CE - Sentencia 11001031500020250161801 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01618-01

Referencia: Acción de tutela

Actor: LUIS ENRIQUE PIRAVAN SILVA

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE NO SE CUMPLE

CON EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, LOS

ARGUMENTOS DE LA TUTELA FUERON OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO POR

PARTE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA. ASUNTO ECONÓMICO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de 2 de mayo de 2025, mediante la cual la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “ C”- DEL CONSEJO DE ESTADO 1 declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1 En adelante SECCIÓN TERCERA.2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01618-01

Actor: LUIS ENRIQUE PIRAVAN SILVA

1 En adelante SECCIÓN TERCERA.2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01618-01

Actor: LUIS ENRIQUE PIRAVAN SILVA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I.1.- La Solicitud

El señor LUIS ENRIQUE PIRAVAN SILVA , actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proces o y acceso a la administración de justicia , los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO2, al haber proferido la providencia de 30 de enero de 2025, dentro del proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación 2022-00577-01.

I.2.- Hechos

Afirmó que laboró al servicio de la fuerza pública como intendente en la Policía Nacional y , que por voluntad de la Dirección General fue desvinculado luego de cumplir 16 años, 4 meses y 4 días al servicio de la institución.

Señaló que como consecuencia de su retiro solicitó a la CAJA DE

SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL 3 el

2 En adelante TRIBUNAL. 3 En adelante CASUR.3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01618-01

Actor: LUIS ENRIQUE PIRAVAN SILVA

2 En adelante TRIBUNAL. 3 En adelante CASUR.3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01618-01

Actor: LUIS ENRIQUE PIRAVAN SILVA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

reconocimiento y pago de la asignación de retiro , petición que fue denegada.

Arguyó que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra CASUR, con el fin de obtener la nulidad del referido acto administrativo y, a título de restablecimiento del derecho , el reconocimiento y pago de la asignación de retiro.

Aseveró que a la demanda le fue asignado el número único de radicación 2016-00460-00 y le correspondió por reparto al JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARMENIA4 que, en sentencia de 28 de abril de 2020, accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó el pago de la asignación de retiro a partir del 26 de abril de 2016.

Indicó que inconforme con lo anterior el apoderado de CASUR interpuso recurso de apelación ante el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 29 de abril de 2021, confirmó la decisión del a quo.

4 En adelante el Juzgado.4

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01618-01

Actor: LUIS ENRIQUE PIRAVAN SILVA

4 En adelante el Juzgado.4

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01618-01

Actor: LUIS ENRIQUE PIRAVAN SILVA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señaló que presentó proceso ejecutivo contra CASUR, con el fin de obtener el pago de las mesadas de la asignación de retiro dejadas de percibir desde el 26 de abril de 2016.

Aseguró que el proceso aludido fue atribuido para su trámite en primera instancia al JUZGADO que, mediante sentencia de 8 de mayo de 2024, declaró no probadas las excepciones y ordenó seguir adelante con la ejecución.

Mencionó que, inconforme con la anterior decisión, CASUR interpuso recurso de apelación ante el TRIBUNAL que, en providencia de 30 de enero de 2025, revocó la decisión del a quo, y en su lugar, declaró probada la excepción de falta de exigibilidad del título de recaudo y, en consecuencia, revocó la decisión y dio por terminada la ejecución.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico, por cuanto no valoró debidamente las pruebas que permitían inferir que la entidad no canceló las mesadas durante el período comprendido entre el 26 de abril de 2016 y el 14 de febrero de 2021,5

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01618-01

Actor: LUIS ENRIQUE PIRAVAN SILVA

comprendido entre el 26 de abril de 2016 y el 14 de febrero de 2021,5

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01618-01

Actor: LUIS ENRIQUE PIRAVAN SILVA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

tiempo en el que permaneció fuera de la institución castrense antes de que se efectuara su reintegro en cumplimento de una sentencia judicial.

Afirmó que “[…] la sentencia presentada como título ejecutivo para su cobro no ha perdido sus efectos legales, o que haya dejado de cumplir con las formalidades, o que al ejecutante ya no se le deban reconocer sus derechos laborales de asignación de retiro reconocidos en aquella sentencia para el periodo ejecutado; menos se puede considerar de tajo, como lo hizo la sala accionada en la sentencia, que 'la orden de reintegro al servicio implicó que el servidor legalmente no estuviese retirado ', por cuanto en la sentencia ordinaria el tribunal no solo ordenó el reintegro del demandante, sino que se le debían reconocer los demás derechos laborales […]”.

Señaló que la decisión cuestionada incurrió en defecto sustantivo al desconocer lo dispuesto en el artículo 442 del Código General del Proceso (CGP), aplicable a los procesos ejecutivos adelantados ante la jurisdicción contenciosa administrativa, toda vez que la sentencia se extralimitó en sus competencias creando una nueva excepción inexistente en el ordenamiento jurídico.6

Proceso (CGP), aplicable a los procesos ejecutivos adelantados ante la jurisdicción contenciosa administrativa, toda vez que la sentencia se extralimitó en sus competencias creando una nueva excepción inexistente en el ordenamiento jurídico.6

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01618-01

Actor: LUIS ENRIQUE PIRAVAN SILVA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Aseveró que “[…] la providencia objeto de esta acción, no solo se decidió con base en normas inexistentes, sino que también se profirió una decisión absolutamente equivocada en la que se aprecia una contradicción evidente y grosera entre los fundamentos y la decisión; vulnerando, sin lugar a dudas los derechos fundamentales […]”.

Adujo que el TRIBUNAL profirió la decisión judicial cuestionada sin motivación pues, a su juicio, no se efectuó un debido razonamiento para considerar que la sentencia judicial no constituyó un título judicial exigible.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] PRIMERO: Que se ampare al Accionante Luís enrique Piravan Silva, los derechos fundamentales al Debido Proceso, Acceso a la Administración de Justicia y demás derechos que considere el Honorable Juez de Tutela, vulnerados en la sentencia de segunda instancia de fecha 30 de enero de 2025, proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, en el

Administración de Justicia y demás derechos que considere el Honorable Juez de Tutela, vulnerados en la sentencia de segunda instancia de fecha 30 de enero de 2025, proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, en el proceso ejecutivo No. 63-001-3333-004-2022-00577-00 (01).

SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene dejar sin efectos la sentencia de fecha 30 de enero de 2025, proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del7

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01618-01

Actor: LUIS ENRIQUE PIRAVAN SILVA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Quindío, en el proceso ejecutivo No. 63 -001-3333-004-202200577-00 (01).

TERCERO: Que, como consecuencia inmediata se ordene a la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, que en un término no superior a Veinte (20) días se profiera sentencia de segunda instancia en la que se resuelva el recurso de apelación, realizando un análisis en el que se analice y observe el material probatorio obrante en el proceso ejecutivo, e igualmente la situación fáctica y jurídica demostrada en el proceso, y en consecuencia, se profiera un fallo en el que se respete los derechos Constitucionales al Debido Proceso y Acceso a la Administración de Justicia del allá Ejecutante […]”. (Destacado pertenece al texto).

consecuencia, se profiera un fallo en el que se respete los derechos Constitucionales al Debido Proceso y Acceso a la Administración de Justicia del allá Ejecutante […]”. (Destacado pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL se limitó a remitir el expediente digital del proceso ejecutivo objeto de análisis , sin realizar pronunciamiento alguno frente al objeto de la acción de tutela.

I.5.2.- El JUZGADO, vinculado en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, también se limitó a remitir el expediente digital del proceso ejecutivo objeto de análisis, sin realizar pronunciamiento alguno frente al objeto de la acción constitucional de la referencia.

I.5.3.- CASUR vinculado en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, manifestó que las pretensiones deben ser8

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01618-01

Actor: LUIS ENRIQUE PIRAVAN SILVA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

denegadas, en la medida que la acción de tutela no puede emplearse como una tercera instancia para reabrir interpretaciones o valoraciones efectuadas en el proceso ordinario cuestionado.

Resaltó que los argumentos formulados por el actor evidencia n un desacuerdo con la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada, trasladando al juez de tutela el debate ya agotado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Resaltó que los argumentos formulados por el actor evidencia n un desacuerdo con la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada, trasladando al juez de tutela el debate ya agotado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN TERCERA mediante sentencia de 2 de mayo de 2025, declaró improcedente el amparo al considerar que no se encontró satisfecho el requisito general de relevancia constitucional.

Señaló que la acción de tutela está encaminada a continuar el debate surtido en el proceso ejecutivo, por cuanto reitera los argumentos de índole legal y probatorio desarrolla do en el marco de este, sin esbozar las razones concretas por las cuales los derechos fundamentales fueron conculcados con la providencia cuestionada.9

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01618-01

Actor: LUIS ENRIQUE PIRAVAN SILVA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Concluyó que “[…] la acción de tutela fue concebida con un carácter excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende la parte

limitada a determinar la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional a lo ya surtido […]”.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN TERCERA, manifestando su desacuerdo con la motivación de la decisión, pues, a su juicio, la acción de tutela versa sobre el contenido, alcance y goce de los derechos fundamentales con ocasión a la restricción y afectación desproporcionada de sus garantías.

Asimismo, señaló que la providencia objeto de tutela dio lugar a la configuración de un error judicial, al concluir que ya se habían10

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01618-01

Actor: LUIS ENRIQUE PIRAVAN SILVA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

reconocido y pagado los derechos económicos del ejecutante, lo cual no es cierto, pues, a su juicio “[…] tal consideración es equivocada y genera un grave daño injustificado a los derechos laborales y económicos del señor Luís Enrique Piravan Silva, para el periodo comprendido entre el 26/04/2016 hasta el 14/02/2021, de tal suerte que lo que pretende el accionante es que se tutelen sus derechos

económicos del señor Luís Enrique Piravan Silva, para el periodo comprendido entre el 26/04/2016 hasta el 14/02/2021, de tal suerte que lo que pretende el accionante es que se tutelen sus derechos fundamentales, y no verse en la obligación de acudir a otro proceso en contra del estado, en demanda de reparació n directa por error jurisdicción en contra de la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial […]”.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la11

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01618-01

Actor: LUIS ENRIQUE PIRAVAN SILVA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cua ndo se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndos e observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso12

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01618-01

Actor: LUIS ENRIQUE PIRAVAN SILVA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Administrativo, con ponencia del consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

www.consejodeestado.gov.co

Administrativo, con ponencia del consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asunt os que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas

tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la13

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01618-01

Actor: LUIS ENRIQUE PIRAVAN SILVA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas

fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales

decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere14

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01618-01

Actor: LUIS ENRIQUE PIRAVAN SILVA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo

o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se dejen sin efecto la sentencia de 30 de enero de 2025, proferida por el TRIBUNAL, dentro de l proceso ejecutivo identificado con el15

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01618-01

Actor: LUIS ENRIQUE PIRAVAN SILVA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

número único de radicación 2022-00577-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

número único de radicación 2022-00577-01.

A la citada providencia la parte actora le atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia , habida cuenta que, a su juicio, la autoridad judicial accionada incurri ó en los defectos fáctico , sustantivo y decisión sin motivación.

Los disensos del actor radican en que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico, por cuanto no valoró debidamente las pruebas que permitían inferir que la entidad demandada no canceló las mesadas durante el período comprendido entre el 26 de abril de 2016 y 14 de febrero de 2021, tiempo en el que permaneció fuera de la institución policial antes de que se efectuara su reintegro en cumplimento de una sentencia judicial.

Señaló que la decisión cuestionada incurrió en defecto sustantivo al desconocer lo dispuesto en el artículo 442 del CGP aplicable a los procesos ejecutivos adelantados ante la jurisdicción contenciosa administrativa, toda vez que la sentencia se extralimitó en sus competencias creando una nueva excepción inexistente en el ordenamiento jurídico.16

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01618-01

Actor: LUIS ENRIQUE PIRAVAN SILVA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Actor: LUIS ENRIQUE PIRAVAN SILVA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Adujo que el TRIBUNAL profirió la decisión judicial cuestionada sin motivación pues, a su juicio, no se efectuó un debido razonamiento para considerar que la sentencia judicial no constituyó un título judicial exigible.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 2 de mayo de 2025, declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que no se acreditó el requisito de relevancia constitucional.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión proferida en primera instancia, manifestando su desacuerdo con la motivación de la decisión, pues, a su juicio, la acción de tutela versa sobre el contenido, alcance y goce de los derechos fundamentales con ocasión a la restricción y afectación desproporcionada de sus garantías.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe confirmar, modificar o revocar la decisión de l a quo, para lo cual se verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial ; y, de ser así, se17

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01618-01

Actor: LUIS ENRIQUE PIRAVAN SILVA

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01618-01

Actor: LUIS ENRIQUE PIRAVAN SILVA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos deprecados e incurrió en los defectos alegados.

Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, e n especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

5 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.18

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

5 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.18

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01618-01

Actor: LUIS ENRIQUE PIRAVAN SILVA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

examinadas en sede de tutela».6

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita

La relevan