CE - Sentencia 11001031500020250077301 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D.C., primero (1.°) de julio de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00773-01

Accionante: BENITO CUELLO SILGADO Y OTROS

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial en caso de grave violación de los derechos humanos // requisitos generales de procedencia de tutela contra providencia // causal especifica de desconocimiento del precedente judicial respecto de obligación del juez constitucional de examinar si se presentaron barreras de acceso a la admini stración de justicia fijada en la SU -167 de 2023 y reiterada en la SU-241 de 2024.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Antecedentes

1. La Sala resuelve el recurso de impugnación promovido por la parte actora, contra la sentencia de tutela de primera instancia, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera de la Corporación. El medio constitucional se promovió contra una providencia judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, motivo por el cual, con el fin de facilitar la explicación de los antecedentes, en primer lugar, se expondrá el desarrollo del proceso contencioso administrativo que llevó a la sentencia ordinaria atacada, y posteriormente, se mencionarán los del proceso de tutela.

Antecedentes del proceso contencioso administrativo identificado 70001-33se expondrá el desarrollo del proceso contencioso administrativo que llevó a la sentencia ordinaria atacada, y posteriormente, se mencionarán los del proceso de tutela.

Antecedentes del proceso contencioso administrativo identificado 70001-3333-005-2019-00222-00.

2. La demanda cuestiona un proceso de reparación directa, en el que un número amplio de personas solicitaron la declaratoria de la responsabilidad 1

1 BENITO CUELLO SILGADO C.C. 9038563, integrado por su esposa LICETH TORRES BELTRAN, C.C. No. 64.517.135 de San Onofre Sucre y sus hijos, OSCAR BENITO CUELLO TORRES C.C. 1101441172, ORANGEL DE JESÚS CUELLO TORRES C.C: 1101443535, OSNAIDER ANDRÉS CUELLO TORR ES C.C. 1101453150; núcleo familiares de AIZAR JOSÉ QUESSEP EDNA C.C: 6812605, su esposa TERESA DE JESÚS JARABA TORRES C.C: 42205247, sus hijos JULIO ANDRÉS QUESSEP JARABA C.C 92.450.849, AIZAR DAVID QUESSEP JARABA C.C:1101441206 y KAREN EMILIA QUESSEP JAR ABA C.C: 1101444318; núcleo familiar deRadicación número: 11001-03-15-000-2025-00773-01

Accionante: Benito Cuello Salgado y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros Referencia: Segunda instancia acción de tutela

extracontractual del Estado, pues, en el año 2003, durante la aparición y expansión de los grupos paramilitares en la región de Montes de María, los actores del proceso

Referencia: Segunda instancia acción de tutela

extracontractual del Estado, pues, en el año 2003, durante la aparición y expansión de los grupos paramilitares en la región de Montes de María, los actores del proceso de tutela se desempeñaban como servidores de la personería municipal de San Onofre, Sucre, y fueron obligados a renunciar a sus cargos y a desplazarse forzadamente como resultado de amenazas de muerte de los cabecillas del Bloque Montes de María de las AUC. Los demandantes señalaron que cuando fueron amenazados, obligados a renunciar a sus cargos y desplazados forzadamente, los actores armados les advirtieron que no debían denunciar los hechos pues serían objeto de atentados contra su vida.

3. Indicaron que sólo demandaron hasta el año 2019, a pesar de que los hechos se remontan al año 2003, puesto que, tuvieron miedo y zozobra, respecto de su situación de seguridad personal.

4. La oficina de reparto asignó la demanda de reparación directa al Juzgado Décimo Administrativo de Sincelejo. En sentencia de 22 de enero de 2024, dicha autoridad judicial declaró la caducidad de la acción. Argumentó qu e, desde el año 2008, los demandantes contaban con los elementos de juicio suficientes para demandar al Estado, en tanto en la demanda de reparación directa se reconoció que, la persona responsable de las amenazas y el desplazamiento forzado había sido condenada penalmente en aquel año.

5. Apelada la decisión, en providencia de 11 de julio de 2024, la Sala Quinta de decisión del Tribunal Administrativo de Sucre confirmó la determinación de primera

sido condenada penalmente en aquel año.

5. Apelada la decisión, en providencia de 11 de julio de 2024, la Sala Quinta de decisión del Tribunal Administrativo de Sucre confirmó la determinación de primera instancia. Sostuvo que, desde el momento del desplazamiento forzado, los actores tuvieron conocimiento de la conducta omisiva del Estado, porque la demanda debió promoverse hasta el año 2006, en tanto varios de los demandantes dejaron sus empleos como resultado de las amenazas, el 31 de diciembre de 2003. El Tribunal indicó que no existía prueba de que los demandantes hubieran atravesado una barrera de acceso que justificara la flexibilización del término de caducidad.

Antecedentes del proceso de tutela

ZOYDITH DEL CARMEN JULIO BLANCO, C.C: No. 45.484.485, LUIS JOSE LOPEZ JULIO,

identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.101.456.762 de San Onofre (hijo), MARIA JOSE LOPEZ JULIO, identificada con la cédula de ciud adanía No. 1.101.463.104 de San Onofre (hija); núcleo familiar de MOISES DAVID SERPA CONTRERAS C.C No 9039573, integrado por su esposa, MARLENY EMILIO SALAZAR BELLO C.C No 64516610; sus hijos, JAVIER EMILIO SERPA SALAZAR C.C No 92447295; MOISES DAVID SERPA SALAZAR C.C No 92448018; EDITH STELLA SERPA SALAZAR C.C No 64523759; LEIDY ESTER SERPA SALAZAR C.C No 64524371;

SALAZAR C.C No 92447295; MOISES DAVID SERPA SALAZAR C.C No 92448018; EDITH STELLA SERPA SALAZAR C.C No 64523759; LEIDY ESTER SERPA SALAZAR C.C No 64524371; CARLOS ELIECER SERPA SALAZAR; VALERIA ANDREA SERPA BERRIO 1101883135, MOISES SERPA BERRIO C.C No 1101877661; núcleo familiar de SONIA ISABEL RU IZ GUARDO C.C. 64.518.085, integrado por su esposo MANUEL ENRIQUE GONZÁLEZ LUNA C.C: 9.041.867 y sus hijos KEVIN MAURICIO GONZÁLEZ RUIZ C.C: 1.017.239.180 y ELKIN MANUEL GONZÁLEZ RUIZ C.C: 1.214.728.384.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00773-01

Accionante: Benito Cuello Salgado y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros Referencia: Segunda instancia acción de tutela

6. Los tutelantes acudieron al juez constitucion al, a través de agente oficioso.

En el escrito de amparo, se argumentó que las decisiones judiciales conculcaron los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, y a la reparación integral de las víctimas, pues incur rieron en el defecto fáctico, desconocimiento del precedente y defecto sustantivo por la aplicación del artículo 142 del C.P.A.C.A.

7. Respecto al defecto fáctico arguyó que las decisiones judiciales cuestionadas no decretaron la práctica de pruebas solicita das por la parte,

artículo 142 del C.P.A.C.A.

7. Respecto al defecto fáctico arguyó que las decisiones judiciales cuestionadas no decretaron la práctica de pruebas solicita das por la parte, conforme a las cuales, era posible evidenciar que las víctimas enfrentaron barreras de acceso a la administración de justicia, y que además no tuvieron conocimiento sobre la totalidad de los elementos que estructuran la responsabilidad pa trimonial del Estado, sino mucho tiempo después del que concluyeron los jueces administrativos. Además, reprochó que no se decretó la práctica de pruebas de oficio dirigidas a verificar las razones por las cuales los demandantes acudieron en el año 2019 a la administración de justicia.

8. En relación con el defecto del desconocimiento del precedente, los demandantes alegaron que las autoridades judiciales accionadas aplicaron retroactivamente el precedente de 29 de enero de 2020, proferido por el pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado, igualmente se abstuvo de aplicar estándares internacionales en materia de derechos humanos vinculantes para el

Estado Colombiano.

9. Por lo anterior, los tutelantes solicitaron el amparo de los derechos fundamentales invocados, y en consecuencia se dejara sin efecto la sentencia de 22 de enero de 2024, proferida por el Juzgado Décimo Administrativo de Sincelejo, confirmada en segunda instancia el 11 de julio de 2024, por el Tribunal

Administrativo de Sucre.

Trámite de la tutela

10. El despacho sustanciador admitió la acción de tutela y vinculó al trámite a las autoridades judiciales accionadas. Puntualmente, al Juzgado Décimo

Administrativo de Sucre.

Trámite de la tutela

10. El despacho sustanciador admitió la acción de tutela y vinculó al trámite a las autoridades judiciales accionadas. Puntualmente, al Juzgado Décimo Administrativo de Sincelejo y al Tribunal Administrativo de Sucre, y adicionalmente, se notificó a la Nación-Ministerio del Interior, al Departamento Administrativo de la Presidencia, al Ministerio de Defensa -Armada Nacional -Ejército Nacional -Policía

Nacional, Departamento de Sucre y al Municipio de San Onofre.

11. El Tribunal solicitó de clarar improcedente la petición de amparo ya que no satisface los requisitos generales de relevancia constitucional e inmediatez. En el primero, la autoridad judicial impugnada arguyó que la discusión propuesta en la acción de tutela se resolvió en las dos instancias del proceso ordinario, en esa medida, en su criterio, se usó el amparo para reabrir un debate procesal ya resuelto.

Además, la tutela se formuló por fuera del plazo de seis meses previsto en laRadicación número: 11001-03-15-000-2025-00773-01

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jurisprudencia constitucional, como plazo razonabl e. En cuanto al segundo presupuesto, indicó que la sentencia de segunda del proceso ordinario instancia se notificó el 24 de julio de 2024, mientras que la acción de tutela se promovió el 12 de febrero de 2025, es decir, 14 días después de vencido el plazo razonable. Las

notificó el 24 de julio de 2024, mientras que la acción de tutela se promovió el 12 de febrero de 2025, es decir, 14 días después de vencido el plazo razonable. Las entidades de la administración pública (Departamento de la prosperidad social, la dirección jurídica del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Presidencia de la República) solicitaron la desvinculación d el proceso de tutela, puesto que carecían de legitimación en la causa por pasiva, al no tener competencias para proferir las decisiones judiciales cuestionadas.

12. Los señores Aizar Quessep Edna, Teresa de Jesús Jaraba Torres, Julio Andrés Quessep Jaraba, A izar David Quessep Jaraba, Karen Emilia Quessep Jaraba, Moisés David Serpa Contreras, Marleny Emilio Salazar Bello, Javier Emilio Serpa Salazar, Moisés David Serpa Salazar, Edith Stella Serpa Salazar, Leidy Ester Serpa Salazar, Carlos Eliécer Serpa Salazar, Valeria Andrea Serpa Berrío, Moisés Serpa Berrío, Benito Cuello Silgado, Liceth Torres Beltrán, Óscar Benito Cuello Torres, Orangel de Jesús Cuello Torres, Osnaider Andrés Cuello Torres, Zoydith del Carmen Julio Blanco, Luis José López Julio y María José López Julio presentaron memoriales en los cuales solicitaron ser admitidos como terceros con interés en el proceso de tutela y expusieron que ratificaban los hechos y pretensiones de la demanda constitucional. dichas personas fungieron como parte demandante dentro del proceso contencioso administrativo que llevó a las decisiones judiciales que se cuestionan en el trámite de tutela. A su vez, señalaron

pretensiones de la demanda constitucional. dichas personas fungieron como parte demandante dentro del proceso contencioso administrativo que llevó a las decisiones judiciales que se cuestionan en el trámite de tutela. A su vez, señalaron que fueron informados por el señor Adil José Meléndez Márquez, quien fue su abogado en el proceso ordinari o, de la presentación de la acción de tutela como agente oficioso.

Sentencia de primera instancia

13. En providencia de 26 de marzo de 2025, la Subsección B de la Sección Tercera de la Corporación declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito general de inmediatez, pues los demandantes presentaron el mecanismo de amparo constitucional en un plazo superior al que la jurisprudencia ha considerado como razonable.

14. En sede de primera instancia, la autoridad judicial concluyó que el señor Adil José Meléndez Márquez presentó la acción de tutela en condición de agente oficioso de los demandantes. A su vez, estos allegaron memoriales en los que ratificaron los hechos y pretensiones de la demanda de tutela, razón por la cual se consideró procedentela agencia oficiosa alegada en la demanda Respecto a la inmediatez en el ejercicio de la acción de tutela, indicó que la sentencia controvertida fue notificada el 29 de julio de 2024 2,, por lo que los seis (6) meses

2 En tanto según el aplicativo SAMAI, el mensaje de datos se envió el 24 de julio de 2024, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, numeral 2 de la Ley 2080 de 2021.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00773-01

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considerados com o razonables por la jurisprudencia para acudir a la justicia constitucional fenecieron el 29 de enero de 2025, de manera que si la acción de tutela se presentó el 12 de febrero de 2025 se ejerció catorce (14) días por fuera del término prudencial. Recurso de impugnación

15. Dentro del término previsto, la parte actora impugnó la sentencia. Argumentó que la sentencia de 11 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Quinta, se comunicó al correo electrónico el 12 de agosto de 2024, y, en su criterio, quedó ejecutoriada el 14 de agosto de 2024. A su juicio, la tesis de la providencia de pri mera instancia resulta equivocada, pues la parte actora tuvo conocimiento de la decisión de 11 de julio de 2024 proferida por el Tribunal, únicamente, cuando el expediente y la decisión, regresaron al Juzgado Décimo Administrativo de Sincelejo, y allí esa autoridad judicial notificó a los demandantes.

Consideraciones

Competencia

16. Esta Subsección es competente para conocer de esta acción de tutela, en instancia de impugnación, conforme a los artículos 86 de la Constitución y el 32 del decreto 2591 de 1991.

Problema jurídico

16. Esta Subsección es competente para conocer de esta acción de tutela, en instancia de impugnación, conforme a los artículos 86 de la Constitución y el 32 del decreto 2591 de 1991.

Problema jurídico

17. En primer lugar, la Subsección deberá establecer si la acción de tutela satisface los requisitos de procedencia formal, puntualmente si se cumple con el de inmediatez, esto en atención a que, conforme la intervención de una de las entidades accionadas, la acción de tutela se promovió 14 días después del fenecido los seis meses indicados por la jurisprudencia constitucional. Adicionalmente, se examinará si satisfacen los restantes requisitos de procedencia formal. En caso de contestar afirmativamente el interrogante, se debe examinar si la decisión cuestionada incurrió en alguno de los defectos alegados en el escrito de tutela. En particular, esta Corporación deberá determinar si la autoridad judicial demandada desconoció el precedente respecto de la contabilización del término de caducidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos, como es el caso del desplazamiento forzado. Solo en caso de que se concluya que no se incurrió en el defecto de desconocimiento del precedente, se verificará si, además, las decisiones censuradas incurrieron en el defecto fáctico por no decretar pruebas dirigidas a mostrar las barreras de acceso a la justicia que enfrentaron los actores.

18. Por lo anterior, para resolver los problemas jurídicos p lanteados, la Subsección reiterará el precedente judicial sobre procedencia de tutela contra providencia judicial; el precedente de esta corporación y constitucional respecto a

18. Por lo anterior, para resolver los problemas jurídicos p lanteados, la Subsección reiterará el precedente judicial sobre procedencia de tutela contra providencia judicial; el precedente de esta corporación y constitucional respecto a la aplicación del precedente fijado por el pleno de la Sección Tercera del Cons ejoRadicación número: 11001-03-15-000-2025-00773-01

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de Estado en la sentencia de 29 de enero de 2020, y finalmente se resolverá el caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela para cuestionar decisiones judiciales. Causales genéricas y específicas de procedencia.

19. Conforme el precedente fijado e n la C -590 de 2005 3, reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que co ncurren seis causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

20. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar4; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13, Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela5, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que

Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela5, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del Consejo de Estado; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 6 o los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

21. La jurisprudencia constitucional ha insistido en que, el examen que realiza el juez constitucional a una providencia judicial no examina la corrección jurídica o el criterio de una autoridad o funcionario judicial, sino que se centra en determinar si

21. La jurisprudencia constitucional ha insistido en que, el examen que realiza el juez constitucional a una providencia judicial no examina la corrección jurídica o el criterio de una autoridad o funcionario judicial, sino que se centra en determinar si la decisión adolece de una característica que afect e su validez. En consecuencia,

3 Corte Constitucional C-590 de 2005. 4 Se sigue la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU -215 de 2022. 5 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T -218 de 2012 y T-373 de 2014. 6 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00773-01

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se trata de verificar si el fallo contiene yerros incompatibles con las garantías constitucionales7.

22. En cuanto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sentencia C-590 de 2005 precisó que la tutela se concederá si se presenta al menos uno de los siguientes defectos. A continuación, se enuncian los defectos específicos explicados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, profundizando en el defecto invocado por la parte actora.

i.Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es expedida por un funcionario judicial que carecía de competencia;

Constitucional, profundizando en el defecto invocado por la parte actora.

i.Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es expedida por un funcionario judicial que carecía de competencia;

ii.Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad judicial actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado asunto;

iii.Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización indebida y contraevidente de pruebas existentes en el proceso;

iv.Defecto sustantivo , que ocurre cuando la decisión judicial se toma con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que no estaban llamadas a gobernar el caso o a partir de interpretaciones jurídicas contraria s a la garantía de los derechos fundamentales.

v.Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los derechos fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido inducido por factores externos al proceso, y que tienen la capac idad de influir en la toma de una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica probada en el caso;

vi.Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su deber de expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión;

vii.Desconocimiento del precedente, que se genera cuando frente a un caso con los mismos hechos una autoridad se aparta de los procedimientos establecidos por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los dictados por ellos mismos (precedente horizontal), sin cumplir con la carga de justificar de forma

los mismos hechos una autoridad se aparta de los procedimientos establecidos por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los dictados por ellos mismos (precedente horizontal), sin cumplir con la carga de justificar de forma suficiente y razonada por qué se cambia de precedente.

viii.Violación directa de la Constitución , que se genera cuando una providencia judicial desconoce por completo un postulado de la Constitución, le atribuye un alcance insuficiente o lo contradice.

7 Cfr. SU -215 de 2022 “ La Corte ha sido enfática en señalar, que la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00773-01

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23. Conforme las consideraciones anteriores, en el acápite del caso concreto, se examinará si la acción de tutela de la referencia satisface las causales genéricas de procedencia y al menos una específica . Inmediatamente a continuación se examinará el precedente constitucional sobre el cumplimiento del requisito de caducidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos constitutivas de delitos de lesa humanidad o de guerra.

Jurisprudencia sobre la caducidad del medio de control de reparación directa en casos de graves violaciones a los derechos humanos

24. En decisión del 29 de enero de 2020, el Pleno de la Sección Tercera del

Jurisprudencia sobre la caducidad del medio de control de reparación directa en casos de graves violaciones a los derechos humanos

24. En decisión del 29 de enero de 2020, el Pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó el precedente jurisprudencial rela tivo al término de caducidad de la acción cuando se ejerce el medio de control de reparación directa.

En dicha providencia se concluyó que, incluso en casos de delitos que constituyen conductas de lesa humanidad o crímenes de guerra, resulta aplicable el término de caducidad de dos años previsto en el artículo 164, numeral 2, literal i) 8 de la Ley 1437 de 2011. Posteriormente, en la Sentencia SU -312 de 2020, la Sala Plena de la Corte Constitucional acogió el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado e indicó que el medio de reparación caduca en dos años, aun si se trata de los punibles antes anotados.

25. Ambas providencias de unificación establecieron que el término de caducidad comienza a contarse a partir de: (i) la ocurrencia del daño; (ii) el momento en que las personas afectadas lo conocieron o razonablemente debieron conocerlo;

(iii) sin embargo, no correrá el término cuando se acredite que las personas estuvieron objetivamente impedidas para acceder a la administración de justicia; y (iv) en los casos de desaparición forzada, la caducidad se cuenta desde el momento en que la persona reaparece o se identifican plenamente sus restos, sin que ello impida presentar la demanda si aún se desconoce el paradero de la víctima.

26. Tras estas dos decisiones, la Corte Constitucional ha proferido múltiples

en que la persona reaparece o se identifican plenamente sus restos, sin que ello impida presentar la demanda si aún se desconoce el paradero de la víctima.

26. Tras estas dos decisiones, la Corte Constitucional ha proferido múltiples sentencias de Sala de Revis ión9 y de Sala Plena 10 en las que ha precisado la manera en que debe contabilizarse el término de caducidad en casos relacionados con crímenes de guerra o de lesa humanidad. Aunque el Tribunal Constitucional ha reiterado que el derecho de acción caduca también ha señalado que este requisito debe ser evaluado desde una perspectiva de flexibilidad y ponderación de principios, con el fin de garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia.

En efecto, la Corte ha enfatizado que la verificación del cumplimiento del término de caducidad constituye una carga relevante del juez administrativo que no puede ser evaluada de forma mecánica o superficial, especialmente cuando se estudian

8 Radicado 61.033 9 Cfr. T-024 de 2024 y T-450 de 2024. Recientemente T-001 de 2025. 10 Cfr. SU-167 de 2023Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00773-01

Accionante: Benito Cuello Salgado y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros Referencia: Segunda instancia acción de tutela

hechos que configuran graves violaciones a los derechos humanos, como los crímenes de guerra o de lesa humanidad11.

27. En la Sentencia SU -167 de 2023, la Corte Constitucional estableció las reglas interpretativas que deben observarse para computar el término de caducidad

en estos casos:

crímenes de guerra o de lesa humanidad11.

27. En la Sentencia SU -167 de 2023, la Corte Constitucional estableció las reglas interpretativas que deben observarse para computar el término de caducidad

en estos casos:

“En suma, (…) se advierte que específicamente, en relación con la reparación de los daños antijurídicos ocasionados por delitos de lesa humanidad, (i) el plazo razonable de dos años para acudir a la jurisdicción no se cuenta necesariamente desde el momento en que se produce el daño que origina el perjuicio, sino desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial; (ii) la caducidad de la demanda de reparación direc ta o la existencia de barreras en el acceso a la justicia debe ser analizada por el juez contencioso administrativo competente, atendiendo a las particularidades de cada asunto en concreto ; (…) (negrilla y subrayado fuera del texto)

28. En línea con esta postura, la Sentencia T-287 de 2024 indicó:

“La Corte Constitucional, por su parte, ha reiterado en términos generales la posición de la Sección Tercera del Consejo de Estado; no obstante, ha precisado que el cómputo de la caducidad de la acción de reparación directa debe hacerse desde una perspectiva constitucional, de manera que no se utilice para obstaculizar el acceso a la administración de justicia. 12 En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha aceptado la flexibilización del cómputo del término de caducidad en aras de asegurar la primacía de los

administración de justicia. 12 En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha aceptado la flexibilización del cómputo del término de caducidad en aras de asegurar la primacía de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.” (negrillas y subrayado fuera del texto)

29. Más recientemente, la Sentencia SU-429 de 10 de octubre de 2024 precisó estas reglas jurisprudenciales sobre casos de desplazamiento forzado. Al respecto, indicó que el juez administrativo debe verificar que los demandantes que sufrieron el desplazamiento forzado hayan superado la vulneración masiva y generalizada de todos los derechos fundamentales que afecta la situación de dicho hecho victimizante. En el fundamento jurídico No. 253 de dicha providencia se explicó:

11 En la T-269 de 2024, la Corte indicó: “Para la Corte Constitucion