CE - Sentencia 11001031500020250214501 de 2025

Demandantes: Gustavo de Jesús Álzate y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda Radicado: 11001-03-15-000-2025-02145-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-02145-01

Demandantes: GUSTAVO DE JESÚS ÁLZATE Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA

Temas:

Tutela contra providencia judicial – revoca

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia proferida en primera instancia el 29 de mayo de 2025, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado . En dicha providencia se negó la solicitud de amparo, por considerar que no se concretó la vulneración alegada.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. Los señores Gustavo de Jesús Álzate, Jhon Jairo Zapata Ramos, Inés Soledad Osorio Pérez y Ana Milena Álzate Osorio , actuando por medio de apoderado judicial, presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo

1. Los señores Gustavo de Jesús Álzate, Jhon Jairo Zapata Ramos, Inés Soledad Osorio Pérez y Ana Milena Álzate Osorio , actuando por medio de apoderado judicial, presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Risaralda. Con la solicitud de amparo pretenden la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

2. Las anteriores garantías las consideraron vulneradas con ocasión de la sentencia del 30 de enero de 2025, proferida por la autoridad judicial accionada.

Mediante esta decisión revocó la providencia del 30 de septiembre de 2020 , dictada por el Juzgado Primero Administrativo de Pereira, en la que se accedió a las pretensiones y, en su lugar , negó las súplicas de la demanda dentro de la acción de reparación directa con radicado 66001-33-33-001-2019-0012100/01/02.

1.2. Pretensiones

3. La parte actora solicitó lo siguiente:

PRIMERO: Sírvanse señores magistrados, declarar que el TRIBUNALDemandantes: Gustavo de Jesús Álzate y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda Radicado: 11001-03-15-000-2025-02145-01

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ADMINISTRATIVO DE RISARALDA sala tercera de decisión, al proferir sentencia del treinta de enero de 2025, dentro del proceso de reparación directa

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ADMINISTRATIVO DE RISARALDA sala tercera de decisión, al proferir sentencia del treinta de enero de 2025, dentro del proceso de reparación directa interpuesto c ontra de NACIÓN. MINISTERIO DE TRANSPORTE, INVIAS, DEPARTAMENTO DE RISARALDA, tramitado con el Radicado No. 66001 -3333001-2019-00121-02 (A -1233-2022) , han violado a los accionantes los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al libre acceso a la Administración de Justicia, desconocido por esta entidad al revocar la sentencia de primera instancia proferida por el juzgado primero administrativo de Pereira, la cual había acogida las pretensiones de los demandantes en forma parcial, materializándose defecto factico, defecto material o sustantivo, defecto de decisión sin motivación, d esconocimiento del precedente jurisprudencial del mismo Tribunal accionado así como del Consejo de Estado, violación directa de la constitución Política.

SEGUNDO: Que como consecuencia de lo anterior se proceda a:

TERCERO: CONCEDER a los actores el amparo de los derechos fundamentales a la Igualdad, al Debido Proceso y al Acceso a la Administración de Justicia.

CUARTO: Se DECRETE dejar sin efecto la providencia con fecha treinta (30) de enero de 2025, proferida por la Sala tercera de Decisión del TRIBUNAL DE LO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA.

QUINTO: Se ORDENE al TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA, según corresponda, proferir fallo de

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA.

QUINTO: Se ORDENE al TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA, según corresponda, proferir fallo de segunda instancia de reemplazo donde se reconozca para los demandantes todos los perjuicios solicitados en el proceso de reparación directa bajo el radicado 660 01-33-33-001-2019-00121-02 (A -1233-2022); se reconozca a los demandantes el derecho a ser indemnizados por los perjuicios ocasionados y probados en el transcurso del proceso.

SEXTO: Se ORDENE igualmente, que en dicha sentencia de reemplazo se haga con base en la realidad fáctica, la aplicación de la ley 1228 de 2008, que se reconozca el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, con base en lo anterior se concedan las pretensiones, y com o efecto de lo anterior se confirme la sentencia de primera instancia y se concedan los perjuicios ocasionados a los actores, además que se tenga en cuenta el recurso de apelación interpuesta por la parte demandante, toda vez que fue eso lo que se apeló respecto del fallo de primera instancia, la cual no reconoció unos perjuicios de orden material a los actores, los cuales estaban causados, el cumplimiento de fallo conforme a lo ordenado por la ley1.

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la

referencia de la siguiente manera:

5. El 6 de mayo de 2017 , los señores Gustavo Adolfo Álzate Osorio y John Jairo Zapata Ramos sufrieron un accidente de tránsito que le cau só la muerte

referencia de la siguiente manera:

5. El 6 de mayo de 2017 , los señores Gustavo Adolfo Álzate Osorio y John Jairo Zapata Ramos sufrieron un accidente de tránsito que le cau só la muerte

1 Transcripción literal que puede contener errores.Demandantes: Gustavo de Jesús Álzate y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda Radicado: 11001-03-15-000-2025-02145-01

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inmediata al señor Álzate Osorio y graves lesiones al señor Zapata Ramos, debido a la caída de una palma ubicada en un predio de propiedad privada en una vía en el departamento de Risaralda.

6. Por lo anterior, los familiares de las víctimas 2 interpusieron demanda de reparación directa contra el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías

(INVÍAS) y el departamento de Risaralda, con el fin de que fueran declarados responsables por los daños y perjuicios que les fueron causados con ocasión del siniestro vial.

7. Al proceso se le asignó el radicado 66001-33-33-001-2019-00121-00/01/02 y le fue repartido al Juzgado Primero Administrativo de Pereira quien, en sentencia del 30 de septiembre de 2022, accedió a las pretensiones de la demanda. En ese sentido, declaró responsable al INVÍAS del accidente ocurrido el 6 de mayo de 2017 y le ordenó el pago de los perjuicios materiales e inmateriales que le fueron causados a la parte demandante.

demanda. En ese sentido, declaró responsable al INVÍAS del accidente ocurrido el 6 de mayo de 2017 y le ordenó el pago de los perjuicios materiales e inmateriales que le fueron causados a la parte demandante.

8. Lo anterior, debido a que consideró acreditada la falla del servicio en la que incurrió el Estado, pues el riesgo de siniestralidad era previsible. Al respecto, sostuvo que las actividades de mantenimiento ejecutadas por INVÍAS no podían limitarse únicamente a la rocería y limpieza de las cunetas, ya que también estaba obligada a ejercer una vigilancia sobre los corredores viales afectados por las lluvias, y, en ese orden, estaba a su cargo evitar dichos eventos. Además, aseguró que estaba en condiciones de informar dicha situación a la autoridad ambiental y al propietario de predio, con el fin de que tomaran las medidas preventivas pertinentes.

9. Inconformes con la decisión, INVÍAS y las aseguradoras llamadas en garantía3 interpusieron recurso de apelación, que fue resuelto por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda en providencia del 30 de enero de 2025. Mediante esta decisión revocó la providencia de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

10. Para fundamentar su decisión, consideró que la parte demandante no cumplió con la carga de acreditar el título de imputación de la responsabilidad que pretende endilgarle a INVÍAS, puesto que las pruebas allegadas al proceso no demostraron la relación de causalidad entre el daño pacido por los demandantes y la omisión de la entidad demandada relacionada con el incumplimiento de los deberes silviculturales y de arborización.

no demostraron la relación de causalidad entre el daño pacido por los demandantes y la omisión de la entidad demandada relacionada con el incumplimiento de los deberes silviculturales y de arborización.

2 Por un lado, los señores Gustavo de Jesús Álzate, Inés Soledad Osorio Pérez, Ana Milen a Álzate Osorio y Rosa María Pérez y, por otro lado, por John Jairo Zapata Ramos, en nombre propio y en representación de la menor AKZG, Gloria Milena Padilla Tapias, Faur Zapata Molina y Noralba Ramos Ussa. 3 Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. y la Previsora S.A. Compañía de Seguros.Demandantes: Gustavo de Jesús Álzate y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda Radicado: 11001-03-15-000-2025-02145-01

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11. A su vez, señaló que en la sentencia del 24 de febrero de 20254, la Sección Tercera del Consejo de Estado determinó que «la ocurrencia de un derrumbe o caída de piedras en una vía, por sí sola no es suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, por los daños que con tal situación se causan, a esa prueba debe unirse la de la imputabilidad del daño al Estado, que no es otra que la demostración de que el hecho que causó el daño se produjo como consecuencia de la omisión en que incurrió la entidad, en su deber de mantenimiento de las vías, o de alguna actuación con la cual se haya causado el daño».

no es otra que la demostración de que el hecho que causó el daño se produjo como consecuencia de la omisión en que incurrió la entidad, en su deber de mantenimiento de las vías, o de alguna actuación con la cual se haya causado el daño».

12. En ese orden, concluyó que acreditar la sola ocurrencia del daño no es suficiente, pues debe demostrarse la existencia de un nexo de causalidad entre el daño padecido y las acciones u omisiones de las entidades encargadas de la vigilancia de la vía pública, circunstancia que no fue acreditada por el grupo demandante.

1.4. Sustento de la vulneración

13. La parte actora indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico por la indebida valoración del material probatorio allegado al proceso ordinario, entre ellos, los siguientes informes: i) policial No. C000135507, ii) ejecutivo de policía judicial FPJ-3, iii) de inspección técnica de cadáver FPJ10, iv) de investigador de laboratorio FPJ13 y, v) investigador de campo FPJ11.

Aseguró que dichos documentos «dejaban plenamente determinado el nexo causal y como efecto de lo anterior, conll evaban a declarar administrativamente responsable al INVÍAS».

14. Asimismo, refirió que las pruebas testimoniales dan cuenta de que era previsible la ocurrencia de un derrumbe y, como consecuencia, la caída de la palmera que le ocasionó la muerte al señor Álzate Osorio y que dejó gravemente herido al señor Zapata Ramos.

15. Por otra parte, señalaron que se presentó un defecto sustantivo, dado que

palmera que le ocasionó la muerte al señor Álzate Osorio y que dejó gravemente herido al señor Zapata Ramos.

15. Por otra parte, señalaron que se presentó un defecto sustantivo, dado que no fue aplicado el artículo 2 de la Ley 1228 de 2008 5, por medio de la cual se dispuso que en la red vial nacional , son fajas de retiro obligatorio las siguientes carreteras: i) de primer orden 60 metros, ii) de segundo orden 45 metros y, ii) de tercer orden 30 metros. Sobre este aspecto, estimó que la palma se encontraba a 4 metros de la carretera, motivo por el cual estaba en cabeza de INVÍAS cumplir con dicho mandato , por lo que no era admisible que fuera exonerado de su responsabilidad por el simple hecho de que el objeto que caus ó el daño se hubiese encontrado dentro de una propiedad privada.

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 24 de febrero de 2025, Exp. 14335. 5 Por medio de la cual se determinaron las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional, se creó el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras y se dictaron otras disposiciones.Demandantes: Gustavo de Jesús Álzate y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda Radicado: 11001-03-15-000-2025-02145-01

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16. Finalmente, consideró que fue desconocido el precedente judicial fijado en

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16. Finalmente, consideró que fue desconocido el precedente judicial fijado en la sentencia del 29 de agosto de 2016, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el proceso con radicado 17001 -2331-000-2003-01318-01, en la cual, en un «caso de iguales circunstancias fácticas, el tribunal de lo contencioso administrativo declaró al INVÍAS administrativamente responsable».

1.5. Trámite de la tutela

17. Por medio del auto del 22 de abril de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la tutela. En consecuencia, ordenó notificar en calidad de accionado al Tribunal Administrativo de Risaralda. Además, vinculó como tercero con interés al Ministerio de Transporte, a la Gobernación de Risaralda, a INVÍAS, a la Previsora S.A. Compañía de Seguros, a AXA Colpatria Seguros S.A., a Seguros del Estado S.A., a MAPFRE Seguros Generales de Colombia S.A., a las señoras Rosa María Pérez, Gloria Milena Padilla Tapias, Faur Zapata Molina, Noralba Ramos Ussa y a la menor AKZG.

1.6. Intervenciones

18. El Tribunal Administrativo de Risaralda, luego de hacer un recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso, indicó que, contrario a lo estudiado por el Consejo de Estado, donde el predio privado en el que se encontraba el árbol que ocasionó el accidente debía ser adquirido por la

las actuaciones surtidas al interior del proceso, indicó que, contrario a lo estudiado por el Consejo de Estado, donde el predio privado en el que se encontraba el árbol que ocasionó el accidente debía ser adquirido por la administración en virtud de las características de la vía (por ser una carretera ancha y de primera categoría) , en este caso no fueron objeto de discusión dichas circunstancias ya que se debían mantener los límites que le impone la propiedad privada a la administración, de manera que no podía exigírsele la tala, el corte, la poda y el retiro de palma al INVÍAS.

19. Además, refirió que, del material probatorio allegado, no se constató que la ocurrencia del derrumbe que causó la caída de la palmera fuera previsible , ya que el terreno, según el informe pericial, tenía buen estado fitosanitario, lo cual constituye un hecho de la naturaleza que se desemboca en una fuerza mayor.

Por lo anterior, consideró que el asunto no goza de relevancia constitucional, ya que la parte actora pretende emplear la acción de tutela como una instancia adicional al proceso ordinario.

20. El Ministerio de Transporte y la Gobernación de Risaralda solicitaron su desvinculación del proceso por considerar que carece n de legitimación en la causa por pasiva, dado que los hechos expuestos en la tutela no guardan relación con las funciones que desempeñan.

21. INVÍAS sostuvo que la autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos que le fueron endilgados por la parte actora, debido a que su decisión se basó en un minucioso análisis de las pruebas aportadas al proceso y se

21. INVÍAS sostuvo que la autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos que le fueron endilgados por la parte actora, debido a que su decisión se basó en un minucioso análisis de las pruebas aportadas al proceso y se fundamentó en la jurisprudencia de l máximo órgano de lo contenciosoDemandantes: Gustavo de Jesús Álzate y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda Radicado: 11001-03-15-000-2025-02145-01

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administrativo. A su vez, indicó que los accionantes insisten en el presunto desconocimiento del artículo 2 de la Ley 1228 de 2008 por parte de la entidad, dejando de lado que la norma se refiere a labores de prevención que se encuentran dirigidas a los alcaldes, quienes son los encargados prevenir que en las zonas de reserva se efectúen invasiones o conductas que afecten ese espacio público.

22. MAPFRE Seguros Generales de Colombia S.A. señaló que, de los argumentos fácticos y jurídicos expuestos en la acción de tutela de la referencia, no es posible evidenciar que el Tribunal Administrativo de Risaralda haya vulnerados los derechos fundamentales de la parte actora, motivo por el cual solicitó que se nieguen las pretensiones.

23. Por otra parte, las señoras Gloría Milena Padilla Tapias, Faur Zapata Molina, Noralba Ramos Ussa, Ana Karina Zapata Grajales y Rosa María Pérez Valencia manifestaron que coadyuvan la acción constitucional formulada

23. Por otra parte, las señoras Gloría Milena Padilla Tapias, Faur Zapata Molina, Noralba Ramos Ussa, Ana Karina Zapata Grajales y Rosa María Pérez Valencia manifestaron que coadyuvan la acción constitucional formulada por la parte actora, y, en consecuencia, solicitaron que se acceda a las pretensiones.

1.7. Sentencia de primera instancia

24. Mediante sentencia del 29 de mayo de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó la solicitud de amparo, tras considerar que la autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos que le fueron atribuidos por la parte actora y negó las solicitudes de desvinculación formuladas por la Gobernación de Risaralda y el Ministerio de Transporte.

25. Para fundamentar su decisión , sostuvo que , con base en las pruebas allegadas al proceso, la autoridad judicial accionada no incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria, por cuanto «no se separó de los hechos debidamente probados en el proceso de reparación directa ni se trata de una decisión que vaya en contravía de la evidencia probatoria».

26. Lo anterior, debido a que se acreditó que la caída de la palma se produjo por las lluvias que desestabilizaron el suelo, lo cual no constituía una circunstancia previsible por INVÍAS, pues no existían indicios de que la palma no estuviera en las condiciones de adecuadas.

27. Frente al presunto defecto sustantivo, señaló que la norma aludida no tiene ninguna injerencia en la providencia reprochada, pues las pretensiones de la demanda fueron negadas porque no se acreditó el nexo causal entre el daño y la

27. Frente al presunto defecto sustantivo, señaló que la norma aludida no tiene ninguna injerencia en la providencia reprochada, pues las pretensiones de la demanda fueron negadas porque no se acreditó el nexo causal entre el daño y la conducta de INVÍAS.

28. Por último, afirmó que no fue desconocido el precedente fijado en la sentencia del 29 de agosto de 2016, dictada por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, debido a que trata de supuestos fácticos distintos a los que son objeto de estudio en la presente tutela.Demandantes: Gustavo de Jesús Álzate y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda Radicado: 11001-03-15-000-2025-02145-01

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29. Al respecto, señaló que en dicha providencia se estudió una demanda de reparación directa relacionada con la muerte de siete personas ocasionada por la caída de un árbol de 25 metros cuando transitaban en una vía nacional, en la que se declaró la responsabilidad patrimonial de INVÍAS porque, de conformidad con el acervo probatorio, se pudo determinar la probabilidad de la ocurrencia del siniestro por las condiciones de bajo soporte del árbol, la superficialidad de la raíz y la omisión de la entidad en reali zar acciones preventivas, aun cuando tenía conocimiento del mal estado en el que se encontraba el árbol.

1.8. Impugnación

30. La parte accionante indicó que cumple con todos los requisitos de

y la omisión de la entidad en reali zar acciones preventivas, aun cuando tenía conocimiento del mal estado en el que se encontraba el árbol.

1.8. Impugnación

30. La parte accionante indicó que cumple con todos los requisitos de procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales, dado que: i) la relevancia constitucional se encuentra acreditada porque está comprometida la vulneración del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, ii) agotó todos los mecanismos ordinarios y extraordinarios para controvertir la decisión, iii) la acción constitucional fue interpuesta dentro de un plazo razonable, iv) identificó los derechos vulnerados, v) señaló con precisión los defectos en los que incurrió el tribunal accionado y, vi) no controvierte una sentencia de tutela.

31. Por otra parte, sostuvo que la sentencia de primera instancia «se limitó a verificación superficial de los requisitos de procedibilidad, sin abordar con el rigor necesario los elementos materiales que sustentaban la solicitud de amparo. En particular, el desconocimiento del carácter vinculante del precedente citado, reduciendo su análisis a una cuestión de mera discrecionalidad, pasó por alto el salvamento de voto y su incidencia en la determinación del carácter irrazonable de la decisión judicial y los arg umentos desarrollados entre el fallo del tribunal y los lineamientos jurisprudenciales del Consejo de Estado».

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

32. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia proferida en primera instancia el 29 de mayo de 2025, dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Lo anterior, de

32. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia proferida en primera instancia el 29 de mayo de 2025, dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 799 de 2025, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

33. Las señoras Gloría Milena Padilla Tapias, Faur Zapata Molina, Noralba Ramos Ussa , Ana Karina Zapata Grajales y Rosa María Pérez Valencia manifestaron que coadyuvan la solicitud de amparo interpuesta por la parte actora, y, debido a que el juez de primera instancia no se pronunció al respecto,Demandantes: Gustavo de Jesús Álzate y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda Radicado: 11001-03-15-000-2025-02145-01

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esta Sala de decisión aceptará su solicitud, comoquiera que la misma guarda relación con las pretensiones de la presente acción de tutela.

2.3. Legitimación en la causa

34. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

35. La Sala considera que los señores señores Gustavo de Jesús Álzate, Jhon Jairo Zapata Ramos, Inés Soledad Osorio Pérez y Ana Milena Álzate Osorio están legitimados en la causa por activa, porque integraron la parte demandante en el proceso de reparación directa en el que se dictó la providencia que se reprocha mediante esta vía.

36. Por otro lado, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Risaralda está legitimado en la causa por pasiva , por haber proferido la decisión reprochada mediante el presente mecanismo constitucional.

2.4. Problema jurídico

37. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material probatorio recaudado y los informes presentados , la Sala deberá determinar si confirma, revoca o modifica la decisión de primera instancia. Para tal efecto, se resolverán los siguientes problemas jurídicos:

• ¿Se encuentran superados los requisitos generales de la acción de tutela contra providencias judiciales?

38. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala examinará

lo siguiente:

39. ¿El Tribunal Administrativo de Risaralda vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad con ocasión de la sentencia proferida el 30 de enero de 2025?

40. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes

fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad con ocasión de la sentencia proferida el 30 de enero de 2025?

40. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) la procedencia de excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de superarse los anteriores supuestos, (iii) el caso en concreto.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

41. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providenciasDemandantes: Gustavo de Jesús Álzate y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda Radicado: 11001-03-15-000-2025-02145-01

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judiciales, en fallo de 31 de julio de 2012 6. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema 7. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales8.

42. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 9. En esta sentencia establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia 10 y ocho defectos

acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 9. En esta sentencia establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia 10 y ocho defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial, de la siguiente manera:

Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que origin ó la vulneración . iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

43. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes

requisitos generales de procedencia:

1. que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,

los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos generales de procedencia:

1. que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 8 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia. » 9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 10 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere