CE - Sentencia 11001031500020250057101 de 2025

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2025-00571-01 Demandante JAIME ALVEIRO CÓRDOBA AGUILLÓN Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A Temas Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo. Avalancha en el municipio de Mocoa. Perjuicios morales. Documento presuntamente aportado en primera instancia. Requisitos generales de procedibilidad: subsidiariedad. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación 1 interpuesta por el señor Jaime Alveiro Córdoba Aguillón, contra la sentencia del 10 de marzo de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que dispuso: «PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el departamento de Putumayo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Ministerio del Interior, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

departamento de Putumayo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Ministerio del Interior, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NEGAR el amparo de tutela solicitado por Jaime Alveiro Córdoba Aguillón en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. […]”.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 4 de febrero de 2025 2, por intermedio de ap oderado especial, el señor Jaime Alveiro Córdoba Aguillón interpuso acción de tutela, contra el Tribunal Administrativo de Nariño y la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido p roceso, de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, con ocasión de las sentencias de 23 de septiembre de 2020 y del 27 de septiembre de 2024, proferidas en el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo 52001-23-33-002-2019-00195-00/01.

En consecuencia, se formularon las siguientes pretensiones: « Muy respetuosamente solicito dejar sin efectos la Sentencia del 23 de septiembre de 2020 proferida por H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO NEGANDO LA REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO y la Sentencia del 27 de septiembre de 2024 del H. CONSE JO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A - M.P. Dra. MARÍA ADRIANA MARÍN QUE

2024 del H. CONSE JO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A - M.P. Dra. MARÍA ADRIANA MARÍN QUE CONFIRMÓ LA SENTENCIA ANTERIOR, ordenando al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO – SALA DE DECISIÓN 001 que profiera una nueva sentencia, teni endo en cuenta la adición de la demanda oportunamente presentada, no sin antes ordenar el correspondiente traslado a las demandadas de la prueba que contiene la adición, a efectos de salvaguardar su derecho a la defensa.» (Sic a toda la cita)

1 Samai, índice 47. Expediente 11001-03-15-000-2025-00571-00. 2 Samai, índice 2. Expediente 11001-03-15-000-2025-00571-00.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00571-01

Demandante: Jaime Alveiro Córdoba Aguillón

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2. Hechos Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. El 29 de marzo de 2019, los señores Jaime Alveiro Córdoba Aguillón y otros 3 presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo contra el departamento del Putumayo, el municipio de Mocoa, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, los Ministerios del Interior, de Defensa Nacional, de Salud y Protección Social, de Transporte, de Educación Nacional, de Agricultura y

municipio de Mocoa, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, los Ministerios del Interior, de Defensa Nacional, de Salud y Protección Social, de Transporte, de Educación Nacional, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Departamento Nacional de Planeación y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia Corpoamazonia, con el fin de obtener la indemnización por los perjuicios morales a causa de «la avenida torrencial (avalancha)» acaecida en Mocoa el 31 de marzo y 1° de abril de 2017 y, en consecuencia, pidieron que se reconocieran y pagaran las indemnizaciones individuales (entre otras pretensiones). Por reparto le correspondió esa demanda al Tribunal Administrativo de Nariño a la que se le asignó el radicado 52001-23-33-002-2019-00195-00. 2.2. El 30 de abril de 2019, el apoderado de la parte demandante afirmó que allegó en documentos separados: (i) escrito de subsanación de la demanda y (ii) escrito de reforma de la demanda, en el que adicionó «una certificación o dictamen de la psicóloga DEICY LORENA BAHOS ORDOÑEZ» para demostrar los perjuicios morales reclamados; documentos que asegura, fueron recibidos por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño. 2.3. El 23 de septiembre de 2020 el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión dictó sentencia de primera instancia en la que negó las pretensiones de la demanda.

Secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño. 2.3. El 23 de septiembre de 2020 el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión dictó sentencia de primera instancia en la que negó las pretensiones de la demanda. Esto al considerar que el daño moral invocado por la parte accionante adolecía de material probatorio que permitiera generar ce rteza sobre su causación, pues con las pruebas aportadas se limitó a acreditar la supuesta omisión en que incurrieron las entidades accionadas, sin probar los perjuicios morales «toda vez que si bien el siniestro fue un hecho notorio los perjuicios no se p resumen», aseguró que se debieron configurar pruebas para cada uno de los demandantes tales como «pruebas testimoniales, dictámenes de psicólogos o de profesionales expertos en la materia», que demostraran la existencia de los perjuicios morales causados. Contra esta decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación. 2.4. Mediante sentencia del 27 de septiembre de 2024, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera instancia y fijó como agencias en derecho la suma equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente a favor de cada una de las entidades demandadas. Como fundamento de la decisión, indicó que dentro del expediente no obraba el documento denominado «adición de la demanda» (ni tampoco informe secretarial

3 Eugenia Lily Mojhana Solarte, Edixon Fernando, Rocío Adriana Albán Gómez, Julieth Vanesa Mora Mojhana, Jhon Alexander Mora Mojhana, Lily Johana Mora Mojhana, Hernando Sánchez García, Luis Carlos Mojhana Castro, Ángel Miro

3 Eugenia Lily Mojhana Solarte, Edixon Fernando, Rocío Adriana Albán Gómez, Julieth Vanesa Mora Mojhana, Jhon Alexander Mora Mojhana, Lily Johana Mora Mojhana, Hernando Sánchez García, Luis Carlos Mojhana Castro, Ángel Miro Sánchez Solarte, Idalba Liliana Sánchez Solarte, José Manuel Melo Sánchez, Fredy Eduardo Sánchez Solarte, Luz Dary Arteaga Cuaran, María Carmen Narváez Chindoy, Henry Harvey Mojhana Solarte, Jairo Alexis Castrillón Anzola, Ana María Benavidez Burbano, Segundo Ignacio Perenguez, Rebeca Persides Riascos, Aida Estella Perenguez, Roberto Orlando Hernández Ruiz, María Lucinda Solarte De Sánchez, Blanca Nidia Díaz, Doris Marleni Sánchez Solarte, Jesús Alberto López Enríquez y Fanny Lucia Edilia Solarte Bastidas.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00571-01

Demandante: Jaime Alveiro Córdoba Aguillón

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que lo mencionara), pero pese a ello la parte demandante lo anexó en el recurso de apelación con la finalidad de demostrar que sí fue allegado oportunamente (en primera instancia) y que con él se aportó una certificación expedida por la psicóloga Deicy Lorena Bahos Ordóñez. Añadió que tampoco se solic itaron esos documentos como prueba en segunda instancia. De otro lado, señaló que la sola «constancia de residencia» era insuficiente para determinar el daño moral, pues si bien los desastres naturales pueden generar un gran impacto en quienes los presencian, era necesario que se acreditara la

De otro lado, señaló que la sola «constancia de residencia» era insuficiente para determinar el daño moral, pues si bien los desastres naturales pueden generar un gran impacto en quienes los presencian, era necesario que se acreditara la angustia frente a la repetición del evento y el convencimiento que tenían de que las autoridades omitirían adoptar las medidas necesarias.

3. Fundamentos de la acción El señor Jaime Alveiro Córdoba Aguillón considera que el Tribunal Administrativo de Nariño y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, al no tener como presentado el memorial de «adición de la demanda » con el cual aportó una certificación expedida por una psicóloga que demostraba los perjuicios morales.

Señaló que en este caso se cumplen a cabalidad los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, pues: (i) esta acción tiene relevancia constitucional dado que las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva al no valorar una prueba que fue allegada oportunamente y que resultaba fundamental; (ii) «Se agotó el recurso de apelación único medio de defensa al alcance de los demandantes» ; (iii) se cumple con el requisito de inmediatez toda vez que, «Solo han trascurrido cuatro (sic) meses contados a partir de la notificación de la Sentencia de Segunda instancia siendo un plazo razonable.» ; (iv) se trata de una irregularidad procesal pues tiene un efecto importante en la decisión del caso, dado que demostrar el perjuicio es un requisito indispensable para

partir de la notificación de la Sentencia de Segunda instancia siendo un plazo razonable.» ; (iv) se trata de una irregularidad procesal pues tiene un efecto importante en la decisión del caso, dado que demostrar el perjuicio es un requisito indispensable para establecer la responsabilidad; (v) identificó los hechos que dieron lugar a la vulneración de los derechos fundamentales, pues explicó que no se tuvo en cuenta la prueba allegada oportunamente «que demuestra la causación del perjuicio y perfectamente se comprende que sin esa prueba la acción de grupo no podría prosperar.» , y (vi) precisó que las providencias cuestionadas no fueron dictadas dentro del trámite de una acción de tutela, sino que se cuestiona la sentencia «de primera y segunda instancia que concluyen una acción de grupo.». Respecto a los defectos especiales afirmó que, al dictar las providencias cuestionadas las autoridades accionadas incurrieron en defecto fáctico. Señaló que el Tribunal Administrativo de Nariño al dictar la sentencia del 23 de septiembre de 2020 no realizó la valoración probatoria de la «adición de la demanda » (que contenía una certificación expedida por la psicóloga Deicy Lorena Bahos Ordoñez), documento que asegura radicó el 30 de abril de 2019 junto con la subsanación de la demanda. Indicó que esta situación llevó al tribunal a una conclusión errada, pues este aseguró que no se aportaron pruebas que demostraran la existencia de los perjuicios morales, lo cual afirma es contrario a la realidad, dado que en el expediente debía obra r el memorial de adición en el cual solicitaba incluir como prueba la certificación de la psicóloga para demostrar los perjuicios morales.

perjuicios morales, lo cual afirma es contrario a la realidad, dado que en el expediente debía obra r el memorial de adición en el cual solicitaba incluir como prueba la certificación de la psicóloga para demostrar los perjuicios morales. Por su parte el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A al expedir el fallo del 27 de septiembre de 2024, n o tuvo en cuenta que en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia se expuso la falta de valoración de la «adición de la demanda », documento del cual anexó copia que probaba su radicación, pues consideró que la valoración de esa prueb a era fundamental para demostrar la causación del perjuicio moral. Cuestionó que esa Subsección considerara que laRadicado: 11001-03-15-000-2025-00571-01

Demandante: Jaime Alveiro Córdoba Aguillón

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co «adición de la demanda » solo fue aportada al proceso con el recurso de apelación, cuando fue allegada en primera instancia. Manifestó su inconformidad con que la Sección Tercera del Consejo de Estado aun teniendo conocimiento del mencionado documento en el recurso de apelación no indagara por lo ocurrido, ni utilizara su facultad oficiosa, cuando la ausencia del documento en el expediente se dio por causas ajenas a los demandantes. Finalmente indicó que era una arbitrariedad que las autoridades accionadas desconocieran la existencia de la «adición de la demanda» cuando el apoderado de los demandantes contaba con una copia de ese documento «con nota de recibido». Y

Finalmente indicó que era una arbitrariedad que las autoridades accionadas desconocieran la existencia de la «adición de la demanda» cuando el apoderado de los demandantes contaba con una copia de ese documento «con nota de recibido». Y añadió que los archivos que conforman el expediente digitalizado adolecen de imprecisiones «a tal punto que contiene apartes de otro expediente digital».

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. Mediante auto del 12 de febrero de 2025 4, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la acción de tutela interpuesta por el señor Jaime Alveiro Córdoba Aguillón contra el Tribunal Administrativo de

Nariño y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Se vinculó en calidad de terceros con interés a los demandantes, a las personas que se adhirieron e integraron posteriormente el grupo demandante, a los demandados y a los terceros vinculados dentro del proceso; se ordenó al Tribunal Administrativo de Nariño que informara los nombres de todas las personas que conformaron las partes y terceros del medio de control, y para que les notificara la existencia de la presente acción; se requirió a las autoridades accionadas para que aportaran copia del expediente 52001-23-33002-2019-00195-00/01; se reconoció personería al apoderado del tutelante; y se dispuso a efectuar las notificaciones correspondientes. 4.2. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A5 rindió informe en el que manifestó que esta acción de tutela es improcedente. Señaló que el accionante dejó de interponer los mecanismos ordinarios contra la providencia

4.2. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A5 rindió informe en el que manifestó que esta acción de tutela es improcedente. Señaló que el accionante dejó de interponer los mecanismos ordinarios contra la providencia que resolvió la etapa probatoria, no explicó por qué se abstuvo de presentar el recurso y tampoco aportó las pruebas que demostraran el cumplimiento de los requisitos exigidos por la jurisprudencia para que, pese a no haber hecho uso de los recursos ordinarios diera lugar a la procedencia de la acción de tutela. Indicó que el actor pretende sustituir con esta acción los recursos que tenía a su alcance en el medio de control, pues debió ejercer el recurso de apelación para controvertir el auto que negó el decreto de la prueba que solicitó con la adición de la demanda (auto del 3 de febrero de 2020). Sin embargo, afirmó que el demandante «omitió gravemente sus obligaciones de hacer uso de la herramienta jurídica que el ordenamiento le otorgaba». Explicó que como la demanda fue presentada el 29 de marzo de 2019, le era aplicable la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), por lo que de conformidad con el artículo 321 la parte demandante contaba con el recurso de apelación para solicitar la revocatoria de la decisión. Indicó que el actor centró su discusión en la omisión de esa auto ridad de no valorar la prueba que aparentemente se aportó, pero que efectivamente no obra en el expediente. No obstante, precisó que la sentencia cuestionada contiene un análisis completo y riguroso del material probatorio aportado al proceso, por lo que el hecho de que la parte actora no comparta esa decisión

obra en el expediente. No obstante, precisó que la sentencia cuestionada contiene un análisis completo y riguroso del material probatorio aportado al proceso, por lo que el hecho de que la parte actora no comparta esa decisión obedece a su desacuerdo con el sentido del fallo, más no con una vulneración de sus derechos fundamentales. Añadió que en ese caso no se dio aplicación a la prueba de oficio porque los actores no esta ban relevados de la carga de

4 Samai, índice 5. Expediente nro. 11001-03-15-000-2025-00571-00. 5 Samai, índice 12 y 14. Expediente nro. 11001-03-15-000-2025-00571-00.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00571-01

Demandante: Jaime Alveiro Córdoba Aguillón

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la prueba en razón a que les correspondía probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. 4.3. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 6 señaló que el medio de control se adelantó con el lleno de las formalidades procesales, con la garantía de los derechos de las partes, valorando las pruebas que se allegaron al plenario y garantizando el derecho de defensa y contradicción de los intervinientes, por lo que, consideró que esta acción es improcedente pues pretende «crear nuevamente el debate judicial de la acción de grupo ya concluida en un proceso de tutela». 4.4. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

intervinientes, por lo que, consideró que esta acción es improcedente pues pretende «crear nuevamente el debate judicial de la acción de grupo ya concluida en un proceso de tutela». 4.4. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC7 pidió que se negara el amparo constitucional y solicitó su desvinculación del proceso por existir falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante. Añadió que en este caso no existe un perjuicio irr emediable y adicionalmente no se cumplió con el requisito de la subsidiariedad. 4.5. El Ministerio de Transporte8 indicó que en el traslado de la acción de tutela no se le remitió el escrito de amparo y que al consultar el expediente en el Sistema de Gestión Samai tampoco le fue posible descargado, pese a haber solicitado el acceso al mismo. Por lo que, su contestación se limitó a la información que se referenció en el auto admisorio, del cual concluyó que lo pretendido por el actor no se relaciona con las com petencias legales ni constitucionales de esa entidad. En consecuencia, solicitó su desvinculación del proceso. 4.6. El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Unitaria de Decisión 9 contestó la acción de tutela pidiendo que se declarara improcedente por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional, dado que esta acción no puede convertirse en una instancia procesal adicional, ni puede utilizarse para revisar cuestiones de mera legalidad o de apreciación que no comprometen derechos fundamentales. Manifestó que no se encuentra configurado un defecto fáctico derivado de la indebida valoración probatoria, pues se realizó un exhaustivo y riguroso

cuestiones de mera legalidad o de apreciación que no comprometen derechos fundamentales. Manifestó que no se encuentra configurado un defecto fáctico derivado de la indebida valoración probatoria, pues se realizó un exhaustivo y riguroso análisis conforme a los principios de la sana crítica y con el pleno respeto por el debido proceso. Destacó que el simple desacuerdo del demandante con el sentido de la decisión no es fundamento válido para acudir a la acción de tutela como un mecanismo de revisión extraordinaria, pues se estaría convirtiendo en una tercera instancia para revaluar las pruebas y a analizadas por el juez natural. 4.7. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural10 solicitó que se negara por improcedente esta acción y se le desvinculara de la misma. Explicó que las pretensiones del actor se dirigen a cuestionar las sentencias del 23 de septiembre de 2020 y del 27 de septiembre de 2024 dictadas por el Tribunal Administrativo de Nariño y por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Por ello a ese ministerio le está vedado emitir manifestación en razón al principio de separación de poderes so pena de quebrantar el ordenamiento jurídico como quiera que debe preservarse la autonomía de las autoridades judiciales.

6 Samai, índice 15 y 17. Expediente nro. 11001-03-15-000-2025-00571-00. 7 Samai, índice 16. Expediente nro. 11001-03-15-000-2025-00571-00. 8 Samai, índice 18. Expediente nro. 11001-03-15-000-2025-00571-00.

7 Samai, índice 16. Expediente nro. 11001-03-15-000-2025-00571-00. 8 Samai, índice 18. Expediente nro. 11001-03-15-000-2025-00571-00. 9 Samai, índice 19. Expediente nro. 11001-03-15-000-2025-00571-00. 10 Samai, índice 20. Expediente nro. 11001-03-15-000-2025-00571-00.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00571-01

Demandante: Jaime Alveiro Córdoba Aguillón

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.8. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD 11 mediante memorial del 24 de febrero de 2025 12, contestó la tutela afirmando que en el presente asunto se configura una falta de legitimación en la causa por pasiva, pues no está llamada a responder por la presunta violación de los derechos fundamentales invocados por el accionante, pues en el marco de sus funciones legales no tiene facultad para intervenir en las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales y pidió su desvinculación de la presente acción. Pese a lo anterior indicó que este proceso carece de relevancia constitucional pues no se evidenció la vulneración de derechos fundamentales que hicieran necesaria la intervención de un juez constitucional. 4.9. El Departamento Nacional de Planeación 13 indicó que esta acción es improcedente pues no cu mple con algunos de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, como la

4.9. El Departamento Nacional de Planeación 13 indicó que esta acción es improcedente pues no cu mple con algunos de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, como la subsidiariedad, pues la parte demandante no hizo uso de los mecanismos ordinarios que tenía a su disposición como el recurso de ap elación contra el auto que no decretó la prueba que había solicitado con la adición de la demanda, conforme al artículo 321 del Código General del Proceso. Tampoco evidenció su condición como sujeto de especial protección, elemento que podría haber justifi cado la procedencia excepcional de la acción de tutela. Adicionalmente, mencionó que no se configuran las causales específicas que alegó el actor. Por último, manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues no tiene funciones jurisdiccionales, ni participó en la expedición de las decisiones judiciales que se cuestionan. 4.10. El Ministerio de Ambiente 14 rindió informe en el que dijo que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para cuestionar la falta de valoración probatoria, pues en su momento pudo haber interpuesto los recursos de ley contra el auto que decreta pruebas, lo que demuestra que no cumple con el requisito de la subsidiariedad. No obstante, precisó que la existencia de otro medio judicial no hace de por sí improcedente la intervención del juez de tutela, pues deben tenerse en cuenta primero, que los medios alternos con que cuenta el interesado deben ser idóneos, y segundo, que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, pero en este caso esas circunstancias no se dan. Resaltó que han pasado ya tres años desde que se dictó la sentencia de

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, pero en este caso esas circunstancias no se dan. Resaltó que han pasado ya tres años desde que se dictó la sentencia de primera instancia por lo que es inadmisible querer revivir el proceso para cambiar el sentido de la decisión lesionando el requisito de la inmediatez. Indicó que, ese ministerio no ha vulnerado los derechos fundamentales del actor, a pesar de que hizo parte del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, proceso en el cual se garantizaron los derechos de defensa y contradicción de todas las partes y terceros. 4.11. La Gobernación del Putumayo15 señaló que el asunto que se debate carece de relevancia constitucional porque se limita a la determinación de aspectos legales, que fueron estudiados en el medio de control. Y puso de presente que esa autoridad no es la responsable de atender las pretensiones planteadas por el accionante, por lo que no tiene legitimación en la causa por pasiva.

11 Samai, índice 21. Expediente 11001-03-15-000-2025-00571-00. 12 Samai, índice 30, 31 y 32. Expediente 11001-03-15-000-2025-00571-00. 13 Samai, índice 26. Expediente 11001-03-15-000-2025-00571-00. 14 Samai, índice 27. Expediente 11001-03-15-000-2025-00571-00. 15 Samai, índice 29. Expediente 11001-03-15-000-2025-00571-00.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00571-01

Demandante: Jaime Alveiro Córdoba Aguillón

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15 Samai, índice 29. Expediente 11001-03-15-000-2025-00571-00.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00571-01

Demandante: Jaime Alveiro Córdoba Aguillón

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.12. El Ministerio de Educación 16 informó que con el auto admisorio se omitió anexar el escrito d e tutela, por lo que al no conocer su contenido no le era posible pronunciarse al respecto. Por ello, solicitó se le reenviara el correspondiente escrito de amparo para poder ejercer su derecho de defensa. Con escrito del 27 de febrero de 202517, contestó la tutela e indicó que pese a que se le remitió copia del auto admisorio y del escrito de tutela no era claro qué aspectos debía contestar, ni advirtió el listado de los vinculados a la acción, lo que le impidió emitir pronunciamiento alguno. 4.13. El Ministerio del Interior 18 solicitó su desvinculación de este trámite constitucional por no haber sido la entidad pública que presuntamente vulneró por acción u omisión los derechos que alega el accionante. En este sentido, advirtió que carece de legitimación en la causa por pasiva.

5. Providencia impugnada La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 10 de marzo de 2025 19 negó el amparo solicitado y negó la desvinculación del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, del Ministerio de

10 de marzo de 2025 19 negó el amparo solicitado y negó la desvinculación del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible , del departamento de Putumayo, de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y del Ministerio del Interior. Indicó que fue correcto el análisis de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado al valorar el contenido del recu rso de apelación, y determinar que la «adición de la demanda» no fue aportada en la etapa procesal respectiva, sino que se allegó con el escrito de apelación . Igualmente resaltó que la parte demandante no solicitó ese documento como prueba en segunda instancia. Mencionó que el accionante omitió ejercer una adecuada actividad probatoria dirigida a acreditar el daño antijurídico causado y los perjuicios morales reclamados, conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, razón por la cual los jueces de primera y segunda instancia desestimaron sus pretensiones. De igual forma mencionó que el actor no desarrolló la carga argumentativa necesaria para demostrar que la omisión atribuida a la autoridad accionada constituyó un defecto fáctico, pues la certif icación que se aportó con el escrito de adición solo «hace una mención generalizada de la existencia de testimonios recopilados dentro de la investigación adelantada por la psicóloga Deicy Lorena Bahos Ordóñez, pero no precisa ni identifica declaraciones y situaciones emocionales, respecto de las personas que participaron como parte demandante en el proceso de reparación de perjuicios causados a un grupo». Además, dijo

de la investigación adelantada por la psicóloga Deicy Lorena Bahos Ordóñez, pero no precisa ni identifica declaraciones y situaciones emocionales, respecto de las personas que participaron como parte demandante en el proceso de reparación de perjuicios causados a un grupo». Además, dijo que la valoración del juez de segunda instancia fue razonable respecto de las pruebas obr antes en el e