CE - Sentencia 11001031500020250191900 de 2025

Demandante: Andrés Felipe Jaramillo Díaz Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01919-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-01919-00

Demandante: ANDRÉS FELIPE JARAMILLO DÍAZ

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – reparación directa - Declara la improcedencia por falta de relevancia constitucional y niega.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide el mecanismo constitucional de la referencia de conformidad con los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El 1 de abril de 2025, el señor Andrés Felipe Jaramillo Díaz , por conducto de apoderada judicial 1, instauró acción de tutela contra el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué y el Tribunal Administra tivo del

El 1 de abril de 2025, el señor Andrés Felipe Jaramillo Díaz , por conducto de apoderada judicial 1, instauró acción de tutela contra el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué y el Tribunal Administra tivo del Tolima con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, así como los principios pro damato y pro homine.

El accionante consideró vulneradas sus garantías constitucionales con ocasión a las providencias proferidas por las autoridades judiciales accionadas el 19 de julio de 2024 y el 3 de octubre de 2024, respectivamente, mediante l as cuales se determinó que había operado el fenómeno de la caducidad dentro del medio de control reparación directa radicado 73001-33-33-003-2024-00132-00 /01.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de sus derechos constitucionales y, en consecuencia, pidió:

1Diana Patricia Álvarez RamírezDemandante: Andrés Felipe Jaramillo Díaz Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01919-00

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 1.- Declarar vulnerados los derechos fundamentale s antes señalados al accionante y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto de primera instancia proferido por el Juzgado 3

www.consejodeestado.gov.co […] 1.- Declarar vulnerados los derechos fundamentale s antes señalados al accionante y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto de primera instancia proferido por el Juzgado 3 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 19 de julio de 2.024, y el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Toli ma el 3 de octubre de 2.024, en el proceso de REPARACIÓN DIRECTA de ANDRÉS FELIPE JARAMILLO DÍAZ, radicado No. 73001 -33-33-003-202400132-00, así como también las actuaciones posteriores al fallo, tales como: auto de obedézcase y cúmplase del 7 de noviemb re de 2.024, y sub siguientes, proferidos por el Juzgado 3 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.

2.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima proferir sentencia, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, con el fin de que no s e vulneren los derechos fundamentales en la primera consagrados. […]2

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos 3 que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará

El 17 de junio del 2024, el señor Andrés Felipe Jaramillo Díaz y la señora Diana Katherine Jaramillo Diaz, quien actuaba en nombre propio y en representación de su hija menor Heydy Tatiana Mayorga Jaramillo , interpusieron demanda en ejercicio del medio de con trol de reparación directa contra la Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial [en adelante Rama Judicial], la Fiscalía

su hija menor Heydy Tatiana Mayorga Jaramillo , interpusieron demanda en ejercicio del medio de con trol de reparación directa contra la Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial [en adelante Rama Judicial], la Fiscalía General de la Nación, el municipio de Ibagué, el departamento del Tolima, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelari o [en adelante INPE C], la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios [en adelante USPEC], el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional , por los presuntos perjuicios causados por la condición de hacinam iento carcelario4 que padeció el señor Andrés Felipe cuando estuvo privado de la libertad en la Permanente Central de la Policía de Ibagué - Tolima, en el periodo entre el 7 de agosto de 2021 hasta el 25 de abril de 2022 por el delito concierto para delinquir.

El caso correspondió al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, que mediante providencia del 19 de julio de 2024 rechazó la demanda por haber operado el fenómeno de caducidad, al considerar que el término para interponer la demanda transcurrió desde el 8 de agosto de 2021, esto es, a partir de día siguiente de la fecha de detención en el Permanente Central , hasta el 8 de agosto de 2023. Sin embargo, la solicitud de conciliación fue presentada el 10 de abril de 2024.

Inconforme la parte actora presentó recurso de apelación contra esta decisión , el cual fue decidido por el Tribunal Administrativo del Tolima mediante auto del 3 de

2 Transcripción literal del escrito de tutela

abril de 2024.

Inconforme la parte actora presentó recurso de apelación contra esta decisión , el cual fue decidido por el Tribunal Administrativo del Tolima mediante auto del 3 de

2 Transcripción literal del escrito de tutela 3 Índice 02 Aplicativo Samai 4 En el expediente conten cioso se aportó prueba en la que se advirtió que la «sobrepoblación carcelaria superaba significativamente la capacidad del lugar, alcanzando en 2022 u n hacinamiento del 561%. […]», ello, según respuesta a emitida por «el Subintendente y relevante de la dependencia Distrito Uno, de la Unidad Metropolitana de Ibagué GS-2023-003124METIB».Demandante: Andrés Felipe Jaramillo Díaz Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01919-00

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co octubre de 2024, notificado el 10 siguiente, en el que confirmó lo dispuesto por el a quo. En sustento d e lo anterior, trajo a colación un antecedente del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C 5, en el que se precisó que «aunque los efectos del daño perduren en el tiempo, el conteo del término de caducidad para demandar inicia desde que se produjo la conducta daños a o desde la fecha en que el demandante tuvo conocimiento del daño».

De igual manera, señaló que el señor Andrés Felipe Jaramillo Díaz conoció de las condiciones de hacinamiento en las que se encontraba recluido a partir de su

que el demandante tuvo conocimiento del daño».

De igual manera, señaló que el señor Andrés Felipe Jaramillo Díaz conoció de las condiciones de hacinamiento en las que se encontraba recluido a partir de su detención, precisándose que esto acaeció el 27 de a gosto de 2021, según oficio del 19 de mayo de 2023, emitido por la Metropolitana de Ibagué – Estación Sur, y no el 07 de agosto de 2021, como lo indicó el a quo.

En tal sentido, concluyó que el término de caducidad empezó a correr a partir del día siguien te a su detención, esto es , el 28 de agosto de 2021 contando el accionante hasta el 28 de agosto de 2023 para interponer la demanda o en su defecto para radicar la solicitud de conciliación y suspender el término de prescripción o caducidad.

Sin embargo, mencionó que los demandantes radicaron la solicitud de conciliación extrajudicial el 10 de abril de 2024, por lo que se estim ó que no fue suspendido el término de caducidad en tiempo, de tal forma que, para el 1 7 de junio de 2024, cuando fue presentada la demanda , se encontraba ampliamente vencido plazo para la interposición del medio de control de reparación directa , operando el fenómeno jurídico de la caducidad.

La providencia de segunda instancia fue notificada el 10 de octubre de 2024.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte accionante consideró que la s autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos: sustantivo, violación directa de la constitución y desconocimiento del precedente.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte accionante consideró que la s autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos: sustantivo, violación directa de la constitución y desconocimiento del precedente.

En cuanto a los dos primeros defectos mencionados, advirtió que las demandadas no solo incurrieron en una «interpretación errónea de las normas procesales sobre caducidad, sino que, además, desconoció principios y derechos fundamental es consagrados en la Carta Política, como el acceso a la administración de justicia, el precedente jurisprudencial y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad».

Adujo que el término de caducidad fue interpretado de man era restrictiva y

5 Consejo de Estado, Sala de lo Conten cioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, M.P. Guillermo Sánchez Luque, providencia de 6 de diciembre de 2022, expediente con radicado interno 47.148.Demandante: Andrés Felipe Jaramillo Díaz Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01919-00

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co formalista, ignorando que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han reconocido que, en asuntos donde se debate la responsabilidad del Estado por la vulneración de derechos fundamentales en un contexto de privación de la libertad, debe privilegiarse una interpretación que garantice el acceso efectivo a la justicia y la reparación integral del daño sufrido.

vulneración de derechos fundamentales en un contexto de privación de la libertad, debe privilegiarse una interpretación que garantice el acceso efectivo a la justicia y la reparación integral del daño sufrido.

Ahora, en lo que tiene que ver con el desconocimiento del precedente frente al criterio que se ha adoptado en materia de hacin amiento carcelario, se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y la igualdad, contemplados en los arts. 29, 229 y 13 de la Constitución y destacó que las accionadas desconocieron diversas sentenci as proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo del Tolima, Antioquia y Quindío, así mismo Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, Sala Civil, entre ellas siguientes

• Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 6 diciembre de 2022, rad. 05001-23-31-000-2002-04829-01 [47.148]. • Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 6 octubre de 2019, exp. 70001-23-33-0002014-00186-01. • Tribunal Administrativo del Tolima, proveído de 5 de s eptiembre de 2024, rad. 73001-33-33-001-2024-00124-016. • Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, sentencia de 29 de enero de 2024, exp. 05001-33-33-029-2019-00033-01. • Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión, fallo de noviembre 8 de 2024, rad 63001-3333-005-2024-00227-01.

• Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión, fallo de noviembre 8 de 2024, rad 63001-3333-005-2024-00227-01. • Corte Suprema de Jus ticia, Sala de Casación Civil al res olver el recurso extraordinario del fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, sentencia SC016 -2018 de enero 24 de 2018, exp. 11001-31-03010-2011-00675-01.

Señaló que e l desconocimiento del precedente jurisprude ncial se configura en la decisión objeto de tutela porque en las providencias acusadas se omitió aplicar las reglas fijadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en relac ión con la caducidad de la acción de reparación directa en casos de daños continuados, es decir, cuando el daño no se materializa en un solo momento, sino que se prolonga en el tiempo, el término de caducidad debe contarse desde el día siguiente a la cesación del daño y no d esde la fecha en que se inició el hecho generador de l a afectación, en este caso, se ignoró este criterio y se c alculó erróneamente la caducidad desde la fecha de ingreso del accionante a la Permanente Central de la Policía de Ibagué, si n considerar que la s condiciones indignas de detención a las que estuvo sometido constituyeron una afectación prolongada.

6 Sala integrada por los magistrados: Luis Eduardo Collazos Olaya, Carlos Arturo Mendieta Rodríguez y José Andrés Rojas Villa.Demandante: Andrés Felipe Jaramillo Díaz Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01919-00

Rodríguez y José Andrés Rojas Villa.Demandante: Andrés Felipe Jaramillo Díaz Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01919-00

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.5. Trámite procesal de la acción

El 9 de abril de 20257 se admitió la acción y ordenó la notificación de l tutelante8 y al Tribunal Administrativo del Tolima9 y al Juzgado Tercero Administrativo Oral de l Circuito Judicial de Ibagué10 como autoridades judiciales accionadas.

Mediante auto del 30 de abril de 2025 11, se remitió el expediente con destino al tramite de tutela 11001-03-15-000-2025-01617-00, tramitado por el Despacho del consejero Luis Alberto Álvarez Parra , a efectos que determin ara su posible acumulación.

El citado Despacho mediante providencia del 5 de mayo de 2025 12, negó la acumulación de la acción de tutela, indicando que no se acreditaron los requisitos de dicha figura procesal

Posteriormente, mediante auto del 27 de mayo de 2025, se ordenó notificar la existencia de la tutela a Diana Katherine Jaramillo Diaz 13 y Heydy Tatiana Mayorga Jaramillo , quienes fungie ron como parte demandante e n el medio de control de reparación directa en calidad de terceros con interés.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se present aron las siguientes contestaciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Tolima14

control de reparación directa en calidad de terceros con interés.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se present aron las siguientes contestaciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Tolima14

El magistrado ponente transcribió la providencia acusada del 3 de octubre de 2024 y manifestó que las pretensiones de la acción de tutela deben ser negadas y rechazarse por improcedente, toda vez que la parte actora pretende es lograr un nuevo pronu nciamiento judicial frente a su caso, resaltándose que conforme el parágrafo 4 del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991

1.6.2. Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué15

La titula r del Despacho realizó un recuento detallado del proceso del medio de control de reparación directa y consideró que el auto que rechazó la demanda , decisión hoy cuestionada por vía de tutela no fue tomada arbitrariamente ni de

7 Indice 04 Aplicativo Samai 8 Notificación al correo electrónico jorgeorjuela2@yahoo.es 9 Notificación al correo electrónico stadtol@cendoj.ramajudicial.gov.co 10 Notificación al correo electrónico adm03ibague@cendoj.ramajudicial.gov.co 11 Índice 016 Aplicativo Samai 12 Índice 024 Aplicativo Samai 13 Notificación al correo electrónico dianakajadi@outlook.com 14 Índices 012 y 013 Aplicativo Samai 15 Índice 014 Aplicativo SamaiDemandante: Andrés Felipe Jaramillo Díaz Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01919-00

6

15 Índice 014 Aplicativo SamaiDemandante: Andrés Felipe Jaramillo Díaz Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01919-00

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co manera caprichosa, sino que f ue producto de un estudio juicioso de la demanda, sus anexos, así como las n ormas apli cables y los referentes jurisprudenciales aplicables, sin predicarse vulneración de derecho fundamental.

Así mismo, remitió como prueba expediente digital del proceso radicado 7300133-33-003-2024-00132-00.

1.7 Manifestación de impedimento

El magistrado Omar Joaquín Barreto Suarez, mediante escrito del 24 de junio de 202516, manifestó́ estar impedido para conocer de la acción constitucional al considerar que estaba inmerso en la causal 1º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

Sin embargo, los demás magistrados que integran la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto de la fecha declararon infundada la manifestación, pues no encontraron acreditados los supuestos de hecho establecidos en la norma para su configuración.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el señor Andrés Felipe Jaramillo Díaz , de conformidad con lo establecido en los Decretos 1069 de 20 15 y 3 33 de 2021, y en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

señor Andrés Felipe Jaramillo Díaz , de conformidad con lo establecido en los Decretos 1069 de 20 15 y 3 33 de 2021, y en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material probatorio recaudado y los informes presentados; la Sala deber á resol ver el siguiente problema jurídico:

• ¿Se encuentran superados los requisitos generales de la acción de tutela contra providencias judiciales?

De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala examinará lo siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo del Tolima vulneró los der echos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia , con ocasión del auto proferido el 3 de octubre de 2024 mediante el cual confirmó la decisión del a quo, al considerar que se había configurado la caducidad del

16 Índice 41 Aplicativo SamaiDemandante: Andrés Felipe Jaramillo Díaz Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01919-00

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co medio de cont rol de reparación directa con radicado 73001-33-33-0032024-00132-01?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) los requisitos

2024-00132-01?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y (iii) el caso en concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo d el 31 de julio de 2012 17, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobr e el tema18.

Así, después de un rec uento de los criterios expuestos po r cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la sentencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judicial es19. Sin embargo, fue importante pre cisar bajo qué parámetros se haría ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 20, la Sala Plena de l o Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 21, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró qu e la tutela es un mecanismo residual y e xcepcional para la protección d e derechos fundamentales, como lo dispone el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el

procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró qu e la tutela es un mecanismo residual y e xcepcional para la protección d e derechos fundamentales, como lo dispone el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

Sobre el tema, la Corte Constitucional se ha refer ido en forma amplia 22 a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho de amparo – procedencia sustantiva – y cuáles impiden efectivamente adentrarno s en el fondo del asunto – procedencia adjetiva -.

17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. María Elizabeth García González, Sentencia 31.07.12, Rad. 2009-01328-01. 18 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 19 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia». 20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta M. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.08.14, Rad.11001-03-15-000-2012-02201-01. 21 Corte Constitucional, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

22 Entre otras sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T -774 del 13 de agosto de 2004 y C590 de 2005.Demandante: Andrés Felipe Jaramillo Díaz Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01919-00

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Esta Sección ha determinado que, en primer lugar, se debe verificar que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad, esto es: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado; e iv) inmediatez. De modo q ue, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetr os, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia obj eto del amparo, a partir de los argu mentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Huelga manifestar que esta acción constituciona l no puede ser considerada como

incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Huelga manifestar que esta acción constituciona l no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para rev ivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos generales de procedibilidad

2.4.1. Relevancia constitucional

Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la sent encia SU-215 de 202223, en cuanto a la procedencia de l a ac ción constitucional de cara a es te requisito.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanism o de amparo constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la pr ovidencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de u na alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevanci a en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de

órgano de cierre y “no solo tienen relevanci a en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.

23 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.Demandante: Andrés Felipe Jaramillo Díaz Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01919-00

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al abordar el caso concreto, el al to tribunal constitucional precisó que la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discut ir cuestiones probatorias o formas de interpretación d e la s normas qu e se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su compe tencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisd icciones; (ii) la protección de la autonomía e indepe ndencia de los j ueces; (iii) la prese rvación de la específica

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisd icciones; (ii) la protección de la autonomía e indepe ndencia de los j ueces; (iii) la prese rvación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del us o indebido de la acción como una instancia adicional de lo s procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal 24 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevante s para determinar si un asunto reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico 25; es decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional26[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica […]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la t utela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de relevancia cons titucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal27”. En este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales28”.

el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales28”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe pl antear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental

[…]

24 Sentencia SU-573 de 2019. 25 Sentencia SU-103 de 2022. 26 Sentencia SU-103 de 2022. 27 Sentencia SU-103 de 2022. 28 Sentencia SU-128 de 2021.Demandante: Andrés Felipe Jaramillo Díaz Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01919-00

10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por último, y como arriba se indi có, el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes debe s er estricto 29, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal 30. (Resaltado de la Sala)

2.4.1.1.Sobre el particular, la Sala destaca que este asunto es relevante constitucionalmente frente al cargo por desconocimiento del precedente, pues, conforme con los argumentos e xpuestos en el escrito de tutela, se trata de la

2.4.1.1.Sobre el particular, la Sala destaca que este asunto es relevante constitucionalmente frente al cargo por desconocimiento del precedente, pues, conforme con los argumentos e xpuestos en el escrito de tutela, se trata de la presunta lesión