CE - Sentencia 11001031500020250131901 de 2025

Radicado: 73001-23-33-000-2025-01319-01

Demandante: Yuridys Cervantes Misal y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Once (11) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01319-01

Demandante: YURIDYS CERVANTES MISAL Y OTROS

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Improcedencia / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA - No se cumple el presupuesto de legitimación en la causa de la parte actora, puesto que los accionantes no hicieron parte del proceso ejecutivo en el que se dict aron las providencias cuestionadas ni fueron reconocidos como sucesores procesales en el referido trámite.

La Sala1 decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 2 de mayo de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 6 de marzo de la presente anualidad, el abogado Orlando Blanco Parejo, a nombre

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 6 de marzo de la presente anualidad, el abogado Orlando Blanco Parejo, a nombre propio, y en representación de los señores Yuridys, Genith Isabel y Walter José Cervantes Misal, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar , por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de las providencias del 7 de agosto y del 7 de septiembre de 2023 y del 3 de octubre de 2024. Formuló las siguientes pretensiones:

Demando el amparo constitucional de los derechos fundamentales amenazados y pido se ordene adoptar las medidas de sanidad procesal, revocando los autos de fecha agosto 3 de 2023 y septiembre 7 de 2023 proferidos por el Juzgado 05 Administrativo de Valledup ar y el auto de octubre 3 de 2024 proferido en segunda instancia por el despacho 06 del Tribunal Administrativo del Cesar y consecuencialmente se ordene a los aquí accionados se efectúe una nueva liquidación con observancia de los parámetros indicados en la sentencia incluyendo la condena por calzados y vestidos y/o tomando como factor de liquidación la cuantía establecida en el auto de mandamiento ejecutivo.

2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes

supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1 Se advierte que el 12 de junio de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para

2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes

supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1 Se advierte que el 12 de junio de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicado: 73001-23-33-000-2025-01319-01

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3. Según la demanda, la señora Celmira Leonor Misal Ochoa promovió un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Chiriguaná (Cesar), con el fin de obtener el reconocimiento y pago de salarios y prestaciones sociales que no le fueron cancelados. Dicho proceso se tramitó bajo el radicado 20001-33-31-005-200800460-00 y, por reparto, correspondió al Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar, que, mediante sentencia del 23 de enero de 2012 , condenó al municipio demandado a pagar el valor correspondiente a la dotación de calzado y uniforme durante el tiempo que la demandante estuvo vinculada laboralmente a dicha entidad y le impuso la sanción moratoria por el no pago oportuno de cesantías , a partir del 26 de septiembre de 2012, de conformidad con el artículo 2° de la Ley 244 de 1995.

4. Dado que el ente territorial demandado no interpuso recurso contra la anterior

moratoria por el no pago oportuno de cesantías , a partir del 26 de septiembre de 2012, de conformidad con el artículo 2° de la Ley 244 de 1995.

4. Dado que el ente territorial demandado no interpuso recurso contra la anterior decisión, la misma adquirió ejecutoria el 14 de febrero de 2012. Por lo que, el 6 de junio siguiente, el apoderado de la señora Misal Ochoa presentó la referida providencia ante el municipio de Chiriguaná , con el fin de que se diera cumplimiento a lo allí ordenado.

Sin embargo, transcurrido el plazo previsto en el artículo 144 del C.C.A. – norma aplicable para el pago de la sentencia – la entidad no realizó el pago correspondiente.

5. En consecuencia, el apoderado de la demandante promovió el respectivo proceso ejecutivo; proceso que se tramita ante el mismo Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar, bajo el radicado 20001-33-31-005-2008-00460-00. En el marco del referido proceso, según informó la parte accionante , se han surtido las siguientes actuaciones

procesales:

• Mediante auto del 11 de agosto de 2016, se libró mandamiento ejecutivo por la

suma de CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRIENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($194.434.462.89), más los intereses moratorios que correspondan desde la fecha en que se hizo exigible la obligación hasta la fecha en que efectivamente se cumpliera con la obligación.

• El 29 de noviembre 2016, el Juzgado accionado ordenó seguir adelante la ejecución.

moratorios que correspondan desde la fecha en que se hizo exigible la obligación hasta la fecha en que efectivamente se cumpliera con la obligación.

• El 29 de noviembre 2016, el Juzgado accionado ordenó seguir adelante la ejecución.

• Mediante a uto 19 de enero de 2017, se decretaron medidas de embargo, secuestro y retención de dineros de propiedad del municipio ejecutado.

• Mediante auto del 25 de marzo siguiente, se aprobó la liquidación de costas y agencias en derecho.

• El 6 de diciembre de 2019, el apoderado de la señora Misal Ochoa allegó al Juzgado accionado copia de la liquidación del crédito, presentada ante el municipio ejecutado - con corte al 31 de julio de 2019 -, por valor de cuatrocientos sesenta millones trescientos noventa y ocho mil seiscientos noventa pesos

($460.398.690.00)

• Mediante auto del 4 de marzo de 2020, el Juzgado accionado corrió traslado corrió traslado de la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante.Radicado: 73001-23-33-000-2025-01319-01

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• El 1 de octubre de 2020, el apoderado de la parte ejecutante presentó una nueva liquidación del crédito – con corte al 1 de octubre de 2020 –, por valor de cuatrocientos noventa y cinco millones trescientos ochenta mil cuatrocientos nueve pesos ($495.380.409,76).

liquidación del crédito – con corte al 1 de octubre de 2020 –, por valor de cuatrocientos noventa y cinco millones trescientos ochenta mil cuatrocientos nueve pesos ($495.380.409,76).

• En auto del 3 de febrero de 2021, el Juzgado accionado corrió traslado de la anterior liquidación del crédito.

• El 4 de marzo siguiente, se ordenó practicar la liquidación del crédito, para lo cual se ordenó remitir el expediente a un profesional universitario del Tribunal Administrativo del Cesar, con el fin de que la elaborara.

• En respuesta al requerimiento anterior, el 6 de mayo de 2021 , el profesional universitario G12 del Tribunal Administrativo del Cesar Oscar Julián Sanín Williamson presentó la liquidación del crédito, en los siguientes términos:

• El 16 de mayo de 2021, el juzgado accionado corrió traslado de la liquidación anterior.

• En auto del 19 de enero de 2023, el Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar ordenó remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Cesar, con el fin de que se verificara la liquidación aportada por la parte ejecutante y fijó los parámetros que se debían tener en cuenta como factor de liquidación.

• En el término de ejecutoria de la anterior providencia, el apoderado de la parte ejecutante solicitó adición, con el fin de que se precisara que en la liquidación debía actualizarse el último salario devengado por la señora Misal Ochoa en 1997, al 16 de septiembre de 2005. Tal como lo determinó el título base de recaudo.

debía actualizarse el último salario devengado por la señora Misal Ochoa en 1997, al 16 de septiembre de 2005. Tal como lo determinó el título base de recaudo.

• El 16 de marzo de 2023, el Jugado accionado adicionó la providencia del 19 de enero de 2023, en el sentido de precisar que la liquidación debería realizarse «tomando como factor la suma de $198.240 debidamente indexada conforme a la fórmula indicada en la sentencia, tomándose como índice inicial el establecido por el DANE para el 28 de abril de 1997 y como índice final el establecido por el DANE para el 26 de septiembre de 2005».

• En cumplimiento del requerimiento anterior, mediante oficio IC No.2023AM-0090 la profesional universitario grado 12 del Tribunal Administrativo del Cesar Adriadne Lorayne Mendoza Yepes adjuntó la liquidación del crédito - con corte a septiembre 30 de 2020 -, por valor de $137.145.674,45 ; suma inferior a la reconocida a través del auto que libró mandamiento ejecutivo, la cual correspondía a $194.434.462.89.Radicado: 73001-23-33-000-2025-01319-01

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• En auto del 3 de agosto de 2023, el Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar modificó oficiosamente la liquidación del crédito, para lo cual, en el ordinal

segundo dispuso:

SEGUNDO: Téngase como crédito actualizado a la fecha 30 de septiembre

modificó oficiosamente la liquidación del crédito, para lo cual, en el ordinal segundo dispuso:

SEGUNDO: Téngase como crédito actualizado a la fecha 30 de septiembre de 2020, la suma de CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCINETOS SESENTA Y DOS PESOS ($41.888.362) por concepto de capital, más NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS ($95.257.312) por concepto de intereses moratorios, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia.

• Inconforme con lo anterior, el apoderado de la parte ejecutante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación.

• El 7 de septiembre de 2023, el Juzgado accionado resolvió desfavorablemente el recurso de reposición y, en consecuencia , concedió la alzada ante el Tribunal

Administrativo del Cesar.

• Mediante auto del 3 de octubre de 2024, el Despacho 06 de la Sala Unitaria de Decisión del Tribunal Administrativo del Cesar confirmó el auto del 3 de agosto de

2023, bajo la siguiente consideración:

Además, por auto de fecha 19 de enero de 2023 se advirtió por el Juzgado de primera instancia que tanto en la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante como en la realizada por la contadora, adscrita a los Juzgados Administrativos, se conf iguró una irregularidad, toda vez que la misma no se hizo de acuerdo con lo ordenado en la sentencia que se ejecuta , razón por la que ordenó remitir nuevamente el expediente a la contadora de

Juzgados Administrativos, se conf iguró una irregularidad, toda vez que la misma no se hizo de acuerdo con lo ordenado en la sentencia que se ejecuta , razón por la que ordenó remitir nuevamente el expediente a la contadora de este Tribunal para que practicara la liquidación encomendada, a demás debería tener en cuenta la indexación de la asignación mensual indicada en la sentencia (…)

• La providencia anterior fue notificada , por estado, el 4 de octubre de 2024 , y el, 24 del mismo mes y año , se ordenó la devolución del expediente al Juzgado de origen, sin que a la fecha se haya proferido auto de obedézcase y cúmplase.

6. Para la parte accionante la providencia del 3 de octubre de 2024 adolece de defecto procedimental absoluto, pues, a su modo de ver, las autoridades judiciales accionadas actuaron completamente al margen del procedimiento establecido en la normatividad aplicable al caso en concreto, como consecuencia de un error inducido por la funcionaria del Tribunal Administrativo del Cesar que realizó la última liquidación del crédito.

7. Sostuvo que la providencia censurada pone en riesgo el principio de seguridad jurídica, porque desconoce el mandato contenido en el auto que libró mandamiento de pago, en el que se dispuso que la suma a ejecutar correspondía a «CIENTO NOVENTA

Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRIENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($194.434.462.89), más los intereses moratorios que correspondan desde la fecha en que se hizo exigible la obligación hasta la fecha en que se cumpla con la obligación». A

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($194.434.462.89), más los intereses moratorios que correspondan desde la fecha en que se hizo exigible la obligación hasta la fecha en que se cumpla con la obligación». A su juicio, dicha providencia y la que ordenó seguir adelante la ejecución adquirieronRadicado: 73001-23-33-000-2025-01319-01

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firmeza y, por lo tanto, el juez y las partes est aban obligados a acatar estrictamente lo que allí se dispuso.

8. Asimismo, adujo que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 446 del C.G.P., una vez ejecutoriada la sentencia que ordena seguir adelante con la ejecución, debe efectuarse la liquidación del crédito en la que se especifique el capital y los intereses adeudados por el ejecutado, de acuerdo con el mandamiento de pago. De manera tal que no resulta admisible que se apruebe una liquidación del crédito por un valor inferior al consignado en el auto que libró mandamiento ejecutivo.

9. Por otra parte, en el escrito de amparo se expuso que tanto las autoridades judiciales demandadas como la funcionaria del Tribunal que realizó la última liquidación del crédito incurrieron en «vías de hecho»; esta última, porque se extralimitó en el cumplimiento de sus funciones, al interpretar de manera arbitraria el título base de recaudo e «inmiscuirse

demandadas como la funcionaria del Tribunal que realizó la última liquidación del crédito incurrieron en «vías de hecho»; esta última, porque se extralimitó en el cumplimiento de sus funciones, al interpretar de manera arbitraria el título base de recaudo e «inmiscuirse en la esfera de los jueces para desconocer lo que éstos han decidido en una sentencia judicial que se encuentra debidamente ejecutoriada».

10. En tal sentido, el abogado de la parte accionante precisó que la liquidación debió haberse realizado «tomando como factor de liquidación el auto de mandamiento de pago por valor de $194.434.462.89 y liquidando los intereses moratorios a partir de la ejecutoria del auto de mandamiento ejecutivo, es decir, desde el 18 de agosto de 2016».

11. Finalmente, admitió que la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido que la liquidación del crédito tiene por objeto concretar el valor económico de la obligación y está sujet a a la revisión del juez , lo que da cuenta de que es posible realizar la modificación de la liquidación del crédito en relación con lo ordenado en el mandamiento ejecutivo. Tal situación, señaló, procede en virtud de la facultad de saneamiento atribuida a los operadores judiciales por mandato legal. No obstante, afirmó que «una cosa es el saneamiento del proceso y otra muy distinta es la decisión judicial fundamentada en una liquidación arbitraria de la contadora adscrita al Tribunal Administrativo, para modi ficar oficiosamente la liquidación del crédito, cuando lo que se produjo realmente fue la aprobación de la liquidación presentada el 23 de junio de 2023 por la señorita Adriadne Lorayne Mendoza Profesional Universitario grado 12 de la Secretaría del Tribun al

Administrativo del Cesar».

aprobación de la liquidación presentada el 23 de junio de 2023 por la señorita Adriadne Lorayne Mendoza Profesional Universitario grado 12 de la Secretaría del Tribun al Administrativo del Cesar».

B. Trámite impartido e intervenciones

12. En auto del 10 de marzo de 20252, el despacho sustanciador del proceso en primera instancia inadmitió la acción de tutela, tras advertir que la misma fue promovida por el abogado Blanco Parejo, en representación de la señora Celmira Leonor Misal Ochoa; sin embargo, aquel no allegó el mandato que lo facultara para actuar a nombre de ésta.

13. En cumplimiento del requerimiento anterior, el referido profesional del derecho allegó memorial3 a través del cual informó: i) que actuó como apoderado de la señora Celmira Leonor Misal Ochoa en el proceso ejecutivo a continuación que se tramita bajo el radicado 20001-33-31-005-2008-00460-00; ii) que la señora Misal Ochoa falleció el 27 de diciembre de 2014 ; iii) que sus únicos herederos son los señores Yuridys, Genith

2 SAMAI, índice 5 del expediente de tutela en primera instancia. 3 SAMAI, índice 9 del expediente de tutela en primera instancia.Radicado: 73001-23-33-000-2025-01319-01

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Isabel y Walter Jose Cervantes Misal , «quienes por no ser sucesores procesales, no

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Isabel y Walter Jose Cervantes Misal , «quienes por no ser sucesores procesales, no podrían otorgarme poder, pero a ultranza son personas con interés en el resultado del proceso»; iv) que no actúa en calidad de agente oficioso de la señora Misal Ochoa, por tratarse de una persona fallecida, pero sí lo hace respecto de sus tres hijos , «quienes hasta la fecha no están acreditados en el juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Valledupar como sucesores procesales» ; v) que, de manera subsidiaria, interviene en calidad de apoderado de los herederos de la fallecida señora Misal Ochoa 4; y vi) manifestó que también actu a a nombre propio, pues le asiste interés en el proceso en razón a que debe «defender el monto de los honorarios pactados», el cual corresponde al «30% del resultado del proceso».

14. Mediante auto del 28 de marzo de 20255, el despacho sustanciador del proceso en primera instancia admitió la acción de tutela promovida por Yuridys, Genith Isabel y Walter José Cervantes Misal y por Orlando Blanco Parejo contra el Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar y vinculó al municipio de Chiriguaná (Cesar), en calidad de tercero con interés.

15. El Tribunal Administrativo del Cesar6 remitió copia digitalizada del expediente del proceso ejecutivo con radicado 20001-33-31-005-2008-00460-01, pero no se pronunció respecto de la solicitud de amparo.

16. El Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar y el municipio de Chiriguaná (Cesar)

respecto de la solicitud de amparo.

16. El Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar y el municipio de Chiriguaná (Cesar) no intervinieron, pese a que fue ron debidamente notificados del auto admisorio de la demanda.

C. Fallo impugnado

17. En sentencia del 2 de mayo de 20257, la Sección Primera de esta Corporación declaró improcedente la acción de tutela , por considerar que los aquí accionantes carecen de legitimación para promover la presente solicitud de amparo.

18. Para fundamentar su decisión , expuso que la legitimación en la causa de quien promueve la acción de tutela contra una providencia judicial, está determinada por su participación en el proceso judicial en el marco del cual se profirió el proveído cuya revisión se solicita por vía del amparo constitucional.

19. Sin embargo, sostuvo que, en el caso en concreto, los accionantes no acreditaron que se hubieran hecho parte en el proceso ejecutivo en el que se profirieron las decisiones cuestionadas, pese a que han transcurrido aproximadamente 9 años desde que ocurrió el deceso de la señora Misal Ochoa . E n razón a ello , concluyó que los señores Yuridys, Genith Isabel y Walter Jose Cervantes Misal carecen de legitimación en la causa por activa para promover la presente acción constitucional.

4 Aportó el poder debidamente conferido por los señores Yuridys, Genith Isabel y Walter Jose Cervantes Misal para que representara sus intereses en el presente trámite constitucional. 5 SAMAI, índice 11 del expediente de tutela en primera instancia. 6 SAMAI, índice 15 del expediente de tutela en primera instancia.

Misal para que representara sus intereses en el presente trámite constitucional. 5 SAMAI, índice 11 del expediente de tutela en primera instancia. 6 SAMAI, índice 15 del expediente de tutela en primera instancia. 7 SAMAI, índice 17 de expediente de tutela en primera instancia.Radicado: 73001-23-33-000-2025-01319-01

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D. Impugnación

20. Inconforme con la decisión, el apoderado de la parte actora presentó impugnación8.

En primer lugar, alegó que la providencia recurrida desconoció que, mediante el memorial de subsanación de la demanda, manifestó que actuaba en nombre propio, «en consideración al interés que le asiste en procura del monto de sus honorarios profesionales pactados al 30% de las resultas del proceso».

21. Por otro lado, afirmó que allí también expresó que no actuaba en calidad de agente oficioso de la señora Misal Ochoa, pero sí lo hacía respecto de sus herederos, «quienes no están habilitados como sucesores procesales dentro del proceso ejecutivo», e informó que, «de manera subsidiaria», aportó el poder conferido por ellos para que ejerciera su representación en el presente trámite.

22. Adicionalmente, citó varias sentencias de la Corte Constitucional en las que, según afirmó, dicha Corporación reconoció la facultad que tiene el juez de tutela para para proferir decisiones con alcance extra y ultra petita, «procurando siempre la protección y

afirmó, dicha Corporación reconoció la facultad que tiene el juez de tutela para para proferir decisiones con alcance extra y ultra petita, «procurando siempre la protección y amparo de los derechos quebrantado por los administradores de justicia cuando se ha incurrido en vías de hecho».

23. Para concluir, indicó que, en el caso bajo estudio, se satisfacen los requisitos de procedencia de la acción de amparo, pues, en el escrito de subsanación de la demanda: i) informó que actuaba en calidad de agente oficioso de los herederos de la señora Celmira Leonor Misal Ochoa, ii) de manera subsidiaria allegó el poder conferido por ellos para que ejerciera su representación en este trámite , y iii) informó que actúa a nombre propio, en razón al interés que le asiste en el proceso ejecutivo, pues los honorarios que percibirá corresponden, según indicó, al 30% del resultado del referido proceso.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

24. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del

Consejo de Estado).

F. Problema jurídico

25. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 2 de mayo de 2025, proferida por la Sección Primera de esta Corporación , que declaró improcedente la petición de amparo, al no encontrar acreditado el presupuesto procesal

de mayo de 2025, proferida por la Sección Primera de esta Corporación , que declaró improcedente la petición de amparo, al no encontrar acreditado el presupuesto procesal de falta de legitimación en la causa por activa.

8 SAMAI, índice 21 del expediente de tutela en primera instancia.Radicado: 73001-23-33-000-2025-01319-01

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G. Análisis de la Sala

Presupuestos procesales de procedibilidad de la acción de tutela

26. Legitimación en la causa . La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política9 fue reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, cuyo artículo 1° establece que « toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales , cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

27. Dicha regla impone de antemano que quien presenta la solicitud de amparo debe ser una persona legitimada en la causa por activa, en la medida en que solo podrá ejercer esta acción constitucional ante la vulneración de sus propios derechos fundamentales, sin perjuicio de la agencia oficiosa de derechos ajenos, como lo dispone el artículo 10

una persona legitimada en la causa por activa, en la medida en que solo podrá ejercer esta acción constitucional ante la vulneración de sus propios derechos fundamentales, sin perjuicio de la agencia oficiosa de derechos ajenos, como lo dispone el artículo 10 del Decreto 2591 de 199110.

28. En este sentido, la Corte Constitucional ha reiterado que, a pesar del carácter informal de la acción de tutela, no debe obviarse el cumplimiento de unas condiciones mínimas de procedibilidad, requisitos entre los que se encuentra el de la legitimación en

la causa por activa. Así lo ha expuesto:

Este es el primer requisito de procedibilidad de la acción de tutela, que exige que quien solicita el amparo constitucional se encuentre “legitimado en la causa” para presentar la solicitud de protección de sus derechos fundamentales. Dicha legitimación puede ser ‘por activa’ o ‘por pasiva’. Por la primera exige que el derecho cuya protección se invoca sea un derecho fundamental propio y no, en principio, de otra persona11. La segunda se entiende satisfecha con la correcta identificación de las autoridades responsables de la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados 12 , destacando a la vez que su adecuada integración persigue garantizar a los presuntos implicados el derecho a la defensa y, por esa vía, permitirles establecer el grado de responsabilidad que les pueda asistir en los hechos que son materia de la controversia constitucional.

Desde antaño, la Corte ha precisado que el interés subjetivo de quien demanda en causa propia la protección de derechos fundamentales debe estar debidamente

9 ARTÍCULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento

Desde antaño, la Corte ha precisado que el interés subjetivo de quien demanda en causa propia la protección de derechos fundamentales debe estar debidamente

9 ARTÍCULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quie ra que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […] 10 Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. 11 Cita del original: «Sentencia T–1191 de 2004 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra)». 12 Cita del original: «En el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 se dispone: Artículo 13. La acción se dirigirá

11 Cita del original: «Sentencia T–1191 de 2004 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra)». 12 Cita del original: «En el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 se dispone: Artículo 13. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental (…)».Radicado: 73001-23-33-000-2025-01319-01

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acreditado, pues de lo contrario carece de legitimidad para instaurar la acción de tutela (…) (se destaca)13.

29. Como se sabe, la acción de tutela busca la protección de derechos fundamentales, es decir, aquellos contenidos en la Constitución, en algunos tratados internacionales o que, sin estar en un cuerpo normativo específico, «se relacionen con la dignidad humana y sean traducibles a un derecho subjetivo» 14. Así, debe decirse que un derecho es subjetivo en la medida en que esté asignado a una persona y tenga un contenido que sea exigible al Estado o a los