CE - Sentencia 11001031500020250200201 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2025-02002-01 Demandante NOHORA CONSTANZA RODRÍGUEZ MIRANDA Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A Temas Acción de tutela. Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa. Defecto fáctico. Captación ilegal de dinero. Requisitos de procedencia de relevancia constitucional. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sección decide la impugnación interpuesta por Nohora Constanza Rodríguez Miranda contra la sentencia del 12 de mayo de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que dispuso: «Primero. Negar el amparo del derecho fundamental del debido proceso de Nohora Constanza Rodríguez Miranda, en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 4 de abril de 2025 1, Nohora Constanza Rodríguez Miranda interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por considerar

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 4 de abril de 2025 1, Nohora Constanza Rodríguez Miranda interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: «PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental al debido proceso de mi representada.

SEGUNDO: Que en vista de lo anterior, se ordene a la Sección Tercera del Consejo de Estado SUBSECCIÓN A, que revoque en su totalidad la sentencia trece (13) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), dentro del radicado 25000-23-36-000-2018-00818-01.

TERCERO: Que en su lugar conceda cada una de las presentaciones de la demanda».

2. Hechos Del estudio del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. La señora Nohora Constanza Rodríguez Miranda suscribió un contrato de compraventa de cartera de libranzas y pagarés con la sociedad Plus Values SAS el 11 de abril de 2016. 2.2. El objeto principal del contrato mencionado fue la compra y el endoso de libranzas expedidas por diferentes cooperativas y el valor pactado fue de $99.775.550 que se giró a la sociedad mediante cheque emitido por el fondo de pensiones y cesantías Protección. 2.3. En esa misma fecha, la sociedad Plus Values SAS le remitió comunicación a la accionante con la que le entregó las libranzas y le indicó que las ganancias

1 Escrito de tutela radicado en la secretaria on line del aplicativo SAMAI.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02002-01

Demandante: Nohora Constanza Rodríguez Miranda

1 Escrito de tutela radicado en la secretaria on line del aplicativo SAMAI.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02002-01

Demandante: Nohora Constanza Rodríguez Miranda

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co recibidas mensualmente serían por $2.749.232 durante 60 meses, esto es, con una rentabilidad total de $164.953.920. 2.4. Posteriormente las partes suscribieron otro contrato de compraventa de cartera por valor de $245.061.000 con el mismo objeto y cuyo pago se hizo igualmente con cheque emitido por el fondo de pensiones y cesantías Protección. 2.5. También recibió comunicación en esa oportunidad en la que se informó que las ganancias serían de $22.512.395 por 12 meses, con una rentabilidad total de $270.148.737. 2.6. Anunció que, del negocio jurídico mencionado, solo recibió 4 giros por parte de la sociedad Plus Values SAS por los siguientes valores y en las siguientes fechas: ● $2.777.086 en mayo de 2016. ● $2.777.086 en junio de 2016. ● $2.777.086 en julio de 2016. ● $22.566.001 en julio de 2016. 2.7. Para la accionante se constituyó una estafa y una captación masiva y habitual de dineros dirigida por la sociedad Plus Values SAS con el concurso de las sociedades Corposer, Inversiones Alejandro Jiménez AJ SAS y las siguientes cooperativas: Cooperativa Mu ltiactiva de Vendedores Nacionales Coovenal; Cooperativa Multiactiva Nacional Colombiana Coomuncol; y, la Cooperativa

sociedades Corposer, Inversiones Alejandro Jiménez AJ SAS y las siguientes cooperativas: Cooperativa Mu ltiactiva de Vendedores Nacionales Coovenal; Cooperativa Multiactiva Nacional Colombiana Coomuncol; y, la Cooperativa Multiactiva del Sistema de Gestión Empresarial y Social Segescoop, ante la falta de vigilancia de la Superintendencia de Sociedades y de la Superintendencia de Economía Solidaria. 2.8. La accionante presentó escrito por separado el 12 de septiembre de 2016 dirigido tanto a la Superintendencia de Sociedades como a la Superintendencia de Economía Solidaria, en las que puso en conocimiento que la sociedad Plus Values SAS no había cumplido con los pagos acordados y que le habían presentado una propuesta de transacción en la que no le garantizaron la devolución de la totalidad del dinero, por lo que pidió la intervención de la sociedad en mención. 2.9. Por auto del 6 de diciembre de 2016 la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación judicial de la sociedad Plus Values SAS al encontrar luego de una visita llevada a cabo, que tenía obligaciones vencidas por pagar desde el 21 de julio de 2016 por valor de $3.597.657.855 correspondientes a operaciones de crédito de libranza. 2.10. El 22 de agosto de 2017 el Superintendente Delegado para la Inspección, Vigilancia y Control le solicitó a la delegataria para los procedimientos de Insolvencia, proceder a tomar las medidas necesarias para la intervención de Plus Values SAS y, por auto de l 15 de noviembre de 2017 se ordenó la liquidación judicial como medida de intervención por captación masiva y habitual de dineros por parte de la mencionada sociedad.

Insolvencia, proceder a tomar las medidas necesarias para la intervención de Plus Values SAS y, por auto de l 15 de noviembre de 2017 se ordenó la liquidación judicial como medida de intervención por captación masiva y habitual de dineros por parte de la mencionada sociedad. 2.11. Sostuvo la accionante que la sociedad Plus Values SAS compró una cartera ficticia a la sociedad Corposer, que era vigilada igualmente por la Superintendencia de Sociedades y que la intervino hasta el 15 de febrero de 2017. 2.12. De la cooperativa Coovenal, dijo que fue intervenida el 26 de octubre de 2016, la cooperativa Segescoop se intervino el 21 de junio de 2017 y la cooperativa Coomuncol lo fue el 1º de diciembre de 2017.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02002-01

Demandante: Nohora Constanza Rodríguez Miranda

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.13. Por lo anterior, la señora Nohora Constanza Rodríguez Miranda en ejercicio del medio de control de reparación directa, demandó a las Superintendencias de Sociedades y de Economía Solidaria, con el fin de que se declarara responsable de los perjuicios ocasionados al no haber vigilado y controlado en forma oportuna y efectiva la captación ilegal, masiva y habitual de dineros por parte de las Sociedades Plus Values SAS, Inversiones Alejandro Jiménez AJ SAS y la sociedad Corposer, así como las Cooperativas Coovenal, Coomuncol y Segescoop 2.14. En primera instancia conoció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

parte de las Sociedades Plus Values SAS, Inversiones Alejandro Jiménez AJ SAS y la sociedad Corposer, así como las Cooperativas Coovenal, Coomuncol y Segescoop 2.14. En primera instancia conoció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B (expediente 25000-23-36-000-2018-00818-00) que en sentencia del 18 de junio de 2021 negó las pretensiones de la demanda. Luego de analizado el material probatorio de cara al caso concreto, encontró que existían unos riesgos propios de la inversión los cuales debían ser conocidos o asumidos por la victima al suscribir el contrato con Plus Values. Anunció las funciones de las dos superintendencias y especificó que la Superintendencia de Sociedades tiene la competencia de vigilar negocios, operaciones y patrimonio cuando existan hechos y objetivos notorios y que, si no hay indicios de actividades ilícitas no tiene la potestad de intervenir. A su vez, dijo que la Superintendencia de Economía solidaria solo tenía responsabilidad de inspeccionar cooperativas cuando hubieran sido sometidas a supervisión, a efectos de determinar la situación socioeconómica y decidir las medidas para subsanar las irregularidades. Concluyó que la facultad de inspección y vigilancia se ejerció sobre las sociedades cuando empezaron a radicarse solicitudes de investigación ante posibles actividades contrarias a la ley, fecha para la cual la demandante ya había firmado contrato y enfati zó que solo radicó solicitud de intervención cuando no le depositaron la utilidad que recibiría mensualmente, lo que evidenciaba un accionar irresponsable de la demandante quien no investigó la sociedad ante la cual iba a consignar una gran cantidad de din ero, de modo

cuando no le depositaron la utilidad que recibiría mensualmente, lo que evidenciaba un accionar irresponsable de la demandante quien no investigó la sociedad ante la cual iba a consignar una gran cantidad de din ero, de modo que el daño existió pero no era imputable a las entidades demandadas. 2.15. Contra la anterior decisión la parte demandante, hoy accionante, presentó recurso de apelación. Conoció en segunda instancia el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A que, en sentencia del 13 de septiembre de 2024 (notificada por correo electrónico a las partes el 2 de octubre de 2024) confirmó la decisión del tribunal. Luego de hacer un extenso recuento de las actuaciones adelantadas por cada una de las superintendencias demandadas y, de explicar las funciones que tiene cada una de estas, dijo que, en el caso concreto, de acuerdo con las pruebas recaudadas en el expedien te, para el 12 de septiembre de 2016 cuando la demandante presentó la queja, la Superintendencia de Sociedades estaba realizando averiguaciones en relación con la conducta de la sociedad Plus Values SAS. Lo anterior se corroboró con la declaración rendida por el Superintendente Delegado para la Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades para la época de los hechos, señor Andrés Alfonso Parias Garzón, quien manifestó que había realizado la primera visita a Plus Values SAS en el mes de agosto de 2016, dado que en una investigación que se estaba desarrollando se encontró que las empresas comercializadoras de libranzas estaban actuando en forma irregular, razón por la cual se procedió a realizar las indagaciones del casoRadicado: 11001-03-15-000-2025-02002-01

desarrollando se encontró que las empresas comercializadoras de libranzas estaban actuando en forma irregular, razón por la cual se procedió a realizar las indagaciones del casoRadicado: 11001-03-15-000-2025-02002-01

Demandante: Nohora Constanza Rodríguez Miranda

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que Plus Values SAS era una sociedad comercializadora de libranzas, que la señora Nohora Constanza Rodríguez Miranda suscribió con esta empresa los contratos de compraventa y nunca tuvo relación directa con la sociedad Inversiones Alejandro Jiménez AJ SAS, la sociedad Corposer y las cooperativas Coovenal, Coomun col y Segescoop, que eran las empresas operadoras de libranzas, es decir las que habían generado las libranzas que compró la hoy accionante. Reiteró que la Superintendencia de Economía Solidaria como la de Sociedades no tienen funciones preventivas y que cumplieron las obligaciones legales que les correspondían, de acuerdo con la información que recibieron, por lo que el daño reclamado por la a ctora se produjo con ocasión del riesgo que asumió, pues que no verificó el origen de las libranzas que compraba, ni atendió que la ganancia prometida era del 25%, valor que resultaba elevado. Adicionalmente dijo que, en la actualidad, la demandante, hoy accionante, adelantaba proceso ejecutivo con el fin de recuperar los dineros no reconocidos por la sociedad.

3. Fundamentos de la acción La accionante consideró que la providencia del 13 de septiembre de 2024 proferida

adelantaba proceso ejecutivo con el fin de recuperar los dineros no reconocidos por la sociedad.

3. Fundamentos de la acción La accionante consideró que la providencia del 13 de septiembre de 2024 proferida por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado emitida en el medio de control de reparación directa, incurrió en defecto fáctico por las siguientes razones: En su criterio, si bien como lo indicó la providencia cuestionada, la función de las superintendencias demandadas como entes de inspección, vigilancia y control es sancionatoria y represiva mas no preventiva, lo cierto era que lo que se demandaba era el hecho que, dentro de sus funciones sancionatorias omitieran vigilar y controlar el mercado de la comercialización y venta de libranzas por parte de las sociedades y cooperativas involucradas.

Consideró que tal omisión en sus funciones permitió que las superintendencias no pudieran evitar que se estafara a cientos de personas, incluida ella y que, lo que se extrañaba era cómo las superintendencias no actuaron, no visitaron, no ejercieron un cont rol real y genuino sobre las investigadas, no pidieron información y no actuaron con agilidad para prevenir la consumación de los delitos de captación masiva y habitual de dineros así como la estafa a la que fueron sometidas cientos de personas. Censuró la actitud pasiva de las entidades y dijo que se desatendió la confesión del Delegado de la Superintendencia traído a juicio, Andrés Alfonso Parias Garzón, quien en su testimonio confesó cómo desde agosto de 2016, ya la Superintendencia de Sociedades tenía indicios claros de la captación masiva y habitual de dineros y

quien en su testimonio confesó cómo desde agosto de 2016, ya la Superintendencia de Sociedades tenía indicios claros de la captación masiva y habitual de dineros y otros delitos financieros, pero que la Superintendencia de Sociedades hasta el 15 de noviembre de 2017 profirió un auto mediante el cual decidió «decretar la terminación del proceso de liquidación judicial de Plus Values SAS por encontrarse ahora en liquidación judicial como medida de intervención». De otra parte, dijo que la Sección Tercera del Consejo de Estado valoró incorrectamente las pruebas, especialmente la investigación y el pliego de cargos realizado por la procuraduría, al menos en relación con la Superintendencia de Economía Solidaria fren te a las cooperativas que pusieron a la venta de manera fraudulenta libranzas y con respecto a las que se omitió el deber de hacer visitas. Al respecto, concluyó lo siguiente:Radicado: 11001-03-15-000-2025-02002-01

Demandante: Nohora Constanza Rodríguez Miranda

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co «Por lo tanto, contrario a lo reseñado por la Sección Tercera, si ya la Supersociedades tenía pruebas contundentes de la defraudación a los ahorradores desde 2014, debió haber realizado la visita a Plus Values ese mismo año, y no haberse esperado hasta 201 6 para actuar, con una intervención rápida en 2017. Esto constituye, como insisto, una omisión en las funciones señaladas en el parágrafo del artículo 1 del Decreto 2159 de 1999, en el numeral 5 del Manual de Funciones de la Resolución 20094100004575 de ju lio de 2009, y en el numeral 9 del

señaladas en el parágrafo del artículo 1 del Decreto 2159 de 1999, en el numeral 5 del Manual de Funciones de la Resolución 20094100004575 de ju lio de 2009, y en el numeral 9 del Manual de Funciones de la Resolución 2015100002855 de marzo de 2015, lo cual se traduce en una falla en el servicio». En relación con los procesos ejecutivos que dijo, estaban siendo adelantad os, sostuvo que con el proceso de liquidación judicial en el que estaba la sociedad Plus Values SAS como medida de intervención, esto impedía que se continuaran adelantando este tipo de procesos, que además eran inexistentes. Por último, se refirió a la omisión en la práctica de pruebas testimoniales, concretamente la declaración de la señora María Mercedes Perry y Camilo Carrizosa quienes, a pesar de ser citados se negaron a comparecer y, en ese orden, a juicio de la actora, el magistrado en primera instancia debió conducirlos o requerir forzosamente su comparecencia, pero que contrario a ello se desechó la prueba al no haberse citado con antelación, justificación que censuró y que dijo ha ber manifestado en recurso de reposición interpuesto contra esa decisión.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. Por auto del 8 de abril de 2025, el despacho ponente de primera instancia admitió la demanda de tutela, ordenó la notificación de las partes accionante y accionada. Como terceros con interés dispuso vincular al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Secc ión Tercera, Subsección B y a las Superintendencias de Sociedades y Economía Solidaria. 4.2. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, presentó escrito de

Administrativo de Cundinamarca, Secc ión Tercera, Subsección B y a las Superintendencias de Sociedades y Economía Solidaria. 4.2. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, presentó escrito de oposición en el que señaló que lo pretendido por la parte actora era convertir la tutela en una instancia adicional. Dijo que la tutelante insistía en que la intervención de las entidades demandadas no fue oportuna y que el daño por el que ahora reclamaba no venía del riesgo que asumió, sino de la falta de control y vigilancia a la sociedad Plus Values S.A.S. Sostuvo que la decisión no fue arbitraria ni caprichosa y que se explicaron las razones por las que no había lugar a la responsabilidad por parte de las superintendencias. Advirtió que los argumentos propuestos en la acción de tutela eran la reproducción de los fundamentos del recurso de apelación que había quedado resuelto en la sentencia. En relación con la omisión en el decreto y práctica de las pruebas, dijo que el tema de las pruebas en segunda instancia no fue un aspecto abordado en la sentencia del 13 de septiembre de 2024, sino en el auto del 18 de julio de 2024 por el que se negó la petición de las mismas, al no adecuarse a ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de l o Contencioso Administrativo, decisión que cobró ejecutoria sin que la parte demandante hubiera presentado los recursos de ley, por lo concluyó que estuvo conforme con la decisión. 4.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B 2 y las superintendencias de Sociedades y Economía Solidaria, no se

por lo concluyó que estuvo conforme con la decisión. 4.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B 2 y las superintendencias de Sociedades y Economía Solidaria, no se pronunciaron en esta oportunidad.

2 El tribunal allegó memorial con el link de acceso al expediente ordinario.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02002-01

Demandante: Nohora Constanza Rodríguez Miranda

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5. Providencia impugnada En sentencia del 12 de mayo de 2025, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, negó las pretensiones de la acción de tutela.

Sostuvo que el análisis probatorio efectuado por la autoridad judicial demandada estuvo soportado en las pruebas aportadas al expediente, de las cuales se encontró acreditado que, en efecto, las actuaciones desplegadas por las Superintendencias de Sociedades y de Economía Solidaria dieron cuenta que cumplieron las obligaciones legales que les correspondían, más aún cuando no tienen funciones preventivas y la queja de la demandante fue radicada hasta septiembre de 2016. Que, situación distinta era que no se le s otorgara a las pruebas la entidad ni el alcance pretendido por la demandante. Dijo que se encontró acreditado que una vez las superintendencias demandadas tuvieron conocimiento de que la sociedad Plus Values SAS infringió el ordenamiento jurídico, llevó a que se ejercieran diversas funciones como la inspección, visitas, vigilancia y toma de control de la compañía el 16 de octubre de 2016, embargo y

tuvieron conocimiento de que la sociedad Plus Values SAS infringió el ordenamiento jurídico, llevó a que se ejercieran diversas funciones como la inspección, visitas, vigilancia y toma de control de la compañía el 16 de octubre de 2016, embargo y secuestro de sus bienes y, finalmente la liquidación para que se le devolviera el dinero adeudado a los inversionistas. Así mismo, advirtió que en la decisión cuestionada se acreditó que la demandante asumió un riesgo que no podía imputarle a las sociedades demandadas por la presunta falta de control y vigilancia a Plus Values SAS, además que el Estado no podía intervenir en las transacciones comerciales realizadas por los particulares. Agregó que al momento de suscribir el contrato solo acudió ante la Cámara de Comercio para confirmar la existencia de la sociedad, sin percatarse que estaba comprando créditos de personas que no conocía, no sabía si se encontraban vivas, entre otras. En cuanto al argumento relacionado con que se había iniciado proceso ejecutivo con el fin de recuperar la inversión, sin sustento probatorio, observó que, si bien no había mayor referencia al respecto, lo cierto era que tal manifestación en nada impactaría en la conclusión a la que se llegó y que se fundamentó en múltiples circunstancias de hecho y derecho acreditadas. En igual sentido se refirió al argumento tendiente a cuestionar la decisión de no practicar la totalidad de pruebas solicitadas en segunda instancia, pues dijo que esto no se decidió en la sentencia ahora enjuiciada, sino en la providencia del 18 de julio de 2024, que quedó ejecutoriada sin reparo alguno por parte de la demandante.

6. Impugnación La parte accionante impugnó la decisión.

de 2024, que quedó ejecutoriada sin reparo alguno por parte de la demandante.

6. Impugnación La parte accionante impugnó la decisión.

Reiteró el deber de prevención que asiste a las superintendencias3, concretamente en relación con las personas jurídicas sometidas a su vigilancia incluidas las cooperativas que resultaron ser coautoras del delito de captación masiva y habitual de dineros con la comercializadora de libranzas Plus Values SAS. Se refirió nuevamente al deber de las superintendencias de efectuar las visitas a las sociedades y cooperativas, lo que dice, no se llevó a cabo en su momento y ayudó a que se cometieran los actos delictivos por parte de las cooperativas y la sociedad captadora de dinero.

3 Citó el artículo 98 de la Ley 795 de 2003 y el numeral 6 del artículo 2 del Decreto 186 de 2004, relacionados con la función preventiva de las superintendencias.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02002-01

Demandante: Nohora Constanza Rodríguez Miranda

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adicionalmente, dijo que la intervención de la superintendencia fue extemporánea, pues que la toma de posesión de la sociedad Plus Values SAS se dio solo hasta el 15 de noviembre de 2017 cuando se ordenó la liquidación judicial y no cuando se puso en conocimiento la situación y se pidió la intervención de las sociedades el 12 de septiembre de 2016. Consideró que el fallo la revictimizó y que, contrario a esa postura, el descalabro

puso en conocimiento la situación y se pidió la intervención de las sociedades el 12 de septiembre de 2016. Consideró que el fallo la revictimizó y que, contrario a esa postura, el descalabro financiero que tuvo no se produjo porque hubiera asumido un riesgo al invertir su dinero, pues que se estaba ante una serie de conductas que constituían delito como la capt ación masiva y habitual de dineros del público, cometido con cientos de personas, lo que estaba determinado en los procesos penales. De otra parte, se refirió a la ausencia de notificación al correo electrónico del auto del 18 de julio de 2024 por el que se negaron las pruebas solicitadas en segunda instancia, lo que constituía una vulneración al debido proceso y en su sentir, trajo un impacto en el sentido de la decisión.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 4, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas corporaciones La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales5

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales5 y especiales6 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción. De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 7 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por lo tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia

4 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los particulares en los casos que señala este decreto». 5 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos

5 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinario s a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; (v) que no se trate de una decisi ón proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 6 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error induci do, (vi) defecto por falta de motivació n, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa de la Constitución. 7 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU -686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001 -03-15-000-201202201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez RamírezRadicado: 11001-03-15-000-2025-02002-01

Demandante: Nohora Constanza Rodríguez Miranda

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Nohora Constanza Rodríguez Miranda

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes. Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las encargadas de unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es así como, la Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional para admitir la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional. Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento de: (i) los