CE - Sentencia 11001031500020250270100 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02701-00

Accionante: RAFAEL ARTURO PLAZAS VEGA

Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –

SUBSECCIÓN B

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia / INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD – Tutela contra tutela / Requisitos de subsidiariedad e inmediatez.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse sobre la acción de tutela 1 instaurada por el señor Rafael Arturo Plazas Vega , en nombre propio, de conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991 y en el Decreto 333 de 2021.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 7 de mayo de 2025, la parte accionante presentó acción de tutela contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

Hechos relevantes

2. En el presente asunto el señor Rafael Arturo Plazas Vega cuestiona el fallo de tutela del 10 de octubre de 2022, proferido por l a Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado . Dicha decisión negó la demanda de tutela interpuesta por el accionante contra la providencia del 25 de marzo de 2022, que rechazó por extemporánea la impugnación que el actor interpuso contra la sentencia del 4 de marzo de 2022 , dictada por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que resolvió el proceso de tutela radicado núm. 11001-03-15000-2021-11025-00.

1 Que ingresó para fallo el 23 de julio de 2025.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02701-00

Accionante: Rafael Arturo Plazas Vega Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B Referencia: Acción de tutela

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3. Con el fin de realizar una presentación clara de los hechos que originan la acción de tutela, el despacho expondrá a) los antecedentes del proceso de reparación directa que origina la discusión sustantiva del asunto analizado; b) la acción de tutela contra el fallo de reparación de directa; y c) la acción de tutela contra el auto que rechazó la impugnación contra dicho fallo de tutela.

a. El proceso ordinario de reparación directa

tutela contra el fallo de reparación de directa; y c) la acción de tutela contra el auto que rechazó la impugnación contra dicho fallo de tutela.

a. El proceso ordinario de reparación directa

4. El 2 de agosto de 2011, el señor Rafael Arturo Plazas Vega promovió demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios causados con ocasión de su retiro de la institución debido a una presunta falla en el servicio por mal manejo del personal. A juicio del accionante, su desvinculación no se hizo de manera voluntaria; por el contrario, obedeció al trasladado a un lugar donde sus condiciones de salud no le permitían desempeñar sus funciones, así como a razones relacionadas con la jerarquía y el honor militar.

5. El proceso se radicó bajo el número 25000 -23-26-000-2011-00799-01 y su estudio correspondió a la Subsección C en descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca . Por medio de Sentencia del 30 de julio de 2013, dicha autoridad judicial negó las pretensiones de la demanda.

6. Contra dicha decisión, el actor interpuso apelación. A través de providencia del 2 de junio de 2021 , la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado que, revocó el fallo de primer grado y, en su lugar, declaró probada la excepción de indebida escogencia de la acción y se inhibió para decidir sobre el fondo del asunto2.

Lo anterior, al constatar que el actor realmente buscaba era la reclamación de

que, revocó el fallo de primer grado y, en su lugar, declaró probada la excepción de indebida escogencia de la acción y se inhibió para decidir sobre el fondo del asunto2. Lo anterior, al constatar que el actor realmente buscaba era la reclamación de perjuicios generados por el retiro del servicio del Ejército Nacional, que se aceptó a través de un acto administrativo. En consecuencia, según la autoridad judicial, desde el punto de vista material, la acción que debió promoverse era la de nulidad y de restablecimiento del derecho.

b. La acción de tutela contra el fallo de reparación de directa

7. Inconforme con dicha decisión, el 2 de diciembre 2021 , el señor Rafael Arturo Plazas Vega formuló acción de tutela por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso. En su opinión, la decisión del 2 de junio de 2021 desconoció el precedente judicial sobre la posibilidad de reclamar perjuicios derivados de actos administrativos sin controvertir su legalidad. Además, señaló que se había configurado un defecto fáctico al omitir valorar adecuadamente los argumentos y pruebas aportados al plenario.

8. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado estudió la tutela con radicado núm. 11001 -03-15-000-2021-11025-00. Mediante sentencia del 4 de marzo de 2022 3, esa autoridad judicial declaró improcedente la acción por

2 La Sala de decisión estuvo compuesta por los magistrados Ramiro Pazos Guerrero, ponente, Martín Bermúdez Muñoz y Alberto Montaña Plata. 3 Sala integrada, en su momento, por las magistradas María Adriana Marín (ponente), Marta Nubia

2 La Sala de decisión estuvo compuesta por los magistrados Ramiro Pazos Guerrero, ponente, Martín Bermúdez Muñoz y Alberto Montaña Plata. 3 Sala integrada, en su momento, por las magistradas María Adriana Marín (ponente), Marta Nubia Velásquez Rico y el magistrado José Roberto Sáchica Méndez.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02701-00

Accionante: Rafael Arturo Plazas Vega Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B Referencia: Acción de tutela

3 considerar que no cumplía con el requisito de relevancia constitucional. Es to, dado que el actor no desarrolló de forma suficiente y coherente la carga argumentativa exigida por la jurisprudencia para evidenciar la configuración de un defecto específico, como el desconocimiento del precedente o el defecto fáctico. Además, consideró razonable la providencia cuestionada, en la medida en que la demanda de reparación sí buscó controvertir la legalidad del acto de retiro del Ejército, razón por la cual la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho.

9. El actor impugnó la anterior providencia y, a través de auto de 25 de marzo de 2022, la consejera ponente de la decisión, María Adriana Marín, rechazó el recurso por extemporáneo.

c. La acción de tutela contra el auto que rechazó la impugnación del fallo de tutela

10. El 8 de septiembre de 2022, el señor Rafael Arturo Plazas Vega presentó una nueva acción de tutela contra el auto del 25 de marzo de 2022, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la

10. El 8 de septiembre de 2022, el señor Rafael Arturo Plazas Vega presentó una nueva acción de tutela contra el auto del 25 de marzo de 2022, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Sostuvo que debía aplicarse el artículo 8 del Decreto 806 de 2020, según el cual , la notificación electrónica se considera surtida dos días después del envío del mensaje de datos, por lo que la impugnación se habría presentado en tiempo.

11. El proceso se radicó bajo el número 11001 -03-15-000-2022-04861-00 y su estudio correspondió a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que, través de Sentencia del 10 de octubre de 2022 , negó el amparo perseguido4. Al respecto, la autoridad judicial consideró que no existía un precedente judicial de unificación sobre la aplicación del Decreto 806 de 2020 que resultara obligatorio en sede de tutela. Además, concluyó que la interpretación realizada por la parte accio nada era jurídicamente razonable, conforme con la normativa vigente y dentro del margen de autonomía judicial, sin que se evidenciara una aplicación irrazonable o desproporcionada de las normas.

12. Contra dicha decisión , las partes no presentaron impugnación. El 11 de noviembre de 2022, esta Corporación remitió a la Corte Constitucional el respectivo expediente para su eventual revisión.

Pretensiones

13. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicitó lo siguiente (se

transcribe textualmente):

“PRIMERO: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales A LA

expediente para su eventual revisión.

Pretensiones

13. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicitó lo siguiente (se

transcribe textualmente):

“PRIMERO: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, DEBIDO PROCESO y ACCESO A LA JUSTICIA en los términos propuestos y expuestos en el presente escrito, por las razones antes señaladas y consecuencialmente,

4 Sala de ese momento se encontraba compuesta por los magistrados César Palomino Cortés y Carmelo Perdomo Cuéter y la magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02701-00

Accionante: Rafael Arturo Plazas Vega Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B Referencia: Acción de tutela

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SEGUNDO: REVOCAR el auto o fallo del 10 de octubre de 2022 proferido por el Magistrado CÉSAR PALOMINO CORTES que han negado el amparo de los derechos fundamentales invocados.

TERCERO: Ordenar a la instancia que corresponda la aceptación de la DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA con el fin de que se valoren las pruebas aportadas en el proceso y se busque la NO REPETICIÓN de este tipo de acciones discriminatorias y/o degradantes en el Ejército Nacional para que no se presenten más retiros del servicio activo “Voluntariamente obligados” y se den las reparaciones a las que haya lugar de acuerdo a la ley en

Colombia”5.

Fundamentos de la demanda de tutela

no se presenten más retiros del servicio activo “Voluntariamente obligados” y se den las reparaciones a las que haya lugar de acuerdo a la ley en Colombia”5.

Fundamentos de la demanda de tutela

14. El 7 de mayo de 2025, l a parte demandante formuló acción de tutela. Sobre el particular, el señor Plazas Vega pretende que se deje sin efectos el fallo de tutela del 10 de octubre de 2022 , proferido por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por considerar que vulner ó sus derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

15. Según el accionante, el magistrado César Palomino Cortés debió haberse declarado impedido por un supuesto vínculo ideológico con el presidente de la República, quien públicamente ha hecho señalamientos contra el hermano del actor, Luis Alfonso Plazas Vega. Asimismo, invocó, co mo presunto hecho sobreviniente, el conocimiento reciente de una publicación periodística que relaciona al mencionado magistrado con el presidente, lo cual, a su juicio, debió haber llevado al funcionario judicial a declararse impedido por pérdida de imparcialidad.

Trámite procesal

16. El asunto de la referencia inicialmente correspondió por reparto a la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, bajo la sustanciación de la magistrada María Adriana Marín, despacho que recibió el expediente el 8 de mayo de 2025 para lo de su cargo.

17. Por medio de comunicación del 15 de mayo de 2025, la consejera María Adriana

magistrada María Adriana Marín, despacho que recibió el expediente el 8 de mayo de 2025 para lo de su cargo.

17. Por medio de comunicación del 15 de mayo de 2025, la consejera María Adriana Marín y el consejero José Roberto Sáchica Méndez manifestaron de manera conjunta encontrarse incursos en la causal de impedimento contempl ada en el numeral 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, dado que, en su calidad de integrantes de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, participaron en la discusión y aprobación de la sentencia del 4 de marzo de

2022. En esa providencia, se resolvió una acción de tutela formulada por el señor Rafael Arturo Plazas Vega contra la sentencia de reparación del 2 junio de 2021 , proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

18. Adicionalmente, señalaron que la magistrada Marín dictó el auto del 22 de marzo de 2025, que rechazó la impugnación presentada por considerarla extemporánea;

5 Folio 22 del escrito de tutela.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02701-00

Accionante: Rafael Arturo Plazas Vega Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B Referencia: Acción de tutela

5 providencia que, según los funcionarios, también se cuestiona en la solicitud de amparo.

19. Por medio de auto del 5 de junio de 2025, el suscrito consejero resolvió: “PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el consejero José Roberto Sáchica Méndez y la consejera María Adriana

19. Por medio de auto del 5 de junio de 2025, el suscrito consejero resolvió: “PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el consejero José Roberto Sáchica Méndez y la consejera María Adriana Marín, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

En consecuencia, se dispone separarlos del conocimiento del presente asunto.

SEGUNDO: Por conducto de la Secretaría General, EFECTUAR el respectivo sorteo de conjueces con los magistrados que integran las Subsecciones B y C de la Sección Tercera de esta Corporación, a fin de que integren la Sala de Decisión”6.

20. Surtido el trámite previsto en la ley, a través de Acta del 11 de junio de 2025, la Secretaría General de esta Corporación informó al despacho que los consejeros Alberto Montaña Plata y Fredy Hernando Ibarra Martínez fueron designados como conjueces para integrar la sala de decisión.

21. Así las cosas, mediante auto del 20 de junio de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado como accionado en el presente proceso.

Además, dispuso que, en calidad de terceros con interés, se vinculara a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado , a la consejera María Adriana Marín, al consejero José Roberto Sáchica Méndez, a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional , a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, a la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de

Adriana Marín, al consejero José Roberto Sáchica Méndez, a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional , a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, a la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; así como a los s eñores Maritza Rodríguez Torres, Juan Rafael Plazas Rodríguez y Óscar Javier Plazas Rodríguez.

22. Posteriormente, el 2 de julio de 2025 , los consejeros Alberto Montaña Plata y Fredy Hernando Ibarra Martínez manifestaron estar impedidos para conocer del asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, aplicable por remisión del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991. Esto se fundamentó en que el escrito de la acción de tutela el demandante cuestiona, entre otras, la providencia del 2 de junio de 2021, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, sala de la cual hacen parte. En ese sentido, consideran que les asiste un interés directo en la actuación porque ante una even tual decisión de amparo en aquel asunto, que se cuestiona en el proceso sub judice , la llamada a cumplir la orden y dictar la providencia de reemplazo es precisamente la sala de decisión que integran en su condición de magistrados de la Corporación.

23. Además, indicaron que tenían interés en el asunto, ya que la Subsección a la que pertenecen fue vinculada en el presente trámite de tutela.

24. Frente a esto, a través de auto del 18 de julio de 2025, el despacho sustanciador

ordenó:

que pertenecen fue vinculada en el presente trámite de tutela.

24. Frente a esto, a través de auto del 18 de julio de 2025, el despacho sustanciador

ordenó:

6 Folio 6 del auto del 6 de junio de 2025.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02701-00

Accionante: Rafael Arturo Plazas Vega Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B Referencia: Acción de tutela

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“PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por los consejeros de Estado Alberto Montaña Plata y Fredy Hernando Ibarra Martínez, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, se dispone separarlos del cono cimiento del presente asunto.

SEGUNDO: Por conducto de la Secretaría General, EFECTUAR el respectivo sorteo de conjueces con los magistrados que integran la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, a fin de que integren la Sala de Decisión . En consecuencia, en el sorteo NO SE INCLUIRÁN a los consejeros José Roberto Sáchica Méndez, María Adriana Marín, que integran la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, ni a los consejeros Alberto Montaña Plata y Fredy Hernando Ibarra Martínez, que conforman la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por cuanto se les declaró fundado el impedimento.

TERCERO: Cumplido lo anterior, la Secretaría deberá INGRESAR el expediente al despacho para continuar con el trámite de tutela”7.

de Estado, por cuanto se les declaró fundado el impedimento.

TERCERO: Cumplido lo anterior, la Secretaría deberá INGRESAR el expediente al despacho para continuar con el trámite de tutela”7.

25. Lo anterior, por cuanto el despacho consideró configurada la causal prevista en el artículo 56.1 de la Ley 906 de 2004 referente a “que el funcionario judicial tenga interés en la actuación procesal”, respecto de ambos magistrados. Dicho interés se originó con el hecho de que los consejeros mencionados fueron vinculados al trámite de tutela que se estudia en la actualidad, en razón a que hacen parte de la autoridad judicial que dictó el fallo del 2 de junio de 2021, el cual resolvió la demanda de reparación interpuesta por el señor Rafael Arturo Plazas Vega.

26. En cumplimiento de lo anterior, la Secretaría General de la Corporación, por medio de Acta del 22 de julio de 2025, efectuó el nuevo sorteo. En dicha diligencia resultaron designados como conj ueces la consejera Adriana Polidura Castillo y el

consejero William Barrera Muñoz.

Intervenciones

27. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca precisó que las pretensiones de la acción de tutela no guardan relación co n la providencia del 30 de julio de 2013, proferida por esa autoridad judicial dentro del proceso 25000 -23-26-000-2011-00799-01, sino que discute el fallo emitido el 10 de octubre de 2022 por el magistrado César Palomino Cortes.

28. En ese sentido, señaló que no es competente para cumplir con lo pretendido en la acción de amparo.

fallo emitido el 10 de octubre de 2022 por el magistrado César Palomino Cortes.

28. En ese sentido, señaló que no es competente para cumplir con lo pretendido en la acción de amparo.

29. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado remitió el enlace o hipervínculo de acceso al expediente del proceso de tutela identificado con el número de radicación 11001-03-15-000-2022-04861-00.

30. Las demás partes guardaron silencio.

7 Folio 8 del auto del 18 de julio de 2025.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02701-00

Accionante: Rafael Arturo Plazas Vega Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B Referencia: Acción de tutela

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II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

31. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

32. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el problema jurídico se circunscribe a responder: ¿si la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad, en particular que no se dirija contra una acción de la misma naturaleza ? De resultar afirmativo el anterior interrogante, se

problema jurídico se circunscribe a responder: ¿si la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad, en particular que no se dirija contra una acción de la misma naturaleza ? De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá ¿si la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con la expedición de la sentencia del 10 de octubre de 2022, incurrió en una vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la parte accionante?

33. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y (ii) el caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

34. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 2005 8, reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

35. De manera reiterada la Corte ha indi cado que en el análisis de las causales generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar9; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13, Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela10, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de

Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela10, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional11 o del Consejo de Estado12, ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-13; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un

8 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) 9 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215 de 2022. 10 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T -218 de 2012 y T-373 de 2014. 11 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024 12 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU -391 de 2023, SU-215 de 2022, SU-573 de 2017, SU-585 de 2017. 13 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02701-00

Accionante: Rafael Arturo Plazas Vega Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B Referencia: Acción de tutela

8 plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los

Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B Referencia: Acción de tutela

8 plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad , esto es que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 14 o los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cues tión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

36. En particular, la Sala se detendrá en el requisito general relacionado con la improcedencia de la acción de tutela dirigida para cuestionar el trámite o sentencia de otra demanda de igual naturaleza. Dicha improcedencia de la acción deviene del criterio jurisprudencial 15 que ha reiterado la imposibilidad de atacar, mediante la acción de tutela, una sentencia prof erida dentro de otro proceso de amparo de derechos fundamentales. Aceptar una situación contraria, implicaría que la resolución del conflicto se prolongue indefinidamente en desmedro tanto de la

acción de tutela, una sentencia prof erida dentro de otro proceso de amparo de derechos fundamentales. Aceptar una situación contraria, implicaría que la resolución del conflicto se prolongue indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jurídica como del goce efectivo de los derechos fundamentales, principios que radican en la necesidad de brindar una protección cierta, estable y oportuna a las personas cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados.

37. Sobre ello, la jurisprudencia constitucional estableció unos requisitos d e procedencia excepcional en relación con la acción de amparo contra una sentencia

de tutela, a saber:

“a) Que la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, es decir, que no se esté en presencia del fenómeno de cosa juzgada.

b) Debe probarse de manera clara y suficiente dentro del proceso, que la decisión adoptada en una anterior acción de tutela fue producto de una situación de fraude o una que atente contra el ideal de justicia presente en el derecho, de conformidad con el principio de fraus omnia corrumpit.

c) No existe otro mecanismo legal para resolver tal situación, esto es, que tenga un carácter residual”16.

38. Ahora bien, frente a la procedencia de la acción de tutela contra actuaciones realizadas en el trámite de la acción de tutela, la Corte Constitucional17 ha señalado que es posible interponer una nueva tutela para solicitar la nulidad del proceso anterior y garantizar la participación del afectado. Ello, cuando se presenten errores en las actuaciones que lesionen derechos fundamentales, tales como, omitir la

14 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.

anterior y garantizar la participación del afectado. Ello, cuando se presenten errores en las actuaciones que lesionen derechos fundamentales, tales como, omitir la

14 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015. 15 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia del 2 de marzo de 2023. Radicado núm. 11001-03-15-000-2023-00419-00. 16 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 2015. 17 Ibid.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02701-00

Accionante: Rafael Arturo Plazas Vega Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B Referencia: Acción de tutela

9 vinculación a terceros potencialmente afectados por la decisión o negar de forma indebida el derecho a impugnar. Frente a ello, la Corte Constitucional expuso:

“4.6.3. Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, n otificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de

tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional”18.

39. Así, la jurisprudencia ha reconocido la posibilidad de utilizar la acción de tutela para salvaguardar los derechos fundamentales vulnerados por irregularidades posteriores al fallo. Sin embargo, esta procede de forma excepcional puesto que el mecanismo adecuado para exigir la corrección de las actuaciones ocurridas en el trámite de la acción de tutela es la solicitud al juez natural de la causa.

Caso concreto

40. La Sala de Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el presente asunto, por cuanto se trata de una acción de tutela interpuesta contra una providencia de la misma naturaleza, de ahí que deba declararse su impro