CE - Sentencia 11001031500020250099700 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00997-00

Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veinticinco (2025) Referencia ACCIÓN DE TUTELA Radicación 11001-03-15-000-2025-00997-00 Demandante LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ MUÑOZ Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTROS Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales y especiales de procedibilidad. Relevancia Constitucional: asunto meramente legal y patrimonial. Proceso ejecutivo: liquidación del crédito. Imputación de pagos parciales - artículo 1653 del Código Civil. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir, en primera instancia, la acción de tutela instaurada por Luis Hernando Rodríguez Muñoz de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 21 de febrero de 2025 1 Luis Hernando Rodríguez Muñoz , actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander, por estimar vulnerado s sus derechos fundamentales al debido proceso, a la

El 21 de febrero de 2025 1 Luis Hernando Rodríguez Muñoz , actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander, por estimar vulnerado s sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como las garantías de seguridad social integral y de remuneración mínima vital. La solicitud de amparo se fundamentó en e l auto emitido por el tribunal accionado el 10 de septiembre de 2024, en el proceso ejecutivo nro. 680013333005-2016-01150-01. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: «PRIMERO: Se me TUTELEN los derechos fundamentales constitucionales a la igualdad (Art. 13), debido proceso (Art. 29), acceso a la administración de justicia (Art. 229), a la garantía a la Seguridad Social Integral (Art. 48) y a la remuneración mínima vital conforme a las normas laborales (Art. 53).

SEGUNDO: En consecuencia, se dejen sin efectos el auto mediante el cual se resuelve recurso de apelación respecto de la liquidación del crédito, proferido en el proceso tramitado bajo el radicado 680013333005-2016-01150-01, en el marco de un medio de control ejecutivo soportado en sentencia, en lo referente a la inaplicación del artículo 1653 del Código Civil para efectos de la imputación de pagos parciales respecto de condenas a cargo de la

Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES E.I.C.E.

TERCERO: Con ocasión de lo anterior, se ordene al H. Tribunal Administrativo de Santander emitir decisión de remplazo, en la cual se de aplicación al artículo 1653 del Código Civil, para

Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES E.I.C.E.

TERCERO: Con ocasión de lo anterior, se ordene al H. Tribunal Administrativo de Santander emitir decisión de remplazo, en la cual se de aplicación al artículo 1653 del Código Civil, para efectos de la imputación de la liquidación del crédito adeudado y pag os parciales surtidos al suscrito, en relación con el crédito pensional aún pendiente de ejecución integral a la fecha»2.

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

1 Sistema de gestión judicial del Consejo de Estado: Samai, índices 1 y 2. 2 Página 1 de la acción de tutela. Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00997-00

Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 2.1. En el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho nro. 201300279-00, mediante sentencia del 1° de julio de 2014 el Tribunal Administrativo de Santander anul ó los actos administrativos demandados y ordenó la reliquidación de la asignación pensional del señor Rodríguez Muñoz teniendo en cuenta los factores salariales que devengó en el último año de servicios. El 23 de abril de 2015, el demandante presentó petición de pago ante la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones teniendo como título la sentencia del 1° de julio de 2014. La entidad emitió la Resolución GNR 98334 del 7 de abril de 2016 en la que

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones teniendo como título la sentencia del 1° de julio de 2014. La entidad emitió la Resolución GNR 98334 del 7 de abril de 2016 en la que dio cumplimiento a la providencia judicial mencionada y pagó parcialmente el monto adeudado. 2.2. En razón al incumplimiento parcial de la obligación, el señor Luis Hernando Rodríguez Muñoz presentó demanda ejecutiva contra Colpensiones. Al proceso le correspondió la radicación nro. 68001-33-33-005-2016-01150-01 y fue tramitado en primera instancia por el Juzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga. 2.3. En el marco del proceso ejecutivo, Colpensiones propuso las excepciones de pago total de la obligación y de inembargabilidad de su patrimonio. 2.4. En sentencia del 5 de octubre de 2021, el juez resolvió desfavorablemente las excepciones propuestas. Indicó que Colpensiones dio cumplimiento ape nas parcial a la sentencia, por lo que prosperaría de manera parcial la excepción de pago y debería aplicarse lo dispuesto en el artículo 1653 del Código Civil (CC). La sentencia no fue apelada. 2.5. El juez Quinto Administrativo de Bucaramanga emitió el auto del 10 de febrero de 2023 en el que modificó la liquidación del crédito y aprobó la establecida por el profesional contable adscrito al despacho, sin embargo, el accionante discute que no se dio aplicación al artículo 1653 del Código Civil. En el proveído se fijó la liquidación del crédito en la suma de $412.011.851 y las agencias en derecho en $4.120.118,51.

discute que no se dio aplicación al artículo 1653 del Código Civil. En el proveído se fijó la liquidación del crédito en la suma de $412.011.851 y las agencias en derecho en $4.120.118,51. 2.6. La parte ejecutante apeló la anterior decisión y solicitó que se modificara la liquidación del crédito, disponiendo la suma de $610.314.372 . En auto del 10 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander revocó la decisión de primera instancia y aprobó la liquidación del crédito por la suma de $571.943.314,00, más el valor que resulte de las costas de acuerdo con la liquidación que deberá efectuar el Juzgado en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso (CGP). Sobre la aplicación del artículo 1653 del CC, en la providencia se indicó: «Adviértase, que el pago parcial realizado por Colpensiones se imputó de manera indistinta al total adeudado, habida consideración que, conforme lo ha establecido la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado en providencia de fecha 30 de mayo de 2024 Radicación: 25000-23-42-000-2016-02688-01 (0230 -2022), el artículo 1653 del Código Civil resulta incompatible con el pago de obligaciones pensionales». La providencia se notificó en estado del 11 de septiembre de 20243.

3. Fundamentos de la acción 3.1. El accionante manifestó que es una persona mayor de 81 años con graves padecimientos de salud, por lo que los 10 años transcurridos desde que inició el proceso ejecutivo han afectado el goce efectivo de su asignación pensional.

3.1. El accionante manifestó que es una persona mayor de 81 años con graves padecimientos de salud, por lo que los 10 años transcurridos desde que inició el proceso ejecutivo han afectado el goce efectivo de su asignación pensional.

3 Samai para tribunales administrativos. Proceso nro. 680013333005-2016-01150-01, índice 14.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00997-00

Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 Precisó que cuestiona la providencia del 10 de septiembre de 2024 en lo relacionado a la aplicación de las reglas para imputar el pago parcial del crédito, debido a que el tribunal accionado consideró que el artículo 1653 del CC es incompatible con el pago de obligaciones pensionales, sin exponer suficiente motivación sobre esa decisión y sin especificar la norma que justifica la regla aritmética que empleó. Precisó que la relevancia constitucional se cumple en su caso, si se considera su situación de sujeto de especial protección constitucional, dada su edad y estado de salud. Dijo que estos criterios subjetivos han sido considerados por la Corte Constitucional en diferentes sentencias para acreditar el presupuesto de relevancia constitucional en casos de pensiones , entre ellas, la sentencia SU063 de 2023. 3.2. En cuanto al fondo del asunto, sostuvo que la providencia judicial acusada configura defecto sustantivo , defecto procedimental y desconocimiento del precedente judicial. Argumentó la configuración del defecto sustantivo en que el tribunal se

3.2. En cuanto al fondo del asunto, sostuvo que la providencia judicial acusada configura defecto sustantivo , defecto procedimental y desconocimiento del precedente judicial. Argumentó la configuración del defecto sustantivo en que el tribunal se apartó injustificadamente del marco normativo aplicable para la imputación de pagos en procesos ejecutivos. Con fundamento en el análisis realizado por la Sección Tercera del Consejo de Estado en el proceso nro. 10001-03-15-0002021-04403-00, señaló que se desconoció el artículo 1653 del CC, según el cual el pago debe aplicarse primero a intereses y luego a capital, salvo pacto en contrario. Recordó que esta regla ha sido aplicada por el Consejo de Estado en materia pensional, sin que se impusiera un límite por la naturaleza pública de los recursos ni por los principios del sistema de seguridad social. El señor Rodríguez Muñoz destacó que el tribunal accionado no justificó de manera suficiente la decisión de apartarse de la regla de imputación de pagos establecida en la Ley. Agregó que, aunque en la providencia acusada el tribunal mencionó una sentencia del Consejo de Estado que contenía una aclaración y un salvamento de voto, no explicó cuál sería la norma especial para contabilizar los pagos parciales. Asimismo, recordó que en la sentencia SU063 de 2023, la Corte Constitucional reconoció la relevancia constitucional de los mecanismos de actualización de condenas asociadas al sistema de seguridad social. Esta decisión reiteró que dichos mecanismos no comp rometen por sí solos la sostenibilidad fiscal y constituyen incentivos legítimos para proteger los derechos pensionales.

condenas asociadas al sistema de seguridad social. Esta decisión reiteró que dichos mecanismos no comp rometen por sí solos la sostenibilidad fiscal y constituyen incentivos legítimos para proteger los derechos pensionales. 3.3. Sobre el defecto procedimental, argumentó que el auto acusado desconoció la sentencia de excepciones emitida el 5 de octubre de 2021 en el proceso ejecutivo que hizo tránsito a cosa juzgada respecto de la existencia de un pago parcial y de la aplicación del artículo 1653 del CC para la imputación de esos pagos. Así las cosas, la autoridad judicial accionada incurrió en un trámite ajeno al legalmente establecido al contrariar lo resuelto en la sentencia ejecutoriada sobre la liquidación del crédito, acción que materializa un defecto procedimental y una violación al principio de cosa juzgada. 3.4. Finalmente, el actor argumentó la concreción del defecto por desconocimiento del precedente judicial en la providencia acusada. Manifestó que el tribunal accionado sustentó su decisión en una posición aislada, adoptada por el Consejo de Estado en una providencia dividida, sin ofrecer suficientes razones para apartarse de pronunciamientos previos que reconocieron la aplicación del artículo 1653 del CC en casos análogos.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00997-00

Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 En el escrito de tutela, se identificaron al menos cuatro decisiones en la que el Consejo de Estado reiteró la aplicación del artículo 1653 CC para la imputación

www.consejodeestado.gov.co 4 En el escrito de tutela, se identificaron al menos cuatro decisiones en la que el Consejo de Estado reiteró la aplicación del artículo 1653 CC para la imputación de pagos parciales efectuados por entidades sujetas al Estatuto Orgánico de Presupuesto en procesos contencioso -administrativos. Considera que los criterios establecidos en estos precedentes son extrapolables a su caso, ya que refieren a créditos reconocidos en sentencias y, en este caso, se trata de una obligación pensional de una persona con protección reforzada. Por lo tanto, considera que la exclusión injustificada de la regla de imputación de pagos vulneró su derecho a la igualdad ante la administración de justicia. Las sentencias relacionadas en la acción de tutela como desconocidas fueron las siguientes: • Consejo de Estado, Rad. 88001-23-31-000-2011-00023-01, M.P. Fredy Ibarra Martínez. • Consejo de Estado, Rad. 68001-23-31-000-2007-00173-01, M.P. José Roberto Sáchica.

• Consejo de Estado. Rad. 11001-03-15-000-2018-02937-01, M.P. Carmelo Perdomo Cueter. • Consejo de Estado, Sección Tercera, Rad. 11001-03-15-000-2021-04403-00, M.P. Martín

Bermúdez.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. En auto del 25 de febrero de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela presentada por el señor Luis Hernando Rodríguez Muñoz , quien actúa en nombre propio , contra el Tribunal Administrativo de Santander, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bucaramanga y la

de tutela presentada por el señor Luis Hernando Rodríguez Muñoz , quien actúa en nombre propio , contra el Tribunal Administrativo de Santander, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bucaramanga y la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones. Además, vinculó, en calidad de tercero con interés, al Ministerio Público, a los bancos que actuaron en el proceso y a las demás partes y terceros que participan en el proceso ejecutivo nro. 68001-33-33-005-2016-01150-00/01. También se ofició al Juzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga para que allegara la copia digitalizada del proceso ejecutivo sub examine y para que notificara esta acción de tutela a los terceros vinculados. 4.2. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bucaramanga, por conducto del secretario del despacho, realizó un recuento de las principales actuaciones del proceso analizado y relacionó los enlaces para acceder al expediente digitalizado del ejecutivo. Además, remitió la constancia de notificación de la acción de tutela a las entidades y personas que fueron vinculadas como terceros con interés en el auto admisorio de la acción de amparo. 4.3. El Tribunal Administrativo de Santander, por medio del magistrado Iván Fernando Prada Macias, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. Considera que el debate que plantea el accionante gira en torno a una controversia netamente económica relacionada con la imputación de intereses en la forma prevista en el artículo 1653 del CC, aspecto accesorio a la reliquidación

que el debate que plantea el accionante gira en torno a una controversia netamente económica relacionada con la imputación de intereses en la forma prevista en el artículo 1653 del CC, aspecto accesorio a la reliquidación pensional, por lo que no involucra una afectación ostensible de sus derechos fundamentales. Enfatizó en que el artículo 1653 del CC no se aplica de forma automática a los asuntos pensionales, tal como lo sostuvo la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la providencia del 30 de mayo de 2024. Destacó que, en esa providencia se argumentó que existen diferenciasRadicado: 11001-03-15-000-2025-00997-00

Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 sustanciales entre las relaciones obligacionales civiles y las derivadas de prestaciones pensionales, razón por la cual la imputación de pagos debe responder a la naturaleza de la obligación y no a reglas generales. Finalmente, advirtió que la providencia acusada no es arbitraria ni vulnera los derechos fundamentales del actor. Asimismo, reiteró que la tutela no puede ser utilizada como una instancia adicional para retomar un debate jurídico ya resuelto con el recurso de apelación 4.4. La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, por conducto de la directora de Acciones Constitucionales, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela por incumplir con el requisito de relevancia constitucional. A ese respecto, explicó que la pretensión del actor

de la directora de Acciones Constitucionales, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela por incumplir con el requisito de relevancia constitucional. A ese respecto, explicó que la pretensión del actor es tomar el mecani smo constitucional para retomar debates que fueron dirimidos en las instancias ordinarias del proceso ejecutivo. Agregó que el asunto no da cuenta de la concreción de un perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez de tutela, pues el actor percibe una mesada pensional que sobrepasa los tres salarios mínimos. 4.5. Las siguientes entidades bancarias: Scotiabank Colpatria S.A. , Bancolombia S.A. , Banco Agrario , Banco Caja Social S.A. y Banco Sudameris S.A. , Banco Pichincha S.A., a través de sus apoderados y/o representantes legales, solicitaron que se les desvincule de esta acción de tutela porque no son competentes para satisfacer las pretensiones de la acción de amparo ni vulneraron los derechos invocados por el actor.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 4 fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judi ciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

es subsidiaria a otras herramientas judi ciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales5 y especiales6 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.

4 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. 5 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.

constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 6 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00997-00

Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 7 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Cuestión previa: solicitud de desvinculación de las entidades bancarias por falta de legitimación en la causa por pasiva

restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Cuestión previa: solicitud de desvinculación de las entidades bancarias por falta de legitimación en la causa por pasiva Scotiabank Colpatria S.A., Bancolombia S.A., Banco Agrario, Banco Caja Social S.A., Banco Pichincha S.A. y Banco Sudameris S.A., a través de sus apoderados y/o representantes legales, solicitaron que se les desvincule de esta acción de tutela porque no son competentes para satisfacer las pretensiones de la acción de amparo ni vulneraron los derechos invocados por el actor. Por lo que argumentaron su falta de legitimación en la causa por pasiva.

Respecto de lo anterior, estas entidades bancarias, según lo dispuesto en el auto admisorio de la acción de tutela, fue ron vinculadas al proceso constitucional en calidad de tercero s con interés y no como sujetos demandados. Lo anterior considerando su intervención en el proceso ejecutivo en el que se emitieron las providencias accionadas. De acuerdo con lo anterior, y al tenor de lo establecido en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 8, les asiste interés en las resultas de este proceso constitucional y tienen aptitud de aportar información relevante a este proceso constitucional, por tal motivo deben permanecer vinculadas a éste en la calidad de tercero s que les fue reconocida en el auto admisorio de la tutela. Así las cosas, la Sala negará la solicitud de desvinculación propuesta por Scotiabank Colpatria S.A. , Bancolombia S.A. , Banco Pichincha S.A. , Banco Agrario, Banco Caja Social S.A. y Banco Sudameris S.A.

4. Planteamiento del problema jurídico

Scotiabank Colpatria S.A. , Bancolombia S.A. , Banco Pichincha S.A. , Banco Agrario, Banco Caja Social S.A. y Banco Sudameris S.A.

4. Planteamiento del problema jurídico Dado que se trata de una acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial, la Sala debe determinar, en primera medida, si la petición de amparo supera el análisis general de procedibilidad, en especial, si se cumple con el presupuesto de la relevancia constitucional.

En caso de superarse el examen general de procedibilidad, esta Sala analizará si el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en defecto sustantivo, en defecto procedimental y en desconocimiento del precedente judicial , al proferir el auto del 10 de septiembre de 2024 dentro del proceso ejecutivo nro. 68001-33-33-005-201601150-01, en lo que respecta a la modificación de la liquidación del crédito sin aplicar para ello el artículo 1653 del Código Civil.

7 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU -686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001 -03-15-000-201202201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R. 8 Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se

el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior. Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00997-00

Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz

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5. Requisito de relevancia constitucional: su alcance y análisis en el caso particular 5.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento.

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional. Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en

constitucional. Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T -248 de 2018, ha fijado algunos crite rios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito: (i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela. (ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que “no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales”9. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales. (iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada. (iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural. (v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, su uso está proscrito cuando se emplea como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. 5.2. Esta Sección considera que el presente asunto no cumple con el requisito de relevancia constitucional pues los cuestionamientos planteados se circunscriben a una controversia estrictamente legal que corresponde resolver a los jueces naturales de la causa. En particular, se discute la aplicación del artículo 1653 del Código Civil para determinar la forma de imputar los pagos parciales en la liquidación del crédito, es decir, si deben destinarse primero al capital o a los intereses. Adicionalmente, se advierte que el desacuerdo de la parte actora gira en torno a un asunto de naturaleza patrimonial que no compromete de manera directa los derechos fundamentales invocados por el s