CE - Sentencia 11001032500020230033100 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2023-00331-00 (4908-2023) Recurrente: Fernando Landazábal Velandia Asunto: Recurso extraordinario de revisión

Tema: Recurso extraordinario de revisión. Causal del numeral 5 del artículo 250 del CPACA. Nulidad originada en la sentenci a que puso fin al proceso . Reiteración de jurisprudencia.

SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Fernando Landazábal Velandia contra la sentencia del 19 de enero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que confirmó la decisión de primera instancia en la cual el Juzgado Segundo Administrativo de Girardot negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Fernando Landazábal Velandia interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 19 de enero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, invocando la causal quinta del

contra la sentencia del 19 de enero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, invocando la causal quinta del artículo 250 del CPACA, al considerar que la decisión vulneró el principio de congruencia, porque supuestamente no se pronunció sobre todos los motivos de inconformidad desarrollados contra el fallo de primera instancia.

II. ANTECEDENTES

2.1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

1. A partir de las pruebas aportadas por el recurrente las cuales se valorarán de acuerdo con las reglas probatorias establecidas en el Código General del Proceso, en adelante CGP1, y el expediente ordinario allegado a este trámite, la Sala sintetiza, a continuación, los siguientes hechos relevantes y actuaciones del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radica do número 25307-33-33-0022020-00176-00/012.

1 Según el artículo 246 del CGP: «Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia». 2 Samai, índice s 13 y 14 , documentos 017RECIBE MEMORIAL_OneDrive_20240719zip(.zip) y 16RECIBE MEMORIAL_OneDrive_202407191zi(.zip).Radicación: 11001-03-25-000-2023-00331-00 (4908-2023)

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2.1.1. La demanda

2. El señor Fernando Landazábal Velandia presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,

Ejército Nacional, en la que pidió lo siguiente3:

(i) Se declare la nulidad del Oficio No. 20193110054331: MDN -CGFM-COEJCSEJEC-JEMGF-COPER-DIPER1-10 del 15 de enero de 2019 , mediante el cual la entidad accionada negó el reconocimiento y pago del subsidio familiar previsto en el Decreto 1794 de 2000.

(ii) Se declare la nulidad del acto administrativo sin número y fecha en el que la entidad demandada negó el reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20% del salario mínimo, y la prima de actividad.

(iii) En subsidio, en caso de no acceder a la anterior declaratoria de nulidad, se declare la excepción de inconstitucionalidad , para inaplicar el acto ac usado y en su lugar, acatar los artículos 13, 25, 53 y 209 de la Constitución Política. Asimismo, se declare la excepción de convencionalidad, en el sentido de atender lo dispuesto en los artículos 1, 2, 23 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

(iv) A título de restablecimiento del derecho, pidió que se declare que el demandante ha realizado las mismas funciones de un soldado profesional que fue

en los artículos 1, 2, 23 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

(iv) A título de restablecimiento del derecho, pidió que se declare que el demandante ha realizado las mismas funciones de un soldado profesional que fue voluntario; y que, al igual que los oficiales y suboficiales del Ejército Nacional, está en el mismo supuesto de hecho que establece la norma para el reconocimiento y pago de la prima de actividad.

(v) Se condene a la entidad demandada al reconocimiento y pago a favor del accionante de la diferencia salarial del 20% dejad a de percibir ; la prima de actividad; y el subsidio de familia, de acuerdo con la Ley 131 de 1985 y el Decreto 1794 de 2000.

(vi) Se ordene a la entidad accionada reliquidar las prestaciones sociales del demandante, teniendo en cuenta el salario básico equivalente al mínimo legal incrementado en un 60%.

(vii) Se condene a que los valores adeudados se actualicen de conformidad con IPC; que se condene en costas procesales y agencias en derecho ; y se dé cumplimiento a la sentencia de conformidad con el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante

CPACA).

3. Fundamentó su demanda en que los soldados profesionales han sido objeto de desigualdad y discriminación. Por ejemplo, en caso de muerte no existe la posibilidad de una pensión , a diferencia de los oficiales y suboficiales del Ejército Nacional; se disminuyó en un 20% el salario de los soldados que se vincularon en vigencia de la Ley 131 de 1985; las partidas computables para la asignación de retiro son distintas a

disminuyó en un 20% el salario de los soldados que se vincularon en vigencia de la Ley 131 de 1985; las partidas computables para la asignación de retiro son distintas a los oficiales y suboficiales; y el subsidio de familia creado a través del Decreto 1794 de 2000 fue derogado por el Decreto 3770 de 2009.

4. Sostuvo que el acto administrativo acusado transgrede el principio de igualdad del artículo 13 de la Constitución Política, por cuanto desconoce que, a trabajo igual, salario igual ; así como el principio de realidad sobre las formas . Adujo que los soldados voluntarios que, en aplicación de la Ley 131 de 1985, fueron incorporados a

3 Samai, índice 14, documento 016RECIBE MEMORIAL_OneDrive_202407191zi(.zip), carpeta 2020 00176 NR 04, carpeta C1 Principal, archivo 02demanda.Radicación: 11001-03-25-000-2023-00331-00 (4908-2023)

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profesionales, devengan un salario mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un 60% del mismo salario; mientras que los soldados profesionales, que no fueron antes voluntarios, perciben un salario mensual aumentado en un 40% , según el Decreto 1794 de 2000 . Lo anterior, materializa un trato injustificado a dos grupos que desempeñan las mismas funciones dentro del Ejército Nacional.

5. Manifestó que el oficio demandado no se fundamentó en los principios de la

trato injustificado a dos grupos que desempeñan las mismas funciones dentro del Ejército Nacional.

5. Manifestó que el oficio demandado no se fundamentó en los principios de la

función pública , de manera que vulnera la carrera administrativa de las fuerzas militares. Además, obvió el principio de salario justo y proporcional a la cantidad y calidad de trabajo de los artículos 25 y 53 de la Constitución Política, comoquiera que el patrimonio de los soldados que antes fueron voluntarios se acrecentó; en cambio, el de quienes se vincularon como soldados profesionales, se empobreció.

6. De otro lado, a firmó que la accionada vulnera el principio de igualdad del demandante, pues pese a que en condición de soldado profesional cumple con el supuesto de hecho de estar «en servicio activo» , dispuesto en el Decreto 1211 de 1990, no tiene derecho a percibir la prima de actividad que sí se otorga a los oficiales y suboficiales del Ejército Nacional. Ello, evidencia la falta de un criterio objetivo para dar un trato diferente a ambos miembros de la entidad.

7. Señaló que el acto acusado debió aplicar el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, el cual se encuentra vigente y, en tal sentido, reconocer y pagar a favor del demandante el subsidio familiar equivalente al 4% del salario básico mensual más la totalidad de la prima de antigüedad . La inobservancia de la anterior norma acredita que se quebrantó el artículo 53 Superior , sin que se haya efectuado un juicio de igualdad entre los soldados profesionales que tienen derecho al subsidio familiar de conformidad con el decreto en mención, y aquellos que tienen derecho de acuerdo con el Decreto 1161 de 2014.

igualdad entre los soldados profesionales que tienen derecho al subsidio familiar de conformidad con el decreto en mención, y aquellos que tienen derecho de acuerdo con el Decreto 1161 de 2014.

2.1.2. Contestación de la demanda

8. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones , toda vez que para el momento en que el accionante se vinculó a la entidad en calidad de soldado profesional se encontraban vigentes los decretos 1793 y 1794 de 2000, habiendo aceptado de manera libre y voluntaria el régimen salarial y prestacional en ellos contenido4.

9. Adujo que, en la sentencia de unificación de jurisprudencia del 25 de agosto de 2016 proferida por el Consejo de Estado, se definió que procede la reliquidación salarial de quienes ostentando la calidad de soldados voluntarios fueron incorporados como profesionales, bajo el régimen previsto en los decretos 1793 y 1794 de 2000; ordenando así, incluir dentro de la liquidación salarial y prestacional el 20% que dejaron de percibir.

10. Añadió que, según se dijo en la providencia de aclaración y adición, el anterior criterio no transgrede el principio de igualdad, por cuanto el tratamiento igual solo puede predicarse entre iguales y en el caso, las situaciones a comparar no son fáctica ni normativamente similares.

11. Indicó que la prima de actividad concebida para los miembros de las fuerzas militares se destina única y exclusivamente a los oficiales y suboficiales. Por tal razón, los soldados profesionales están excluidos de recibir la mencionada prestación.

11. Indicó que la prima de actividad concebida para los miembros de las fuerzas militares se destina única y exclusivamente a los oficiales y suboficiales. Por tal razón, los soldados profesionales están excluidos de recibir la mencionada prestación.

4 Samai, índice 14, documento 016RECIBE MEMORIAL_OneDrive_202407191zi(.zip), carpeta 2020 00176 NR 04, carpeta C1 Principal, archivo 28contestacionDda.Radicación: 11001-03-25-000-2023-00331-00 (4908-2023)

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12. Relató que no se vulnera el derecho a la igualdad del accionante, toda vez que el personal de suboficiales y oficiales de las fuerzas militares y los soldados profesionales, no se encuentran en estado de igualdad. Señaló que la ley prevé funciones específicas y diferentes para los primeros, quienes tienen una experiencia e idoneidad en especialidad propias que no ostenta el soldado profesional.

2.1.3. Sentencia de primera instancia

13. El Juzgado Segundo Administrativo de Girardot profirió sentencia el 10 de junio de 2022 en la que se negaron las pretensiones de la demanda5.

14. Saneó el proceso y definió que el análisis de legalidad versa sobre el acto administrativo ficto configurado frente a la petición radicada el 3 de diciembre de 2018, que obraba en el expediente, a través de la cual se solicitó el reconocimiento y pago

14. Saneó el proceso y definió que el análisis de legalidad versa sobre el acto administrativo ficto configurado frente a la petición radicada el 3 de diciembre de 2018, que obraba en el expediente, a través de la cual se solicitó el reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20%, la prima de actividad y el subsidio familiar. Ello, en aras de salvaguardar el derecho de acceso a la administración de justicia del accionante, quien acusó un acto administrativo que, si bien según su dicho estaba en la página web de la entidad accionada, para el Tribunal era inexistente; por cuanto no fue aportado por las partes.

15. Explicó que el régimen salarial previsto en el Decreto 1794 de 2000 que cobija a los soldados profesionales no se equipara, en punto al porcentaje aumentado del salario básico, al de los soldados que antes se desempeñaban como voluntarios bajo la Ley 131 de 1985, toda vez que los primeros (los nuevos soldados profesionales) al ingresar a las filas no gozaban de derecho adquirido alguno. Tal circunstancia impide brindar un trato equiparable a los soldados profesionales que se incorporaron desde el 1 de enero de 2001 y a quienes eran soldados voluntarios con antelación.

16. Relató que en la sentencia de unificación dictada el 25 de agosto de 2016 por el Consejo de Estado, se definió que la correcta interpretación del artículo 1 inciso 2 del Decreto 1794 de 2000 alude a que los soldados voluntarios, hoy profesionales, tienen derecho a percibir una asignación salarial mensual equivalente a un salario mínimo legal vigente incrementado en un 60%. En providencia de aclaración del 6 de

del Decreto 1794 de 2000 alude a que los soldados voluntarios, hoy profesionales, tienen derecho a percibir una asignación salarial mensual equivalente a un salario mínimo legal vigente incrementado en un 60%. En providencia de aclaración del 6 de octubre del mismo año, se precisó que no se vulneró el derecho a la igualdad respecto de los soldados profesionales vinculados en vigencia de los decretos 1793 y 1794 de 2000, comoquiera que el tratamiento igual solo se puede predicar entre iguales.

17. Señaló que el Decreto 1794 de 2000 no incluyó la prima de actividad; así que, no es de recibo el pretender que este se inaplique por inconstitucional conforme con los artículos 4 y 13 de la Constitución Política, para acudir a disposiciones que regulan los salarios y prestaciones de otra clase de servidores de la Fuerza Pública. El hecho que los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares devenguen una prima de actividad que no perciben los soldados profesionales , se justifica en los roles que ambos grupos desempeñan.

18. Indicó que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 estableció el reconocimiento y pago del subsidio familiar a favor de quienes estuvieran casados o con unión marital de hecho vigente, equivalente al 4% de su salario básico mensual más la prima de antigüedad. Dicha norma fue derogada por el Decreto 3770 de 2009, aunque mantuvo el derecho de los soldados profesionales que lo venían percibiendo, pudiéndolo devengar hasta el retiro del servicio. Posteriormente , se expidió el Decreto 1161 de 2014, mediante el cual se creó a partir del 1 de julio de 2014 el subsidio familiar a favor

devengar hasta el retiro del servicio. Posteriormente , se expidió el Decreto 1161 de 2014, mediante el cual se creó a partir del 1 de julio de 2014 el subsidio familiar a favor de los soldados profesionales e infantes de marina profesionales de las fuerzas

5 Samai, índice 14, documento 016RECIBE MEMORIAL_OneDrive_202407191zi(.zip), carpeta 2020 00176 NR 04, carpeta C1 Principal, archivo 36 092nr20176Ejercito20%PnolgualdadPrimaActivSubFam.Radicación: 11001-03-25-000-2023-00331-00 (4908-2023)

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militares en servicio activo que no percibieran el subsidio regulado en el Decreto 1794 de 2000 , equivalente al 20% de la asignación básica por la cónyuge o compañera permanente.

19. Narró que en la sentencia del 8 de junio de 20176 el Consejo de Estado declaró nulo con efectos ex tunc el Decreto 3770 de 2009, dado el carácter regresivo y no progresivo de la disposición. Ello conllevó a que las situaciones jurídicas no consolidadas se permearan por el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, desde el momento de su promulgación hasta la entrada en vigor del Decreto 1161 de 2014; instante a partir del cual se entiende subrogado el referido artículo 11.

momento de su promulgación hasta la entrada en vigor del Decreto 1161 de 2014; instante a partir del cual se entiende subrogado el referido artículo 11.

20. Afirmó que, según se probó en plenario, el señor Fernando Landazábal Velandia ingresó al Ejército Nacional como soldado profesional, incorporado al régimen de

carrera y estatuto del personal de soldados profesionales de las fuerzas militares (Decreto 1794 de 2000), en calidad de soldado nuevo . Por tal razón el accionante nunca ostentó la calidad de soldado voluntario, ni se encontraba vinculado antes del 31 de diciembre de 2000, requisito sine qua non a fin de aplicar la excepción de que trata el inciso 2 del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000 7. Así, no tiene derecho al incremento salarial del 60% ni a la prima de actividad.

21. Sostuvo que el demandante no acreditó ni mencionó la fecha en la que contrajo matrimonio; no obstante, de acuerdo con el certificado de haberes devengados en la nómina del año 2000, que reposa en el expediente, se tiene que percibió la partida del subsidio familiar en proporción del 26% del salario, en aplicación de lo previsto en el Decreto 1161 de 2014, con efectos fiscales desde el 19 de agosto de 2014.

2.1.4. Recurso de apelación de la parte demandante

22. La parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, en el que insistió en que el señor Fernando Landazábal Velandia tiene derecho al reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20%; la prima de actividad; y el subsidio familia r, en calidad de soldado profesional. Alegó que

de primera instancia, en el que insistió en que el señor Fernando Landazábal Velandia tiene derecho al reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20%; la prima de actividad; y el subsidio familia r, en calidad de soldado profesional. Alegó que desconocer sus derechos vulnera el principio de igualdad, toda vez que recibe un trato salarial diferente a quienes fueron soldados voluntarios antes del 31 de diciembre de 2000, así como en relación con los oficiales y suboficiales del Ejército, pese a tener las mismas funciones que ellos8.

23. Manifestó que la sentencia de primera instancia transgredió el principio de congruencia, en tanto omitió pronunciarse sobre algunos hechos y pretensiones de la demanda. En punto, el artículo 55 de la Ley Estatutaria de Justicia dispone que la sentencia deberá referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales.

24. Afirmó que se dictó un fallo non liquet , al argumentarse que «el enunciado descriptivo no ha sido probado por la parte », lo cual vulneró el derecho al debido proceso del accionante, comoquiera que el juez de instancia no ejerció la actividad probatoria de oficio.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Rad. 0686-2010. M.P. César Palomino Cortés. 7 Artículo 1. Asignación salarial mensual. Los soldados profesionales que se vinculen a las Fuerzas Militares devengarán un (1) salario mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un cuarenta por ciento (40%) del mismo salario.

devengarán un (1) salario mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un cuarenta por ciento (40%) del mismo salario. Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo del artículo siguiente, quienes al 31 de diciembre del año 2000 se encontraban como soldados de acuerdo con la Ley 131 de 1985, devengarán un salario mínimo legal vigente incrementado en un sesenta por ciento (60%). 8 Samai, índice 14, documento 016RECIBE MEMORIAL_OneDrive_202407191zi(.zip), carpeta 2020 00176 NR 04, carpeta C1 Principal, archivo 39 ApelacionSentencia.Radicación: 11001-03-25-000-2023-00331-00 (4908-2023)

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25. Indicó como cargos contra la sentencia apelada los siguientes:

(i) Desconocimiento del tema petendi de la demanda, toda vez que no se hizo el comparativo del accionante respecto de aquellos soldados que antes de la entrada en vigor del Decreto 1794 de 2000 se encontraban vinculados como voluntarios y luego de este, continuaron en la institución en calidad de soldados profesionales.

(ii) Incurrió en error al considerar que no eran pasibles de comparación los soldados que habían sido voluntarios y los soldados profesionales, dada la existencia de dos regímenes diferentes; máxime cuando al haberse acogido al Decreto 1793 de 2000, este les es aplicable por igual, habiendo quedado derogada la Ley 131 de 1985.

regímenes diferentes; máxime cuando al haberse acogido al Decreto 1793 de 2000, este les es aplicable por igual, habiendo quedado derogada la Ley 131 de 1985.

(iii) Los efectos de la sentencia de unificación proferida el 25 de agosto de 2016 por el Consejo de Estado no pueden extenderse al caso concreto, por cuanto solo puede aplicarse a los soldados profesionales que hubiesen sido vinculados como voluntarios. Además, en aquella no se abordó el derecho fundamental a la igualdad salarial en la modalidad a trabajo igual, salario igual.

(iv) Yerra la sentencia en afirmar que existe un régimen de transición laboral para los soldados voluntarios y que por ello el demandante no tiene derecho a la diferencia del 20% del salario reclamada en la demanda.

(v) Incurre en error el Juzgado al estimar que el accionante no puede acceder a la diferencia salarial, dada la naturaleza jurídica que tiene para quienes fueron soldados voluntarios.

(vi) Se negó el «restablecimiento de la igualdad en un criterio objetivo ficticio », pues la fecha de vinculación no es un parámetro que justifique un trato desigual. A su vez, se desconoció el precedente fijado en la sentencia T -097 de 2006 , según el cual la diferencia salarial entre trabajadores no puede sustentarse en argumentos meramente formales como la fecha de vinculación a un cargo.

(vii) Se desconocen las sentencias T-369 de 2016; T-097 de 2006; T -545 A de 2007; T833 de 2012, entre otras.

(viii) Se desconoce el precedente constitucional contenido en las sentencias C -022 de

(vii) Se desconocen las sentencias T-369 de 2016; T-097 de 2006; T -545 A de 2007; T833 de 2012, entre otras.

(viii) Se desconoce el precedente constitucional contenido en las sentencias C -022 de 1996; C-862 de 2008 y C-536 de 2016, en las que se señala que «la carga argumentativa está inclinada a favor de la igualdad».

(ix) No conformó la proposición jurídica completa de las normas aplicables para resolver la litis, pues se omitió aplicar la sentencia SU-519 de 1997, reiterada en la sentencia SU547 de 1997.

(x) Se desconoce la igualdad formal en la cual se encuentra el accionante con relación a los soldados profesionales que antes fueron soldados voluntarios.

(xi) Se pretermitió la valoración de los medios de convicción que obran en el expediente, que permiten comparar la igualdad de los sujetos a comparar.

(xii) Se negó de manera arbitraria a reconocer y valorar los hechos probados en el proceso con relación a la igualdad material.

(xiii) Se desconocieron las sentencias T-230 de 1994; T-079 de 1999 y T-247 de 2019, en las que se fija el contenido del derecho fundamental del debido proceso probatorio.

(xiv) No existe prueba que justifique el trato desigual que recibe el accionante.

(xv) Se desconoció la inversión de la carga de la prueba, pues la entidad accionada debía acreditar el trato desigual que ofrece al demandante.

(xvi) Se desconoció el artículo 53 de la Constitución Política.Radicación: 11001-03-25-000-2023-00331-00 (4908-2023)

debía acreditar el trato desigual que ofrece al demandante.

(xvi) Se desconoció el artículo 53 de la Constitución Política.Radicación: 11001-03-25-000-2023-00331-00 (4908-2023)

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(xvii) Se tuvo por probado, sin estarlo, la existencia del pago proporcional al accionante de un salario acorde a la cantidad y calidad de trabajo que aporta a la institución.

(xviii) Se vulneraron los principios de la función pública, y de la carrera administrativa.

(xix) No se resolvió la excepción de inconstitucionalidad.

(xx) No se realizó ningún test de ponderación de derechos.

(xxi) Se incurrió en un yerro al afirmar que de reconocerse la igualdad salarial se incurriría en una violación al principio de la inescendibilidad normativa.

(xxii) La excepción de inconstitucionalidad invocada es procedente.

26. Señaló como cargos respecto a la prima de actividad, los siguientes:

(i) Los sujetos en el juicio de comparación si son comparables.

(ii) Se incurrió en un yerro de tipo conceptual entre la naturaleza jurídica del salario y la naturaleza jurídica de la prestación salarial.

(iii) Se desconoció que el accionante acredita las condiciones de hecho para ser acreedor de la prima de actividad.

(iv) El juzgado no tuvo en cuenta que la entidad accionada no probó ningún criterio objetivo de justificación del derecho a la no discriminación.

acreedor de la prima de actividad.

(iv) El juzgado no tuvo en cuenta que la entidad accionada no probó ningún criterio objetivo de justificación del derecho a la no discriminación.

(v) No se puede asumir que es justificado el trato de exclusión de la prima de actividad.

(vi) Se desconoció el precedente de la Corte Const itucional previsto en las sentencias C-022 de 1996; C-862 de 2008; y C-536 de 2016.

(vii) Se desconoció el precedente de la Corte Constitucional previsto en las sentencias T-230 de 1994; T-079 de 1995; T-335 de 2000; y T-247 de 2010.

(viii) Se desconoció la inversión de la prueba y la presunción de discriminación.

27. Endilgó como cargos respecto al subsidio familiar, los siguientes:

(i) Se dictó un fallo non liquet, se desconoció la sentencia SU -129 de 2021 y se vulneraron los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

(ii) Se tuvo por probado, sin estarlo, que la entidad accionada desvirtuó la presunción de inconstitucionalidad del acto acusado.

2.1.5. Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

28. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en sentencia dictada el 19 de enero de 2023, confirmó la decisión de primera instancia

con los siguientes argumentos9:

29. Indicó que el Decreto 1794 de 2000 estableció el régimen salarial y prestacional para los soldados profesionales, previendo una prerrogativa para los soldados que

con los siguientes argumentos9:

29. Indicó que el Decreto 1794 de 2000 estableció el régimen salarial y prestacional para los soldados profesionales, previendo una prerrogativa para los soldados que venían vinculados en virtud de la Ley 131 de 1985, esto es, como soldados voluntarios, a quienes se les mantendría como retribución del servicio un salario mín imo legal vigente incrementado en un 60%.

9 Samai, índice 13 documento 017RECIBE MEMORIAL_OneDrive_202407191zip.zip, carpeta C1 Principal, archivo 50 Sentencia.Radicación: 11001-03-25-000-2023-00331-00 (4908-2023)

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30. Explicó que según lo ha definido la jurisprudencia de la Corte Constitucional 10, el juicio de igualdad o proporcionalidad se divide en tres etapas: (i) definir el criterio de comparación: precisar si los supuestos de hecho son susceptibles de compararse y si se comparan sujetos de la misma naturaleza; (ii) determinar si en el plano fáctico y en el plano jurídico existe un trato desigual entre iguales o igual entre desiguales; y (iii) averiguar si la diferencia de trato está constitucionalmente justificada.

31. Señaló que el subsidio familiar, de acuerdo con el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, se reconocía mensualmente al soldado profesional de las fuerzas militares que estando en actividad se encuentre casado o con unión marital de hecho vigente,

31. Señaló que el subsidio familiar, de acuerdo con el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, se reconocía mensualmente al soldado profesional de las fuerzas militares que estando en actividad se encuentre casado o con unión marital de hecho vigente, en cuantía equivalente al 4% de su salario básico mensual, más la prima de antigüedad. Dicha prestación se reconoció hasta la entrada en vigor del Decreto 3770 de 2009, en cuanto dispuso la derogatoria del artículo 11 en mención ; no obstante, la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, en sentencia del 8 de junio de 2017, expediente 11001 -03-25-000-2010-00065-00 (0686 -2010), declaró con efectos “ex tunc”, la nulidad del Decreto 3770 de 2009.

32. Adujo que el Gobierno Nacional profirió el Decreto 1161 de 2014, mediante el cual creó, a partir del 1 de julio de 2014, el subsidio familiar para los soldados profesionales e infantes de marina profesionales de las fuerzas militares en servicio activo, que no percibieran dicho emolumento en virtud del Decreto 1794 de 2000.

33. Aclaró que, el accionante afirma que los soldados que ingresaron como voluntarios antes de la entrada en vig or del Decreto 1794 de 2000 y que fueron incorporados como soldados profesionales, tienen idénticas funciones, responsabilidades, derechos, deberes y régimen pensional y laboral que quienes ingresaron directamente al escalafón, por lo que no hay motivo alguno constitucional que avale la