CE - Sentencia 11001031500020250206301 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02063-01

Demandante: Edisson Hernando Jara Carrillo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Once (11) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02063-01

Demandante: EDISSON HERNANDO JARA CARRILLO

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procede estudio de fondo porque se acreditó el cumplimiento de los requisitos generales / DEFECTO FÁCTICO – Se configura en este caso, porque la autoridad judicial declaró configurada la caducidad del medio de control sin contar con respaldo probatorio.

La Sala1 resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 8 de mayo de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 8 de abril de la presente anualidad, el señor Edisson Hernando Jara Carrillo, a través de apoderada judicial, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Décimo

1. El 8 de abril de la presente anualidad, el señor Edisson Hernando Jara Carrillo, a través de apoderada judicial, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima , por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia , con ocasión de las providencias de primera y segunda instancia proferidas, en su orden, el 6 de agosto y el 17 de octubre de 2024, en el marco del proceso de reparación directa con radicado 73001-33-33-010-2024-0014300/01.

Formuló las siguientes pretensiones:

1.- Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados al accionante y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto de primera instancia proferido por el Juzgado 10 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 6 de agosto de 2.024, y el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima el 17 de octubre de 2.024, en el proceso de REPARACIÓN DIRECTA de EDISSON HERNANDO JARA CARRILLO, radicado No. 73001 -33-33-010-202400143-00, así como también las actuaciones posteriores al fallo, proferidas por el Juzgado 10 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.

2.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima proferir sentencia, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, con el fin de que no se vulneren los derechos fundamentales en la primera consagrados.

1 Se advierte que el 30 de mayo de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,

vulneren los derechos fundamentales en la primera consagrados.

1 Se advierte que el 30 de mayo de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02063-01

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2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes

supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

3. En ejercicio del medio de control de reparación directa, el señor Edisson Hernando Jara Carrillo demandó al Municipio de Ibagué, al Departamento del Tolima y a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicia l – Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – Ministerio de Justicia y del Derecho – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional – Fiscalía General de la Nación , con el fin de que se le s declarara administrativa y patrimonialmente responsables por la afectación a su s derechos humanos que devino como consecuencia de las condiciones de hacinamiento carcelario que tuvo que soportar entre el 27 de agosto de 2021 y hasta el 7 de octubre de 2022, en las instalaciones de la Permanente Central de Policía de Ibagué – Tolima.

4. De acuerdo con la boleta de detención 538 emitida por el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Ibagué, el señor Edisson Hernando Jara Carrillo fue capturado , el 27 de agosto de 2021 , por la conducta punible de hurto

Municipal con Funciones de Control de Garantías de Ibagué, el señor Edisson Hernando Jara Carrillo fue capturado , el 27 de agosto de 2021 , por la conducta punible de hurto calificado y agravad o. Dicha detención estuvo a cargo de la Policía Metropolitana de Ibagué en las instalaciones d e la Permanente Central hasta el 7 de octubre de octubre de 2022, fecha en la cual fue trasladado a las instalaciones del Complejo Penitenciario y Carcelario de Ibagué COIBA.

5. El 19 de enero de 2023, en respuesta a la petición presentada por la apoderada del demandante el 17 de enero anterior, el subintendente de la Policía Metropolitana de Ibagué, a través de oficio 2023-003124-METIB / COSEC -DISPO-29.25, certificó el porcentaje de hacinamiento carcelario existente en las salas de la Permanente Central de la Policía de Ibagué así: para 2020 un 408%, para 2021 un 514%, para 2022 un 561% y para 2023 un 563%.

6. Al proceso se le asignó el radicado 73001-33-33-010-2024-00143-00 y correspondió, por reparto, al Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué, que, mediante auto del 6 de agosto de 2024, rechazó la demanda, por considerar que operó la caducidad del medio de control. Para motivar su decisión, argumentó que el demandante tuvo conocimiento de las condiciones de hacinamiento a las que presuntamente fue sometido desde el primer día de reclusión – 27 de agosto de 2021 – y adujo que «prueba de ello es el Oficio

de las condiciones de hacinamiento a las que presuntamente fue sometido desde el primer día de reclusión – 27 de agosto de 2021 – y adujo que «prueba de ello es el Oficio GS-2023-003124 del 19 de enero de 2024 emitido por el subintendente de la Policía Metropolitana de Ibagué, donde se le informa al apoderado de la parte actora, el porcentaje de hacinamiento para el año 2021 en las instalaciones del Permanente Central de Ibagué, el cual correspondía al 514% », tal circunstancia , en su criteri o, permitía «entender la magnitud de haci namiento para la fecha en que ingres ó el señor Jara Carrillo a las instalaciones del Permanente». No obstante, la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 10 de abril de 2024 y la demanda el 14 de junio siguiente, es decir, extemporáneamente.

7. Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación .

Sostuvo que el término de caducidad no debía contabilizarse desde el momento de la detención en la Permanente Central de Policía de Ibagué, sino que el daño se prolongó durante todos los meses que el detenido permaneció recluido en dicha estación, es decir, hasta el 7 de octubre de 2022. En ese sentido, refirió que la decisión recurrid a dejaba fuera de la órbita procesal el último día que el demandante estuvo detenido en el referido establecimiento carcelario y desconocía que solo a partir de ese momento ce só el perjuicio por causa del hacinamiento.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02063-01

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establecimiento carcelario y desconocía que solo a partir de ese momento ce só el perjuicio por causa del hacinamiento.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02063-01

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8. En auto del 17 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo del Tolima confirmó la decisión de primera instancia . A su juicio, el daño que supuestamente padeció el demandante e s de ejecución instantánea, pues «las condiciones propias del hacinamiento son evidentemente notables, al punto que como se indicó afectan la cotidianidad de las personas que la (sic) padecen». Con fundamento en lo anterior, concluyó que el señor Jara Carrillo, tuvo conocimiento del daño desde el primer día que estuvo recluido en la Permanente Central de Policía de Ibagué, es decir, desde el 27 de agosto de 2021, mientras que la solicitud de conciliación se presentó el 10 de abril de 2024 y la demanda el 14 de junio siguiente, es decir, como efectivamente lo previó el a quo, aquella se radicó fuera del término establecido por la ley para promover el medio de control de reparación directa.

9. Asimismo, esgrimió que, en un asunto de contornos similares2, la Sección Tercera de esta Corporación, ha indicado, respecto de la caducidad del medio de control en asuntos de hacinamiento carcelario , que «aunque los efectos perduren en el tiempo, el conteo del término de caducidad para demandar inicia desde que se produjo la conducta dañosa

esta Corporación, ha indicado, respecto de la caducidad del medio de control en asuntos de hacinamiento carcelario , que «aunque los efectos perduren en el tiempo, el conteo del término de caducidad para demandar inicia desde que se produjo la conducta dañosa o desde la fecha en que el demandante tuvo conocimiento del daño».

10. En el escrito de tutela, el señor Edisson Jara Carrillo alegó que la providencia antes citada adolece de los siguientes defectos: i) desconocimiento del precedente jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, sobre la caducidad del medio de control de reparación directa en los eventos en los que se pretende la reparación de perjuicios por daños continuados y ii) material o sustantivo, sustentado en que la referida inobservancia al precedente jurisprudencial representa una vulneración al principio de igualdad ante la ley y se traduce en una verdadera afectación a su derecho a obtener una tutela judicial efectiva dentro del marco de un Estado Social de Derecho.

11. En relación con el cargo por desconocimiento del precedente jurisprudencial, expuso que el Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, pues inobservaron el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado y de los Tribunales Administrativos del Quindío, del Tolima y de Antioquia.

12. Puntualmente, se refirió a la sentencia del 6 de diciembre de 2022, dictada por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, en el marco del proceso de

12. Puntualmente, se refirió a la sentencia del 6 de diciembre de 2022, dictada por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, en el marco del proceso de reparación directa con radicado 05001-23-31-000-2002-04829-01 (47148), por medio de la cual se determinó que el término de caducidad del medio de control en estos eventos debe contabilizarse desde el momento en que el demandante tuvo conocimiento del estado de hacinamiento en que se encontraba.

13. Asimismo, citó varias providencias proferidas por el Tribunal Administrativo del Quindío3, el Tribunal Administrativo de Tolima4 y el Tribunal Administrativo de Antioquia5 todas relacionadas con la forma en que, en su criterio, debe contabilizarse el término de

2 Específicamente, citó la providencia del 6 de diciembre de 2022 , dictada en el marco del proceso con radicado 05001-23-31-000-2002-04829-01(47148), M.P. Guillermo Sánchez Luque. 3 Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión, sentencia d el 8 de noviembre de 2024 , radicado: 63001-3333-005-2024-00227-01, M.P: Luis Javier Rosero Villota. 4 Tribunal Administrativo del Tolima, providencia del 5 de septiembre de 2024, radicado: 73001 - 33-33001-2024-00124-01, M.P: Luis Eduardo Collazos Olaya. 5 Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, sentencia del 29 de enero de 2024,

001-2024-00124-01, M.P: Luis Eduardo Collazos Olaya. 5 Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, sentencia del 29 de enero de 2024, radicado: 05001 33 33 029 2019 00033 01, Magistrada Ponente: Liliana P. Navarro Giraldo.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02063-01

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caducidad del medio de control de reparación directa cuando el daño se asocia o vincula a condiciones derivadas del hacinamiento carcelario.

14. Por otra parte, trajo a colación la sentencia SU - 113 del 8 de noviembre de 2018 de la Corte Constitucional sobre la definición y alcance del precedente jurisprudencial en sus dos formas – vertical y horizontal – y los requisitos que debe agotar el operador judicial que, en virtud de la autonomía judicial de la que goza por mandato constitucional, decide apartarse del precedente establecido.

15. Con fundamento en lo anterior , señaló que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un yerro en la interpretación y aplicación de la ley en el caso en concreto, pues el daño causado con ocasión de las condiciones de hacinamiento carcelario a las que fue sometido en la Permanente Central de Ibagué es de carácter sucesivo o continuado, lo que quiere decir que el término de caducidad debió empezar a contabilizarse, por lo menos, desde el día siguiente al momento en el que cesó la

que fue sometido en la Permanente Central de Ibagué es de carácter sucesivo o continuado, lo que quiere decir que el término de caducidad debió empezar a contabilizarse, por lo menos, desde el día siguiente al momento en el que cesó la causación del daño, es decir, desde el 8 de octubre de 2022.

16. No obstante, indicó que , si el criterio a adoptar es que la caducidad debe contarse desde el momento en que tuvo conocimiento de las condiciones de hacinamiento a las que fue sometido, tampoco sería viable que en el caso bajo análisis se configuró la caducidad del medio de control concluir – como erradamente lo hicieron las autoridades judiciales accionadas –, pues lo cierto es que solo tuvo certeza sobre el referido daño una vez la Policía Metropolitana de Ibagué, mediante oficio del 19 de enero de 2023, le informó que las instalaciones estaban diseñadas para un cupo máximo de 46 personas, y las antiguas instalaciones de espacio público para 20, lo que se traduce en un porcentaje de hacinamiento del 514% para 2021 y 561% para 2022.

17. Por último, relacionó nueve sentencias del Consejo de Estado 6 y cinco de la Corte Constitucional7 en las que, según afirmó, se razonó sobre la caducidad del medio de control de reparación directa cuando el daño causado es de carácter continuado.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 26 de junio de 2015, Rad. 25000-23-41-000-2014-01569-01(AG), M.P. Stella Conto Díaz del Castillo; Consejo de Estado, Sala de lo

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 26 de junio de 2015, Rad. 25000-23-41-000-2014-01569-01(AG), M.P. Stella Conto Díaz del Castillo; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 30 de enero de 2013, Rad. 25000 -23-26-000-1997-05265-01 (22867), M.P. Danilo Rojas Betancourth ; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 3 de octubre de 2019, Rad. 70001 -23-33-000-2014-00186-01(AG), M.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de junio de 2017, Rad. 76001 -23-33-000-2014-00839-01 (54799), M.P. Stella Conto Díaz del Castillo; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de junio de 2016, Rad. 11001 -03-15-0002015-02405-01(AC), M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés ; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 9 de diciembre de 2013, Rad. 50001-23-31-000-2012-00196-01 (48152), M.P. Mauricio Fajardo Gómez ; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de diciembre de 2005, Rad. 54001 -23-31-000-1993-07753-01 (14801), M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de enero de 2004,

diciembre de 2005, Rad. 54001 -23-31-000-1993-07753-01 (14801), M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de enero de 2004, Rad. 25000 -23-26-000-1995-00814-01 (18273), M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez ; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1 de marzo de 2018, Rad. 68001-23-31-0002010-00605-01 (49396), M.P. María Adriana Marín ; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 2 de marzo de 2023, Rad. 11001 -03-15-000-2022-01335-02, M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. 7 Corte Constitucional, sentencia C -115 del 25 de marzo de 1998, Exp. D -1822, M.P. Hernando Herrera Vergara; Corte Constitucional, sentencia T -191 del 20 de marzo de 2009, Exp. T -2123838, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; Corte Constitucional, sentencia T -342 del 29 de junio de 2016, Exp. T -5402, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; Corte Constitucional, sentencia SU-241 del 20 de junio de 2024, Exp. T-9792873, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; Corte Constitucional, sentencia T-238 del 4 de julio de 2023, Exp. T-8998593, M.P. Diana Fajardo Rivera.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02063-01

Demandante: Edisson Hernando Jara Carrillo

Exp. T-8998593, M.P. Diana Fajardo Rivera.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02063-01

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B. Trámite impartido e intervenciones

18. Mediante auto del 10 de abril de 2025 8, el despacho sustanciador del proceso en primera instancia admitió la acción de tutela contra el Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, y vinculó a la Procuraduría 216 Judicial I para Asuntos Administrativos de la Procuraduría General de la Nación , en calidad de tercera con interés. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

19. El Tribunal Administrativo del Tolima 9 allegó copia digitalizada del proceso de reparación directa con radicado 73001-33-33-010-2024-00143-01, pero no se pronunció respecto de la solicitud de amparo.

20. El Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué10 adujo que este instrumento constitucional sólo es procedente cuando la conducta que vulnera o puede vulnerar los derechos fundamentales de las partes tiene connotación de una vía de hecho, de modo que resulta improcedente cuando la actuación judicial es «legítima».

21. Asimismo, señaló que en el caso bajo estudio no se evidencia la vulneración del derecho fundamental al debido proceso de la parte demandante, por cuanto, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, una interpretación adecuada de la garantía

21. Asimismo, señaló que en el caso bajo estudio no se evidencia la vulneración del derecho fundamental al debido proceso de la parte demandante, por cuanto, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, una interpretación adecuada de la garantía establecida en el art ículo 228 constitucional, conlleva a señalar que el derecho de comparecencia ante la jurisdicción , de ninguna manera implica la inobservancia de los procedimientos previamente establecidos por la legislación, antes , por el contrario, el derecho de acceso la administración de justicia conlleva una estricta sujeción de los procedimientos y una plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales establecidas en la ley.

22. Finalmente, destacó que la acción de tutela no fue instituida como una tercera instancia del proceso ordinario, ni como una herramienta para modificar decisiones judiciales que hayan hecho tránsito a cosa juzgada, pues , de ser así, se anularían los efectos de cosa juzgada y la seguridad jurídica de las decisiones judiciales.

23. La Procuraduría 216 Judicial I para Asuntos Administrativos de la Procuraduría General de la Nación y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervinieron, pese a que fue ron debidamente notificad as del auto admisorio de la demanda.

24. El 6 de mayo de 2025 11, el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez manifestó impedimento para conocer del presente asunto , porque su cónyuge se encuentra

vinculada en carrera como fiscal adscrita a una unidad nacional de la Fiscalía General de la Nación, entidad que fue demandada en el proceso de reparación directa dentro del

impedimento para conocer del presente asunto , porque su cónyuge se encuentra vinculada en carrera como fiscal adscrita a una unidad nacional de la Fiscalía General de la Nación, entidad que fue demandada en el proceso de reparación directa dentro del cual se profirió la decisión a la cual el señor Edisson Herna ndo Jara Carrillo le atribuye la presunta vulneración de sus derechos.

8 SAMAI, índice 4 del expediente de tutela en primera instancia. 9 SAMAI, índice 10 del expediente de tutela en primera instancia. 10 SAMAI, índice12 del expediente de tutela en primera instancia. 11 SAMAI, índice 14 del expediente de tutela en primera instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02063-01

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25. Mediante auto del 8 de mayo de 2025 12, el magistrado sustanciador del proceso en primera instancia declaró infundado el impedimento manifestado por el magistrado Omar

Joaquín Barreto Suárez.

C. Fallo impugnado

26. En sentencia del 8 de mayo de 202513, la Sección Quinta de esta Corporación declaró improcedente los cargos por defecto material o sustantivo y violación directa a la constitución, por falta de carga argumentativa mínima para cuestionar la validez de las providencias censuradas; y negó el amparo en relación con el cargo por desconocimiento del precedente jurisprudencial.

27. Argumentó que, en la providencia censurada, el Tribunal Administrativo del Tolima

providencias censuradas; y negó el amparo en relación con el cargo por desconocimiento del precedente jurisprudencial.

27. Argumentó que, en la providencia censurada, el Tribunal Administrativo del Tolima realizó un análisis normativo y jurisprudencial mediante el cual puso de presente que el daño padecido por el actor es de ejecución instantánea, independientemente de que el mismo genere efectos en el tiempo.

28. Con fundamento en lo anterior, consideró que la autoridad judicial accionada no incurrió en un desconocimiento del precedente jurisprudencial, ya que, en su criterio, a partir de los antecedentes narrados por el propio accionante era dable colegir que no existe una posición unificada en relación con la caducidad del medio de contro l de reparación directa cuando se alega el daño antijurídico derivado de las condiciones de hacinamiento carcelario; criterio que, además, no le correspondía fijar y, menos aún, e n sede de tutela.

D. Impugnación

29. Inconforme con la decisión, la parte actora presentó impugnación 14. Solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia, por considerar que en estos casos debe dársele primacía a los principios pro homine y pro actione , con lo que se evitaría el desconocimiento del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia cuando se acoge una interpretación más restrictiva.

30. Adicionalmente, sostuvo que el hacinamiento en cárceles y centros de detención transitoria constituye una violación grave y continua de los derechos humanos y fundamentales de las personas privadas de la libertad . En ese sentido, validar la interpretación restrictiva que adoptó el Tribunal Administrativo del Tolima en la

transitoria constituye una violación grave y continua de los derechos humanos y fundamentales de las personas privadas de la libertad . En ese sentido, validar la interpretación restrictiva que adoptó el Tribunal Administrativo del Tolima en la providencia censurada – relacionada con que el conocimiento del daño devino desde el primer día en que el accionante estuvo recluido en la Permanente Central de Policía de Ibagué – limita a rtificialmente la vulneración de sus derechos humanos por las condiciones de hacinamiento a las que fue sometido , y desconoce los compromisos internacionales asumidos por Colombia en virtud del bloque de constitucionalidad.

31. En esa misma línea argu mentativa, expuso que la postura de la autoridad judicial accionada, según la cual el término debe contabilizarse desde el primer día de reclusión – por considerar que el conocimiento del daño se produjo en ese momento –, no sólo es

12 SAMAI, índice 17 del expediente de tutela en primera instancia. 13 SAMAI, índice 18 del expediente de tutela en primera instancia. 14 SAMAI, índice 27 del expediente de tutela en primera instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02063-01

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discutible, sino también desproporcionada frente al estándar de protección reforzada que debe otorgarse a las personas privadas de la libertad. Lo anterior, además, según afirmó, no es lógico ni racional, teniendo en cuenta que dicha conclusión carece del respaldo probatorio necesario para arribar válidamente a ella.

debe otorgarse a las personas privadas de la libertad. Lo anterior, además, según afirmó, no es lógico ni racional, teniendo en cuenta que dicha conclusión carece del respaldo probatorio necesario para arribar válidamente a ella.

32. Asimismo, citó una providencia proferida por esta Sala de conocimiento en el marco del proceso de tutela con radicado 11001 -03-15-000-2025-01176-0015, en la que, a su juicio, pese a tratarse del mismo asunto, sí se ampararon los derechos fundamentales del entonces accionante.

33. Para concluir, indicó que, de conformidad con lo expuesto, el juez de tutela omitió «valorar adecuadamente la prueba del carácter continuado del hacinamiento», y señaló que, al aceptar la caducidad declarada por la autoridad judicial accionada , se está negando al accionante toda posibilidad de que se investigue la responsabilidad estatal por los daños que se le causaron.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

34. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del

Consejo de Estado).

F. Problema jurídico

35. Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del 8 de mayo de 2025, proferida la Sección Quinta del Consejo de Estado,

Consejo de Estado).

F. Problema jurídico

35. Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del 8 de mayo de 2025, proferida la Sección Quinta del Consejo de Estado, que negó el amparo, en relación con el cargo por desconocimiento del precedente jurisprudencial, solicitado por el señor Edisson Hernando Jara Carrillo contra el Tribunal

Administrativo del Tolima.

G. Análisis de la Sala

Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

36. Inmediatez. Se cumple este requisito, toda vez que el auto de segunda instancia censurado fue proferido el 17 de octubre de 2024 y notificado el 25 del mismo mes y año, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 8 de abril de 2025, esto es, dentro de los seis meses siguientes a su expedición. Este término resulta razonable.

37. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de mayo de 2025, radicado 1100103-15-000-2025-01176-00, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02063-01

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38. Subsidiariedad16. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración

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38. Subsidiariedad16. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y eficaz para satis facer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá el amparo impetrado.

39. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

40. El asunto que se estudia cumple el requisito de subsidiariedad, porque se agotaron los medios disponibles en el proceso ordinario y porque las razones que sustentan los defectos alegados no encajan en las causales previstas en la ley para la procedencia de los recursos extraordinarios.

41. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga i) una carga argumentativa mínima y ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

requiere que la solicitud de amparo contenga i) una carga argumentativa mínima y ii) que no se utilice este instrumento como tercer