CE - Sentencia 11001031500020250102601 de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01026-01

Demandante: Francisco Javier García Londoño

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA

SALA DE CONJUECES

Conjuez ponente: JUAN PABLO ARAUJO ARIZA

Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01026-01

Accionante: Francisco Javier García Londoño Accionado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 25

Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Confirma improcedencia de la acción de tutela por configuración de cosa juzgada constitucional y temeridad.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia proferida el 4 de abril de 2025 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela ante la configuración de la cosa juzgada constitucional y la temeridad.

I. A N T E C E D E N T E S

A. La demanda y sus fundamentos.

1. El 23 de febrero de 2025 el señor Francisco Javier García Londoño interpuso acción de tutela, con la finalidad de que se le ordene a la Sala Especial de Decisión No. 25, que profirió la sentencia del 2 0 de agosto de 2021, a través de la cual se

acción de tutela, con la finalidad de que se le ordene a la Sala Especial de Decisión No. 25, que profirió la sentencia del 2 0 de agosto de 2021, a través de la cual se declaró infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Francisco Javier García Londoño contra la sentencia de 28 de marzo de 2019, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso ordinario identifi cado con radicación 110010325000201200372 -00 (142512), que emita una nueva decisión y declare fundado el mencionado recurso.

2. En el escrito de tutela, el accionante alegó que la Sala Especial de Revisión No. 25 vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad .Radicación: 11001-03-15-000-2025-01026-01

Demandante: Francisco Javier García Londoño

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Además, indica el demandante que la sentencia cuestionada viola su derec ho a desempeñar cargos y funciones públicas.

3. Sostiene el accionante que la vulneración de los derechos fundamentales en este caso está sustentada en dos hechos: 1) La Sala Especial de Revisión No. 25 no tuvo en cuenta que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la Sentencia de 28 de marzo de 2019, proferida en el proceso ordinario identificado con radicación 110010325000201200372-00 (1425-12), desconoció decisiones adoptadas por esa misma Sección, en las que se aceptó la falta de competencia de la Jefe de División de Asuntos Disciplinarios de la D IAN para expedir los actos administrativos

110010325000201200372-00 (1425-12), desconoció decisiones adoptadas por esa misma Sección, en las que se aceptó la falta de competencia de la Jefe de División de Asuntos Disciplinarios de la D IAN para expedir los actos administrativos demandados; y 2) no tuvo en cuenta que en la sentencia de 28 de marzo de 2019, frente a la cual se interpuso el recurso extraordinario de revisión, no se valoraron las providencias judiciales que fueron aportadas como prueba.

4. Finalmente, el accionante alega que no ha operado la cosa juzgada constitucional porque existen nuevos hechos, que permiten interponer nuevamente la acción de tutela.

B. Sentencia de primera instancia

5. Mediante sentencia del 4 de abril de 2025 , la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela ante la configuración de la cosa juzgada constitucional y la temeridad.

6. En la decisión impugnada se pudo evidenciar que en anteriores oportunidades el accionante había presentado otras acciones de tutela en contra de la sentencia proferida el 20 de agosto de 2021 por la Sala Especial de Revisión No. 25.

7. Prueba de ello son los procesos tramitados bajo los radicados 11001-03-15000-2021-08662-00/01, 11001 -03-15-000-2022-06171-00/01, 11001 -03-15-0002023-01080-00/01, 11001 -03-15-000-2023-03293-00/01, 11001 - 03-15-000-202404622-00, 11001-03-15-000-2025-00007-00/01 y 11001-03-15-000-2025-00727-00, entre otros.

8. Revisados y analizados los procesos citados se concluyó que existía identidad de partes, causa y objeto entre aquellos y la presente acción de tutela , en consecuencia, se declaró la improcedencia de esta última porque había operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional y se había configurado la temeridad , regulada en el Artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional había excluido de revisión la tutela 2021-08662-00/01, mediante auto del 19 de agosto de 20221.

1 Notificado el 2 de septiembre de 2022.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01026-01

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9. Finalmente, en la sentencia impugnada, además de declarar improcedente el amparo constitucional solicitado ante la configuración de la cosa juzgada constitucional y la temeridad, se ordena remitir copia de la decisión a los despachos que integran la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, con la finalidad de que se valore la posibilidad de rechazar de plano, en los términos del artículo 38 del decreto 2591 de 1991, las acciones de tutela que presente el accionante en las que se advierta identidad de partes, objeto y causa con el presente caso.

del artículo 38 del decreto 2591 de 1991, las acciones de tutela que presente el accionante en las que se advierta identidad de partes, objeto y causa con el presente caso.

C. Impugnación

10. El accionante presenta impugnación contra la sentencia del 4 de abril de 2025 alegando los siguientes argumentos: I) “[f]alta de competencia del magistrado para conocer y fallar una acción de tutela cuando concurre la causal contenid a en el numeral 4 del artículo 56 del código de procedimiento penal respecto del impedimento, por remisión expresa del artículo 39 del decreto 2591 de 1991” , II) los jueces o magistrados tienen la obligación de declararse impedidos en acciones de tutela según el artículo 39 del decreto 2591 de 1991 , cuando concurra la causal contenida en el numeral 4° del artículo 56 del código de procedimiento penal y III) el juez debe ser imparcial en todo proceso judicial.

11. Adicionalmente, señala que la sentencia impugnada “desconoce de manera caprichosa y arbitraria la línea jurisprudencia de la Corte Constitucional”, por cuanto declaró la existencia de la cosa juzgada constitucional a pesar de que se ha admitido la posibilidad de que esta sea desvirtuada en los siguientes casos excepcionales: “1) no se ha emitido un pronunciamiento de fondo sobre la pretensión puesta en conocimiento original de un juez, o 2) que existe un hecho nuevo que justifica que el fallador analice, bajo otro enfoque, el asunto novedoso”.

12. Mediante auto del 29 de mayo de 2025, el ju zgador de primera instancia concedió la impugnación interpuesta por el demandante y disp uso remitir el

fallador analice, bajo otro enfoque, el asunto novedoso”.

12. Mediante auto del 29 de mayo de 2025, el ju zgador de primera instancia concedió la impugnación interpuesta por el demandante y disp uso remitir el expediente a esta sección para su conocimiento.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

E. Competencia.

13. Con posterioridad a que se concediera la impugnación, mediante Auto de fecha 22 de mayo de 2025, los Honorables Magistrados integrantes de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado manifestaron su impedimento para conocer de la acción de tutela presentada por el Señor Francisco Javier García Londoño contra la Sentencia de 20 de agosto de 2021, Rad 11001-03-15-000-202002925-00, proferida por la Sala Especial de Decisión No. 25 del Consejo de Estado,Radicación: 11001-03-15-000-2025-01026-01

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a través de la cual se resolvió un recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la Sentencia de 28 de mayo de 2019, emitida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

14. Por medio de auto del 3 de julio de 2025, se declara fundado el impedimento realizado por los Honorables Magistrados integrantes de la Sección Segunda Subsección A del Consejo de Estado, separándolos del conocimiento del presente asunto.

15. En ese orden de ideas, la Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo

Subsección A del Consejo de Estado, separándolos del conocimiento del presente asunto.

15. En ese orden de ideas, la Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

G. Problemas Jurídicos.

16. De conformidad con los argumentos planteados en la impugnación y teniendo en cuenta las pruebas que obran en el expediente, le corresponde a la Sala decidir si confirma o revoca la sentencia de 4 de abril de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera de esta misma Corporación. Para esto, se debe resolver el

siguiente problema jurídico:

¿Se configura la cosa juzgada constitucional en este caso, teniendo en cuenta que el Señor Javier García Londoño ha interpuesto varias acciones de tutela en contra de la sentencia proferida el 20 de agosto de 2021 por la Sala Especial de Revisión No. 25, a través de la cual a través de la cual se declaró infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia de 28 de marzo de 2019, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso ordinario iden tificado con radicación 110010325000201200372-00 (1425-12)?

17. Además de resolver el interrogante planteado, teniendo en cuenta los argumentos planteados por el accionante en la impugnación, deberá la Sala analizar

también el siguiente problema jurídico:

¿Los magistrados que resolvieron la acción de tutela en primera instancia se

argumentos planteados por el accionante en la impugnación, deberá la Sala analizar también el siguiente problema jurídico:

¿Los magistrados que resolvieron la acción de tutela en primera instancia se encuentran incursos en la causal de impedimento consagrada en el numeral 4 del Artículo 56 del Código de Procedimiento Penal?

18. Para resolver los problemas propuestos, se analizarán los siguientes temas: i) la cosa juzgada constitucional ii) la temeridad iii) el caso concreto y finalmente, iv) si existe o no una causal de impedimento imputable a los magistrados que profirieron la sentencia de primera instancia.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01026-01

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H. La cosa juzgada constitucional.

19. La cosa juzgada es una figura procesal que le otorga a las decisiones que se adoptan es una sentencia y en ciertas providencias el carácter de definitivo e inmodificable.

20. Dicha institución garantiza la seguridad jurídica en el ordenamiento jurídico , porque impide que se presenten demandas para alegar hechos y pretensiones que ya fueron analizados y decididas previamente en otros procesos judiciales.

21. En los procesos de tutela se aplica el fenómeno jurídico de la cosa juzgada, que impide que una persona reclame la protección de un derecho fundamental cuando y a existe una sentencia en firme , ya sea porque la Corte Constitucional resolvió el tema, o porque no selecciono el proceso respectivo para pronunciarse sobre este.

22. Teniendo en cuenta que en este caso el accionante en su impugnación alega

resolvió el tema, o porque no selecciono el proceso respectivo para pronunciarse sobre este.

22. Teniendo en cuenta que en este caso el accionante en su impugnación alega que no existe cosa juzgada constitucional , porque en su criterio existe un hecho nuevo, que si bien no explica ni desarrolla, genera la posibilidad de que se vuelva a analizar su solicitud de amparo , resulta necesario que se estudie la figura procesal mencionada en detalle.

23. La Corte Constitucional, en Sentencia SU 397 de 2022 2 , analizó la cosa juzgada constitucional y sus elementos, y concluyó lo siguiente:

31. La Corte Constitucional ha definido la cosa juzgada como una “institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas.”[9] Esta figura impide reabrir un asunto concluido con precedencia, a través de un análisis jurídico agotado en sede judicial, para de esta forma permear de seguridad las relaciones jurídico procesales consolidadas en el marco de nuestro ordenamiento jurídico.[10]

32. Esta Corporación ha identificado los siguientes elementos para evaluar la posible configuración de la cosa juzgada constitucional en procesos de tutela: “(i) que se adelante un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia; (ii) que en el nuevo proceso exista identidad jurídica de partes; (iii) que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, o sea, sobre las mismas pretensiones; (iv) qu e el nuevo proceso se adelante por la misma causa que

sentencia; (ii) que en el nuevo proceso exista identidad jurídica de partes; (iii) que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, o sea, sobre las mismas pretensiones; (iv) qu e el nuevo proceso se adelante por la misma causa que originó el anterior, es decir, por los mismos hechos .”[11] La identidad entre una acción de tutela en trámite y otra que ha cobrado ejecutoria, respecto a estos últimos tres elementos (partes, objeto y causa), conlleva la consecuencia jurídica de declarar improcedente la tutela que se encuentra en trámite.[12]

2 Corte Constitucional. Sentencia SU 397 de 10 de noviembre de 2022. M.P. Diana Fajardo Rivera. Expediente T-8.694.915Radicación: 11001-03-15-000-2025-01026-01

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33. Se ha considerado que algunas variaciones en las partes, los hechos o las pretensiones entre el proceso que hizo tránsito a cosa juzgada y la nueva demanda no necesariamente conducen a concluir que no existe cosa juzgada.

Por el contrario, se trata de un examen más profundo, en el que no basta con la coincidencia formal sino con una verificación de la coincidencia material entre los dos procesos, a pesar de la posibilidad de identificar pequeñas diferencias entre una y otra acción.[13]

34. Por regla general, la decisión de tutela cobra ejecutoria y configura cosa juzgada (i) cuando en control concreto de constitucionalidad se ha emitido un fallo en sede de revisión o unificación por parte de la Corte Constitucional o (ii) porque esta última, en ejercicio de su facultad discrecional, ha decidido no seleccionarla

juzgada (i) cuando en control concreto de constitucionalidad se ha emitido un fallo en sede de revisión o unificación por parte de la Corte Constitucional o (ii) porque esta última, en ejercicio de su facultad discrecional, ha decidido no seleccionarla para emitir un pronunciamiento. [14] Sin embargo, en casos eminente y estrictamente excepcionales, esta Corporación ha desvirtuado la configuración de la cosa juzgada, incluso cuando se verifica la identidad de causa, objeto y partes, si “ los accionantes han demostrado que no se ha emitido un pronunciamiento de fondo sobre la pretensión puesta en conocimiento original de un juez, o que existe un hecho nuevo que justifica que el fallador analice bajo otro enfoque el asunto novedoso.”[15]

24. La Corte Constitucional, en la sentencia citada, en la cual se decidió declarar improcedente la acción de tutela presentada porque se configuró la cosa juzgada constitucional, indica de manera diáfana, que no se puede presentar nuevamente la demanda cuando el caso ya fue decidido, ya sea porque la Corte Constitucional emitió sentencia o porque no selecci onó el expediente para pronunciarse , y existe identidad jurídica de partes, de objeto y de causa.

25. A esta misma conclusión llega la Corte en la sentencia citada (SU 397 de

1. cuando indica:

37. En suma, la cosa juzgada en materia de tutela se configura cuando existe identidad de partes, causa y objeto entre dos acciones de amparo, una de las cuales haya cobrado ejecutoria. La configuración de la figura de la cosa juzgada conlleva la improcedencia de la acción de tutela, como garantía de seguridad en

identidad de partes, causa y objeto entre dos acciones de amparo, una de las cuales haya cobrado ejecutoria. La configuración de la figura de la cosa juzgada conlleva la improcedencia de la acción de tutela, como garantía de seguridad en las relaciones jurídico-procesales consolidadas. Sin embargo, el advenimiento de hechos novedosos puede ser considerado por el juez de tutela de manera eminentemente excepcional, para dar por superado este fenómeno procesal. En esos términos, la expedición de una sentencia judicial, con efectos universales y una ratio decidendi novedosa, puede constituir un hecho nuevo y relevante para el análisis de la cosa juzgada.

26. Además de analizar los elementos de la cosa juzgada constitucional y los eventos en los que la misma se configura, la Corte Constitucional establece algunas excepciones que permiten que se vuelva a presentar la acción de tutela , específicamente cuando se produce un hecho nuevo , que resulta absolutamente relevante en el análisis del caso puntual.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01026-01

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27. Esta es una excepción que se debe tener en cuenta cuando se va a aplicar la cosa juzgada, aunque se aclara que la misma exige la existencia de un hecho nuevo e importante que no se haya podido analizar en la decisión adoptada.

1. La temeridad.

28. El Artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece que “[c]uando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o

28. El Artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece que “[c]uando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.” Así define la norma la actuación temeraria en la acción de tutela.

29. Incluso, para evitar el uso abusivo y arbitrario de la acción de tutela, que es un mecanismo vital y necesario para garantizar la protección de los derechos fundamentales en Colombia , el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, consagra la posibilidad de que se impongan sanciones a los abogados que ejerzan inadecuadamente dicho instrumento, cuando establece:

El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.

30. La Corte Constitucional , en la Sentencia SU 397 de 10 de noviembre 2022, citada previamente en esta providencia , explica la figura de la temeridad de la

siguiente manera:

38. El Decreto 2591 de 1991 (Art. 38) [20] dispone que la presentación de varias acciones de amparo idénticas ante distintos jueces o tribunales, de forma simultánea o sucesiva, sin justificación alguna, puede traer como consecuencia la configuración de una actuación temeraria. Esa circunstancia puede dar lugar al rechazo o la decisión desfavorable de todas las solicitudes y la sanción al

simultánea o sucesiva, sin justificación alguna, puede traer como consecuencia la configuración de una actuación temeraria. Esa circunstancia puede dar lugar al rechazo o la decisión desfavorable de todas las solicitudes y la sanción al abogado que las hubiera promovido. Desde sus inicios, esta Corporación ha advertido que la temeridad comporta una vulneración de los “principios de buena fe, economía y eficacia procesales, porque desconoce los criterios de probidad que exige un debate honorable, dilata maliciosamente la actuación e impide alcanzar los resultados que el Estado busca con la actuación procesal.”[21]

39. En estos términos, se ha entendido que se configura temeridad respecto de un asunto puesto en conocimiento del juez de tutela cuando se reúnen los siguientes requisitos: (i) identidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones ; (iv) ausencia de justificación razonable y objetiva frente al ejercicio de la nueva acción de amparo y (v) mala fe o dolo del accionante en laRadicación: 11001-03-15-000-2025-01026-01

Demandante: Francisco Javier García Londoño

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interposición de la nueva tutela. [22] En todo caso, si se configuran tales presupuestos, el juez constitucional se enfrenta a una actuación temeraria que lesiona los principios de moralización y lealtad procesal, por lo que no solo debe rechazar o decidir desfavorablemente las pretensiones, si no que además debe promover las sanciones contenidas, por ejemplo, en el inciso tercero del artículo 25[23] e inciso segundo del artículo 38, [24] del Decreto 2591 de 1991, o en los

promover las sanciones contenidas, por ejemplo, en el inciso tercero del artículo 25[23] e inciso segundo del artículo 38, [24] del Decreto 2591 de 1991, o en los artículos 80[25] y 81[26] del Código General del Proceso.

40. La temeridad es el resultado de un ejercicio abusivo del derecho, tendiente a satisfacer intereses individuales en desmedro de la lealtad procesal y de los derechos de los demás ciudadanos. En consecuencia, esa figura jurídica se configura únicamente si la persona interesada ha obrado injustificadamente y de mala fe. Para establecer lo anterior, el juez constitucional debe evaluar de manera cuidadosa en cada caso las motivaciones de la nueva tutela, teniendo siempre presente que el acceso a la justicia es un derecho fundamental, que cualquier restricción en su ejercicio debe ser limitado, y que la buena fe se presume en todas las actuaciones de los particulares ante las autoridades públicas (Art. 83, CP). Por ello resulta necesario demostrar que se actuó real y efectivamente de forma contraria al ordenamiento jurídico.[27]

41. En esa medida, la Corte Constitucional ha ejemplificado algunas excepciones al ejercicio reiterado de una misma acción de tutela como lo son: (i) la condición de ignorancia o indefensión del actor, propia de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho y no por mala fe; (ii) el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; (iii) la consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de la misma, o cualquier otra situación que no se haya tomado como base para decidir

derecho; (iii) la consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de la misma, o cualquier otra situación que no se haya tomado como base para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos fundamentales del demandante; o (iv) cuando la Corte Constitucional profiere una sentencia de unificación, cuyos efectos son e xtensivos a un grupo de personas que se consideran en igualdad de condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia presentaron acción de tutela por los mismos hechos y con la misma pretensión.[28]

31. Es importante aclarar que la materialización de la cosa juzgada constitucional no implica per se, que exista temeridad. Así lo explica la Corte en la misma sentencia

citada (SU 397 de 2022), cuando indica:

42. Por todo lo anterior, es necesario recordar que no existe una relación de identidad o equivalencia entre la temeridad y la cosa juzgada constitucional en materia de tutela. El análisis de la cosa juzgada exige establecer la coincidencia material entre partes, causa y objeto de dos o más acciones de tutela. La configuración de la temeridad involucra un reproche subjetivo del ejercicio abusivo y desleal del derecho de acción, que, en consecuencia, puede acarrear sanciones para quien incurra en esa figura.[29]

32. De hecho, la Corte Constitucional en Sentencia T – 536 de 2024 también

analizó la figura de la temeridad y concluyó:

50. Por su parte, la actuación temeraria requiere, además de la existencia de

32. De hecho, la Corte Constitucional en Sentencia T – 536 de 2024 también

analizó la figura de la temeridad y concluyó:

50. Por su parte, la actuación temeraria requiere, además de la existencia de la triple identidad que da lugar a la cosa juzgada constitucional, debe estarRadicación: 11001-03-15-000-2025-01026-01

Demandante: Francisco Javier García Londoño

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acompañada de un comportamiento probado de mala fe de quien “promueve injustificada e irracionalmente la misma acción de tutela ante distintos operadores judiciales, ya sea de forma simultánea o sucesiva ”[66], conducta que es ciertamente reprochable y con la que se “desconoce los criterios de probidad que exige un debate honorable, dilata maliciosamente la actuación e impide alcanzar los resultados que el Estado busca con la actuación procesal”

33. Además de la triple identidad (partes, objeto y causa) que exige la cosa juzgada constitucional, la temeridad requiere que se acredite la mala fe de quien presenta injustificada e irracionalmente la misma acción de tutela varias veces.

J. Análisis del caso concreto.

34. La Sentencia de 4 de abril de 2025 declara improcedente la acción de tutela presentada por el Señor Francisco Javier García porque se configuró la cosa juzgada constitucional y la temeridad.

35. El accionante impugna la decisión, pero su argumento principal es que los magistrados que profirieron la sentencia están incursos en la causal 4 del Artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. No obstante, se alega otro argumento,

35. El accionante impugna la decisión, pero su argumento principal es que los magistrados que profirieron la sentencia están incursos en la causal 4 del Artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. No obstante, se alega otro argumento, encaminado a cuestionar la declaración de la cosa juzgada constitucional, por tanto, se procederá inicialmente con el análisis de este aspecto.

36. Tal y como lo indicó la Corte Constitucional en su Sentencia SU 397 de 10 de noviembre de 2022 , para declarar la cosa juzgada constitucional se requiere que exista identidad de partes, causa y objeto.

37. En la Sentencia de primera instancia se probó que la mencionada triple identidad existe en este caso, si se analiza la demanda presentada en este proceso y la radicada dentro del proceso 11001-03-15-000-2021-08662-00/01, como se demostrara a continuación.

1. Identidad de objeto: se evidencia que las pretensiones de la acción de tutela presentada el 12 de noviembre de 2021 eran las siguientes:

“1. TUTELAR EL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO VULNERADO en el fallo proferido por la SALA ESPECIAL DE DECISIÓN

No. 25. Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO. Bogotá D.C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Radicación: 11001031500020200292500, dentro del proceso de Recurso extraordinario de Revisión.

2. Como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos la sentencia

11001031500020200292500, dentro del proceso de Recurso extraordinario de Revisión.

2. Como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos la sentencia proferida por la SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 25. ConsejeraRadicación: 11001-03-15-000-2025-01026-01

Demandante: Francisco Javier García Londoño

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ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO. Bogotá D.C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Radicación: 11001031500020200292500, mediante la cual se resolvió Declarar Infundado el Recurso Extraordinario de Revisión presentado por el señor Francisco Javier García Londoño.

3. Consecuente con lo anterior, se ordene a la SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 25. dictar una nueva providencia en el proceso de Recurso Extraordinario de Revisión , acogiendo la normatividad aplicable al caso concreto y la interpretación constitucional efectuada por la Corte Id Documento: 11001031500020210866200005025010003 70 Constitucional en la sentencia referenciadas, así como efectuando una adecuada apreciación y valoración de las pruebas que acreditan dentro del proceso.”3

(subrayado fuera de texto)

En el presente caso, de igual forma, las pretensiones de la acción de tutela interpuesta incluyen:

“2.) QUE COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR SE ORDENE A LA SALA ESPECIAL DE DECISIÓN NRO 25 DEL CONSEJO DE ESTADO QUE PROFIERIO LA SENTENCIA CON RADICADO 110010315000202002925-00 QUE ADOPTE UNA DECISIÓN AJUSTADA Y PRIVILEGIANDO

SALA ESPECIAL DE DECISIÓN NRO 25 DEL CONSEJO DE ESTADO QUE PROFIERIO LA SENTENCIA CON RADICADO 110010315000202002925-00 QUE ADOPTE UNA DECISIÓN AJUSTADA Y PRIVILEGIANDO

LO SUSTANCIAL SEGÚN EL ARTÍCULO 228° DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA, FRENTE A UN ANÁLISIS RESTRICTIVO A PARTIR DE

ELEMENTOS PURAMENTE FORMALES, CIRCUNSTANCIA A PARTIR

DE LA CUAL DEBIÓ FLEXIBILIZAR LA INTERPRETACIÓN DE LA

CAUSAL DE PRUEBA ENCONTRADA O RECOBRADA INVOCADA EN EL

RECURSO EXTRAORDINARIO ALUDIDO.

3.) QUE SE DECLARE FUNDADO EN RECURSO EXTRAORDINARIO DE

REVISIÓN CON RADICADO 1100103150002020 -02925-00 CON

FUANDAMENTO (sic) EN EL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 250 DEL

CPACA, YA QUE LAS SENTENCIAS JUDICIALES SI SON UN PRUEBA

DOCUMENTAL CUANDO CUMPLEN CIERTOS REQUISITOS Y SE

PRETENDE DEMOSTRAR CON ELLAS LA EXISTENCIA MISMA DE LA SENTENCIA Y LOS HECHOS PROBADOS E N ELLAS” (subrayado fuera de texto)

Es posible advertir, entonces, que existe identidad de pretensiones entre las tutelas interpuesta por el accionante el 12 de noviembre de 2021 y el 23 de febrero de 2025, por cuanto en ambos escritos se ataca la decisión pr