CE - Sentencia 11001031500020250088200 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA CUARTA ESPECIAL DE DECISIÓN

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., doce (12) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-15-000-2025-00882-00

Demandante: LUIS HERLINDO MENDIETA OVALLE Providencia objeto

de revisión:

SENTENCIA DE PRIMERO DE FEBRERO DE 2024,

PROFERIDA POR LA SECCI ÓN SEGUNDA,

SUBSECCIÓN A DEL CONSEJO DE ESTADO

Asunto: Procedencia de la causal octava de revisión por desconocimiento de la cosa juzgada constituciona l.

Actualización y reajuste de la asignación mensual y de retiro de miembros de la fuerza pública.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala procede a resolver la demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Luis Herlindo Mendieta Ovalle contra la sentencia del primero de febrero de 2024, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado1. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del CPACA2, en concordancia con los artículos 125.2 y 111.2 ibidem,

del Consejo de Estado1. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del CPACA2, en concordancia con los artículos 125.2 y 111.2 ibidem, así como el artículo 29.1 del Acuerdo n. º 080 de 20193, que contiene el reglamento de esta Corporación.

Por auto del 5 de marzo de 2025 4, se admitió el recurso de la referencia , y mediante el proveído de 29 de mayo del mismo año se dictó auto de pruebas5.

1 En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 25000-23-42-000-2019-00848-01. 2 «De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión.» 3 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024. 4 Índice 5 de Samai. 5 En esta providencia, se ordenó tener como pruebas las aportadas con el recurso de revisión y se negó una solicitud probatoria elevada por el recurrente, en caso de que no fuesen admitidas las documentales que se anexaron a la demanda. Índice 22 de Samai.2

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Demandante: Luis Herlindo Mendieta Ovalle

Recurso Extraordinario de Revisión

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I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

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I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

1. El señor Luis Herlindo Mendieta Ovalle ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

(en adelante CASUR), con el fin de que se anulara n los oficios S -2018068259/ANOPA-GRULLI 1.10 del 21 de diciembre de 2018 y 404839 del 28 de febrero de 2019 proferidos por las autoridades demandadas, respectivamente.

2. En dichos actos administrativos se negó la reliquidación de la asignación mensual (salario) y de las demás prestaciones sociales (en particular, subsidios, primas, compensaciones y bonificaciones), así como el reajuste de la asignación de retiro, con fundamento en el índice de precios al consumidor (en lo sucesivo ,

IPC).

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara reliquidar,

reajustar y pagar:

1. El incremento equivalente a la diferencia entre la asignación mensual pagada por la entidad de enero a diciembre de 2004 y lo correspondiente a los ajustes de actualización de conformidad con la inflación causada en el 2003, tomando en cuenta el sueldo básico, los subsidios, las primas, las compensaciones y bonificaciones consagradas en las normas aplicables al caso, factores computables como base de liquidación en la asignación mensual y demás prestaciones sociales y,

1. El incremento equivalente a la asignación mensual de retiro pagada por la

compensaciones y bonificaciones consagradas en las normas aplicables al caso, factores computables como base de liquidación en la asignación mensual y demás prestaciones sociales y,

1. El incremento equivalente a la asignación mensual de retiro pagada por la autoridad de conformidad con los decretos de salarios expedidos por el Gobierno nacional y la que corresponde por ajuste de actualización plena, de acuerdo con la inflación acumulada y causada de 1992 a 2004.

4. La demanda correspondió a la Sección Segunda, Subsección F del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad judicial que, en sentencia del 7 de junio de 2022, negó las pretensiones del medio de control. Como sustento de su decisión, expuso que no existía un fundamento jurídicamente válido que permitiera afirmar que el reajuste de todos los salarios de los servidores públicos debía estar por encima de la inflación. En esa misma línea, mencionó que el reajuste solicitado solo procedía respecto del perso nal retirado cuya asignación le hubiera sido reconocida entre los años 1997 y 2004.

5. Contra lo anterior, la parte demandante interpuso recurso de apelación. En su sentir, dicho tribunal desconoció la Sentencia C -931 de 2004 proferida por la Corte Constitucional, relacionada con el incremento de los salarios de conformidad con el IPC.3

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Demandante: Luis Herlindo Mendieta Ovalle

Recurso Extraordinario de Revisión

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6. La alzada correspondió a la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, quien, mediante providencia del primero de febrero de 2024, confirmó la sentencia de primer grado. En concreto, sostuvo que el reajuste con fundamento en el IPC solamente procede para los miembros de la fuerza pública a quienes se les hizo efectiva la asignación de retiro entre 1997 y el 2004 . Lo anterior, en la medida en que, a partir de la vigencia del Decreto 4433 de 2004, las asignaciones de retiro se liquidan tomando en consideración el aumento salarial decretado para cada grado, y no de conformidad con el IPC.

7. Al respecto, p uso de presente que el sistema de liquidación de las asignaciones de retiro y pensiones de los militares y policías se debía llevar a cabo con sustento en la variación porcentual del IPC, según lo consagrado en el parágrafo 4 del artículo 279 de la Ley 100 de 1993. No obstante, sostuvo que el Consejo de Estado ha reiterado que dicho sistema únicamente tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 2004, dada la expedición de la Ley 923 de 2004 y del Decreto 4433 del mismo año, normatividad que volvió a establecer el principio de oscilación como el criterio para el reajuste de las mesadas pensionales posteriores a 2004.

8. Dicha Sala concluyó que el actor no tenía derecho a lo solicitado, puesto que su asignación de retiro fue reconocida a través de la Resolución 4479 del 31

a 2004.

8. Dicha Sala concluyó que el actor no tenía derecho a lo solicitado, puesto que su asignación de retiro fue reconocida a través de la Resolución 4479 del 31 de mayo de 2013, la cual se hizo efectiva a partir del primero de julio del mismo año.

9. La sentencia fue notificada por correo electrónico a los sujetos procesales el 14 de febrero de 20246.

1.2. Recurso extraordinario de revisión

10. El 17 de febrero de 2025, el señor Luis Herlindo Mendieta Ovalle interpuso recurso extraordinario de revisión, con el que pretende que se infirmen las sentencias proferidas el 7 de junio de 2022 por la Sección Segunda, Subsección F del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el 1. ° de febrero de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A7. En su criterio, en este caso se configura la causal de revisión establecida en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA8 porque considera que las providencias reprochadas son contrarias a la Sentencia C -931 de 2004 de la Corte Constitucional, la cual constituye cosa juzgada.

11. Para sustentar su afirmación, indicó que en el caso concreto: i) existen

6 Cfr. Samai índice 26. Exp. 25000-23-42-000-2019-00848-01. 7 Índice 2 de Samai. 8 «ARTÍCULO 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión: […]

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que

son causales de revisión: […]

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada».4

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sentencias contradictorias; ii) el fallo antes citado se dictó en un proceso en el que hubo identidad de objeto, partes y causa petendi y; iii) la cosa juzgada no se alegó como excepción en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

12. Frente al primero de sus argumentos, el señor Mendieta Ovalle sostuvo que, en la Sentencia C-931 de 2004, el alto tribunal estudió la constitucionalidad de la Ley 848 de 20039 y le ordenó al Congreso de la República y al Gobierno nacional el restablecimiento del poder adquisitivo de los salarios de los servidores públicos cobijados por la ley de presupuesto general de la Nación, dado que este derecho había sido limitado o restringido. Ello implicaba, a juicio del actor, un mandato que conllevaba la actualización salarial plena de conformidad con el IPC causado y acumulado, el cual tiene efectos erga omnes, por lo que es de carácter obligatorio y oponible a todas las personas y autoridades sin excepción alguna.

13. Señaló que, p or el contrario, en las sentencias objeto del presente recurso

acumulado, el cual tiene efectos erga omnes, por lo que es de carácter obligatorio y oponible a todas las personas y autoridades sin excepción alguna.

13. Señaló que, p or el contrario, en las sentencias objeto del presente recurso extraordinario de revisión, se consideró que los beneficios, que por favorabilidad otorga el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, no proceden respecto de los salarios de la fuerza pública.

14. En relación con el segundo argumento, indicó que la Sentencia C -931 de 2004 tiene efectos erga omnes, por ende, obliga a la comunidad en general , lo cual permite inferir la identidad de partes y la «causa petendi». Puso de presente que la exigencia de la cosa juzgada en relación con la identidad de partes no requiere una identidad física, sino jurídica, la cual es predicable del presente asunto, dada la eficacia general de la sentencia de constitucionalidad.

15. Al respecto, señaló que, si bien el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho fue ejercido por «una persona natural contra entidades del Estado», existe una identidad en la acción pública de inconstitucionalidad resuelta en la sentencia de la Corte Constitucional, puesto que aquella fue ejercida por una persona que, de manera oficiosa, lo habría representado, en contra de un «acto administrativo proferido por el Estado».

16. Agregó que, en relación con lo pretendido, existe un derecho reconocido, declarado y ordenado como mandato constitucional que genera una relación jurídica oponible ante cualquier autoridad, inclusive las judiciales. Sostuvo que, de conformidad con dicha sentencia, «existen elementos de juicio objetivos, directos y específicos que permiten precisar con certeza la relación jurídica objeto de

jurídica oponible ante cualquier autoridad, inclusive las judiciales. Sostuvo que, de conformidad con dicha sentencia, «existen elementos de juicio objetivos, directos y específicos que permiten precisar con certeza la relación jurídica objeto de litigio».

17. A su vez , refirió que existe identidad de objeto, en la medida en que los asuntos versan sobre el derecho de los servidores públicos de mantener el poder adquisitivo de su salario. Al respecto, indicó que, debido a lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia referenciada, las autoridades judiciales están

9 Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004.5

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obligadas «a inaplicar por vía de excepción los decretos expedidos por el Gobierno Nacional en los años 2004, 2005 y subsiguientes». Lo anterior, puesto que, en su criterio, tales actos administrativos reflejan el incumplimiento de lo ordenado en dicho fallo, lo que, a su vez, implica que no se ha efectuado la actualización plena del salario que devengó el señor Mendieta Ovalle.

18. Por último, manifestó que la cosa juzgada no fue alegada como excepción al interior del medio de control en el que se profirieron las decisiones objeto del

del salario que devengó el señor Mendieta Ovalle.

18. Por último, manifestó que la cosa juzgada no fue alegada como excepción al interior del medio de control en el que se profirieron las decisiones objeto del presente recurso. También, hizo énfasis en la necesidad de unificar el sentido de la Sentencia C-931 de 2004 de la Corte Constitucional y las que lo aquejan en esta oportunidad.

1.3. Contestaciones al recurso extraordinario de revisión

19. Procuraduría Delegada de Intervención 7: Segunda ante el Consejo de Estado. En su calidad de agente del Ministerio Público, señaló que el presente mecanismo no tiene vocación de prosperidad , por lo que solicitó que se declare infundado.

20. La autoridad puso de presente que la providencia a la que el actor le atribuye efectos de cosa juzgada no es una decisión inter partes, sino que fue proferida por la Corte Constitucional en sede de control abstracto con efectos erga omnes. De allí que, si bien está relacionada con el asunto discutido ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no es susceptible de ser invocada como fundamento de la causal de revisión del numeral 8 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

21. Al respecto, aseguró que dicho juicio de constitucionalidad llevado a cabo por la Corte «consiste en tomar una norma y contrastarla con el ordenamiento jurídico superior», con el fin de declarar su exequibilidad. En tal sentido, argumentó que son las razones que motivan dicha decisión las que hacen tránsito a cosa juzgada, con respecto a las normas estudiadas y frente a otras acciones de

jurídico superior», con el fin de declarar su exequibilidad. En tal sentido, argumentó que son las razones que motivan dicha decisión las que hacen tránsito a cosa juzgada, con respecto a las normas estudiadas y frente a otras acciones de inconstitucionalidad que puedan ser promovidas bajo los mismos argumentos.

22. Asimismo, señaló que, de conformidad con la sentencia C -739 de 2001, la Corte Constitucional estableció que la firmeza de las sentencias de control abstracto de constitucionalidad no puede ser considerada como soporte para relacionar la cosa juzgada como causal de revisión, puesto que el legislador no lo contempló así. Agregó que ello no implica que el juez y las partes involucradas en una sentencia objeto de revisión sean ajenas a dicha cosa juzgada, debido a que, en este caso, lo que sucede es que esta los vincula en el ámbito de la juridicidad abstracta, que es ajena a la revisión , al tratarse de instrumentos con objetivos diferentes.

23. Observó que, si bien la Sentencia C-931 de 2004 resuelve lo pertinente al poder adquisitivo real del salario de los servidores públicos, será en cada caso6

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concreto que se deba determinar el respectivo reconocimiento en sede administrativa y, en caso de inconformidad, ante la jurisdicción de lo contencioso

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concreto que se deba determinar el respectivo reconocimiento en sede administrativa y, en caso de inconformidad, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en la medida en que el derecho a mantener lo no es absoluto y puede ser objeto de limitaciones. Finalmente, añadió que debía tenerse en cuenta que los cargos por desconocimiento del precedente constitucional o contenciosoadministrativo no están previstos en las causales de revisión.

24. Por lo anterior, concluyó que, en el presente asunto, no existe identidad de causa, objeto y partes entre la Sentencia C -931 de 2004 y el fallo objeto del recurso extraordinario de revisión.

25. Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional . Solicitó que se negara lo pretendido mediante este recurso extraordinario. Para dicho fin, relató a detalle las decisiones adoptadas por la entidad en sede administrativa en relación con la negativa a la solicitud de reliquidación de la asignación mensual de retiro y las demás prestaciones sociales con base en el IPC que reclamó el señor Mendieta

Ovalle.

26. Además, a rguyó que el actor no puede pretender que se revise n las decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, simplemente porque, a su juicio, se abstuvo de aplicar un precedente judicial. Puso de presente que cada asunto debe ser estudiado bajo las disposiciones del precedente aplicable al caso y teniendo en cuenta las situaciones particulares del solicitante. En ese orden, c oncluyó que el hecho de que no se hubiera accedido a las pretensiones formuladas en el medio de control, no implicaba la configuración de la causal alegada.

situaciones particulares del solicitante. En ese orden, c oncluyó que el hecho de que no se hubiera accedido a las pretensiones formuladas en el medio de control, no implicaba la configuración de la causal alegada.

27. Ministerio de Defensa - Policía Nacional. Pidió que no se acceda a las pretensiones formuladas por el actor, al considerar que la entidad ha procedido en cumplimiento de los mandatos legales, constitucionales y reglamentarios de forma diligente y oportuna, por lo que no se ha generado ninguna responsabilidad sobre los hechos y las decisiones judiciales cuestionadas.

28. En su criterio, la configuración de la causal invocada exige determinar si la sentencia recurrida es contraria a otra decisión anterior que hizo tránsito a cosa juzgada. Tal situación requiere que existan dos pronunciamientos judiciales susceptibles de ser comparados con el fin de establecer la configuración de los elementos señalados en el artículo 303 del Código General del Proceso.

29. También describió el contenido de la causal bajo estudio y sostuvo que la cosa juzgada se estructura cuando existe identidad de causa, objeto y de partes.

Sin embargo, advirtió que el actor no cumplió con la carga de aportar una sentencia que cumpla con estas características en relación con el fallo recurrido y tampoco fue solicitada como prueba. En tal sentido, aseguró que no era posible establecer la configuración de la cosa juzgada aludida por el señor Mendieta Ovalle.7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00882-00

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Ovalle.7

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

30. La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte recurrente contra la sentencia dictada el primero de febrero de 2024 por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 25000-2342-000-2019-00848-01. Esto, por cuanto la causal establecida en el numeral 8 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 no se configura en el presente asunto.

2.1. Oportunidad en la interposición del recurso

31. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia judicial, salvo que se invoquen las causales contenidas en los ordinales 3 y 4 del artículo 250 del CPACA.

32. En el presente caso, se propone como causal de revisión la consagrada en el ordinal 8 ibidem y, por tanto, el término para interponer el recurso extraordinario es de un año.

33. La sentencia de segunda instancia controvertida fue expedida el 1. ° de febrero de 2024 y notificada personalmente por mensaje de datos el 14 del mismo

es de un año.

33. La sentencia de segunda instancia controvertida fue expedida el 1. ° de febrero de 2024 y notificada personalmente por mensaje de datos el 14 del mismo mes y año. En tal sentido, su ejecutoria ocurrió el 21 de febrero siguiente, lo que permite concluir que la presentación de la demanda contentiva del recurso es oportuna, en la medida en que se radicó el 17 de febrero de 2025.

2.2. Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del recurso extraordinario de revisión

34. El recurso extraordinario de revisión es una excepción a los principios de cosa juzgada y de inmutabilidad de las sentencias, en tanto permite controvertir fallos ejecutoriados, a fin de que se subsanen determinadas irregularidades o ilegalidades.

35. Por ello, su principal finalidad corresponde al restablecimiento de la justicia real y material como valor fundante del Estado de derecho 10, por lo que este mecanismo no constituye una nueva instancia procesal. De allí que su procedencia sea excepcional.

36. En efecto, el recurso se encuentra sujeto al estricto, riguroso y ajustado cumplimiento de las causales que expresamente ha previsto el legislador, sin que sea dable ampliarlas mediante interpretación analógica, con lo cual se busca evitar que el mismo se convierta en una tercera instancia y se utilice para remediar

10 Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-520 de 2009, C-418 de 1994 y C-247 de 1997.8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00882-00

Demandante: Luis Herlindo Mendieta Ovalle

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equivocaciones en que hubiera podido incurrir alguna de las partes o para controvertir juicios de valor del fallador 11. Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha considerado lo siguiente:

[…] El recurso extraordinario de revisión no constituye una instancia adicional, la tercera en este caso, en la que los interesados pueden replantear el asunto objeto del litigio original para que el Juez de la Revisión lo reexamine o analice una vez más.

[…] En efecto, con la demanda de revisión se inicia una instancia que cuenta con trámite propio y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro del debido proceso, hasta culminar con un fallo que define sobre la legalidad de una sentencia ejecutoriada […]12.

37. Por su parte, el artículo 250 del CPACA enumera las causales que pueden proponerse como fundamento de este recurso, las cuales, por lo demás, dan cuenta de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que, de conformidad con la ley, son los únicos que permiten la revisión de la sentencia por la vía de este recurso extraordinario.

38. En suma, la interposición del recurso extraordinario de revisión constituye el inicio de un nuevo proceso para cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario. Este solo resulta procedente en determinadas y especiales

38. En suma, la interposición del recurso extraordinario de revisión constituye el inicio de un nuevo proceso para cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario. Este solo resulta procedente en determinadas y especiales circunstancias taxativamente señaladas en la ley, imposibilitando alegar o acudir a otras, en virtud de la excepcionalidad de este mecanismo judicial.

2.3. Causal octava de revisión del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011

39. El artículo 250.8 del CPACA instituye como causal de revisión «[s]er la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada».

40. La Sala Plena del Consejo de Estado 13 ha establecido que para la configuración de esta causal se requieren tres presupuestos concurrentes, a saber: i) que existan dos sentencias contradictorias; ii) que el fallo contrariado constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que fue dictada y, iii) que en el segundo proceso no se haya propuesto como excepción la cosa juzgada.

41. Este último requisito exige, a su vez, que el recurrent e acredite la

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia proferida el 27 de abril de 2004, C.P. María Inés Ortiz Barbosa Rev. 194, identificada con núm. único de radicación 1100103150001998016401. 12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia proferida el 12 de agosto de

C.P. María Inés Ortiz Barbosa Rev. 194, identificada con núm. único de radicación 1100103150001998016401. 12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia proferida el 12 de agosto de 2014, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, identificada con núm. único de radicación 11001031500020130211000. 13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo . Sentencia del 2 de abril de 2013. Radicado num. 11001-03-15-000-2001-00118-01(REV). M.P. Gerardo Arenas Monsalve.9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00882-00

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imposibilidad de haber propuesto la excepción de cosa juzgada al interior del proceso ordinario, bien sea porque estuvo representado por curador ad-litem o porque ignoraba la existencia del proceso anterior 14. Ello tiene por finalidad desincentivar la negligencia o la inactividad procesal, lo cual es acorde con la naturaleza excepcional del recurso extraordinario de revisión , el cual no fue instituido como una oportunidad procesal adicional al trámite ordinario para corregir los errores en los que pudo incurrir la defensa técnica.

42. En cuanto a la aplicación de la referida causal octava, la Sala Plena de esta Corporación15 ha señalado que la cosa juzgada debe analizarse de conformidad

corregir los errores en los que pudo incurrir la defensa técnica.

42. En cuanto a la aplicación de la referida causal octava, la Sala Plena de esta Corporación15 ha señalado que la cosa juzgada debe analizarse de conformidad con lo dispuesto en los artículos 303 del Código General del Proceso 16 y 189 de la Ley 1437 de 2011 17. Esto supone que la configuración de la causal octava de revisión implica verificar la existencia de la triple identidad entre los procesos, a

saber:

1. identidad de partes, es decir, que los sujetos sean los mismos en ambos procesos, excepto cuando se trata de sentencias a las que la ley les haya otorgado efectos erga omnes18;

1. identidad de objeto , esto es, que en el trámite posterior se discutan las mismas pretensiones o declaraciones exigidas ante la jurisdicción previamente;

1. identidad de causa , en otras palabras, que los procesos hayan sido promovidos por la misma razón 19, en tanto se fundan en los mismos

14 Ibidem. 15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 3 de diciembre de 1994. Radicado num. Rev. 038. M.P. Dolly Pedraza de Arenas. 16 «ARTÍCULO 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa

de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos. En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento. La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión». 17 «ARTÍCULO 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes . La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control in