CE - Sentencia 11001031500020250163600 de 2025

Demandantes: Antonio Redondo y otros Demandados: presidente de la República y otros Radicados: 11001-03-15-000-2025-01636-00 y acumulados

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01636-00 Y ACUMULADOS1

Accionantes: ANTONIO REDONDO Y OTROS

Accionados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTRO

Temas: Derecho a la participación ciudadana. Consulta popular.

Declara improcedencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve las acciones constitucionales de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20152.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitudes de tutela

1. Los señores Antonio Redondo 3 y otros 4 presentaron, en nombre propio, sendas acciones de tutela en contra de l presidente de la República y la Comisión Séptima del Senado de la República , en las que solicitaron la protección de sus

1 Los expedientes acumulados son los siguientes: 11001031500020250163400,

sendas acciones de tutela en contra de l presidente de la República y la Comisión Séptima del Senado de la República , en las que solicitaron la protección de sus

1 Los expedientes acumulados son los siguientes: 11001031500020250163400, 11001031500020250164100, 11001031500020250164900, 11001031500020250165100, 11001031500020250165200, 11001031500020250165300, 11001031500020250165400, 11001031500020250165500, 11001031 500020250165800, 11001031500020250165900, 11001031500020250166000, 11001031500020250166100, 11001031500020250166400, 11001031500020250166600, 11001031500020250167100, 11001031500020250167200, 11001031500020250167400, 11001031500020250167500, 11001031500020 250167700, 11001031500020250168100, 11001031500020250262300 y 11001031500020250270600. 2 Modificado por el artículo 1 del Decreto Nacional 333 de 2021. 3 Accionante en el expediente 11001-03-15-000-2025-01636-00. 4 Melkis Guillermo Kammerer y Medeleen Rocha (2025-01634-00), Breyner Aaron (2025-01641-00), Adriana Saurith (2025-01649-00), Luis Alfonso Oñate (2025-01651-00), Carlos Alberto Sauritt (202501652-00), Andrés David Oñate (2025-01653-00), Maruja Rojas (2025-01654-00), Valeri e Oñate

01652-00), Andrés David Oñate (2025-01653-00), Maruja Rojas (2025-01654-00), Valeri e Oñate (2025-01655-00), Sandy Marrugo (2025-01658-00), Roque Herrera (2025-01659-00), Gabriel Arrieta (2025-01660-00), Mauricio Calderón (2025-01661-00), Adriana Oñate (2025-01664-00), Parcenol Bandera (-2025-01666-00), Jesualdo Fuentes (2025-01671-00), Melkis de Jesús Kammerer (202501672-00), Edwin Kammerer (2025-01674-00), Emelder Peñaloza (2025-01675-00), María Rosa Saurith (2025-01677-00), Karen Kammerer (2025-01681-00), Guillermo León Valencia Hinestroza (2025-02623-00) y Hamilton Gutiérrez Torres (2025-02706-00).Demandantes: Antonio Redondo y otros Demandados: presidente de la República y otros Radicados: 11001-03-15-000-2025-01636-00 y acumulados

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2 derechos a «elegir y ser elegido, derecho al voto, derecho a la soberanía popular, a la participación ciudadana», al debido proceso y a la «estabilidad económica».

2. Para los actores, la transgresión de sus garantías fundamentales es consecuencia de : (i) el archivo de la reforma laboral por parte de la Comisión Séptima del Senado de la República y el trámite legislativo impartido a las reformas

2. Para los actores, la transgresión de sus garantías fundamentales es consecuencia de : (i) el archivo de la reforma laboral por parte de la Comisión Séptima del Senado de la República y el trámite legislativo impartido a las reformas sociales que, a su juicio, vulnera el derecho a la participación política y el principio de soberanía popular ; (ii) el anuncio que hizo el presidente de la República de convocar a una consulta popular para someter a votación de la ciudadanía la reforma laboral, pese al alto costo fiscal que implicaría llevar a cabo el referido mecanismo de participación ciudadana ; (iii) la omisión en la presentación del proyecto de reforma de la Ley 142 de 1994; y (iv) el discurso «mentiroso y populista» con el que el presidente de la República promueve las reformas sociales y defiende su «errática gestión, su improvisación y tendencia autoritaria».

1.2. Pretensiones

3. Las pretensiones de las diferentes solicitudes de tutela acumuladas en el

presente proceso pueden resumirse así:

(i) Inaplicar por inconstitucional el artículo 2 de la Ley 754 de 2002 y, en consecuencia, que se ordene al presidente de la República y a la Comisión Séptima del Senado de la República que «envíen a la plenaria del [C]ongreso en pleno […] para que se debatan las reformas sociales a la salud, laboral, educación, la reforma de la ley 142 de 1994».

(ii) Ordenar al presidente de la República que, antes de convocar a una consulta popular, «consulte a través de un LI[N]K, O CUALQUIER OTRO MECANISMO

educación, la reforma de la ley 142 de 1994».

(ii) Ordenar al presidente de la República que, antes de convocar a una consulta popular, «consulte a través de un LI[N]K, O CUALQUIER OTRO MECANISMO QUE NO SEA LAS MARCHAS» (sic) si los colombianos participarán en la consulta. Esto, debido a la «incertidumbre [de] que pase o no pase», el impacto fiscal que tendría su implementación, así como a la posibilidad de que esos recursos sean destinados a otras necesidades apremiantes del Estado.

(iii) Ordenar al presidente de la República y al Senado de la República que, antes de convocar a una consulta popular, se realice un «análisis técnico y financiero» sobre la viabilidad económica de la consulta y, asimismo, se soliciten informes técnicos sobre su impacto fiscal.

(iv) Ordenar al presidente de la República y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que presenten el proyecto de reforma de la Ley 142 de 1994, debido a que «ya cumplió 30 años, y de los 188 artículos solo tres artículos son a favor de los usuarios y las empresa (sic) no los cumplen».

(v) Ordenar al presidente de la República «retirar la denuncia» en contra del señor Melkis Kammerer».Demandantes: Antonio Redondo y otros Demandados: presidente de la República y otros Radicados: 11001-03-15-000-2025-01636-00 y acumulados

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(vi) Ordenar al presidente de la República que modere su discurso «mentiroso y populista», así como sus acciones, con el fin de garantizar la paz y la institucionalidad.

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes del caso de la siguiente

manera:

5. El 18 de marzo de 2025, fue considerado, discutido y votado el proyecto de ley número 311 de 2024-S, por medio del cual se proponía una reforma laboral. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 5 de 1992 (R eglamento del Congreso ), el trámite inició en la Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado de la República, en la que se presentó ponencia negativa y la correspondiente proposición de archivo.

6. Finalizado el debate sobre dicha ponencia, se dio lectura a la proposición de archivo y se procedió con la votación. El resultado fue de ocho votos a favor del archivo y seis en contra, motivo por el cual el proyecto fue archivado.

7. Con ocasión de ello, el presidente de la República anunció públicamente su intención de impulsar una consulta popular sobre los temas contenidos en la reforma laboral archivada.

8. Sin embargo, para los accionantes , la implementación de tal mecanismo de participación ciudadana tiene un enorme costo fiscal. De allí que este no deba llevarse a cabo sin contar con la certeza de que la consulta superará el umbral requerido para su aprobación o sin que existan estudios técnicos o financieros sobre

participación ciudadana tiene un enorme costo fiscal. De allí que este no deba llevarse a cabo sin contar con la certeza de que la consulta superará el umbral requerido para su aprobación o sin que existan estudios técnicos o financieros sobre su viabilidad económica.

9. Por otra parte, también cuestionaron el procedimiento legislativo impartido a la reforma a la salud, y en general el que rige las reformas sociales que hacen parte del programa de gobierno, así como la omisión de presentar el proyecto de reforma de la Ley 142 de 1994. Para gran parte de los accionantes, lo anterior refleja que los trámites previstos en la Ley 5 de 1992, han impedido que la ciudadanía pueda participar en las decisiones sobre las reformas sociales propuestas por el Gobierno nacional.

1.4. Fundamentos de la vulneración

10. Pese a algunas deficiencias argumentativas y de redacción de las solicitudes de tutela, es posible advertir que el sustento de la trasgresión de los derechos fundamentales alegados por los accionantes puede resumirse en cinco grupos:Demandantes: Antonio Redondo y otros Demandados: presidente de la República y otros Radicados: 11001-03-15-000-2025-01636-00 y acumulados

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11. Primero, el trámite legislativo impartido a las reformas sociales infringe el derecho a la participación política y la soberanía popular . La gran mayoría de los accionantes considera que el archivo del proyecto de reforma laboral por parte de la Comisión Séptima del Senado constituye una vulneración del derecho a la

derecho a la participación política y la soberanía popular . La gran mayoría de los accionantes considera que el archivo del proyecto de reforma laboral por parte de la Comisión Séptima del Senado constituye una vulneración del derecho a la participación ciudadana , en tanto dicha comisión está integrada únicamente por ocho senadores, quienes, en su criterio, no representan adecuadamente los intereses de los más de cuarenta millones de ciudadanos que eligieron al Congreso y al Presidente de la República.

12. A su juicio, las reformas sociales (i.e., de salud, trabajo, educación y servicios públicos domiciliarios) deben ser debatidas y decididas por el Congreso en pleno, es decir, por la totalidad de los miembros de ambas cámaras legislativas, y no por comisiones. Sostienen que permitir que solo un reducido número de congresistas archive estos proyectos contraviene el principio democrático y la regla de mayoría que, según afirma, exigen las leyes orgánicas.

13. Segundo, la convocatoria de una consulta popular a nivel nacional es una medida muy costosa que afecta la estabilidad económica del país. Todos los actores coinciden en que llevar a cabo el referido mecanismo de participación ciudadana tendría un alto costo, de aproximadamente «700 mil millones de pesos». Ello podría aumentar el déficit fiscal que «ya supera 90 billones» y, asimismo, podría afectar la inversión extranjera y el empleo.

14. Para la parte actora, nada garantiza que la consulta sea aprobada por la ciudadanía. Por tanto, estiman que dichos recursos deberían destinarse a otros propósitos (v.gr., la mejora de la infraestructura educativa en los entes territoriales) o a cumplir las promesas iniciales del Gobierno nacional, y no a intentar «aval[ar]

ciudadanía. Por tanto, estiman que dichos recursos deberían destinarse a otros propósitos (v.gr., la mejora de la infraestructura educativa en los entes territoriales) o a cumplir las promesas iniciales del Gobierno nacional, y no a intentar «aval[ar] una nueva aventura legislativa, cuando es un régimen que no sabe gestionar, no sabe administrar y no se supo proteger de la corrupción que tiene en la actualidad su máxima expresión en varios funcionarios del gobierno».

15. Tercero, el Gobierno nacional ha incumplido su deber de presentar el proyecto de reforma de la Ley 142 de 1994 . Según los actores, es imperativo que se radique el proyecto legislativo en materia de servicios públicos domiciliarios .

Esto, porque, especialmente en la región Caribe, las empresas prestadoras estarían suspendiendo de manera unilateral el servicio de energía y exigiendo acuerdos de pago sobre deudas que, según los accionantes, ya se encontrarían prescritas.

16. Cuarto, el presidente de la República ha venido empleando un discurso mentiroso y populista para justificar su errática gestión y tendencia autoritaria . Uno de los accionantes 5 expuso que el actual gobierno ha incurrido «en las mismas prácticas corruptas y sucias de quienes estuvieron en el poder antes que él». De allí que, en su opinión, el jefe de Estado pretenda «forzar la institucionalidad y obligarla

5 Ver expediente 2025-02623-00.Demandantes: Antonio Redondo y otros Demandados: presidente de la República y otros Radicados: 11001-03-15-000-2025-01636-00 y acumulados

5 Ver expediente 2025-02623-00.Demandantes: Antonio Redondo y otros Demandados: presidente de la República y otros Radicados: 11001-03-15-000-2025-01636-00 y acumulados

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5 a que se siga tolerando su errática gestión, su improvisación y tendencia autoritaria, que desdibuja totalmente a quien se vendió como el único promotor de la llamada paz total». Por tanto, considera que es necesario que el primer mandatario modere su discurso y, en consecuencia, deje de «incendiar al país con un discurso mentiroso y populista».

17. Quinto, es necesario que el presidente de la República retire la denuncia presentada contra el señor Melkis Kammerer. Los actores no proporcionaron más información al respecto.

1.5. Trámite de primera instancia

18. Mediante auto del 26 de marzo de 2025, el magistrado ponente admitió la solicitud de tutela identificada con el radicado 2025-01636-00. En esta providencia, se tuvieron como accionados al presidente de la República y la Comisión Séptima del Senado de la República. Así mismo, se dispuso la vinculación del Departamento Administrativo de Presidencia de la República («DAPRE»), el Congreso de la República6, la Registraduría Nacional del Estado Civil («RNEC»), el Consejo Nacional Electoral («CNE»), la Misión de Observación Electoral («MOE»), el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Ministerio

Nacional Electoral («CNE»), la Misión de Observación Electoral («MOE»), el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el municipio de Valledupar.

19. Posteriormente, por medios de los autos de 27 de marzo, 2, 3, 7, 8, 9, 24, 29 de abril, 9, 28 y 30 de mayo 2025, se ordenó la acumulación de los procesos sub examine al presente trámite.

1.6. Intervenciones

20. Presidente de la República y DAPRE 7. Indicaron que la acción debe ser declarada improcedente o, en su defecto, debe negarse el amparo. En cuanto a la improcedencia de la acción, se refiri eron a los requisitos de legitimación y

subsidiariedad, en los siguientes términos:

(i) Falta de legitimación por pasiva, porque el «incumplimiento de la realización de las diferentes reformas» es imputable a 8 senadores de la República, y no al jefe de Estado . Esto, sobre todo porque la función legislativa es del Congreso de la República, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 150 de la Constitución Política. Concluyó que ordenar la aprobación de un trámite legislativo «configuraría una injerencia sin sustento constitucional qu e distorsionaría la dinámica de pesos y contrapesos establ ecida en la Carta

6 Cámara de Representantes y Senado de la República. 7 Por medio de apoderada judicial y delegada , respectivamente, conforme a los términos del poder

distorsionaría la dinámica de pesos y contrapesos establ ecida en la Carta

6 Cámara de Representantes y Senado de la República. 7 Por medio de apoderada judicial y delegada , respectivamente, conforme a los términos del poder debidamente otorgado y el acto de delegación aportado. Samai, expediente 2025 -01636-00, documentos 091, 141, 217, 244, 254, 256, 258, 340, 379, 501, 559, 708, 714.Demandantes: Antonio Redondo y otros Demandados: presidente de la República y otros Radicados: 11001-03-15-000-2025-01636-00 y acumulados

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6 Política».

(ii) Ausencia de legitimación por activa, dado que los accionantes no están autorizados para solicitar el retiro de la denuncia que existe contra Melkis Kammerer8, en tanto no existe relación entre esa pretensión y la eventual vulneración de sus derechos fundamentales.

(iii) Subsidiariedad, por cuanto los accionantes , al ser ciudadanos, cuentan con iniciativa legislativa para presentar un proyecto de reforma de la Ley 142 de 1994.

21. Segundo, adujeron que los actores no acreditan la vulneración de sus derechos fundamentales. En efecto, «la tutela solicitada parece buscar una protección abstracta sin fundamentos claros en hechos específicos» relacionados con la convocatoria a una consulta popular. Al respecto, destacaron que «la materialización de este proceso no depende únicamente de la voluntad política del

protección abstracta sin fundamentos claros en hechos específicos» relacionados con la convocatoria a una consulta popular. Al respecto, destacaron que «la materialización de este proceso no depende únicamente de la voluntad política del señor presidente de la República, sino que requiere necesariamente del aval y la cooperación del Congreso. Por lo tanto, si se opta por avanzar en la convocatoria a una consulta popular, el Ejecutivo deberá agotar un riguroso procedimiento legal y político para obtener la aprobación del Legislativo». Por lo demás, afirmaron que el costo de la implementación del mencionado mecanismo de participación ciudadana no constituye, per se, una irregularidad ni una actuación vulneradora de derechos fundamentales.

22. En cuanto a las pretensiones relacionadas con la moderación del discurso presidencial, expusieron que la acción de tutela es improcedente, por dos razones.

Primero, no se ha presentado solicitud alguna (v.gr., petición o solicitud de rectificación) previa a la interposición de la acción de tutela. Segundo, no se acredita la legitimación por activa, por cuanto no se expone la relación e xistente entre las actuaciones y manifestaciones del presidente de la República y la amenaza o vulneración de los derechos del accionante en el proceso 2025-02623-00. En efecto, sus c uestionamientos se fundan en reproches genéricos sobre las actuaciones políticas del primer mandatario, sin precisar cómo de ello se deriva una trasgresión a sus derechos o a los de un tercero.

23. Ministerio de Trabajo9. Expuso que la acción de tutela es improcedente por no acreditar el requisito de subsidiariedad. Esto, comoquiera que el actor busca «la activación de mecanismos de participación ciudadana, sin lograr evidenciar, la

23. Ministerio de Trabajo9. Expuso que la acción de tutela es improcedente por no acreditar el requisito de subsidiariedad. Esto, comoquiera que el actor busca «la activación de mecanismos de participación ciudadana, sin lograr evidenciar, la vulneración de derecho fundamental alguno, razón por la cual, el accionante cuenta con otros mecanismos jurídicos para tal fin». Al respecto, precisó que la solicitud de amparo versa sobre materias de índole política y legislativa, ajenas a la acción de

8 La apoderada del presidente de la República tampoco ofrece mayores elementos acerca de la denuncia a la que se hace referencia en las solicitudes de tutela. 9 Samai, expediente 2025-01636-00, documentos 076, 146, 189, 198, 526, 603, 605, 612, 702, 769, 771, 784.Demandantes: Antonio Redondo y otros Demandados: presidente de la República y otros Radicados: 11001-03-15-000-2025-01636-00 y acumulados

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7 tutela. De allí que la parte actora deba acudir a otros medios, tales como la acción pública de inconstitucionalidad o el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana.

24. Así mismo, señaló que la consulta popular es un mecanismo idóneo para «poner [en] el debate público» las cuestiones planteadas por los accionantes. Sin embargo, a su juicio, la creación de un «link» de votación «puede ser además de

«poner [en] el debate público» las cuestiones planteadas por los accionantes. Sin embargo, a su juicio, la creación de un «link» de votación «puede ser además de inseguro por la validez y los datos allí depositados, inconstitucional, por no estar relacionados en los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el artículo 103 de la Constitución». Por tanto, invitó a los ciudadanos a «apoyar la consulta popular propuesta por el Gobierno nacional».

25. Ministerio del Interior10. Pidió ser desvinculado del presente trámite, por dos razones. Primero, las pretensiones relativas al trámite impartido a las reformas propuestas por el Gobierno nacional «deben atenderse directamente por el Congreso de la República», que tiene la función constitucional de «hacer las leyes».

Segundo, según el artículo 31 de la Ley 1757 de 2015, la convocatoria a una consulta popular no depende del ministerio, sino del presidente de la República o del 5 % de los ciudadanos que conforman el censo electoral.

26. Ministerio de Educación Nacional11. Manifestó que carece de legitimación por pasiva, comoquiera que no es de su competencia intervenir en «decisiones de orden político o en la dirección del discurso público o presidencial o financiación de mecanismos de participación como la consulta popular».

27. También consideró que la acción no cumple con el requisito de subsidiariedad. Al respecto, resaltó que la tutela es improcedente, porque se dirige contra «actuaciones políticas generales» y porque persigue «debatir o limitar opiniones, discursos políticos o decisiones adoptadas por el Ejecutivo dentro del marco constitucional». Para el ministerio, los reproches de los tutelantes pueden ser

contra «actuaciones políticas generales» y porque persigue «debatir o limitar opiniones, discursos políticos o decisiones adoptadas por el Ejecutivo dentro del marco constitucional». Para el ministerio, los reproches de los tutelantes pueden ser controvertidos mediante otros «canales institucionales», como el control político que ejerce el Congreso, los mecanismos de participación ciudadana (v.gr., «la revocatoria del mandato o las acciones populares» ) y las acciones judiciales procedentes, siempre que exista una afectación real y concreta de los derechos fundamentales de los accionantes, presupuesto que no se evidencia en este caso.

28. Senado de la República 12. Por medio de su secretario General, solicitó su desvinculación del proceso. En su criterio, los actores no le atribuye n haber causado, de manera directa o indirecta , la supuesta vulneración de los derechos fundamentales alegados . De forma subsidiaria, pidió que se nieguen las pretensiones de la demanda.

10 Samai, expediente 2025-01636-00, documentos 030, 133, 136, 193, 264, 265, 366, 462, 511, 758, 828. 11 Samai, expediente 2025-01636-00, documento 859. 12 Samai, expediente 2025-01641-00, índice 14.Demandantes: Antonio Redondo y otros Demandados: presidente de la República y otros Radicados: 11001-03-15-000-2025-01636-00 y acumulados

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29. Por su parte, el senador Wilson Arias 13 reiteró «los apartados más relevantes» de su intervención en la sesión en la que se votó la ponencia de archivo del proyecto de reforma laboral.

30. Comisión Séptima del Senado de la República 14. Por medio de su secretario General, señaló que la acción de tutela es improcedente, por al menos dos razones. Primero, existen otros medios de defensa para cuestionar la decisión de archivo de la reforma laboral 15, específicamente, el recurso de apelación que debe resolver la Plenaria del Senado de la República. Segundo, la acción de tutela no procede para solicitar la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad en este caso, porque los actores no dan cuenta de la existencia de un conflicto entre dos normas preexistentes.

31. Así mismo, solicitó que se nieguen las pretensiones de los accionantes.

Afirmó que el procedimiento legislativo surtido para la discusión de la reforma laboral se llevó a cabo «en debida forma […], donde se acató a cabalidad el trámite legislativo» previsto en la Ley 5 de 1992 y sin que se advierta, en lo absoluto, la existencia de riesgo o vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes derivado de dicho trámite.

32. También resaltó que el ejercicio del voto y la deliberación por parte de los congresistas constituye un derecho político legítimo amparado por la Ley 5 de 1992.

accionantes derivado de dicho trámite.

32. También resaltó que el ejercicio del voto y la deliberación por parte de los congresistas constituye un derecho político legítimo amparado por la Ley 5 de 1992.

Por tanto, las decisiones de archivo o que niegan la aprobación de un proyecto de ley no pueden acarrear consecuencias sancionatorias para los miembros de la comisión respectiva.

33. Cámara de Representantes 16. El representante Andrés Forero, i ndicó que la generalidad de los hechos de la tutela impide pronunciarse sobre cada uno de ellos. Con todo, se refirió a tres puntos, a saber: (i) corresponde al presidente de la República formular las preguntas que someterá a consulta, y al Senado de la República aprobar o improbarla; (ii) la reforma a la salud fue tramitada como ley ordinaria, y su proyecto de articulado ya fue aprobado en la Comisión Séptima y en la plenaria de la Cámara de Representantes, por lo que está pendiente el trámite en el Senado de la República; y (iii) la reforma laboral fue archivada por la Comisión Séptima del Senado de la República, de acuerdo con lo p revisto en la Ley 5 de

1992.

34. El representante también hizo un llamado al respeto por las instituciones y el

13 Samai, expediente 2025-01636-00, documentos 260, 261, 832. 14 Samai, expediente 2025-01641-00, índice 11. 15 Proyecto de ley 311 de 2024 Senado, 166 de 2023 cámara acumulado con el 192/2023 cámara y 256/2023 cámara «por medio del cual se modifica parcialmente normas laborales y se adopta una

15 Proyecto de ley 311 de 2024 Senado, 166 de 2023 cámara acumulado con el 192/2023 cámara y 256/2023 cámara «por medio del cual se modifica parcialmente normas laborales y se adopta una reforma laboral para el trabajo decente y digno en Colombia». 16 Samai, expediente 2025-01636-00, documentos 027, 311, 372, 373, 374, 375, 853, 856.Demandantes: Antonio Redondo y otros Demandados: presidente de la República y otros Radicados: 11001-03-15-000-2025-01636-00 y acumulados

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9 principio de separación de poderes , en atención a la decisión del Senado de la República de dar concepto negativo a la consulta popular. Finalmente, expresó su preocupación sobre el costo de la consulta popular y cómo esos recursos deberían ser destinados «para financiar los programas sociales» o el déficit que enfrenta el sistema de salud.

35. RNEC17. Pidió su desvinculación por carecer de legitimación por pasiva. Aun cuando tiene la función de adelantar las actividades de preparación y organización de la consulta popular, precisó que ella solo se activa luego de que el presidente de la República y el Senado ejerzan sus competencias constitucionales y legales.

36. CNE18. Solicitó su desvinculación por falta de legitimación por pasiva. Al respecto, indicó que no ha vulnerado derecho fundamental alguno de los accionantes, en tanto no es la autoridad competente para satisfacer las

36. CNE18. Solicitó su desvinculación por falta de legitimación por pasiva. Al respecto, indicó que no ha vulnerado derecho fundamental alguno de los accionantes, en tanto no es la autoridad competente para satisfacer las pretensiones de la parte actora. Esto, debido a que, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1010 de 2000, es función de la RNEC , y no del CNE, «[d]irigir y organizar el proceso electoral y demás mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos calendarios electorales».

37. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 19. Señaló que no ha vulnerado derecho alguno de la parte actora. Mencionó que no ha recibido solicitud o reclamación alguna, y que, en todo caso, los actores pueden acudir a los medios de defensa previstos en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, subrogado por el artículo 123 del Decreto Ley 2150 de 199520.

38. Municipio de Valledupar21. Pidió ser desvinculado del trámite sub examine, por cuanto las pretensiones de la parte actora no guardan relación con las funciones

17 Samai, expediente 2025-01636-00, documentos 054, 204, 216, 302, 303, 308, 369, 370, 398, 767. 18 Samai, expediente 2025-01636-00, documentos 019, 104, 312, 362, 854, 855. 19 Samai, expediente 2025-01636-00, documentos 037, 102, 194, 195, 207, 309, 659, 703, 768, 787, 863. 20 «ARTÍCULO 123. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA FIGURA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO

863. 20 «ARTÍCULO 123. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA FIGURA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 185 <sic, se refiere al 158> DE LA LEY 142 DE

1994. De conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, toda entidad o persona vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos, prestadora de los servicios públicos domiciliarios de que trata la citada l