CE - Sentencia 11001031500020250102201 de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Nueve (9) de julio de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente (E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2025-01022-01

Demandante: MARÍA CAROLINA LAMUS BECERRA

Demandado: SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO

Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA

JUDICIAL – AUSENCIA DE RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL.

Síntesis del caso: la demandante reclamó la protección a sus derechos constitucionales fundamentales con ocasión de la providencia judicial que confirmó parcialmente la sanción por responsabilidad fiscal que le impuso la Contraloría General de la Nación. La Sala revocará la sentencia de primera instancia que negó el amparo frente a los defectos sustantivo y fáctico, y en su lugar, declarará la improcedencia de la acción de tutela por falta de relevancia constitucional.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la sentencia del 21 de marzo de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la que se decidió:

“PRIMERO. NEGAR el amparo del derecho fundamental al debido proceso invocado por la señora María Carolina Lamus Becerra, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.” (archivo disponible en medio magnético en el índice 20 en SAMAI, negrillas del original).

invocado por la señora María Carolina Lamus Becerra, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.” (archivo disponible en medio magnético en el índice 20 en SAMAI, negrillas del original).

I. ANTECEDENTES

La señora María Carolina Lamus Becerra a través de apoderada presentó acción de tutela1 en contra de la Sección Primera del Consejo de Estado para la protección de su derecho constitucional fundamental del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, supuestamente vulnerado con ocasión de la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2024 en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación no. 25000-23-41-000-2014-01422-01.

1 Escrito radicado el 21 de febrero de 2025 (índice 2 del aplicativo SAMAI)2

Expediente: 11001-03-15-000-2025-01022-01

Demandante: María Carolina Lamus Becerra Acción de tutela – Impugnación fallo

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la demandante señaló, en síntesis, lo siguiente (índice 2 del expediente digital de primera instancia disponible en SAMAI):

1. La señora María Carolina Lamus Becerra ocupó el cargo de Vicepresidenta Administrativa de SaludCoop EPS – organismo cooperativo (OC), entre el 24 de octubre del 2005 hasta el 2 de febrero del 2012 y, dentro de ese lapso en el periodo comprendido entre el 26 de octubre del 2005 y el 30 de enero del 2 007 como miembro del Consejo de Administración de la EPS.

1. Como miembro del Consejo de Administración, estuvo presente en la sesión del

comprendido entre el 26 de octubre del 2005 y el 30 de enero del 2 007 como miembro del Consejo de Administración de la EPS.

1. Como miembro del Consejo de Administración, estuvo presente en la sesión del día 31 de enero de 2006, según a cta 136 en la que se aprobaron los estados financieros del año 2005, y en las otras sesiones a las que asistió solo tenía la calidad de vicepresidente administrativa y no tenía voto y, como consta en las actas, no intervino en la presentación ni aprobación de las operaciones que se informaron en dichas sesiones.

1. La Contraloría General de la Nación mediante auto 010 de 4 de abril de 2011, abrió indagación preliminar IP-010 del 2011 contra SALUDCOOP EPS para establecer si había una indebida utilización de los recursos parafiscales; después, mediante auto 000277 de 7 de noviembre de 2012 la contralora Delegada Intersectorial – Unidad de Investigaciones Especiales contra la corrupción le imputó responsabilidad fiscal, a SaludCoop y a otras 56 personas y empresas vinculadas, dentro de las cuales relacionó a la señora Lamus Becerra, como presunta responsable por la conducta desarrollada, como vicepresidente administrativa y como miembro del Consejo de Administración, conducta cometida a título de culpa grave, por la lesión al patrimonio público en (ochocientos noventa y nueve millones cuatrocientos setenta y tres mil trescientos nueve pesos) $899.473.309.000.

En ese auto, se reseñó que en el periodo 2005 a 2010, la señora María Carolina Lamus hizo presencia como alto directivo en el Consejo de Administración y se afirmó

trescientos nueve pesos) $899.473.309.000.

En ese auto, se reseñó que en el periodo 2005 a 2010, la señora María Carolina Lamus hizo presencia como alto directivo en el Consejo de Administración y se afirmó que, debido a ello “manejó y dispuso recursos conforme a las decisiones que eran tomadas por los órganos de administración”.3

Expediente: 11001-03-15-000-2025-01022-01

Demandante: María Carolina Lamus Becerra Acción de tutela – Impugnación fallo

1. El proceso de responsabilidad fiscal continuó y el 13 de noviembre de 20132, se profirió decisión administrativa en la cual se declaró fiscalmente responsable a la demandante de manera solidaria con otros investigados, en cuantía de un billón cuatrocientos veintiún mil ciento setenta y ocho millones trecientos noventa y nueve mil setenta y dos pesos. ($1.421.178.399.972,78).

1. Contra la decisión anterior, la demandante interpuso recurso de apelación y alegó que no tuvo a su cargo la gestión fiscal de los recursos que manejaba la entidad; sin embargo, la decisión fue confirmada por decisión administrativa no. 0011 del 11 de febrero de 2014 expedida por la Contralora General de la República por las mismas razones indicadas en primera instancia.

1. El 28 de agosto de 2014, la demandante interpuso el medio de control de nulidad y restablecimiento contra los actos sancionatorios expedidos por la Contraloría General de la República y alegó que no podía ser investigada como gestora fiscal, porque no se encontraba en el ejercicio de “la competencia y la capacidad jurídica para realizar

restablecimiento contra los actos sancionatorios expedidos por la Contraloría General de la República y alegó que no podía ser investigada como gestora fiscal, porque no se encontraba en el ejercicio de “la competencia y la capacidad jurídica para realizar uno o más de los verbos asociados a la gestión fiscal que define el artículo 3 de la ley 610 del 2000 (adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de las UPC giradas por el FOSYGA, así como a la recaudación, manejo inversión de las rentas”.

Como sustento de lo anterior, invocó la sentencia C-262 de 2013, en la que adujo que era posible evidenciar el vacío existente en cuanto al uso y la contabilización de las utilidades propias de las EPS; en dicha sentencia, la Corte Constitucional, al realizar un estudio de los antecedentes de la Ley 1438 de 2011 –que se expidió con posterioridad a los hechos que se imputaron a María Carolina Lamus–, observó que el uso de ese remanente de liquidez no requería que previamente la entidad hubiera incorporado las utilidades contables.

1. El 30 de mayo de 2024, la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia en la cual i) declaró la nulidad 2 “Si Lamus Becerra se hubiese sometido a las limitaciones que el régimen jurídico le imponía tanto a la empresa como a sus directivos, el daño no se hubiera generado. Así puesto qu e fue por virtud del ejercicio de las funciones referenciadas, que intervino en la gestión fiscal de SALUDCOOP EPS OC.,

la empresa como a sus directivos, el daño no se hubiera generado. Así puesto qu e fue por virtud del ejercicio de las funciones referenciadas, que intervino en la gestión fiscal de SALUDCOOP EPS OC., en una relación próxima y necesaria con dicha gestión fiscal, dada su vinculación ininterrumpida en ejercicio de cargos directivos, en las modalidades que se han referido, intervenciones con las que la imputada Lamus Becerra contribuyó a la destinación y apropiación indebida con pérdida y menoscabo del patrimonio público. “[…]”.4

Expediente: 11001-03-15-000-2025-01022-01

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parcial del numeral primero de las decisiones administrativas de responsabilidad fiscal 01890 del 13 de noviembre de 2013, 00405 del 3 de febrero de 2014 y 011 del 11 de febrero de 2014, única y exclusivamente, en cuanto a que se le impuso a la señora María Carolina Lamus la obligación de resarcir al patrimonio público en la cuantía indexada de un billón cuatrocientos veintiún mil ciento setenta y ocho millones trescientos noventa y nueve mil setenta y dos ($1.421.178.399.072) y ii) se ordenó a la Contraloría General de la República, abstenerse de exigir y cobrar a la señora María Carolina Lamus dicha suma, sino únicamente los valores liquidados como daño patrimonial correspondientes a los años 2005 a 2010, que corresponden a la suma de $850.080.504.4653.

1. La demandante interpuso recurso de apelación y alegó que, por una parte, la

patrimonial correspondientes a los años 2005 a 2010, que corresponden a la suma de $850.080.504.4653.

1. La demandante interpuso recurso de apelación y alegó que, por una parte, la condición de vicepresidenta de SALUCOP EPS no se asimila con el cargo de gestor fiscal, de manera que no era posible atribuirle responsabilidad fiscal, y por otra parte, no existe prueba, directa o indirecta, legalmente recaudada que demostrara con certeza que actuó con el conocimiento y la voluntad dirigida a permitir un desvío de recursos públicos por parte de terceros o de la propia SALUDCOOP, ni mucho menos con negligencia, impericia o imprudencia ni el título de imputación de culpa grave.

1. El 12 de diciembre de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado confirmó la anterior decisión, tras considerar que, de la revisión del material probatorio, para la época de los hechos, la parte demandante tenía conocimiento de las Circulares Externas 26 de 2006 y 49 de 2008, que preveían que la inversión de recursos provenientes de las UPC en infraestructura se cataloga como una práctica insegura e ilegal la cual no puede llevarse a cabo.

1. Agregó que, su calidad de Vicepresidente de la organización, garantizaba el cumplimiento de las decisiones tomadas por el Presidente Ejecutivo, de manera que su tarea, conforme a las funciones del cargo, le exigía intervenir en la ejecución de los gastos ordinarios y extraordinarios de SaludCoop EPS OS y por consiguiente, era la 3 Se indicó que se le podía imputar la responsabilidad fiscal a María Carolina Lamus Becerra, por la conducta de haber participado en la aprobación del Consejo de Administración sobre los estados

gastos ordinarios y extraordinarios de SaludCoop EPS OS y por consiguiente, era la 3 Se indicó que se le podía imputar la responsabilidad fiscal a María Carolina Lamus Becerra, por la conducta de haber participado en la aprobación del Consejo de Administración sobre los estados financieros y presupuestos de 2005 a 2007 y como vicepresidente administrativa en la gestión hasta

2010. En lo que se refiere a la gestión como vicepresidenta administrativa, los razonamientos del Tribunal se estructuraron con fundamento en la apreciación de ser la demandante una de las personas del equipo directivo que se hacía presente en las reuniones del Consejo de Administración y conocía de todas las decisiones, respecto de lo cual desde el fallo fiscal se decidió que, por la sola presencia en las sesiones del Consejo de Administración y por conocer de lo que se dijo o trató allí puntualmente, “se infiere con total claridad que dichas transacciones sobre actividades operación, financiación e inversión, se ejecutaron, apalancaron y consolidaron con los recursos parafiscales del SGSSS que percibió la EPS para su administración”.5

Expediente: 11001-03-15-000-2025-01022-01

Demandante: María Carolina Lamus Becerra Acción de tutela – Impugnación fallo

persona que tenía a su cargo la función de verificar el d estino que tenía cada operación, así como la capacidad de conocer cómo operaba el desvío de recursos a través de los gastos administrativos.

1. El acto demandado hace especial énfasis no solo en las conductas de la parte demandante en su función como integrante del Consejo de Administración sino como Vicepresidente Administrativa, cuando afirmó que con su intervención en las aprobaciones presupuestales y de los estados financieros, en calidad de miembro de

demandante en su función como integrante del Consejo de Administración sino como Vicepresidente Administrativa, cuando afirmó que con su intervención en las aprobaciones presupuestales y de los estados financieros, en calidad de miembro de Consejo de Administración participó en el manejo inadecuado de los recursos parafiscales.

2. Los fundamentos de la vulneración

La demandante adujo que la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2024 por la Sección Primera del Consejo de Estado vulneró su derecho fundamental del debido proceso porque adolece de los defectos sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y fáctico (índice 2 en SAMAI).

En su criterio, la autoridad judicial incurrió en un defecto sustantivo porque, en primer lugar, en diversos párrafos de la sentencia se mencionó la culpa grave sin reparar en el concepto de la gravedad de la conducta bajo los parámetros definidos en el artículo 63 del Código Civil, como si fuera posible fundar el fallo fiscal en cualquier conducta que pudiera haber colaborado en el desvío de recursos a favor de SALUDCOOP.

En segundo lugar, afirmó que se incurrió en defecto sustantivo por desconocer la sentencia C-438 del 30 de noviembre de 2022, también alegada en el escrito de apelación, mediante la cual la Corte Constitucional declaró INEXEQUIBLE el artículo 37 de la Ley 2195 de 2022, con fundamento en un juicioso y completo análisis del control fiscal establecido en la Constitución Política Colombiana.

Adicionalmente cuestionó que se desconocieron los precedentes fijados por la Corte Constitucional en las sentencias C619 de 2002, C-572 de 2003, C-1040 de 2003, CAdicionalmente cuestionó que se desconocieron los precedentes fijados por la Corte Constitucional en las sentencias C619 de 2002, C-572 de 2003, C-1040 de 2003, C824 de 2004, 979 de 2010 sobre la calidad de los recursos de la UPC, y la imposibilidad de distinguir o separar los recursos en la operación corriente de pago a las IPS y otros pagos propios de la operación comercial de la empresa.6

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Para lo que interesa de esa providencia es relevante destacar el siguiente razonamiento de la citada Corte, fundante de su decisión “(…) prever que los particulares son responsables fiscales cuando, sin tener la calidad de gestores fiscales y por lo tanto sin realizar gestión fiscal alguna, participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción de daños al patrimonio público, especialmente cuando con su acción dolosa o gravemente culposa ocasionen daños a los bienes públicos, inmuebles o muebles, desborda la esfera de la vigilancia y el control fiscal y no permite en consecuencia deducir responsabilidad fiscal, so pena de violar los artículos 4, 119, 267, 268 -5 y 272 de la Constitución Política.”

Con total desconocimiento en la sentencia de segunda instancia, se reseñó la supuesta relación próxima de los actos que consumaron el daño fiscal y se reafirmó que “en relación con el ejercicio de la gestión fiscal, se remitía a lo ya expuesto sobre el particular y reitera que para que un sujeto sea imputable fiscalmente no

supuesta relación próxima de los actos que consumaron el daño fiscal y se reafirmó que “en relación con el ejercicio de la gestión fiscal, se remitía a lo ya expuesto sobre el particular y reitera que para que un sujeto sea imputable fiscalmente no necesariamente se requiere que sea el ordenador del gasto, sino que intervenga o incida en la gestión fiscal como gestor fiscal o en el desarrollo de una re lación próxima, necesaria y determinante de la misma en la que se contribuya a la generación del daño fiscal”.

La falla de esa apreciación consistió en el razonamiento de las condiciones alternativas de imputación, se dijo que para la condena se requiere: ser gestor fiscal o persona determinante del daño; precisamente, allí se configuró una razón de la decisión desprovista de rigor, pues el precedente constitucional indica que el particular solo puede ser llamado a investigación y responsable de la gestión fiscal con la verificación de las tres condiciones necesarias y no alternativas: i) tener la calidad de gestor fiscal (por la naturaleza pública del recurso que administró) y ii) haber incurrido en una conducta dolosa o culposa en forma grave, determinante del daño (conexidad) y iii) debe acreditarse la existencia del daño fiscal; en su caso, no se probaron las dos primeras condiciones.

En relación con el defecto fáctico, alegó que se confirmó una sanción sin que exista prueba que soporte el razonamiento sobre la condición de gestor fiscal, tampoco de la incidencia de la conducta de la demandante en la supuesta desviación de recursos, y menos de la modalidad de imputación de culpa grave por omisión, además, se omitió el análisis sobre la prueba de la conducta diligente de la demandada que obraba en el expediente.7

menos de la modalidad de imputación de culpa grave por omisión, además, se omitió el análisis sobre la prueba de la conducta diligente de la demandada que obraba en el expediente.7

Expediente: 11001-03-15-000-2025-01022-01

Demandante: María Carolina Lamus Becerra Acción de tutela – Impugnación fallo

El razonamiento de la imputación con responsabilidad fiscal, como miembro del Consejo, se basó exclusivamente en las actas, de allí se estableció el conocimiento de los informes que se presentaron al Consejo, de los estados financieros que se aprobaron; en su gestión como miembro del Consejo, el fallo se refirió a una sesión (Acta 134 de 2005), en la que se asignó responsabilidad fiscal a la demandante como culpable por violar lo dispuesto en la Circular 26 de febrero de 2006, acto administrativo e instrucción posterior a los hechos y conductas que se juzgaron.

La autoridad judicial asumió que al estar presente como vicepresidenta o al aprobar los estados financieros y presupuestos (2005 - 2007), la demandante fue culpable en forma grave de la desviación de recursos de la salud y, además, se le imputó la culpa grave por la omisión a un supuesto deber o función que le permitiera evitar el daño, deber que nunca se probó como definido ni ejecutado a su cargo, de manera previa a la conducta.

Tampoco se probó que el daño fiscal se hubiera causado por la “ inadecuada administración, planeación y manejo de los recursos públicos del SGSSS” (numeral 159 de la sentencia), por parte de María Carolina Lamus Becerra, puesto que a ella

Tampoco se probó que el daño fiscal se hubiera causado por la “ inadecuada administración, planeación y manejo de los recursos públicos del SGSSS” (numeral 159 de la sentencia), por parte de María Carolina Lamus Becerra, puesto que a ella no le correspondía administrar, planear o manejar las cuentas del SGSSS, que eran las de recaudo de los aportes de afiliados y deducción de la UPC, a través del Fosyga, ni las de las utilidades, excedentes o reinversiones.

3. Las pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:

“PRIMERA: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de MARIA CAROLINA LAMUS BECERRA y, en consecuencia, dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, dentro del proceso de la referencia, medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, número único de radicación: 25000234100020140142201, demandante: María Carolina Lamus, demandada: Contraloría General de la República, mediante la cual se confirmó la sentencia proferida el 30 de mayo de 2024 por la Sección Primera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

SEGUNDA: ORDENAR al Consejo de Estado Sección Primera que, dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la ejecutoria de la providencia – o en el plazo que la Sala de Tutela determine -, profiera una nueva sentencia conforme a las directrices señaladas por la Sala de Tutela en su sentencia,8

Expediente: 11001-03-15-000-2025-01022-01

Demandante: María Carolina Lamus Becerra Acción de tutela – Impugnación fallo

conforme a las directrices señaladas por la Sala de Tutela en su sentencia,8

Expediente: 11001-03-15-000-2025-01022-01

Demandante: María Carolina Lamus Becerra Acción de tutela – Impugnación fallo

de acuerdo con las causales y razones invocadas por la demandante y acogidas en la parte motiva de la respectiva providencia.

TERCERA: Notificar a la Contraloría General de la República para que, desde la fecha en que sea informada de la sentencia de tutela, suspenda cualquier acción coactiva, embargo o ejecución de bienes de María Carolina

Lamus Becerra.

CUARTA: Instruir para que en la sentencia de reemplazo se ordene a la autoridad competente la terminación de los procesos de cobro coactivo, la eliminación del nombre y datos de la demandante en el registro responsables fiscales y del Boletín de la Contraloría General de la República y la anotación de la sentencia en el registro disciplinario de la Procuraduría General de la Nación, en relación con la investigaciones que se le siguieron a la demandante con posible incidencia sobre la inhabilidad para contratar con el Estado y para ocupar cargos públicos.

QUINTA: Instruir a la Sección Primera del Consejo de Estado para que en la sentencia de reemplazo se conceda directamente -o para que determine al Tribunal a quo-, en orden a que se pronuncie sobre el restablecimiento del derecho como consecuencia de la nulidad de los actos anulados, de acuerdo con lo probado en el proceso y con la debida actualización de las cifras.

SEXTA: Instruir a la Sección Primera del Consejo de Estado para que en la

derecho como consecuencia de la nulidad de los actos anulados, de acuerdo con lo probado en el proceso y con la debida actualización de las cifras.

SEXTA: Instruir a la Sección Primera del Consejo de Estado para que en la sentencia de reemplazo determine al Tribunal a quo, en orden a que, por auto, proceda a liquidar las costas, incluyendo las agencias en derecho, a favor de la demandante.

SÉPTIMA: En caso de que la providencia que resuelva la tutela no sea impugnada o cuando quede en firme la impugnación, se solicita REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

OCTAVA: El contenido de la providencia, se debe publicar en la página web del Consejo de Estado y se solicita que se comunique a la Contraloría General de la Republica, a las entidades que conozcan de los embargos proferidos en cobro coactivo y a los terceros que se estime pertinente, para hacer valer los efectos de la decisión. ” (archivo disponible en medio magnético en el índice 2 del aplicativo SAMAI, mayúsculas del original).

4. La actuación en primer grado

Por auto de 26 de febrero de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la acción de tutela, notificó a la Sección Primera del Consejo de Estado y vinculó a la actuación como tercer os interesados a la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la Contraloría General de la República (índice 7 en SAMAI).

5. La sentencia de primera instancia9

Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la Contraloría General de la República (índice 7 en SAMAI).

5. La sentencia de primera instancia9

Expediente: 11001-03-15-000-2025-01022-01

Demandante: María Carolina Lamus Becerra Acción de tutela – Impugnación fallo

El 21 de marzo de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia mediante la cual negó la solicitud de amparo (índice 13 en

SAMAI).

Para el a quo, se cumplieron todos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en particular el de la relevancia constitucional, dado que el asunto planteaba si la decisión objeto de reproche vulneró los derechos fundamentales de la demandante por incurrir en los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.

No obstante, la primera instancia consideró que no se configuró el defecto fáctico; señaló que no se acreditó una omisión en la valoración probatoria, toda vez que la autoridad judicial demandada realizó un análisis íntegro del material probatorio y concluyó que la condición de gestora fiscal, se encontraba acreditada con las funciones a su cargo, las cuales incluían el apoyo a la ejecución de decisiones del presidente ejecutivo, la intervención en la aplicación del gasto administrativo y la disposición sobre la infraestructura y la gestión administrativa de adquisiciones.

La imputación de culpa grave se basó en la conducta de la demandante en el ejercicio de sus funciones, que contribuyeron a la destinación indebida de recursos,

disposición sobre la infraestructura y la gestión administrativa de adquisiciones.

La imputación de culpa grave se basó en la conducta de la demandante en el ejercicio de sus funciones, que contribuyeron a la destinación indebida de recursos, causando una pérdida y menoscabo del patrimonio público; pues, sin su participación como miembro del Consejo de Administración y luego como Vicepresidente administrativa, no se hubiera generado el daño fiscal atribuido (Debido a su intervención en la aprobación de presupuestos y estados financieros, así como en la gestión de gastos administrativos).

Igualmente concluyó que, en el expediente estaba demostrado que la Contraloría pudo evidenciar que la demandante tenía un conocimiento claro de cómo se manejaban los recursos públicos y su destino, debido a su rol y experiencia, lo que la hacía responsable del desvío de fondos, ya que sus acciones u omisiones contribuyeron a la pérdida de los recursos, todo esto fundado en los estados financieros, los libros de contabilidad certificados por la EPS, el informe técnico preparado por los funcionarios de la Contraloría General de la República, documentos de la empresa cooperativa SaludCoop EPS OC (actas de los órganos de dirección y administración, contratos, facturas, comprobantes de egreso y otros soportes contables).10

Expediente: 11001-03-15-000-2025-01022-01

Demandante: María Carolina Lamus Becerra Acción de tutela – Impugnación fallo

En cuanto a los referidos defectos sustantivo y desconocimiento del precedente judicial sostuvo que, no se advierte que la decisión de la Sección Primera se hubiere proferido desconociendo el ordenamiento jurídico o las sentencias citadas en el

En cuanto a los referidos defectos sustantivo y desconocimiento del precedente judicial sostuvo que, no se advierte que la decisión de la Sección Primera se hubiere proferido desconociendo el ordenamiento jurídico o las sentencias citadas en el escrito de tutela, por cuanto el fallo se fundamentó en el artículo 9º de la Ley 100 de 1993, que establece que, los recursos de las instituciones de seguridad social no se pueden destinar ni utilizar para fines distintos a los dispuestos en la norma; y en la sentencia SU-480 de 1997 de la Corte Constitucional que definió al Sistema de Seguridad Social en Colombia como mixto y estableci ó que los recursos que lo nutren, incluyendo las cotizaciones de empleadores y empleados, cuotas moderadoras, pagos compartidos, tarifas, bonificaciones de los usuarios y aportes del presupuesto nacional, deben destinarse a la función propia de la seguridad social y tienen carácter parafiscal.

La probada aprobación de presupuestos anuales y estados financieros permitieron la ejecución de inversiones y destinaciones de recursos que no estaban relacionados con la prestación de servicios de salud, es decir, g astos que debían cubrirse con recursos propios, y no del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), lo cual, constituye un incumplimiento grave de sus deberes, y evidencia una falta de diligencia que va más allá de la simple negligencia.

6. La impugnación

La demandante presentó impugnación en contra de la sentencia de primera instancia (índice 24 en SAMAI), la cual fue concedida por auto del 4 de junio de 2025 (índice 27 en SAMAI).

Para sustentar el recurso, insistió en los argumentos presentados en el escrito de

(índice 24 en SAMAI), la cual fue concedida por auto del 4 de junio de 2025 (índice 27 en SAMAI).

Para sustentar el recurso, insistió en los argumentos presentados en el escrito de tutela y reafirmó que ella no era gestora fiscal de los actos probados en el proceso y no obró con culpa grave.

7. Actuación en segundo grado

Encontrándose el asunto de la referencia para ser proferida sentencia de segunda instancia, con auto de 25 de junio de 2025 el magistrado ponente de la presente providencia manifestó estar impedido para conocer de él con base en lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, por lo que solicitó ser separado del conocimiento del caso.11

Expediente: 11001-03-15-000-2025-01022-01

Demandante: María Carolina Lamus Becerra Acción de tutela – Impugnación fallo

Mediante auto de 2 de julio de 2025 se declaró infundado el impedimento manifestado por el aquí ponente4.

El 8 de julio de 2025, el expediente regresó al despacho para ser proferida sentencia de segunda instancia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a r esolver el asunto somet