CE - Sentencia 11001031500020250070601 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00706-01

Demandante: María Dilia Muñetón Velásquez

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2025-00706-01

Demandante MARÍA DILIA MUÑETÓN VELÁSQUEZ

Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA TERCERA DE ORALIDAD Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Causales generales y especiales de procedibilidad. Relevancia constitucional: carga argumentativa y argumentos de instancia adicional. Subsidiariedad. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. La caducidad de la acción. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta por María Dilia Muñetón Velásquez contra el fallo de tutela del 6 de marzo de 2025, proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el que se dispuso lo siguiente: «PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Juzgado Segundo Administrativo de Medellín.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela: (i) frente al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad por no superar el requisito de relevancia constitucional

Medellín.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela: (i) frente al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad por no superar el requisito de relevancia constitucional y, (ii) con respecto al Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bello, por no superar el requisito de subsidiariedad».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 7 de febrero de 2025 1, la señora María Dilia Muñetón Velásquez, mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia por considerar vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la admini stración de justicia, con ocasión al auto del 13 de noviembre de 2024 proferido en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho nro. 05001-33-33-002-2023-00157-01. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: «Respetuosamente solicitamos a usted señor(a) Magistrado(a) constitucional de Tutela, se proceda a Tutelar los derechos fundamentales aquí invocados de nuestra parte, los mismos que vienen siendo violados por la OMISIÓN, en la que incurrió la honorable Magi strada del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad Hirina del Rosario Meza Rhénals, y se le ORDENE lo siguiente: PRIMERA: Se le ORDENE por la Autoridad Jurisdiccional de la cual se encuentra usted investido(a) honorable señor(a) Magistrado(a), a la Magistrada Hirina del Rosario Meza Rhénals, el reconocimiento de la emisión de un Acto Administrativo de carácter Verbal emitido por el Inspector Noveno, (9°)

honorable señor(a) Magistrado(a), a la Magistrada Hirina del Rosario Meza Rhénals, el reconocimiento de la emisión de un Acto Administrativo de carácter Verbal emitido por el Inspector Noveno, (9°) municipal de Bello Antioquia, en el proceso Verbal de Policía consagrado en el a rtículo 223 de la ley 1801 de 2016.

SEGUNDA: Se le ORDENE (…), a la Magistrada Hirina del Rosario Meza Rhénals, respetar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de mi poderdante, y como consecuencia de ello Revocar la decisión tomada por parte del juez a quo o de Primera Instancia, y en su lugar sea admitida la demanda ordinaria con medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del derecho; para que la supuesta caducidad, sea decidida en el trámite del proceso ordinario con medio de control de Nulidad y restablecimiento del derecho, y no en el Auto inicial del proceso.

1 Consultado a través del sistema de gestión judicial del Consejo de Estado: Samai (índices 1 y 2).Radicado: 11001-03-15-000-2025-00706-01

Demandante: María Dilia Muñetón Velásquez

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERA: Ordenar al Juzgado Tercero (3°) Penal del Circuito de Bello Antioquia, que proceda a Notificar de manera Personal el fallo de segunda (2ª) instancia por me dio del cual se revocó el fallo de primera instancia en el proceso bajo el número de Radicado 05088-40-04-002-2023-00315-01, decisión

Notificar de manera Personal el fallo de segunda (2ª) instancia por me dio del cual se revocó el fallo de primera instancia en el proceso bajo el número de Radicado 05088-40-04-002-2023-00315-01, decisión que a la fecha no nos ha sido Notificada CUARTA: Ordenar al juez Segundo (2°) Penal municipal con control de garantías del municipio de Bello Antioquia, doctor Gabriel Alonso Tobón Vélez, dar informe sobre las actuaciones llevadas a cabo por su despacho, luego de ser revocada la sentencia de Primera Instancia emitida por él.

CUARTA: Ordenar al juez Segundo (2°) Penal municipal con control de garantías del municipio de Bello Antioquia, doctor Gabriel Alonso Tobón Vélez, dar informe sobre las actuaciones llevadas a cabo por su despacho, luego de ser revocada la sentencia de Primera Instancia emitida por él.»2

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. El 29 de agosto de 2022, en el marco de una actuación iniciada contra la señora Muñetón Velásquez por la presunta vulneración de las normas urbanísticas, se realizó audiencia pública a la que ella asistió. En la diligencia, el inspector Noveno de Policía con Funciones de Control Urbano del municipio de Bello le impuso una multa por infringir las normas urbanísticas. La sanción fue notificada en estrados. 2.2. El 22 de noviembre de 2022, la señora Muñetón Velásquez solicitó a la autoridad administrativa que le emitiera copia del expediente policivo. La petición la dirigió al siguiente buzón electrónico: contactenos@bello.gov.co Como la autoridad administrativa no dio respuesta a su solicitud, promovió

autoridad administrativa que le emitiera copia del expediente policivo. La petición la dirigió al siguiente buzón electrónico: contactenos@bello.gov.co Como la autoridad administrativa no dio respuesta a su solicitud, promovió acción de tutela en su contra invocando la protección de su derecho fundamental de petición. El conocimiento de la tutela correspondió al Juez Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías y Conocimiento de Bello que, en fallo del 26 de junio de 2023, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado. La parte actora impugnó el fallo y el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento accedió al amparo solicitado. 2.3. El 9 de mayo de 2023, la señora Muñetón Velásquez presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Municipio de Bello para que se declarara la nulidad (i) del acta del 29 de agosto de 2022 de la audiencia pública celebrada en un proceso verbal abreviado, y (ii) del acto administrativo ficto o presunto que habría expedido tal autoridad el 29 de agosto de 2022. 2.4. En auto del 19 de mayo de 2023, el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Medellín inadmitió la demanda. Requirió a la parte actora para que acreditara el agotamiento de los recursos ordinarios contra el acto administrativo demandado y para que aportara la petición de la que predicó el sile ncio administrativo negativo. 2.5. En respuesta a este requerimiento, la actora informó que no obtuvo copia del acto administrativo que le impuso la multa y tampoco conoció los recursos que procedían en su contra. En esa línea, solicitó que se requiera a la entidad

2.5. En respuesta a este requerimiento, la actora informó que no obtuvo copia del acto administrativo que le impuso la multa y tampoco conoció los recursos que procedían en su contra. En esa línea, solicitó que se requiera a la entidad demandada los antecedentes administrativos del trámite policivo. 2.6. En proveído del 23 de febrero de 2023, el despacho judicial rechazó la demanda por considerar que había operado la caducidad de la acción. Explicó que el acto administrativo demandado se notificó en estrados el 29 de agosto de 2022, por lo que desde la celebración de la audiencia hasta la presentación

2 Página 7 del escrito de tutela. Expediente digitalizado. Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00706-01

Demandante: María Dilia Muñetón Velásquez

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la demanda (9 de mayo de 2023), feneció el término para acudir ante la jurisdicción. De otra parte, advirtió que la actora no aportó prueba de la petición que configura el silencio administrativo invocado. 2.7. La demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la anterior decisión. Argumentó que el acto administrativo cuestionado fue emitido en audiencia, por lo que no es admisible que se le equipare al acta de la diligencia. Agregó que la autoridad que tramitó el asunto omitió entregarle copia de la decisión, lo que justifica la admisión de la demanda y que se requiera a la entidad demandada para que allegue el documento.

la diligencia. Agregó que la autoridad que tramitó el asunto omitió entregarle copia de la decisión, lo que justifica la admisión de la demanda y que se requiera a la entidad demandada para que allegue el documento. 2.8. En auto del 13 de noviembre de 2024, la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la decisión de primera instancia. Señaló que la actora no apeló la decisión sancionatoria, según se desprende del acta del 29 de agosto de 2022. Por lo tanto, el término de caducidad comenzó a correr el 30 de agosto de 2022 y finalizó el 30 de diciembre de ese año. Explicó que ese término fue interrumpido por la solicitud de conciliación extrajudicial radicada el 19 de diciembre de 2022, trámite que se declaró fallido el 26 de enero de 2023. Como el conteo se reanudó al día siguiente, el Tribunal concluyó que, para el 9 de mayo de 2023, ya se había configurado la caducidad de la acción.

3. Fundamentos de la acción La señora María Dilia Muñetón Velásquez alegó que el tribunal accionado otorgó carácter de acto administrativo a un acta expedida en el marco de un proceso verbal contemplado en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016. Al tratarse de una decisión de naturaleza verbal, no hubo certeza sobre su no tificación, pues únicamente se comunicó el contenido del acta en estrados. En consecuencia, advirtió que debía aplicarse la postura del Consejo de Estado (Rad. 11326) según la cual, cuando se demanda un acto administrativo cuya notificación no ha sido acre ditada, el juez no

comunicó el contenido del acta en estrados. En consecuencia, advirtió que debía aplicarse la postura del Consejo de Estado (Rad. 11326) según la cual, cuando se demanda un acto administrativo cuya notificación no ha sido acre ditada, el juez no puede rechazar la demanda por caducidad, sino que debe analizar el asunto en la sentencia de fondo. La anterior equivocación llevó a que se tomara la fecha del acta como fecha de notificación del acto administrativo, esto es: el 29 de agosto de 2022; pero estima que el acta no constituye un acto administrativo en sí, sino apenas un indicio de su existencia. Precisó que, en el procedimiento verbal policivo, la decisión de la administración se manifiesta de forma verbal, no escrita, según lo indicó la Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 2014 (rad. 2012-0033801). Agregó que, en el acta expedida por el inspector de policía no se indicó la procedencia del recurso de reposición, omisión relevante dado que er a obligación de la autoridad informar al administrado sobre los medios de defensa que puede interponer contra la decisión y entregarle copia del acto. Finalmente, advirtió que, aunque la página web de la Rama Judicial reporta que el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bello resolvió en segunda instancia la acción de tutela nro. 05088 -40-04-002-2023-00315-00, esta providencia no había sido notificada formalmente al momento de interponer esta nueva acción de tutela.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. El despacho ponente admitió la acción de tutela interpuesta por María Dilia

notificada formalmente al momento de interponer esta nueva acción de tutela.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. El despacho ponente admitió la acción de tutela interpuesta por María Dilia Muñetón Velásquez, mediante apoderado judicial, contra la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00706-01

Demandante: María Dilia Muñetón Velásquez

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Además, vinculó, en calidad de terceros, al Juzgado Segundo Administrativo de Medellín, al Municipio de Bello, al Juzgado Segundo Penal Municipal de Bello con Funciones de Control de Garantías y Conocimiento, al Juzgado Tercero Penal Municipal del Circuito de Bello y a la Inspección Novena de Policía y Control Urbano de Bello. Asimismo, vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso. En el auto se ordenó a las autoridades judiciales que conocieron el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que remitieran la copia digitalizada del expediente y se les solicitó que publicaran constancia del auto admisorio de la acción de tutela en el mencionado proceso ordinario, con el fin de permitir la intervención de terceros interesados en el trámite constitucional. El a quo también solicitó al Juzgado Segundo Penal Municipal de Bello y al Juzgado Tercero Penal Municipal del Circuito de Bello, que remitan copia del expediente de la acción de tutela nro. 05088 -40-04-002-2023-00315-00/01.

Juzgado Tercero Penal Municipal del Circuito de Bello, que remitan copia del expediente de la acción de tutela nro. 05088 -40-04-002-2023-00315-00/01. Adicionalmente, se les requirió informar sobre el trámite de notificación efectuado respecto de las sentencias proferidas en primera y segunda instancia dentro de dicho proceso constitucional. 4.2. El Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bello , por conducto del escribiente del despacho, informó que la notificación del fallo de segunda instancia en el proceso de tutela iniciado por la señora Muñetón Velásquez se realizó al correo electrónico de la accionante y de su apoderado3 el 26 de julio de 2023. Como soporte de lo anterior, aportó los oficios y constancias de la notificación del fallo de tutela a las partes. 4.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia , por conducto de la magistrada ponente de la providencia ac usada, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela por incumplir el requisito de relevancia constitucional. Afirmó que la decisión de caducidad que adoptó en el auto del 13 de noviembre de 2024 se fundamentó en el marco normativo pertinente y en las pruebas del proceso, sin que de este derive arbitrariedad o capricho. Manifestó que los argumentos expuestos en la acción de tutela fueron analizados en la segunda instancia del proceso ordinario, por lo que proceder con el estudio propuesto en la acción de tutela implicaría convertir este mecanismo constitucional en una tercera instancia . Insistió en que no hay sustento para admitir la procedencia de la acción y que solo se está desgastando el servicio de justicia.

con el estudio propuesto en la acción de tutela implicaría convertir este mecanismo constitucional en una tercera instancia . Insistió en que no hay sustento para admitir la procedencia de la acción y que solo se está desgastando el servicio de justicia. La autoridad judicial también remitió el enlace de acceso virtual al expediente ordinario nro. 05001-33-33-002-2023-00157-00. 4.4. El Juzgado Segundo Administrativo de Medellín , mediante la titular del despacho, hizo un recuento de las actuaciones adelantadas en la primera instancia del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, para concluir que ase guró en todo momento las garantías del debido proceso de las partes que en él intervinieron. Por lo anterior, solicitó que se le desvincule del proceso constitucional.

3 Informó que la notificación se surtió en estos buzones electrónicos: mariadilia2012@hotmail.com y joaquinhernandog@gmail.comRadicado: 11001-03-15-000-2025-00706-01

Demandante: María Dilia Muñetón Velásquez

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De otra parte, remitió la constancia de publicación del auto admisorio de la tutela en el proceso ordinario y el enlace para acceder al expediente a través de SAMAI. 4.5. El Municipio de Bello, por conducto de apoderada judicial, argumentó que no se acreditó el cumplimiento de los presupuestos de procedencia de la acción de tutela contra providenc ias judiciales, especialmente, el de relevancia constitucional. A ese respecto, agregó que la acción de tutela no se estableció

se acreditó el cumplimiento de los presupuestos de procedencia de la acción de tutela contra providenc ias judiciales, especialmente, el de relevancia constitucional. A ese respecto, agregó que la acción de tutela no se estableció para discutir asuntos de mera legalidad cuya competencia corresponde exclusivamente al juez ordinario.

5. Providencia impugnada La Sección Quinta del Consejo de Estado, en fallo de tutela del 6 de marzo de 2025, adoptó las siguientes determinaciones: (i) negó la solicitud de desvinculación del Juzgado Segundo Administrativo de Medellín y (ii) declaró la improcedencia de l a acción de tutela frente a la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia por no superar el requisito de relevancia constitucional y con respecto al Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bello, por no superar el requisito de subsidiariedad.

Relativo a la relevancia constitucional argumentó que los errores relativos a la naturaleza verbal del acto administrativo demandado, a la falta de entrega de copia de este y a la confusión sobre su notificación, ya habían sido objeto de análisis por el Tribunal Administrativo de Antioquia quien consideró que estas circunstancias no comprometían la validez del cómputo de la caducidad. Asimismo, precisó que la actora invocó el desconocimiento de algunas sentencias del Co nsejo de Estado, pero tan solo las citó sin desarrollar su contenido ni demostrar su aplicabilidad al caso particular. Destacó que tampoco mencionó las reglas de decisión desconocidas ni su relevancia en el caso analizado, por lo que el cargo de desconocimiento del precedente judicial carece de carga argumentativa. Para cerrar el análisis de este argumento, manifestó que la tutela se presentó como

reglas de decisión desconocidas ni su relevancia en el caso analizado, por lo que el cargo de desconocimiento del precedente judicial carece de carga argumentativa. Para cerrar el análisis de este argumento, manifestó que la tutela se presentó como un mecanismo para reabrir un debate debidamente resuelto en sede ordinaria, sin que se configurara una vulneración evidente de los derechos fundamentales invocados. Por lo tanto, declaró su improcedencia. De otra parte, sostuvo que el cargo sobre la falta de notificación del fallo de tutela que resolvió la impugnación en el proceso constitucional nro. 05088 -40-04-0022023-00315-00/01, no acredita el requisito de subsidiariedad. Recordó que la señora Muñetón Velásquez cuenta con el incidente de nulidad para alegar la presunta vulneración a su derecho al debido proceso por la alegada falta de notificación, al tenor de lo establecido en el artículo 133 del Código General del Proceso. Asimismo, respecto del cumplimiento de las órdenes del fallo de tutela de segunda instancia, argumentó que debe procurarse a través del incidente de desacato.

6. Impugnación La señor a María Dilia Muñetón Velásquez impugnó la sentencia de primera instancia.

En primer lugar, alegó que en el fallo de tutela el a quo no se pronunció sobre la cuarta pretensión de la acción de tutela, relativa a la solicitud dirigida al Juez Segundo Penal Municipal de Bello en relación con las actuaciones que desplegó luego de que su fallo de tutela fuera revocado. Según la parte actora, dicho juez no gestionó el cumplimiento del derecho de petición en el que solicitó a la autoridad

Segundo Penal Municipal de Bello en relación con las actuaciones que desplegó luego de que su fallo de tutela fuera revocado. Según la parte actora, dicho juez no gestionó el cumplimiento del derecho de petición en el que solicitó a la autoridad administrativa el acceso al expediente y la copia del acto administrativo verbalRadicado: 11001-03-15-000-2025-00706-01

Demandante: María Dilia Muñetón Velásquez

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (audiencia del 29 de septiembre de 2022), omisión que le impidió aportarlo como prueba en la demanda ordinaria. Dijo que, aunque en la sentencia de tutela se avaló la afirmación del juez ordinario de que no se aportó la prueba del derecho de petición para la configuración del acto ficto, lo cierto es que en el expediente ordinario está acreditado que envió el derecho de petición de 14 folios al inspector Noveno de Policía requiriendo el acto administrativo verbal. En relación con el cargo de desconocimiento del precedente del Consejo de Estado advirtió que en el escrito de tutela se indicó el número de radicación, la Sala y ponente que emitió cada una de las sentencias invocadas, por lo que sí cumplió con el requisito de identificación del precedente aplicable. Finalmente, manifestó que la acción de tutela tiene relevancia constitucional ya que los hechos de la demanda dan cuenta de la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Advirtió que la autoridad judicial accionada ignoró los requisitos del CPACA y del CGP, aunque ella agotó los medios a disposición para conseguir la prueba.

fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Advirtió que la autoridad judicial accionada ignoró los requisitos del CPACA y del CGP, aunque ella agotó los medios a disposición para conseguir la prueba.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 4, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional co ntra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales5 y especiales6 que deben cumplirse de forma estricta, para l o cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 7 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,

cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,

4 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. 5 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 6 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución.

defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución. 7 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU -686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Con tencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001 -03-15-000-201202201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00706-01

Demandante: María Dilia Muñetón Velásquez

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cosa juzgada y juez natural como elementos ese nciales del derecho al debido proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimien to de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala establecer si le asistió razón a l juez constitucional de primera instancia al declarar improcedente la tutela, por considerar que no encontró acreditados los requisitos de relevancia constitucional y de la subsidiariedad.

En caso de superar dicho análisis, y de cumplirse los demás requisitos de procedibilidad, se determinará si el auto del 13 de noviembre de 2024, en el que el

relevancia constitucional y de la subsidiariedad. En caso de superar dicho análisis, y de cumplirse los demás requisitos de procedibilidad, se determinará si el auto del 13 de noviembre de 2024, en el que el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la decisión de caducidad de la acción en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho nro. 05001-33-33-002-202300157-01, vulneró el derecho fundamental al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la actora. Atendiendo al escrito de impugnación, también deberá establecer la Sal a, si el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bello vulneró el derecho al debido proceso de la actora al no desplegar actuaciones en procura del cumplimiento del fallo de tutela de segunda instancia proferido en el proceso de tutela nro. 05088-40-04-002-2023-00315-01.

4. Análisis del presupuesto de procedibilidad de relevancia constitucional en el caso particular 4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la independencia judicial, los ju eces de tutela no tienen competencia para reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. En ningún modo aquel puede inmiscuirse en los asuntos propios del juez natural.

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional. Y aunque no siempr e es sencillo dilucidar la línea que separa

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional. Y aunque no siempr e es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T -248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito: (i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela. (ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que “no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad deRadicado: 11001-03-15-000