CE - Sentencia 11001031500020250279000 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02790-00

Accionante: ENRIQUE VARGAS LLERAS

Accionado: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Límites constitucionales a la libertad de expresión en caso de mensajes difundidos por el presidente de la República en la red social x.com respecto de ex miembros de la junta directiva de la Nueva EPS. Se niega pues se trata de un discurso especialmente protegido, puesto que versa sobre la ejecución de recursos públicos y sobre quién se difunde es una persona que fue miembro de la junta directiva de la entidad por diez años.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Antecedentes Escrito de tutela

1. En ejercicio de la acción de amparo, en nombre propio, el señor Enrique Vargas Lleras solicitó al juez constitucional proteja sus derechos fundamentales al buen nombre y honra tanto de él como de su familia, para que se ordene al Presidente de la República el retracto de las afirmaciones efectuadas en su contra, en las mismas condiciones y a través de los mismos medios en las que las efectuó.

Lo anterior con base en los siguientes hechos:

2. El jefe de Estado, a través de la red social “X”, antes Twitter, desde su cuenta personal el pasado 22 de marzo de 2025, difundió un mensaje que se transcribe a

continuación:

Lo anterior con base en los siguientes hechos:

2. El jefe de Estado, a través de la red social “X”, antes Twitter, desde su cuenta personal el pasado 22 de marzo de 2025, difundió un mensaje que se transcribe a

continuación:

“Le informo a la persona que gusta hacer noticias con la sangre humana, que la nueva EPS no la creó este gobierno, una periodista no debe mentir ante su público. Imagine que pasaría si dirigiera el país.

La Nueva Eps la creo Vargas Lleras para que su familia la dirigiera y sus recursos fueran manejados privadamente cuando son públicos. Se endeudó en 5 billones que no pagaron en facturas y que no pagaron a clínicas y hospitales, que es los que si atienden a los pacientes. Esperan que nosotros les paguemos las deudas que dejaron con los dineros del pueblo, pero mamola, que vendan sus clínicas privadas para pagar sus deudas

De ahí su crisis, porque no le pueden pagar a las gestoras farmacéuticas qué también se desarrollaron con Vargas Lleras, que son un pequeño oligopolio privado y que tienen el poder de la vida y la muerte de los colombianos; solo a gente como a usted se le ocurre poner en riesgo la vida en manos de un monopolio privado interesado en hacer negocios; cobran el doble que valen los medicamentos, es una carrera de vampirosRadicación número: 11001-03-15-000-2025-02790-00

Accionante: Enrique Vargas Lleras Accionado: Presidencia de la República Referencia: Primera instancia acción de tutela

por quedarse con los dineros de la salud de los colombianos. Nosotros intervenimos la nueva EPS y ya hemos logrado disminuir las quejas y

Accionado: Presidencia de la República Referencia: Primera instancia acción de tutela

por quedarse con los dineros de la salud de los colombianos. Nosotros intervenimos la nueva EPS y ya hemos logrado disminuir las quejas y esta en pleno proceso de transformación. Una es ba jar el costo de los medicamentos para que se compren a su precio real de mercado y no al doble que es lo que quiere el oligopolio, ordeñar como han hecho las hidroeléctricas al pueblo colombiano.

La nueva EPS fue manejada por presuntos delincuentes, eso supongo, lo investigará bien la fiscalía, pero los ladrones no solo roban, sino también los roban otros ladrones ”. (negrita y subrayado fuera del texto original)

3. El 25 de marzo de 2025, en el consejo de ministros que se transmitió a través de la televisió n nacional, se indicó que el tutelante y su familia son accionistas o detentan el control sobre la mencionada entidad. Las anteriores manifestaciones del jefe de Estado, según el actor, carecen de fundamento fáctico y probatorio.

4. Relató que el 26 de marzo, el tutelante solicitó al presidente de la República la retractación de las afirmaciones realizadas por la mencionada red social. El 7 de mayo del 2025, un asesor del despacho del departamento administrativo de la Presidencia de la República respondió la solicitud en el sentido de indicarle que “el mensaje publicado por el primer mandatario se interpretó de forma indebida, en la medida que, cuando se empleó la expresión “La Nueva EPS la creo Vargas Lleras”, lo que quería hacerse era emplear un recurso lingüístico que indicara que el suscrito había hecho parte de la Junta Directiva de la Nueva EPS y que en esa medida, el

lo que quería hacerse era emplear un recurso lingüístico que indicara que el suscrito había hecho parte de la Junta Directiva de la Nueva EPS y que en esa medida, el resultado de lo que era la EPS, en buena parte había sido resultado de su gestión.”

5. Indicó que entre el jefe de Estado y el tutelante existe una relación simétrica que habilita los cuestionamientos indicados en el mensaje de la red social.

6. Afirmó que, las aseveraciones del presidente de la República afectan negativamente el buen nombre y honra, el prestigio de él y su familia “socavando la confianza que en nosotros se tiene” . Argumentó que las afirmaciones objeto de la acción de tutela son difamatorias y busca que se decrete el amparo transitorio para que se evite que se expandan las difamaciones que “el señor Petro Urrego ha venido efectuando [y] se expandan y prolonguen en el tiempo, en perjuicio de los derechos fundamentales a la honra y buen nombre de mi familia y del suscrito”.

7. Recordó lo indicado por la Corte Interamericana de Dere chos Humanos conforme a la cual, la libertad de expresión encuentra límites en los derechos ajenos y que existen responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de la libertad de expresión. En el mismo sentido indicó que en razón a que las afirmaciones del jefe de estado no se fundan en elementos probatorios relevantes, se hace necesario la limitación de la libertad.

8. Precisó que el precedente fijado en la Sentencia T-007 de 2020 proferida por la Corte Constitucional, señala que la tutela es proceden te para la protección del derecho al buen nombre y honra. Asimismo, afirmó que los fallos de tutela proferidos

la Corte Constitucional, señala que la tutela es proceden te para la protección del derecho al buen nombre y honra. Asimismo, afirmó que los fallos de tutela proferidos por el Consejo de Estado con radicado 11001031500020240388900 y 11001031500020240619900 en los que se resolvieron dos acciones de tutela promovidas por el mismo demandante contra el Jefe de Estado, se examin aron otros mensajes de la red social x, antes Twitter, respecto a “afirmacionesRadicación número: 11001-03-15-000-2025-02790-00

Accionante: Enrique Vargas Lleras Accionado: Presidencia de la República Referencia: Primera instancia acción de tutela

relacionadas con la gestión que efectué al interior de la Nueva EPS y que coinciden con las que están dando lugar a éste trámite”.

9. Indicó que en “ los fallos previamente mencionados, se analizó la conducta del accionado, y se concluyó que el primer mandatario hizo una referencia explícita a una supuesta responsabilidad de la familia Vargas Lleras en la administración de los recursos de la entidad promotora de salud, situación que violaba mis derechos fundamentales” y recordó que el Jefe de Estado ejerce el derecho a la libertad de expresión pero en razón a la dignidad que ostenta, su ejercicio está limitado al deber de difundir información veraz y respaldada en elementos de prueba.

10. En este caso, el actor sostuvo que las afirmaciones del accionado no cuentan con respaldo probatorio, además de que su contenido incurre en conductas punibles de injuria y calumnia, especialmente el párrafo final del mensaje de la red social. El demandante recordó que fue miembro de la junta directiva de la Nueva EPS, pero

con respaldo probatorio, además de que su contenido incurre en conductas punibles de injuria y calumnia, especialmente el párrafo final del mensaje de la red social. El demandante recordó que fue miembro de la junta directiva de la Nueva EPS, pero aclaró que no existe información financiera o contable relacionada con supuestas deudas a cargo de la entidad o de malos manejos.

11. Señaló que no existe simetría entre el jefe de Estado y el tutelante, pues se trata de una persona privada que no ejerce cargos públicos. Precisó que la cuenta de la red social de X del jefe de Estado tiene más de ocho millones de seguidores y agregó que “Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que, con las afirmaciones que ha efectuado el Presidente de la República y los efectos de las mismas, se ha generado un daño a la reputación y al buen nombre del suscrito y de mi familia, pues de manera pública y en diferentes sectores se está poniendo en duda la gestión y honestidad con la que asumí el rol de miembro de la Junta Directiva de la

EPS”.

Trámite de la acción de tutela.

12. En auto de 15 de mayo de 2025, el despacho sustanciador admitió la tutela contra el presidente de la República, vinculó al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), como tercero con interés.

13. El Departamento Administrativo de la Presidencia 1 intervino con el fin de solicitar se declare improcedente el amparo pues el actor carece de legitimación en la causa por activa, puntualmente para buscar la protección de los derechos en nombre de su familia.

14. En punto al examen de fondo, solicitó negar el amparo pues los mensajes

solicitar se declare improcedente el amparo pues el actor carece de legitimación en la causa por activa, puntualmente para buscar la protección de los derechos en nombre de su familia.

14. En punto al examen de fondo, solicitó negar el amparo pues los mensajes cuestionados no afectaron el derecho al buen nombre y honra del actor. Adujo que las declaraciones del presidente de la República no persiguen atribuirle la calidad de fundador o creador de la nueva EPS al actor, sino destacar s u incidencia en el manejo de la entidad, durante el tiempo que fue miembro y presidente de la Junta

Directiva.

15. Indicó que el objetivo de dichos mensajes era el de destacar su participación en el manejo de la entidad como miembro de la junta de dirección y para mostrar

1 Índice samai 10Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02790-00

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cómo durante su gestión la misma tuvo un crecimiento exponencial de afiliados, lo que aumentó la recepción de recursos públicos a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y que pese a este aumento en los ingresos, entre los años 2013 y 2023, dicha entidad acumuló compromisos financieros que contribuyeron a su intervención forzosa por parte de las autoridades.

16. Indicó que el mensaje si tuvo una justificación fáctica mínima y fue razonable, tal como lo exigen las opiniones en asuntos d e interés público. Reprochó que el actor interpretó de manera sesgada, personal y subjetiva las palabras empleadas por el primer mandatario. Finalmente indicó que, si bien el actor no es servidor

tal como lo exigen las opiniones en asuntos d e interés público. Reprochó que el actor interpretó de manera sesgada, personal y subjetiva las palabras empleadas por el primer mandatario. Finalmente indicó que, si bien el actor no es servidor público, sí ostenta el cargo de presidente de la Junta Direc tiva de la Cámara de Comercio de Bogotá (desde enero del presente año hasta la actualidad) y que ha pertenecido a la misma desde el año 2006, de igual forma ha sido parte de la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá por más de 25 años; cargos qu e por sí solos evidencian una situación de simetría frente al Presidente de la República.

CONSIDERACIONES

Competencia

17. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos

18. En primer lugar, la Subsección debe establecer si la acción de tutela de la referencia satisface los requisitos de procedencia formales, en tanto la jurisprudencia constitucional señala las condiciones que debe cumplir la acción de tutela respecto al ejercicio de la libertad de expresión en redes sociales. La Sala examinará el cumplimiento de dichos requisitos, respecto del mensaje difundido en la red social x.com el 22 de marz o y la mención que hizo el jefe de Estado en el consejo de ministros de 25 de marzo.

19. En caso de concluir que la acción de tutela es procedente, el segundo

la red social x.com el 22 de marz o y la mención que hizo el jefe de Estado en el consejo de ministros de 25 de marzo.

19. En caso de concluir que la acción de tutela es procedente, el segundo problema a resolver consiste en analizar si las expresiones contenidas en las redes sociales y la afirmación realizada en el consejo de ministros por el Presidente de la República se encuentran amparadas por la garantía constitucional de la libertad de expresión, o en su defecto implican la vulneración de los derechos a la honra y buen nombre e intimidad del tutelante y de su núcleo familiar.

20. Con el fin de resolver los anteriores problemas jurídicos, la Subsección acudirá al precedente constitucional sobre (i) la procedencia de la acción de tutela en casos de ejercicio de la libertad de expresión en redes sociales; (ii) el contenido del derecho a la libertad de expresión, especialmente, en casos de servidores públicos; (iii) el contenido y titulares del derecho al buen nombre, honra e intimidad, como límites a la libertad de expresión.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02790-00

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Procedencia formal de la acción de tutela respecto a afirmaciones contenidas en redes sociales.

21. Con la aparición de las redes sociales y su influencia en la difusión de información, siguiendo estándares interamericanos 2 la Corte Constitucional definió las reglas de procedencia de la acción de tutela cuando una persona utiliza las redes sociales para ejercer la libertad de expresión y el discurso entra en tensión con derechos fundamentales de otras personas3.

las reglas de procedencia de la acción de tutela cuando una persona utiliza las redes sociales para ejercer la libertad de expresión y el discurso entra en tensión con derechos fundamentales de otras personas3.

22. El precedente constitucional y el de esta subsección, ha indicado que existen reglas jurisprudenciales precisas aplicables a los casos en los que, mediante el uso de las redes sociales, un alto servidor público en ejercicio de la libertad de expresión difunde afirmaciones que, en principio, afectan el derecho al buen nombre y honra de otra persona natural. El precedente judicial ha sido detallado en indicar las condiciones de procedibilidad formal y material de la tutela en este tipo de contextos.

23. Para tal propósito, resulta relevante invocar para la resolución de este caso las sentencias T-203 de 2022, T-446 de 2020, T-124 de 2021 y la SU-420 de 2019, en las que la Corte Constitucional definió las reglas para determinar si la acción de tutela es formalmen te procedente en situaciones análogas. En la sentencia de unificación se indicó que para tal finalidad resultaba necesario examinar el cumplimiento de los requisitos de legitimación en la causa, tanto pasiva como activa, inmediatez y de subsidiariedad. En este punto, la Corte indicó que era necesario “fijar unas reglas diferenciadas a partir de la calidad del accionante, es decir, según sean personas naturales o personas jurídicas”.

24. En el caso de las personas jurídicas, se indicó que si bien ellas son titulares de derechos como el buen nombre y honra, en principio deben acudir a los mecanismos judiciales ordinarios para buscar la protección de dichos derechos, tales como los procesos de responsabilidad civil extracontractual. En el caso de la

de derechos como el buen nombre y honra, en principio deben acudir a los mecanismos judiciales ordinarios para buscar la protección de dichos derechos, tales como los procesos de responsabilidad civil extracontractual. En el caso de la acción de amparo formulada por personas naturales, la providencia de unificación precisó:

“69. Entre personas naturales, o cuando sea una persona jurídica alegando la afectación respecto de una persona natural, solo procederá cuando quien se considere agraviado haya agotado los siguientes requisitos:

1. Solicitud de retiro o enmienda ante el particular que hizo la publicación. Esto por cuanto la regla general en las relaciones sociales, y especialmente en las redes sociales, es la simetría por lo que la autocomposición se constituye en el método primigenio para resolver el conflicto y la acción de tutela es el mecanismo residual.

1. Reclamación ante la plataforma donde se encu entra alojada la publicación, siempre y cuando en las reglas de la comunidad se

2 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Libertad de expresión e internet. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 2013. 3 Se sigue, las sentencias T -446 de 2020 (José Fernando Reyes) T -124 de 2021 (M.P. Diana Fajardo), T-203 de 2022 (M.P. Diana Fardo Rivera) y SU -420 de 2019 (M.P. José Fernando Reyes Cuartas). En el caso del precedente de esta subsección se sigue la sentencia de 27 de septiembre de 2024 dentro del radicado 11001-03-15-000-2024-02507-01 C.P. María Adriana Marín.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02790-00

Accionante: Enrique Vargas Lleras

de 2024 dentro del radicado 11001-03-15-000-2024-02507-01 C.P. María Adriana Marín.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02790-00

Accionante: Enrique Vargas Lleras Accionado: Presidencia de la República Referencia: Primera instancia acción de tutela

habilite para ese tipo de ítem una posibilidad de reclamo (supra f. j. 64).

1. Constatación de la relevancia constitucional del asunto, aun cuando existen la acción penal y civil para ventilar este tipo de casos, no se predica su idoneidad y eficacia cuando así lo demuestre el análisis de contexto en que se desarrolla la afectación.

70. En tal sentido, en aras de comprobar la relevancia constitucional del asunto desde una p erspectiva iusfundamental es imperativo constatar el contexto en que se desarrollan los hechos presuntamente vulneratorios.”

25. En punto al examen del requisito de subsidiariedad, la Corte indicó que en los casos de acciones de tutela promovidas por personas naturales que ven amenazados o vulnerados sus derechos fundamentales por discursos difundidos en redes sociales, el juez constitucional debe verificar que se hayan satisfecho los requisitos de solicitud de retiro y reclamación ante la plataforma y además de la relevancia constitucional4. Para este último requisito, además explicó que, se debe

examinar:

71. En suma, la verificación de la relevancia constitucional del asunto de cara al análisis de subsidiariedad, se deberá realizar bajo los siguien tes

parámetros:

1. Quién comunica: esto es, el emisor del contenido, es decir, si se trata de un perfil anónimo o es una fuente identificable, para lo cual

cara al análisis de subsidiariedad, se deberá realizar bajo los siguien tes parámetros:

1. Quién comunica: esto es, el emisor del contenido, es decir, si se trata de un perfil anónimo o es una fuente identificable, para lo cual deberán analizarse las cualidades y el rol que ejerce en la sociedad, esto es, si se trata de un particular, funcionari o público, persona jurídica, periodista, o pertenece a un grupo históricamente discriminado.

1. Respecto de quién se comunica, es decir, la calidad del sujeto afectado, para lo cual debe verificarse si se trata de una persona natural, jurídica o con rel evancia pública. Exceptuando los eventos que se describen en el literal c siguiente sobre periodicidad y reiteración de las publicaciones que puedan constituirse en hostigamiento o acoso.

1. Cómo se comunica a partir de la carga difamatoria de las

expresiones, donde se debe valorar:

a) El contenido del mensaje: la calificación de la magnitud del daño no depende de la valoración subjetiva que de la manifestación realice el afectado, sino de un análisis objetivo, neutral y contextual, entre otros.

b) El medio o canal a través del cual se hace la afirmación.

4 Lo anterior fue reiterado en la T -203 de 2022, providencia en la que la Corte indicó: “16 5. En la Sentencia SU-420 de 2019, la Corte Constitucional señaló que los parámetros de quién comunica, sobre quién o qué comunica, a quién comunica y cómo comunica son también herramientas para analizar la relevancia constitucional de un caso concreto, qu e involucra

comunica, sobre quién o qué comunica, a quién comunica y cómo comunica son también herramientas para analizar la relevancia constitucional de un caso concreto, qu e involucra expresiones en redes sociales. Estos, permiten analizar si se presenta una situación de indefensión, si el conflicto puede ser resuelto por el juez constitucional o si debe acudirse a otra vía judicial. Por último, también explicó la Sala Plena que, antes de presentar la tutela, la persona debería solicitar la eliminación del mensaje de la plataforma, siempre y cuando este vulnere claramente sus normas comunitarias. Esta es una manifestación del principio de auto regulación de las redes sociales ”.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02790-00

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c) El impacto respecto de ambas partes (número de seguidores; número de reproducciones, vistas, likes o similares; periodicidad y reiteración de las publicaciones).

26. Con base en estas reglas jurisprudenciales se examina, si en el caso concreto se satisface la procedencia formal de la acción de tutela.

27. Estudiado el requisito de legitimación en la causa por activa , la Sala establece que el actor no cuenta con legitimación en la causa por activa para solicitar la protección de los derechos al buen nombre y honra de los miembros de su núcleo familiar, toda vez que no los identifica y particulariza, no apor ta poder especial para actuar en nombre de ellos y no es posible tenerlo como agente oficioso, en tanto no indica que algún integrante de su círculo familiar se encuentre imposibilitado para ejercer la defensa de sus derechos.

especial para actuar en nombre de ellos y no es posible tenerlo como agente oficioso, en tanto no indica que algún integrante de su círculo familiar se encuentre imposibilitado para ejercer la defensa de sus derechos.

28. En este punto debe recordarse que, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 prescribe que podrá ejercer la acción de tutela, el titular del derecho fundamental amenazado, su apoderado o representante legal, un tercero que ejerza como agente oficioso, “ cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa ”. También podrán ejercer la acción, el defensor del pueblo y los personeros municipales.

29. En el caso concreto, el actor afirma que busca la protección de los derechos fundamentales de él mismo, y de los miembros de su familia. Para el tutelante, se satisface el requisito de legitimación en la causa por activa, pues invoca los derechos fundament ales de los cuales es titular, pero respecto a los demás miembros de su familia no se cumple este presupuesto.

30. Por lo anterior, el examen constitucional se circunscribe a determinar si la publicación de 22 de marzo de 2025 vulneró los derechos fundamenta les al buen nombre, honra e intimidad del tutelante, excluyendo un pronunciamiento sobre los derechos fundamentales de los miembros de la familia del actor 5. En el caso del mensaje difundido en el consejo de ministros de 25 de marzo de 2025, el mismo se refiere directamente al actor, pues la literalidad de este indicó se refirió al “hermano de Vargas Lleras”. Se transcribe el mensaje del jefe de Estado en aquella

oportunidad:

“(…) el desastre, 5 billones de pesos que esa EPS privada en manos del hermano

de Vargas Lleras”. Se transcribe el mensaje del jefe de Estado en aquella oportunidad:

“(…) el desastre, 5 billones de pesos que esa EPS privada en manos del hermano de Vargas Lleras debía pagarle a clínicas y hospitales y no le pagó, pero si sabemos que mientras había anticipos de pago a empresas farmacéuticas y a clínicas privadas, entonces unas eran castigadas y otras premiadas. ¿Por qué había unas premiadas?, ¿a quién pertenecían?...”

5 Tal como se resolvió en la sentencia 11001 -03-15-000-2024-03889-00 de 27 de agosto de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera de la Corporación. C.P. Martin Bermúdez Muñoz. Respecto de una acción de tutela promovida por el mismo act or, contra el presidente de la república, por una manifestación hecha por la red social “X”, fundamento Jurídico No. 7: “Al respecto, se advierte que el actor solicita el amparo de un derecho fundamental del que es titular y que se identifica por el apelli do o nombre familiar sobre el cual reclama la vulneración. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, le asiste legitimación en la causa para ejercer la acción de tutela, en nombre propio, como ya se estableció .” En el acápit e resolutivo se indicó: “PRIMERO: DECLÁRASE de oficio la falta de legitimación en la causa del accionante Enrique Vargas Lleras para impetrar pretensiones de amparo respecto de su familia.”.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02790-00

Accionante: Enrique Vargas Lleras

Accionado: Presidencia de la República

Vargas Lleras para impetrar pretensiones de amparo respecto de su familia.”.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02790-00

Accionante: Enrique Vargas Lleras Accionado: Presidencia de la República Referencia: Primera instancia acción de tutela

31. Respecto al requisito de legitimación en la causa por pasiva, el mismo se encuentra cumplido, pues la acción de tutela se dirige contra el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, quien en su cuenta personal de la red social “X” (antes Twitter) difundió información, supuestamente, dirigida contra el tutelante. Y quien, además, dos días después hizo una aseveración sobre el actor durante el desarrollo de un Consejo de ministros. En esa medida, la acción de tutela se formuló contra la persona que incurrió en dos actos que pudieron haber vulnerado el derecho al buen nombre, honra e intimidad del demandante.

32. La Sala también encuentra cumplido el requisito de inmediatez, toda vez que, el mensaje de la red social objeto de escrutinio judicial fue publicado el 22 de marzo de 2025; la afirmación en el consejo de ministros se produjo el 25 de marzo mientras que la acción de tutela se promovió el 12 de mayo de 2025, vale decir, en un lapso menor de dos meses contados a partir del acto supuestamente violatorio de los derechos fundamentales del actor.

33. En relación con el requisito de subsidiariedad, aplicando las reglas de las sentencias SU-420 de 2019, T-124 de 2021 y T-203 de 2022, respecto de casos de altos servidores públicos que usan sus redes sociales para cuestionar a personas particulares, la Sala encuentra que el tutelante solicitó el retiro o enmienda de la

altos servidores públicos que usan sus redes sociales para cuestionar a personas particulares, la Sala encuentra que el tutelante solicitó el retiro o enmienda de la información por cuanto el 26 de marzo de 2025, dirigió una comunicación al Presidente de la República, solicitando rectificación del mensaje que se difundió el 22 de marzo de 20256, que fue despachada en forma negativa el 7 de mayo de los corrientes.

34. Respecto al cumplimiento del requ isito jurisprudencial de haber agotado previamente ante la red social “x.com” conforme sus reglas comunitarias, el retiro de la publicación de 22 de marzo de 2025, resulta relevante lo indicado por la Corte Constitucional en la Sentencia T -203 de 2022. En dicha decisión se resolvió una acción de tutela promovida por una organización no gubernamental defensora del derecho a la libertad de expresión contra el gerente de RTVC sistema de medios públicos, quien en un mensaje en la red social “x” atacó a la ONG, y la acusó de interceptar comunicaciones privadas. En la providencia se indicó que las reglas de la comunidad de la red social, antes conocida como Twitter, ahora “x.com”, no prevé que uno de los motivos para eliminar mensajes, sea la vulneración del derec ho al buen nombre y honra, motivo por el cual, no resultaba necesario agotar ese requisito. Por lo demás, agréguese que la Presidencia de la República no efectuó un pronunciamiento expreso sobre este punto en particular.

35. Respecto al requisito de relevanc ia constitucional, la Sala estima que la presente controversia reviste de capital importancia a la luz de la Carta Política, puesto que la jurisprudencia prescribe que cuando quien emite el discurso en

35. Respecto al requisito de relevanc ia constitucional, la Sala estima que la presente controversia reviste de capital importancia a la luz de la Carta Política, puesto que la jurisprudencia prescribe que cuando quien emite el discurso en ejercicio de la libertad de expresión, es por ejemplo, un servidor público, especialmente cuando ejerce altos cargos del Estado como la Presidencia o Vicepresidencia de la República su mensaje goza de mayor credibilidad y resonancia, motivo por el cual, prima facie, se trata de un asunto que debe ser resuelto por el juez del amparo.

6 Folio 35 del escrito de tutela.Radicación número: 11001-03