con el N° 73001233300020210035300.

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en los índices 2 y 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00406 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00406 01

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Quinto. Dejar sin efectos por lo expuesto, la sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, en la acción de medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, del mismo accionante contra la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones, radicado allí con el N° 73001233300020210035301.

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, del mismo accionante contra la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones, radicado allí con el N° 73001233300020210035301.

Sexto. Declarar la perdida de vigencia y, por ende, la inexistencia o ineficacia de los siguientes actos administrativos proferidos por la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones, ante la no decisión de su nulidad en las distintas instancias judiciales de lo contencioso administrativo, a las cuales estuvo sometido su escrutinio legal por más de cinco (5) años y, por ser igualmente violatorios de la Constitución Política, la ley y, los derechos fundamentales de este accionante violados igualmente aquí. Tales son: Resolución SUB 2018 -205161 de 01 de agosto de 2018, Resolución SUB 241704 de 14 de septiembre de 2018 y Resolución N° DIR 18097 de 09 de octubre de 2018.

Séptimo. declarar decididas a favor de este tutelante, las pretensiones del libelo de la acción medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de que da cuenta esta petición de tutela, ante la abstracción de decisión de la pretensión principal de nulidad de estos actos administrativos, en las instancias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo señaladas, así como por los pronunciamientos de fondo fuera de los términos perentorios de ley, de acuerdo a las disposiciones inherentes favorables citadas en este libelo,

Octavo. Ordenar a la Administradora Colombiana de PensionesColpensiones, que de acuerdo con sus funciones legales y en el término de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la

favorables citadas en este libelo,

Octavo. Ordenar a la Administradora Colombiana de PensionesColpensiones, que de acuerdo con sus funciones legales y en el término de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia respectiva, proceda a pagar a este accionante los derechos pen sionales debidamente consolidados, conforme a lo considerado en la sentencia de tutela de 19 de febrero de 2010 del Juzgado Segundo Civil del Circuito del Guamo Tolima, como son, la mesada de la pensión de vejez a partir de agosto de 2018 cuando fue suspendido su pago hasta diciembre de 2020 inclusive, conforme se venía pagando a este tutelante.

Noveno. Igualmente y, conforme a lo anterior, ordenar a la Administradora Colombia de Pensiones Colpensiones, la reanudación del pago de la mesada catorce (14), la cual sin que mediara ninguna disposición legal que así lo amerite, y mucho menos sin expedir acto administrativo alguno, le quitó a partir de 2016 inclusive, conforme a lo expuesto en este libelo de tutela.

Décimo. Por lo mismo, ordenar a la Administradora Colombia de Pensiones Colpensiones, el pago del incremento del 14% de la pensión de vejez, para la cónyuge dependiente económicamente de este pensionado, sra. Dalila Amalia Escobar de Murillo, (…) conforme al Acuerdo 049 de 1990, derecho cuya vigencia se ratifica en la sentencia SU 049-2024 de la Corte Constitucional, pretensión que fue incorporada en la acción medio de control de nulidad yRadicación: 11001 03 15 000 2025 00406 01

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que fue incorporada en la acción medio de control de nulidad yRadicación: 11001 03 15 000 2025 00406 01

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restablecimiento del derecho de que da cuenta esta petición de tutela y cuyo pago se requirió a Colpensiones desde 2015.

Undécimo. Requerir a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, para que no vuelva a menoscabar el pago oportuno y disfrute de esta pensión, sin perjuicio de los reajustes y demás beneficios que en adelante se otorguen a este pensionado y su esposa beneficiaria, dependiente económicamente del mismo.

Duodécimo: Desestimar en absoluto algún pronunciamiento de negativa u oposición de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, a los hechos, las pretensiones y decisión favorable a esta petición de tutela, ya que cualquiera que sea, no desvirtúa la misma, pues no hubo razón de hecho, ni de derecho, para expedir las decisiones y cargas que impuso en aquellas resoluciones. Demás aspectos que resulten decidir de su parte, siempre que no contravengan ni menoscaben el derecho constitucional al pago o portuno de la pensión de vejez de mi representado y su reajuste periódico.

Décimo tercero: Costas e intereses. Arts. 188 y 192 ibidem.

Por darse totalmente las condiciones pertinentes, solicito al señor Juez constitucional, ordenar la condena en las costas procesales de

Décimo tercero: Costas e intereses. Arts. 188 y 192 ibidem.

Por darse totalmente las condiciones pertinentes, solicito al señor Juez constitucional, ordenar la condena en las costas procesales de este asunto e intereses causados sobre los valores dejados de percibir por el tutelante, en razón a haber quitado arbitrariamente la Administradora Colombia de Pensiones Colpensiones, el pago de su pensión de vejez durante el lapso de agosto de 2018 a diciembre de 2020 inclusive. Estos intereses a liquidar y pagar, se hará conforme al porcentaje autorizado por la Superinten dencia Financiera de Colombia SFC o el Banco de la República, según corresponda, hasta el límite para el interés de usura o los que sea del caso reconocer debidamente […]”. (Negrillas originales del escrito de tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que, en virtud de una orden judicial proferida en un fallo de tutela, el entonces Instituto de Seguros Sociales – ISS, expidió la Resolución nro. 01809 del 10 de mayo de 2010, por la cual le reconoció el pago de la pensión de vejez conforme el régimen especial dispuesto en el Decreto 546 de 1971 , aplicable a los servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público.

Manifestó que , en el año 2018, la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones expidió las Resoluciones SUB 2018-205161 del 1 de agosto de 2018, SUB 241704 de l 14 de septiembre de 2018 y DIR

Manifestó que , en el año 2018, la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones expidió las Resoluciones SUB 2018-205161 del 1 de agosto de 2018, SUB 241704 de l 14 de septiembre de 2018 y DIR 18097 del 9 de octubre de 2018, por medio de las cuales le ordenó elRadicación: 11001 03 15 000 2025 00406 01

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reintegro de la suma de dinero recibida por concepto de pensión durante el periodo comprendido entre el 27 de febrero de 2008 al 30 de julio de 2018, al constatar que durante dicho lapso , el señor Murillo Calderón percibió otra asignación proveniente del Estado, debido a su vinculación laboral con la Rama Judicial.

Señaló que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las precitadas resoluciones, la cual fue asignada , inicialmente, al Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Bogotá , con el radicado nro. 11001 33 35 017 2018 00495 00.

Indicó que “(…) aproximados tres (3) años posteriormente, este Juzgado 17 Administrativo Sección Segunda Oral de Bogotá, D. C., ordena remitir la demanda por competencia al Juzgado Administrativo de Ibagué, en razón al factor territorial donde se debieron prestar o se prestaron los servicios laborales, consideración muy alejada a su naturaleza como

la demanda por competencia al Juzgado Administrativo de Ibagué, en razón al factor territorial donde se debieron prestar o se prestaron los servicios laborales, consideración muy alejada a su naturaleza como medio de control, ya que, correspondía a una acción de nulidad de actos administrativos producidos en la sede o domicilio principal de Colpensiones en Bogotá, D. C. y, subsidiariamente el restablecimiento del derecho pensional, mas no laboral, porque el fundamento del asunto es pensional, ya que no dimana de un contrato o relación laboral estrictamente (…)”2.

Expuso que la demanda correspondió por nuevo reparto al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué, con el radicado nro. 73001 33 33 009 2021 00048 00.

Anotó que “(…) tenemos entonces que el Juzgado 09 Administrativo de Ibagué, recibió y radicó esta demanda para su conocimiento el 16 de marzo de 2021 y después de inadmitirla y ser subsanada por esta parte, el 11 de agosto de 2021 declara la incompetencia para adelantar s u trámite por razón de la cuantía, lo cual no viene al caso como se sustenta a continuación y, ordena su envío al Tribunal Administrativo del Tolima,

2 Aparte del escrito de tutela. Visto en l os índices 2 y 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00406 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00406 01

Accionante: Jorge Eduardo Murillo Calderón

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Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00406 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00406 01

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la cual remite el 23 de septiembre de 2021 a la Oficina Judicial para reparto (…)”3.

Sostuvo que “(…) este Juzgado desnaturalizó la demanda hacia un asunto de reparación directa o indemnizatorio, indicando que por razón del valor de los salarios mínimos en que la enmarca y, según su operación cuantificadora, arrojó que la competencia para conocer aquella demanda correspondía al Tribunal Administrativo de Ibagué, lo cual es una reforma a la misma que no es de su resorte -vía de hechosiendo por ello distraída la esencia del asunto, como si se tratara de uno netamente indemnizatorio por hecho dañoso. Ade más, soslayó el hecho que ya estaba en vigor la Ley 2080 de 2021 (enero 25) (…)”4.

Sin perjuicio de lo anterior, continuó relatando que la demanda finalmente fue asignada al Tribunal Administrativo del Tolima con el radicado nro. 73001 23 33 000 2021 00353 00 que, en sentencia del 13 de julio de 2023 negó las pretensiones.

Inconforme con la decisión anterior, interpuso recurso de apelación y la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 22 de agosto de 2024 la confirmó.

2023 negó las pretensiones.

Inconforme con la decisión anterior, interpuso recurso de apelación y la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 22 de agosto de 2024 la confirmó.

Alegó que “(…) desde cuando se presentó la demanda el 10 de diciembre de 2018 hasta el 13 de julio de 2023 cuando se profirió la decisión de primera instancia, transcurrieron cuatro (4) años y siete (7) meses, pues solamente en el Juzgado 17 Administrativo de Bogotá, D. C., permaneció desde el 10 de diciembre de 2018 hasta el 16 de marzo de 2021 que lo remite a su similar del Tolima, por el factor de competencia territorial (…). Hubo un cúmulo de espacio vacío al no asumir las autoridades judiciales el conocimiento de este medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho pensional exclusivamente, a términos de la Ley 1437 de 2011, artículo 138. Este espacio se expandió a 05 años y 08 meses, hasta

3 Ibidem. 4 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00406 01

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cuando se emitió la sentencia de segundo grado el 22 de agosto de 2024 por el Consejo de Estado (…)”5.

Agregó que “(…) además del exceso de tiempo por el recorrido de la demanda sin ser admitida a trámite, pese a las distintas subsanaciones

por el Consejo de Estado (…)”5.

Agregó que “(…) además del exceso de tiempo por el recorrido de la demanda sin ser admitida a trámite, pese a las distintas subsanaciones ordenadas y cumplidas por donde pasó, el término para dictar sentencia de primera instancia que es de un (01) año desde la notific ación de la demanda, fue igualmente rebasado, sin que se produjera pronunciamiento para remediarlo a voces del Código General del Proceso, artículo 121 el cual aplica también por analogía (…). Esto, por cuanto la notificación de la demanda efectuada por el Tribunal Administrativo del Tolima, tuvo lugar el 25 de octubre de 2021 y la sentencia de primera instancia de esta Corporación se profirió el 13 de julio de 2023, es decir, un (1) año y 08 meses después, lo cual implica que al exceder el término para este fin, vició de nulidad el asunto por omisión en el pronunciamiento oportuno sin justificarlo ni remediarlo, debiendo entenderse decidido a favor del actor como en los demás casos cuando no se definen dentro del término de ley en la jurisdicción administrativa (…)”6.

A su turno, aseguró que hubo una “falsa motivación en las decisiones de primera y segunda instancia, con soporte en disposiciones totalmente ajenas a la naturaleza y fondo del asunto planteado, como el artículo 128 de la Constitución Política y la Ley 4ª de 1992 de índole netamente salarial”7.

Al respecto, frente al artículo 128 de la Constitución, explicó que “(…) esta norma tiene que ver con una prohibición en el desempeño del cargo o, lo que es igual, durante el ejercicio laboral, en cuyo espacio no pueden

salarial”7.

Al respecto, frente al artículo 128 de la Constitución, explicó que “(…) esta norma tiene que ver con una prohibición en el desempeño del cargo o, lo que es igual, durante el ejercicio laboral, en cuyo espacio no pueden coexistir desempeños con asignación (salarial) simultáneos que provengan del Tesoro Público (…)”8. En ese sentido, argumentó que “(…) el salario devengado por este accionante provenía del Tesoro Público

5 Ibidem. 6 Ibidem. 7 Ibidem. 8 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00406 01

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(Rama Judicial) y, era apenas lógico y legal que lo percibiera por su servicio activo, mientras que la pensión no proviene del Tesoro Público, no exige ni comporta desempeño simultáneo, pues el hecho que la pensión se la designe como asignación no se le pu ede acomodar el tinte de salario proveniente del Tesoro Público, además, no demanda el requisito esencial del desempeño simultáneo, mucho menos la paga Colpensiones con cargo al presupuesto público para su funcionamiento, pues, proviene de un fondo cuyos r ecursos no son de La Nación, ni le pertenecen a esta Administradora, dispuesto así por la ley, como está decantado a lo largo y ancho de aquella acción que, como medio de control promovió este accionante ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (…)”9.

pertenecen a esta Administradora, dispuesto así por la ley, como está decantado a lo largo y ancho de aquella acción que, como medio de control promovió este accionante ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (…)”9.

Aseveró que “(…) los recursos del fondo con que paga las pensiones no son PATRIMONIO ESTATAL, tampoco PATRIMONIO de Colpensiones, como estipulan las normas tantas veces citadas en aquel medio de control, las cuales determinan su creación, objeto, finalidad y conformación de su patrimonio dentro del cual no están comprendidos aquellos recursos, los cuales tiene a disposición para su administración en el pago de las pensiones y en el comercio financiero que es generalmente el propósito de aquella entidad. Lue go, están en oposición a lo determinado como erario o Tesoro Público, puesto que Colpensiones no guarda, ni salvaguarda FONDOS PUBLICOS NACIONALES, DEPARTAMENTALES, NI MUNICIPALES, de los que deba tomar el pago de esta pensión de vejez (…)”10.

En cuanto a la Ley 4 de 199 2, precisó que “es estrictamente ley marco salarial”, comoquiera que “(…) no tiene orientación hacia el derecho pensional. Reglamenta el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, pero no pensional (…)”11.

9 Ibidem. 10 Ibidem. 11 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00406 01

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Resaltó que “(…) las normas que rigen para este caso son netamente de estirpe pensional (…). No son, ni se les puede dar matiz de convergentes, cuando en contrario, son estrictamente divergentes en su naturaleza y destino (…)”12.

Afirmó que “(…) el Tribunal Administrativo del Tolima y el Consejo de Estado, soportan sus sentencias de primero y segundo grado, respectivamente, en disposiciones derogadas que no son marco de la seguridad social pensional y, por lo mismo, no aplican al derecho pensional de este accionante, porque para el mismo rigió, se itera, el Decreto Ley Especial 546 de 1971, de mayor entidad o rango y, bajo cuyo régimen se causó su pensión el 26 de febrero de 2008 y se reconoció en 2010, disposición destinada a los s ervidores de la Rama Judicial y el Ministerio Público, que en ninguno de sus artículos ni de la Ley 100 de 1993, ordenan que quien causa la pensión de vejez no puede devengarla durante su desempeño laboral o que debe abandonar este para que pueda disfrutarla (…)”13.

Adicionalmente, reprochó que “(…) en las sentencias de 13 de julio de 2023 y 22 de agosto de 2024 de primera y segunda instancia del Tribunal Administrativo del Tolima y el Consejo de Estado, respectivamente, no se decidió la pretensión principal que fue la nulidad de los actos administrativos de Colpensiones: Resoluciones SUB 2018 -205161 de 01

Administrativo del Tolima y el Consejo de Estado, respectivamente, no se decidió la pretensión principal que fue la nulidad de los actos administrativos de Colpensiones: Resoluciones SUB 2018 -205161 de 01 de agosto de 2018, SUB 241704 de 14 de septiembre de 2018 y DIR 18097 de 09 de octubre de 201, pese a los hechos y motivos claramente esbozados, básicos de la demanda que, por ser notorios no requieren para su demostración soporte distinto al documental anexo al libelo, decisiones que por tal omisión vician el asunto por violación al debido proceso, pues el restablecimiento del derecho de seguridad social pensional y no laboral, era consecuencia o subsidiario de la nulidad declarada (…)”14.

12 Ibidem. 13 Ibidem. 14 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00406 01

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Adujo que “(…) enfatizaron en ratificar favorablemente contra toda lógica constitucional, fáctica y legal, los persistentes argumentos de Colpensiones, sobre la condición acomodada que le dio al artículo 128 Superior y la Ley 4ª de 1992, artículo 19, restándolos de lo público o fiscal y encajándolos a su modo, como si el pago de esta pensión de vejez fuere producto de algún vínculo y/o desempeño laboral simultáneo, prestacional o contractual con esta entidad administrativa, con otra del sector público o con la misma Rama Judicial, para así considerar que la situación

producto de algún vínculo y/o desempeño laboral simultáneo, prestacional o contractual con esta entidad administrativa, con otra del sector público o con la misma Rama Judicial, para así considerar que la situación pensional de este tutelante, se encuentra inmersa en las restricciones de índole laboral y salarial, hacia donde Colpensiones arrastró el asunto (…)”15.

Advirtió que “(…) la argumentación decisoria de primero y segundo grado, se centró en las consecuentes pretensiones de restablecimiento del derecho y, solo eso, todo porque Colpensiones e s enfática en prescribir que el pensionado recibió doble asignación (salario) proveniente del Tesoro Nacional, sin existir el supuesto desempeño simultáneo, sin percatarse que la pensión no demanda ejercicio laboral y sin que su pago proviniera del Tesoro Nacional (…)”16.

Posteriormente, expuso inconformidades puntuales sobre las sentencias de primera y segunda instancia, de la siguiente manera17:

“[…] 3.5. Sentencia de primera instancia de 13 de julio de 2023 del Tribunal Administrativo del Tolima. Comprende también vías de hecho por acción y por omisión que violan el derecho constitucional al debido proceso, máxime en tratándose del derecho a la seguridad social integral en materia pensional, lo cual es un derecho fundamental en tratándose de personas de la tercera edad como este accionante y su esposa dependiente económicamente del mismo, con edades actuales de 71 y 65 años, respectivamente (-Const. Pol., arts. 29, 48 y conc.-

(…)

3.5.8. Problema jurídico a resolver. Lo centra exclusivamente en coadyuvar que se ajusta a derecho la decisión de la Administradora

29, 48 y conc.-

(…)

3.5.8. Problema jurídico a resolver. Lo centra exclusivamente en coadyuvar que se ajusta a derecho la decisión de la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones, contenida en las

15 Ibidem. 16 Ibidem. 17 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00406 01

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Resoluciones SUB 2018 -205161 de 01 de agosto de 2018, SUB 241704 de 14 de septiembre de 2018 y DIR 18097 de 09 de octubre de 2018 por las que ordenó a este accionante el reintegro de los valores recibidos por concepto de pensión de jubilación en el periodo comprendido entre el 27 de febrero de 2008 y el 30 de julio de 2018 porque simultáneamente recibió otra asignación proveniente del Tesoro Público (salario), al estar vinculado activamente a la Rama Judicial, solo porque aquella entidad lo argumenta así, c on desvío hacia el artículo 128 Superior y la Ley 4ª de 1992, artículo 19.

3.5.9. En ese sentido decide negar las pretensiones del medio de control accionado, obviando que (i) se debió decidir primero la nulidad de aquellas resoluciones, motivada en el libelo como aspecto medular del asunto, (ii) estas disposiciones tienen como requisito esencial para su observancia que las asignaciones pagadas, deben obedecer a desempeño simultáneo, o lo que es igual, actividad laboral

medular del asunto, (ii) estas disposiciones tienen como requisito esencial para su observancia que las asignaciones pagadas, deben obedecer a desempeño simultáneo, o lo que es igual, actividad laboral simultánea, (iii) provengan ambas del Tesoro Público, ya que tienen la connotación de salario, (iv) puesto que tales disposiciones son de estricta naturaleza y reglamentación salarial y, la pensión de vejez no lo es, ni conlleva desempeño.

(…)

4. Frente a la mesada 14.

Precisamos la violación al debido proceso en este aspecto, por las siguientes vías de hecho comprendidas en esta sentencia de primera instancia:

4.1. Esta sentencia de primera instancia se inhibe de decidir sobre la mesada 14, porque este accionante no acreditó el agotamiento del requisito de procedibilidad o requisitos previos para demandar, a términos de la Ley 1437 de 2011 o CPACA, artículo 161, numeral 2.

(…)

4.3. Está probado y enfatizado en todos los instantes procesales del medio de control que, no se pretende el reconocimiento de la mesada 14 sino la reanudación de su pago como lo señala su misma expresión al respecto, la cual estaba pagando Colpensiones por tener derecho a ella, puesto que se causó antes del 31 de julio de 2011, esto es, en 2008 simultánea al derecho a la pensión de vejez de este beneficiario, lo cual ocurrió el 26 de febrero de 2008 al cumplir los requisitos exigidos por el Decreto Ley 546 de 1971.

(…)

4.12.12. Respecto del incremento del 14% de la pensión de

lo cual ocurrió el 26 de febrero de 2008 al cumplir los requisitos exigidos por el Decreto Ley 546 de 1971.

(…)

4.12.12. Respecto del incremento del 14% de la pensión de vejez del accionante por la dependencia económica absoluta de su esposa del mismo, señala que los actos administrativos demandados no abordaron este tema y porque los oficios con que Colpensiones abordó tal cuestión no fueron atacados en estas diligencias, constituyéndose en unas decisiones administrativas que consolidaron la situación jurídica particular.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00406 01

Accionante: Jorge Eduardo Murillo Calderón

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