CE - Sentencia 11001031500020250057100 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00571-00

Accionante: Jaime Alveiro Córdoba Aguillón

Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., diez (10) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-00571-00

Accionante: Jaime Alveiro Córdoba Aguillón

Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo. Subtema 2: defecto fáctico.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la solicitud de amparo interpuesta por el señor Jaime Alveiro Córdoba Aguillón en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y del Tribunal Administrativo de Nariño.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Jaime Alveiro Córdoba Aguillón , a través de apoderado, presentó acción de

del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y del Tribunal Administrativo de Nariño.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Jaime Alveiro Córdoba Aguillón , a través de apoderado, presentó acción de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerados con ocasión de las sentencias del 23 de septiembre de 2020 y del 27 de septiembre de 2024, proferidas por el Tribunal Administrativo de Nariño y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A , dentro del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo identificado con el radicado núm. 52001-23-33-000-2019-0019500/01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00571-00, índice 2, certificado EAAB4CBB2E3A57D9 05F7E7AF2E96C6F7 A5DAC5ECAE2B1A27 9E587EC3874947D9.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00571-00

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2. El señor Jaime Alveiro Córdoba Aguillón junto con otras 26 personas, en ejercicio del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, presentaron demanda en contra del municipio de Mocoa, el departamento del Putumayo y otros, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de una indemnización , como consecuencia de la avenida torrencial2 ocurrida en la ciudad de Mocoa (Putumayo), durante los días 31 de marzo y 1 de abril de 2017

3. El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión, mediante sentencia del 23 de septiembre de 2020, denegó las pretensiones de la demanda , al considerar que no se acreditó la estructuración del daño antijurídico susceptible de indemnizarse.

4. La parte demand ante presentó recurso de apelación en contra de la anterior decisión, con el argumento de que el Tribunal no tuvo en cuenta ni se pronunció respecto del escrito de adición de la demanda presentado el 30 de abril de 2019, con el que se anexó una certificación de la psicóloga Deicy Lorena Bahos Ordóñez, en cuyo contenido se hizo constar el daño moral sufrido por los integrantes del grupo.

5. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, a través de sentencia del 27 de septiembre de 2024, confirmó en todas sus partes la providencia de primera instancia.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

5. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, a través de sentencia del 27 de septiembre de 2024, confirmó en todas sus partes la providencia de primera instancia.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

6. La parte actora, como consecuencia del amparo de los derechos fundamentales invocados, solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

Muy respetuosamente solicito dejar sin efectos la Sentencia del 23 de septiembre de 2020 proferida por H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO NEGANDO LA REPARACI ÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO y la Sentencia del 27 de septiembre de 2024 del H. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN AM.P. Dra. MAR ÍA ADRIANA MAR ÍN QUE CONFIRMÓ LA SENTENCIA ANTERIOR, ordenando al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO – SALA DE DECISIÓN 001 que profiera una nueva sentencia, teniendo en cuenta la adición de la demanda oportunamente presentada, no sin antes ordenar el correspondiente traslado a las demandadas de la prueba que contiene la adición, a efectos de salvaguardar su derecho a la defensa3.

7. Como fundamento de sus pretensiones , la parte accionante consideró que la s providencias cuestionadas incurrieron en defecto fáctico, al no valorar el escrito de adición de la demanda , con el cual se anexó una certificación de la profesional de la psicología Deicy Lorena Bahos Ord óñez, en la que se dejaba constancia de los perjuicios morales causados al grupo.

adición de la demanda , con el cual se anexó una certificación de la profesional de la psicología Deicy Lorena Bahos Ord óñez, en la que se dejaba constancia de los perjuicios morales causados al grupo.

8. En este sentido, precisó que el Consejo de Estado dejó de apreciar la referida certificación, al considerar que no fue aportada al proceso, lo cual es contrario a la realidad procesal, toda vez que el documento se allegó con el escrito de subsanación, el 30 de abril de 2019 como consta en la nota de recibido.

2 Crecimiento torrencial de una cuenca de agua o microcuenca. 3 Se transcribe incluso con errores.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00571-00

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2.3. Trámite procesal

9. El despacho ponente , mediante auto del 12 de febrero de 2025 4, admitió la demanda, ordenó la notificación a la s autoridades accionadas, es decir, al Tribunal Administrativo de Nariño y al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y puso en conocimiento el escrito de tutela a los demandantes, a los demandados y a los sujetos vinculados en el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, en su condición de terceros interesados.

2.4. Intervenciones

los sujetos vinculados en el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, en su condición de terceros interesados.

2.4. Intervenciones

10. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A 5 pidió que se niegue el amparo de tutela porque la providencia cuestionada realizó una adecuada valoración del material allegado al expediente, lo que permitió concluir que no se configuró el daño antijurídico ni los perjuicios reclamados. Por consiguiente, la decisión acusada no vulneró los derechos fundamentales invocados por el accionante, quien, pretende reabrir de manera injustificada el debate probatorio y jurídico mediante esta acción constitucional.

11. De este modo, resaltó que tutela es un mecanismo subsidiario y excepcional y, por ende, no puede convertirse en un mecanismo de impugnación para la parte que no obtiene una decisión favorable a sus intereses, especialmente cuando la providencia que se cuestiona ha sido proferida por un órgano de cierre.

12. Asimismo, explicó que para la Corte Constitucional la prosperidad de la tutela se sujeta a que la actuación judicial contenga una anomalía que riña abiertamente con la Constitución y la jurisprudencia que se ha trazado en relación con el alcance y límite de los derechos fundamentales, circunstancias que en este caso no se advierten a simple vista.

13. El Tribunal Administrativo de Nariño 6 indicó que la solicitud de amparo es improcedente porque carece de relevancia constitucional, toda vez que no se plantea ni argumenta la existencia de una irregularidad procesal o sustancial que tenga la condición suficiente para modificar el sentido de la decisión y constituya una

improcedente porque carece de relevancia constitucional, toda vez que no se plantea ni argumenta la existencia de una irregularidad procesal o sustancial que tenga la condición suficiente para modificar el sentido de la decisión y constituya una vulneración de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

14. De esta manera, explicó que no se configura un defecto fáctico, por cuanto la providencia cuestionada realizó un análisis exhaustivo y riguroso del acervo probatorio aportado al proceso de reparación de perjuicios causado a un grupo, de acuerdo con los principios de la sana crítica y autonomía.

15. Así pues, afirmó que el accionante pretende utilizar la tutela como una tercera instancia para revaluar las pruebas analizadas por el juez competente , con base en argumentos subjetivos.

4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00571-00 índice 5, certificado 261B3A7D2A6BBBB8 A4F9E208BDC6382D 950EF518653A7CDA 797BE1ADFC861075. 5 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-00571-00, índice 1 2, certificado 7089CD3A055C163C D4BDE25A13C91011 41FFE1F9D0C030FF F077DCAC727FDEE4. 6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00571-00 índice 19, certificado

59F99B5746FDEE8B BD5429841D62945F 2A8276E071E6CE48 DDFBA6ADF5D2C72E.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00571-00

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16. El Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 7 solicitó que se nieguen la s pretensiones de la tutela, toda vez que las autoridades judiciales accionadas realizaron un análisis razonable de los argumentos y las pruebas aportadas al proceso, con la garantía de los derechos al debido proceso y a la defensa del accionante, por lo que no es viable que acuda a la tutela para insistir en el debate planteado al interior del medio de control de reparación de perjuicios a un grupo, que ya concluyó en las instancias judiciales respectivas.

17. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 8 pidió que se niegue la solicitud de amparo, comoquiera que los hechos descritos en la tutela no revelan un a actuación u omisión por parte de la entidad que afecte los derechos fundamentales invocados por el accionante . En este sentido, advirtió que carece de legitimación en la causa por pasiva.

18. El Ministerio de Transporte9 requirió su desvinculación de la presente acción de tutela, debido a que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que los

carece de legitimación en la causa por pasiva.

18. El Ministerio de Transporte9 requirió su desvinculación de la presente acción de tutela, debido a que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que los hechos y pretensiones de la solicitud de amparo no guardan relación directa con las funciones de la entidad.

19. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 10 pidió que se le desvincule de esta acción constitucional, por cuanto los argumentos de la tutela están dirigidos a cuestionar el contenido de unas decisiones judiciales y no las actuaciones administrativas a cargo de la entidad, por lo que se configura una falta de legitimación.

20. El Departamento Nacional de Planeación 11 manifestó que las providencias objeto de tutela no vulneraron los derechos fundamentales del accionante, por cuanto estas realizaron un análisis minucioso de las pruebas disponibles en el e xpediente, y efectuaron una aplicación adecuada del ordenamiento jurídico.

21. Así pues, resaltó que lo pretendido por el tutelante es insistir en una discusión probatoria y jurídica que ya fue resuelta por los jueces naturales , sin desarrollar un argumento que permita advertir una transgresión del ordenamiento constitucional. En consecuencia, pidió que se declare improcedente la tutela.

22. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 12 afirmó que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la entidad no ha tenido injerencia alguna en los hechos que dieron origen a la solicitud de tutela, por lo que no es posible inferir una vulneración de los derechos fundamentales del accionante por parte del ministerio.

alguna en los hechos que dieron origen a la solicitud de tutela, por lo que no es posible inferir una vulneración de los derechos fundamentales del accionante por parte del ministerio.

7 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-00571-00, índice 1 5, certificado 6D8B4BD4FFDE7FDC 81DC710EC6BDF76C F4AB1C4C06E35C16 69B6EE61C4388B9A. 8 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-00571-00, índice 16, certificado D784FBE61AE42D15 5BD077B465411CE4 38933E8CB693AF4C 1E13DCAF3A5216FB. 9 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-00571-00, índice 16, certificado 7FC4385D4330C16F 9B6E80EAD47C0050 80D8189CCD7D93C93C27B0BFD1BD6B58. 10 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-00571-00, índice 20, certificado 6F00A40AAF4214BD A5CBFF93D1B545A0 85FDE857F5823AE1 F02B9CA949534347. 11 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00571-00, índice 2 6, certificado 61AAD72D17EC2D4D 6B7F78DE7D3724BD

7B6F7BC41C326A7D D3010DFE93F5A438. 12 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-00571-00, índice 27, certificado 2135BD3DE8C7C690 BC3BE10627BA6907 06F7646116CD264D 1D4D43F8871EB8A0.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00571-00

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23. El departamento de Putumayo 13 indicó que la solicitud de amparo es improcedente porque carece de relevancia constitucional, toda vez que los argumentos de la tutela plantean una discusión de carácter legal.

24. Asimismo, refirió que la entidad no es responsable de las conductas que, según el tutelante vulneraron sus derechos, por lo que carece de legitimación en la causa por pasiva. En este sentido, afirmó que la tutela es improcedente frente al departamento, ya que no se acreditó una actuación reprochable por parte del ente territorial.

25. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 14 afirmó que en el presente asunto se configura una falta de legitimación en la causa por pasiva de la entidad, por cuanto no está llamada a responder por la presunta violación de los derechos fundamentales invocados por el accionante, pues en el marco de sus funciones legales y constitucionales no tiene facultad alguna para intervenir en las

entidad, por cuanto no está llamada a responder por la presunta violación de los derechos fundamentales invocados por el accionante, pues en el marco de sus funciones legales y constitucionales no tiene facultad alguna para intervenir en las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales. Por consiguiente, solicit ó su desvinculación de la presente acción constitucional.

26. De otro lado, indicó que la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional porque las razones expuestas por la parte actora no demuestran una vulneración de principios o derechos de carácter fundamental , que imponga la intervención del juez de tutela. Razón por la cual pidió que se declare improcedente la acción.

27. El Ministerio del Interior15 solicitó su desvinculación de este trámite constitucional porque los hechos en los que se sustenta la vulneración de los derechos fundamentales invocados por el tutelante se derivan de unas providencias judiciales, respecto de las cuales no tuvo participación alguna la entidad. En este sentido, advirtió que carece de legitimación en la causa por pasiva.

28. Los demás sujetos vinculados a la presente acción constitucional guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

29. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la presente solicitud de amparo interpuesta por el señor Jaime Alveiro Córdoba Aguillón , en contra del Tribunal Administrativo de Nariño y el Consejo de Estado, Sección Tercera,

Subsección A.

3.2. Legitimación en la causa

en contra del Tribunal Administrativo de Nariño y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

3.2. Legitimación en la causa

30. La legitimación en la causa por activa de Jaime Alveiro Córdoba Aguillón está acreditada porque es el demandante en el proceso de reparación de perjuicios

13 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-00571-00, índice 2 9, certificado BC31D51B7A8DC879 6FD3462027627DA0 BA832249049349CC AF7FC3E3F059B220. 14 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-00571-00, índice 30, certificado 99A4815014E2626A 63F1AE748224141E F9E717F5F9DD438C 0711A908055DA338. 15 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-00571-00, índice 36, certificado 63A46E03CF0955CA AED3754FE6EABBF7 6696E7A1E1F3CE29 210D41C14D2C3D9F.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00571-00

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causados a un grupo en el que fueron expedidas las providencias que, a su juicio, desconoció sus derechos fundamentales.

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causados a un grupo en el que fueron expedidas las providencias que, a su juicio, desconoció sus derechos fundamentales.

31. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal Administrativo de Nariño y del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A , debido a que fueron las autoridades que profirieron las sentencias objeto de estudio.

32. Por otro lado, se advierte que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el departamento de Putumayo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Ministerio del Interior solicitaron su desvinculación, al considerar que no están llamados a responder por la vulneración del derecho fundamental de la parte accionante.

33. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad de terceros con interés, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción , dada su participación al interior del proceso de reparación de perjuicios causados a un grupo. En ese orden, al no acudir a este trámite constitucional como autoridades accionadas, no es posible declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva. Por los motivos expuestos, se negará su solicitud.

3.3. Cuestión preliminar

34. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a cuestionar las providencias proferidas por el Tribunal Administrativo Nariño, y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A , dentro del medio de control de

34. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a cuestionar las providencias proferidas por el Tribunal Administrativo Nariño, y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A , dentro del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo , lo cierto es que los argumentos que sustentan las pretensiones de la parte actora guardan unidad de materia y se dirigen en similares términos frente a las dos decisiones cuestionadas.

35. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia de segunda instancia expedida el 27 de septiembre de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, toda vez que esta decisión fue la que puso fin a la actuación judicial promovida por el Jaime Al veiro Córdoba Aguillón en contra del departamento del Putumayo y otros.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

36. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 16, y de la Corte Constitucional ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional17.

37. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante

debe acreditar los siguientes:

16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-0315-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. 17 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00571-00

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1. Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional; ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado; iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un derecho fundamental; v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración; y, vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

38. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 18 y, por tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos

de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 18 y, por tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez c onstitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

39. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución19.

Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

40. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 20 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

41. Así pues, la Corte Constitucional21 ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son los siguientes: i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o

concreto, los cuales son los siguientes: i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»22 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental»23; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa

18 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018. 19 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022. 20 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 21 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 22 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 23 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00571-00

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sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

42. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la decisión cuestionada concurrió un desconocimiento del ordenamiento jurídico sustancial que, a su juicio, impidió que se expidiera una decisión ajustada a derecho.

43. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas dentro del medio de control de reparación de perjuicios causado a un grupo en el que se profirieron las decisiones objeto de tutela.

44. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la sentencia proferida el 27 de septiembre de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A , fue notificada el 17 de octubre de 2024 24, y la demanda de tutela se presentó el 4 de febrero de 202525, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional 26 y del Consejo de Estado27 como razonable.

45. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos , este se encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no

45. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos , este se encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

46. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de reparación de perjuicios causado a un grupo.

47. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales de procedibilidad en relación con el defecto fáctico y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.4. Problema jurídico

48. Corresponde a la Sala determinar si el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del señor Jaime Alveiro Córdoba Aguillón . En particular, deberá establecer si incurrió en defecto fáctico al proferir la sentencia del 27 de

24 Samai, exp. 52001-23-33-000-2019-00195-01, índice 126. 25 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00571-00, índice 1. 26 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022. 27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm. 1100126 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022. 27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm. 1100103-15-000-2012-02201-01 (IJ).Radicado: 11001-03-15-000-2025-00571-00

Accionante: Jaime Alveiro Córdoba Aguillón

Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

septiembre de 2024 , que confirmó la providencia del 23 de septiembre de 2020 , expedida por el Tribunal Administrativo de Nariño, por medio de las cuales se negó las pretensiones indemnizatorias propuestas por la parte demandante.

49. Para el efecto, se estudiará: i) la generalidad del defecto invocado; y ii) el caso concreto.

Generalidad del defecto invocado

50. La parte actora consideró que la autoridad judicial accionada transgredió las garantías constitucionales porque la providencia objeto de tutela incurrió en el defecto fáctico.

El defecto fáctico

51. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión» 28. Este vicio en la valoración probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa

fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la