CE - Sentencia 11001031500020250075001 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-00750-011

Demandante : José del Carmen Peña Ochoa

Demandados : Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Quinto

Administrativo del Circuito de Valledupar Acción : Tutela Derechos : Debido proceso Decisión : Confirma en el sentido de negar

Procede la Sala a dictar sentencia de segunda instancia en la acción de tutela incoada por José del Carmen Peña Ochoa contra el Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Valledupar , por la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala enunciará los argumentos expuestos por el tutelante frente a la vulneración alegada, luego se revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo pertinente respecto a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela.

El actor interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental al debido proceso , presuntamente vulnerado por el Tr ibunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Valledupar.

Por consiguiente, requirió:

derecho fundamental al debido proceso , presuntamente vulnerado por el Tr ibunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Valledupar.

Por consiguiente, requirió:

«[…] anular las sentencias de primera y segunda instancia, y ordenarle al Juzgado 5° Administrativo del Circuito de Valledupar que profiera fallo de reemplazo concediendo las

1 Expediente digital disponible en Samai.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-00750-01

Demandante: José del Carmen Peña Ochoa Demandada: Tribunal Administrativo del Cesar y otro

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pretensiones solicitadas en la demanda por JOSÉ DEL CARMEN PEÑA OCHOA y sus familiares (a los que se hará extensivo, por derecho a la igualdad, el fallo de tutela), luego de realizar una nueva valoración sobre los aspectos probatorios que sirvieron de soporte a la medida de aseguramiento intramural que le fue impuesta al referido ciudadano, de las cuales no se puede realizar en su contra una inferencia razonable de autoría.»

1.3 Hechos.2

El accionante relató que, el 1 de febrero de 2022 interpuso una demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la cual , correspondió al Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar con radicado 20001-33-33005-2022-00024-00. En dicho proceso, solicitó el reconocimiento de los perjuicios materiales y morales causados con ocasión de la privación de la libertad que padeció

005-2022-00024-00. En dicho proceso, solicitó el reconocimiento de los perjuicios materiales y morales causados con ocasión de la privación de la libertad que padeció durante 4 años, 6 meses y 2 días, en el marco de un proceso penal que se tramitó ante el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Valledupar.

En dicha actuación, la autoridad judicial de primera instancia en sentencia del 2 de julio de 2023, negó las pretensiones de la demanda, tras declarar probada las excepciones «inexistencia del daño antijurídico » y «falta de relación de causalidad e inexist encia del daño antijurídico por justificación de medida» propuestas por las entidades demandadas. Contra el fallo, interpuso recurso de apelación, el cual , fue confirmado por el Tribunal Administrativo del Cesar, en sentencia del 21 de noviembre de 2024.

1.4 Argumentos de la tutela.

El accionante manifestó que , las sentencias de primera y segunda instancia expedidas en el proceso con radicado 20001-33-33-005-2022-00024-01 vulneraron su derecho fundamental al debido proceso, a l concluir que, el material probatorio aportado demostraba que no era el responsable de los hechos que dieron lugar a la imposición de la medida de aseguramiento.

Añadió que, las entidades judiciales omitieron analizar adecuadamente los argumentos y pruebas de la defensa, desconociendo las reglas de la sana critica en su valoración, al respecto indicó:

«[…] En suma, aquel defensor de PEÑA OCHOA, en la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, a diferencia de la Fiscalía y la juez de control de ga rantías, el que realizó

respecto indicó:

«[…] En suma, aquel defensor de PEÑA OCHOA, en la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, a diferencia de la Fiscalía y la juez de control de ga rantías, el que realizó

2Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 2.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-00750-01

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un cotejo y análisis conjunto de las entrevistas y desnudó sus contradicciones con fundamento en la sana crítica y el sentido común, y si la señora juez se hubiera detenido a examinar los EMP como lo hizo la defensa, es seguro que n o hubiera impuesta la medida de aseguramiento, limitándose a decir que ella era razonable, justa y proporcional, PERO SIN ESTUDIAR ANTES LOS EMP y EF que aportó la Fiscalía.

Esa imposición de medida de aseguramiento no presentó una motivación propia del acto procesal que la requería, como lo era la audiencia preliminar de imposición de medida de aseguramiento, se tornó defectuosa, incompleta, carente de sustentación y fundamen to, lo que se verifica con solo escuchar el audio video donde se grabó, pues no se logra saber el contenido de las entrevistas de los policiales porque la fiscalía no los mencionó, PERO LA FALENCIA NO ES ESA SINO que OMITIÓ realizar el análisis conjunto del contenido de cada versión para llegar a una conclusión seria, razonada y ponderada que se requería para afectar el derecho a la libertad de un ciudadano colombiano.

FALENCIA NO ES ESA SINO que OMITIÓ realizar el análisis conjunto del contenido de cada versión para llegar a una conclusión seria, razonada y ponderada que se requería para afectar el derecho a la libertad de un ciudadano colombiano.

En términos constitucionales, la juez incurrió en un defecto fáctico porque los element os materiales probatorios y evidencias físicas que se le pusieron de presente por la fiscalía, NO

SE VALORARON BAJO EL TAMIZ DE LA SANA CRÍTICA.».

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C admitió3 la presente acción de tutela el 13 de febrero del 2025. En dicha providencia, se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Cesar y al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Valledupar como accionados; y se vinculó a la Nación – Fiscalía General de la nación y a la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva Administrativa Judicial.

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 La Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 4 solicitó la desvinculación de la entidad , manifestando que « la DEAJ como una entidad de naturaleza técnica y administrativa de la Rama JudicialNivel Centralno tiene injerencia en las decisiones judiciales adoptadas por los jueces y magistrados, razón por la cual, el Tribunal Administrativo del Cesar, es la autoridad llamada a responder por la presunta amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados por el actor, al ser la autoridad judicial que profirió la sentencia de segunda instancia que confirm ó la

Tribunal Administrativo del Cesar, es la autoridad llamada a responder por la presunta amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados por el actor, al ser la autoridad judicial que profirió la sentencia de segunda instancia que confirm ó la providencia judicial en cuestión. Por consiguiente, la DEAJ no es la autoridad legitimada a comparecer como tercero vinculado, en tanto no intervino en el proceso de la referencia».

3 Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 4 4 Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 8Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-00750-01

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2.1.2 El Tribunal Administrativo del Cesar 5 se limitó a remitir el link expediente con radicado 20001-33-33-005-2022-00024-01, en el ejercicio de la defensa, se remite a los fundamentos referidos en la sentencia de segunda instancia del 21 de noviembre de 2024.

El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Valledupar 6 se limitó a remitir el expediente con radicado 20001-33-33-005-2022-00024-01, pero no se pronunció respecto a los hechos y las pretensiones de la tutela.

La Fiscalía General de la nación7 indicó que no cumplen los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, en razón que, el accionante no argumenta de forma suficiente el defecto factico.

2.2 Sentencia de primera instancia.8

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en sentencia del 14 de marzo del

argumenta de forma suficiente el defecto factico.

2.2 Sentencia de primera instancia.8

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en sentencia del 14 de marzo del 2025 declaró improcedente la acción de tutela, por no superarse el requisito de relevancia constitucional, argumentando que:

«5.3. A partir de lo anterior, para la Sala es claro que el señor Peña Ochoa pretende imponer su interpretación normativa sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así como reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate surtido en el trámite del proceso primigenio, pues a partir de la revisión del proceso se advierte que los argumentos expuestos en este escenario guardan identidad con lo esbozado en el recurso de apelación interpuesto, sin que haya demostrado la violación del derecho fundamental para el que pidió su protección.

Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada por la parte accionante esta· encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite del proceso de reparación directa, toda vez que reitera argumentos de Índole legal y probatorio desarrollados en el marco del proceso ordinario, sin esbozar las razones concretas por las cuales el derecho fundamental invocado fue vulnerado con la providencia atacada, lo que escapa de la Órbita del juez constitucional, toda vez que la decisión censurada se sustenta en el principio de autonomía judicial.

Así las cosas, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional, aspecto que la torna en improcedente.

autonomía judicial.

Así las cosas, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional, aspecto que la torna en improcedente.

5.4. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria, por lo que su procedencia esta· limitada a deter minar la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión proveniente de una autoridad judicial a

5 Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 9 6 Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 10 7 Visible en el expediente digitlal en SAMAI, índice 11 8 Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 17Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-00750-01

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partir de una decisión proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de corrección de la decisión cuestionada15, lo que se opone a que use indebidamente com o una nueva instancia para la discusión de los asuntos de Índole probatoria o de interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario»

2.3 Impugnación.9

instancia para la discusión de los asuntos de Índole probatoria o de interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario»

2.3 Impugnación.9

El accionante, inconforme con la decisión adoptada la impugnó, en ella manifestó que la relevancia constitucional de este asunto radica en un defecto f áctico por parte de las autoridades judiciales al realizar una valoración equivocada de los elementos materiales probatorios.

«Entonces, bajo toda esta fundamentación, se debe concluir que SE EQUIVOCARON TANTO EL JUZGADO 5° ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR, Y EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, al considerar que la fundamentación realizada por el juzgado 2° de control de garantías de Valledupar que le impuso la medida de asegura miento intramural a JOSÉ DEL CARMEN PEÑA OCHOA fue correcta, que cumplió el estándar de valoración probatoria que requiere esa decisión para llegar a una inferencia razonable de autoría, por lo tanto, la ACCIÓN DE TUTELA procede contra las decisiones tomad as por las autoridades judiciales accionadas al realizar una valoración equivocada, en un defecto fáctico, de los elementos materiales probatorios, pues, en esta clase de procesos por falla del servicio ante la absolución por IN DUBIO PRO REO, el juez admi nistrativo debe colocarse en el papel del juez de control de garantías para efectos de verificar si la medida fue impuesta con los requisitos legales (fácticos, jurídicos y probatorios).

Se equivocaron las autoridades judiciales accionadas, incurriendo e n defecto fáctico porque

juez de control de garantías para efectos de verificar si la medida fue impuesta con los requisitos legales (fácticos, jurídicos y probatorios).

Se equivocaron las autoridades judiciales accionadas, incurriendo e n defecto fáctico porque ESTÁ MÁS QUE PROBADO EN EL EXPEDIENTE ORDINARIO ADMINISTRATIVO la pobre y deficiente motivación del juez de control de garantías, no cumplió con los requisitos exigidos por el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) en su a rtículo 308 cuando le exige o le demanda a dicho juez que haga un estudio concienzudo de los elementos materiales probatorios que le permitan inferir razonablemente que el imputado puede ser responsable del delito.».

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

En virtud de los artículos 32 10 del Decreto ley 2591 de 1991 11 y 2512 del Acuerdo 80 de 12 de marzo del 2019 13 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

9 Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 17. 10 “Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente (…)”. 11 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 12 “Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga

12 “Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto”. 13 “Reglamento interno del Consejo de Estado”.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-00750-01

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3.2 Problema jurídico.

Se contrae a determinar si la sentencia del 21 de noviembre de 2024, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo del Cesar, decidió en segunda instancia, el proceso de reparación directa promovido por el accionante contra la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial [expediente 20001-33-33-005-2022-00024-01], en el sentido de confirmar la sentencia del 2 de junio de 2023, con la que, el Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar negó las pretensiones ahí formuladas, incurrió en un defecto factico al no valorar en debida forma las pruebas presentadas.

3.3 La acción.

Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333 de 2021, fue establecida como un mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos constitucionales fundamentales.

y 333 de 2021, fue establecida como un mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos constitucionales fundamentales.

Dicha acción de amparo permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C -543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-00750-01

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La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, teniendo en cuenta qu e, el reconocimiento al principio de

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, teniendo en cuenta qu e, el reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que, desde la sentencia T -231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que, esta se configura cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las

sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisit os generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional;(ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisitoAcción de tutela 11001-03-15-000-2025-00750-01

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de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales

proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selecció n que hace la Corporación.

Igualmente, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar su excep cionalidad contra decisiones judiciales, la cual , solamente si tiene indudable relevancia constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presenta n una evidente y grosera contradicción entre las

probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presenta n una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi ) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-00750-01

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Por otra parte, se destaca que la Sala Plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales 14; sin embargo, rectificó su posición mediante sentencia de 31 de julio de 201215, en el sentido de disponer que la acción constitucional

de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales 14; sin embargo, rectificó su posición mediante sentencia de 31 de julio de 201215, en el sentido de disponer que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurispruden cia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos16.

3.5 Solución al caso concreto.

3.5.1 Sobre los Requisitos de procedibilidad.

Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que:

(i) Subsidiariedad: contra la decisión objeto de estudio no procede recurso alguno, dado que fue emitida en sentencia de segunda instancia y se encuentra ejecutoriada.

(ii) Identificación de los hechos: se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores.

(iii) Inmediatez: se satisface el requisito, teniendo en cuenta que la sentencia del 21 de noviembre de 2024, qued ó ejecutoriada el 29 de noviembre de 2024, y la tutela se presentó el 11 de febrero de 2025, es decir dentro de los 6 meses.

14 Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de

la tutela se presentó el 11 de febrero de 2025, es decir dentro de los 6 meses.

14 Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-027001, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. 15 Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González. 16 Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C.

P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009 -01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C.

P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-00750-01

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(iv) Sentencia de tutela: El fallo acusado no se profirió dentro de una acción de tutela.

Demandada: Tribunal Administrativo del Cesar y otro

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(iv) Sentencia de tutela: El fallo acusado no se profirió dentro de una acción de tutela.

3.6.2 Defecto Fáctico.

Sea lo primero indicar, que una providencia judicial se encuentra viciada por defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión»17.

La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto negativo que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos en qu e da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar suficiente material probatorio que lo demuestra18.

En el presente caso, el demandante sostuvo que la providencia cuestionada incurrió en un defecto fáctico , al considerar que «de entrada, debo expl icar a los Honorables Magistrados que, al igual que en esta solicitud de amparo, en el proceso ordinario administrativo que se reclamó reconocer la privación injusta de la libertad de JOSÉ DEL CARMEN PEÑA OCHOA, también se le señaló a los jueces de instanci