CE - Sentencia 11001031500020250299701 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-02997-01

Accionante: Jarol Javier Palacios Palacios Accionados: Presidencia de la República y otros

Tema: tutela contra autoridad administrativa. Subtema 1: designación de funcionaria en la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. Subtema 2: reglamentación de asuntos establecidos en la Ley 70 de

1993. Subtema 3: subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la impugnación interpuesta por el señor Jarol Javier Palacios Palacios en contra de la sentencia del 17 de julio de 2025 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Jarol Javier Palacios Palacios presentó acción de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la autonomía de los pueblos negros del pacífico y el «derecho colectivo y representación

El señor Jarol Javier Palacios Palacios presentó acción de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la autonomía de los pueblos negros del pacífico y el «derecho colectivo y representación de las comunidades negras ante el Gobierno nacional», que consideró vulnerados por la Presidencia y Vicepresidencia de la República, el Ministerio del Interior y la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras , con el reintegro de la señora Amelia Rocío Cote s Cortés, al empleo de directora técnica, código 010000000, grado 23 de la planta global de la referida dirección.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela 1 y de los demás elementos aportados por las partes en el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02997-00, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02997-01

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2. El señor Jarol Javier Palacios Palacios es abogado y miembro de la comunidad de afrodescendientes de Colombia.

3. El artículo transitorio 55 de la Constitución dispuso que dentro de los dos años siguientes a su vigencia, el Congreso de la República, previo estudio por parte de una

afrodescendientes de Colombia.

3. El artículo transitorio 55 de la Constitución dispuso que dentro de los dos años siguientes a su vigencia, el Congreso de la República, previo estudio por parte de una comisión especial del Gobierno nacional, debía expedir una ley que reconociera los derechos de las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción.

4. En desarrollo de la anterior disposición constitucional, el Congreso de la República promulgó la Ley 70 de 1993, que estableció mecanismos para proteger la identidad cultural, fomentar el desarrollo y asegurar la titulación de tierras . Normativa que resultaba aplicable a otras zonas del país con similares condiciones.

5. Sin embargo, a juicio del accionante, aún existen vacíos normativos y aspectos sin reglamentar de la citada ley, entre estos: (i) capítulo 4, sobre recursos naturales; (ii ) capítulo 5, sobre los recursos mineros; y, (iii) el capítulo 7, que se refiere al modelo de desarrollo, para que los territorios puedan fomentar su desarrollo económico y cultural.

6. El Ministerio del Interior cuenta con una oficina , que tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han ocupado tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del pacífico . Asimismo, tiene el propósito de establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de estas poblaciones como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar les unas condiciones reales de igualdad de

establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de estas poblaciones como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar les unas condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana.

7. En cumplimiento del fallo de tutela del 23 de octubre de 2024, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia, el M inisterio del Interior, expidió la Resolución núm. 2019 del 23 de octubre de 2024, mediante la cual resolvió «reintegrar y reubicar a Amelia Rocío Cotes Cor tés, al empleo de Director Técnico, código 0100, grado 23 de la planta global, ubicado en la Dirección de Asuntos

para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras […]».

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

8. La parte actora, en el escrito de tutela2, requirió lo siguiente:

Primero. se tutelen los derechos invocados. el derecho art 13 y 86 CN a la igualdad, derecho a la autonomía de los pueblos negros del pacífico, derecho colectivo y representación de las comunidades negras y demás normas.

Segundo. Como consecuencia del hecho anterior, solicito se ordene al gobierno nacional, designar como director de la dirección de asuntos de comunidades negras un miembro los procesos organizativos de las organizaciones negras, o asentamientos de comunidades negras, pueblos negros del pacífico idóneo para ocupar el cargo conforme su manual de funciones.

miembro los procesos organizativos de las organizaciones negras, o asentamientos de comunidades negras, pueblos negros del pacífico idóneo para ocupar el cargo conforme su manual de funciones.

2 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-02997-00, índice 2, certificado núm. 0B71072F24CE4733 BBAB2956A356B87B EF37A31A6761547E 8496C34B2EDAC760.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02997-01

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Tercero. Como consecuencia del hecho anterior ordenar a los señores, DR. GUSTAVO

PETRO URREGO, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, DR.

ARMANDO BENEDETTI, MINISTRO DEL INTERIOR, DRA. FRANCIA MÁRQUEZ MINA, VICEPRESIDENTA DE COLOMBIA, reglamentar el capítulo 5 que tiene que ver con los recursos mineros”, se ubican en el territorio de los títulos colectivos de las comunidades negras. Derechos fundamentales de los pueblos negros que vienen siendo vulnerados por el gobierno nacional estos 33 años consecutivos. Con respuesta superficiales no sustanciales.

Quinto. como consecuencia del hecho anterior ordenar a los señores, DR. GUSTAVO

PETRO URREGO, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, DR.

ARMANDO BENEDETTI, MINISTRO DEL INTERIOR, DRA. FRANCIA MÁRQUEZ MINA, VICEPRESIDENTA DE COLOMBIA, reglamentar el capítulo 7 que tiene que ver con el modelo de desarrollo, de las comunidades negras para que los territorios puedan fomentar su desarrollo económico y cultural. Derechos fundamentales de los pueblos negros que vienen siendo vulnerados por el gobierno nacional es tos 33 años consecutivos. Con respuesta superficiales no sustanciales […]»3.

9. Como fundamento de sus pretensiones, el accionante, en el escrito de amparo, argumentó que las entidades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales, toda vez que se designó a la señora Amelia Rocío Cotes Cortés como directora de la Dirección de Asuntos de Asuntos para Comunidades Negras , Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior sin tener en cuenta que no reunía las condiciones para asumir el cargo.

Dirección de Asuntos de Asuntos para Comunidades Negras , Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior sin tener en cuenta que no reunía las condiciones para asumir el cargo.

10. En este sentido, explicó que la señora Cotes Cortés no pertenece a la comunidad afrocolombiana ni hizo parte de los procesos de conformación de las organizaciones negras, no pertenece a las zonas donde se encuentran sus asentamientos, por lo que su designación le quita la representación equitativa a las comunidades en el gobierno que responda a sus necesidades particulares, a la preservación del ambiente, a la conservación y cualificación de sus prácticas tradicionales de producción, a la erradicación de la pobreza y al respeto y reconocimiento de su vida social y cultural.

11. Resaltó que la señora Amelia Rocío Cotes Cort és no tiene el conocimiento sobre sus prácticas tradicionales ancestrales y ello le impide ejercer adecuadamente el cargo, para diseñar políticas públicas, planes de acción, programas de asistencias técnica y social de apoyo a la población negra, así como, c oordinar de forma interinstitucional espacios de participación para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras para promover la participación de las organizaciones y autoridades que los representan.

3 Se transcribe incluso con erroresRadicado: 11001-03-15-000-2025-02997-01

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12. Por otro lado, afirmó que, antes de ser designada como directora de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, la señora Amelia Rocío Cotes Cort és fungía como directora de la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior; sin embargo, fue declarada insubsistente de ese cargo mientras se encontraba en embarazo, razón por la que promovió acción de tutela en la cual se ordenó su reintegro.

2.3. Trámite procesal

13. El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante auto del 23 de mayo de 20254, i) admitió la solicitud de amparo ; ii) ordenó la notificación a la Presidencia de la República, a la Vicepresidencia de la República, al Ministerio del Interior y a la directora de Asuntos de Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras .; iii) dispuso comunicar el auto admisorio en la página web de la corporación para que los miembros de las comunidades interesadas se enteraran de la decisión y pudieran intervenir.

2.4. Intervenciones

14. El Grupo de Gerencia de Defensa Judicial de la Presidencia de la República5 solicitó la desvinculación de la Presidencia y la Vicepresidencia de la República del trámite de tutela, debido a que carecen de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que los hechos reprochados recaen sobre actos desarrollados al interior del

Ministerio del Interior.

trámite de tutela, debido a que carecen de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que los hechos reprochados recaen sobre actos desarrollados al interior del Ministerio del Interior.

15. De esta manera, indicó que el Ministerio del Interior es el competente para crear, conformar y asignar funciones a los órganos de asesoría y coordinación necesarios para el cumplimiento de su misión. Así pues, en cumplimiento de estas facultades, profirió el acto de nombramiento de la directora de asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en cuya actuación no intervino el presidente ni la vicepresidenta.

16. De otra parte, mencionó que en cumplimiento de lo ordenado en la Ley 70 de 1993 se expidió el artículo 351 de la Ley 2294 de 2023 y el Decreto 1188 de 2024, este último le confió a la vicepresidenta de la República la misión de coordinación interinstitucional e intersectorial para avanzar en la reglamentación, desarrollo e implementación integral de esa disposición.

17. Así pues, precisó que actualmente se han expedido tres decretos reglamentarios de la Ley 70 de 1993, esto es : (i) el Decreto 1384 de 2023 6 (ii) el Decreto 1396 de

4 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-02997-00, índice 4, certificado núm. 5B4706AB3E04614A 45D355ED1C9348CC

EC952484B5FCBB8E D7F841AD8DCE8058 . . 5 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-02997-00, índice 1 7, certificado núm. CD79F95385C21972 81E0089532C92325 F339C841E708722D FB712DA0E03314C4. 6 “Por el cual se reglamenta el capítulo IV y las demás disposiciones ambientales contenidas en la Ley 70 de 1993, en lo relacionado con los recursos naturales renovables y del ambiente, en los territorios colectivos adjudicados, en trámite u ocupados ancestral y/o tradicionalmente por las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y se adiciona al Título 12 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y se dictan otras disposiciones”.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02997-01

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20237 y, (iii ) el Decreto 0129 de 2024 8; sin embargo, aún están pendientes de reglamentar 25 de los 68 artículos que integran la referida ley.

18. Agregó que la Vicepresidencia de la República presentó a las diferentes carteras del Gobierno nacional un documento de proyecto de decreto que incluía las propuestas de medidas para la reglamentación integral de la norma, que se estructura mediante

18. Agregó que la Vicepresidencia de la República presentó a las diferentes carteras del Gobierno nacional un documento de proyecto de decreto que incluía las propuestas de medidas para la reglamentación integral de la norma, que se estructura mediante siete ejes temáticos de trabajo, que permite facilitar la revisión, análisis y discusión del mismo, as í: (i) instrumentos de planificación; (ii) agricultura y asociatividad; (iii) infraestructura física y productiva; (iv) ambiental y minero; (v) identidad étnica y cultural; (vi) salud, protección, vivienda, agua y saneamiento básico; y, (vii) fortalecimiento organizativo.

19. Por último, refirió que el mentado proyecto normativo pasará por fase de socialización y participación ciudadana, en la cual puede hacerse participe el actor.

20. El Ministerio el Interior9 manifestó que los reclamos expuestos por el accionante en relación con el nombramiento de la señora Amelia Rocío Cotes Cortés en el empleo de directora de Asuntos de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras carecen de fundamento, pues el Decreto 1083 de 201510 y el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales del Ministerio del Interior no establecen como requisito para acceder al mencionado cargo el haber sido o ser parte de procesos organizativos de las comunidades negras como lo indicó el accionante ni ser parte de la misma comunidad.

21. Precisó que, mediante Resolución núm. 2019 de 2024, se efectuó el nombramiento de la señora Amelia Rocío Cotes Cortés como directora de la entidad, en estricto cumplimiento al fallo de tutela del 23 de octubre de 2024, en el cual el Tribunal Superior

de la señora Amelia Rocío Cotes Cortés como directora de la entidad, en estricto cumplimiento al fallo de tutela del 23 de octubre de 2024, en el cual el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia ordenó a esa cartera ministerial a reintegrar a la funcionaria en un cargo igual o superior al que venía desempeñando al momento de su retiro. En esa medida, existen limitaciones legales para el nombramiento de un nuevo director, en los términos que solicita el actor.

22. Por otro lado, en lo que respecta a la regulación de algunos capítulos de la Ley 70 de 1993, refirió que mediante Decreto 1188 de 2024, se confió a la Vicepresidencia de la República varias funciones, entre ellas, « […] la misión de coordinación interinstitucional e intersectorialmente para avanzar en la reglamentación, desarrollo e implementación integral de la Ley 70 de 1993 de conformidad con el artículo 351 de la Ley 2294 de 2023».

23. Además, aseveró que la reglamentación de los capítulos referidos por el actor involucra a diferentes entidades, que trasciende las competencias de la cartera ministerial, toda vez que: (i) el capítulo 4, sobre recursos naturales requiere « […] la

7 "Por el cual se reglamenta el Capítulo V de la Ley 70 de 1993, se adoptan mecanismos especiales para el fomento y desarrollo de las actividades mineras en los territorios colectivos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, se

dictan otras disposiciones, y se adiciona el Capítulo 11 al Título V de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1073 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía". 8 “Por el cual se adiciona el Título 25 de la Parte 14 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015 , Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, en lo relacionado con la reglamentación de los procedimientos de ampliación y saneamiento de las tierras de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras; se adoptan mecanismos para la protección y seguridad jurídica de los territorios ocupados y poseídos ancestral y/o tradicionalmente por las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y se dictan otras disposiciones". 9 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-02997-00, índice 23, certificado núm. 31A5ABFF3963673E C3C97410DCF8EE37 E332D1E2CEE38E3B 361E9F2C7AF774B1. 10 «Reglamentario del sector de la función pública».Radicado: 11001-03-15-000-2025-02997-01

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participación principal del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ( ANLA), dada la naturaleza técnica y

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participación principal del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ( ANLA), dada la naturaleza técnica y especializada de la materia ambiental»; (ii) el capítulo 5, referente a recursos mineros, «[…] es competencia primordial del Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería (ANM), entidades rectoras del sector minero en el país»; y, (iii) el capítulo 7 sobre modelo de desarrollo, «[…] requiere la coordinación del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y diversos ministerios sectoriales, dado que involucra políticas públicas transversales de desarrollo económico y social».

24. De esta manera, afirmó que la pretensión del actor corresponde a una exigencia de cumplimiento de una política pública, sin embargo, la tutela no es el mecanismo idóneo para corregir omisiones legislativas, ni puede usarse como un instrumento para obligar al Congreso de la Repú blica a legislar o al Ejecutivo a reglamentar normas, salvo que tal omisión afecte de manera directa y concreta un derecho fundamental del actor, lo cual no se acreditó en este asunto.

25. Por lo expuesto, solicitó que se declare improcedente la tutela , por cuanto no se cumplió con el requisito de subsidiariedad, dado que el actor dispone de otros mecanismos para solicitar la regulación de los aspectos que pretende se ordene a través de es te instrumento judicial. Adicionalmente, pidió que se le desvincule del presente trámite constitucional, debido a que carece de legitimación en la causa por pasiva.

26. La señora Amelia Rocío Cotes Cortés11, en su condición de directora de Asuntos

presente trámite constitucional, debido a que carece de legitimación en la causa por pasiva.

26. La señora Amelia Rocío Cotes Cortés11, en su condición de directora de Asuntos para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras requirió que se declare improcedente la tutela porque no cumplió con el requisito de subsidiariedad.

27. En este sentido, explicó que las pretensiones del actor sobre la regulación de algunos capítulos de la Ley 70 de 1993, se puede canalizar a través de los mecanismos de la acción de cumplimiento o las acciones populares.

28. Asimismo, indicó que el acto de nombramiento de su cargo pudo haberse demandado dentro de los 30 días siguientes a su expedición, ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, mediante el medio de control de nulidad electoral. Sin embargo, este se encuentra caducado, pues dicho acto fue expedido el 5 de noviembre de 2024 y para la fecha de presentación de la tutela, ese término se había superado.

29. Aseguró que el actor carece de legitimación en la causa por activa, pues no acreditó la vulneración de un derecho propio, sino una supuesta afectación de los derechos a la igualdad, la autonomía y la representación de las comunidades negras, es decir, un interés general o colectivo, el cual no puede protegerse por vía de tutela.

30. De igual manera, consideró que carece de legitimación en la causa por pasiva, porque no tiene competencia para proferir el acto de nombramiento de su cargo.

Además, afirmó que la designación se dio en cumplimiento de un fallo de tutela, por lo tanto, no puede considerarse que ese acto desconozca derechos de terceros.

Además, afirmó que la designación se dio en cumplimiento de un fallo de tutela, por lo tanto, no puede considerarse que ese acto desconozca derechos de terceros.

11 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-02997-00, índice 15, certificado núm. CAD659AFC880AF09 73F0566E0560EE20 AF57D55BC189B707 1FB7894BE5D8E90A.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02997-01

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31. Finalmente, expuso que los argumentos de la tutela son discriminatorios y vulneradores de sus derechos, pues se le cuestiona su idoneidad para ejercer el cargo solo por sus condiciones fenotípicas, a pesar de ser mujer con raíces afro, abiertamente auto reconocida.

32. El señor Juan Sebastián Ortiz Cotes12 pidió que se declare la improcedencia de la tutela porque no se configura una situación de perjuicio irremediable que permita la procedencia excepcional de la acción constitucional.

33. Expresó que los argumentos de la tutela son discriminatorios y de hostigamiento por razones de raza, religión, sexo y origen natural en contra de la señora Amelia Rocío Cotes Cortés y su grupo familiar , lo cual deriva en una vulneración sus derechos fundamentales.

34. Afirmó que la señora Cortés Cotes tiene un origen afrocolombiano, además de que

Cotes Cortés y su grupo familiar , lo cual deriva en una vulneración sus derechos fundamentales.

34. Afirmó que la señora Cortés Cotes tiene un origen afrocolombiano, además de que cuenta con el conocimiento y la experiencia laboral suficiente para desarrollar con diligencia el cargo designado.

35. El representante de las comunidades afrocolombianas del Caribe, el Magdalena Medio, el Urabá antioqueño, el sur del Cesar, la zona andina, el litoral atlántico, Amazonía y el interior del país13, se opuso a las pretensiones de la tutela, al considerar que los argumentos del actor son reduccionistas , contrarios a la Constitución, al convenio 169 de la OIT y al principio de unidad étnica y territorial del pueblo afrocolombiano.

36. Así pues, expuso que no existe una única representación legítima, organizativa o territorial de la comunidad afro ubicada exclusivamente en la cuenca del Pacífico, ya que en todo el territorio nacional existen comunidades afrocolombianas asentadas históricamente.

37. De este modo, precisó que la etnicidad no es una cuestión de raza o de color de piel, pues la identidad étnica de los pueblos es un asunto colectivo, dinámico y cultural, no exclusivamente biológico ni fenotípico. Además, refirió que la comunidad afrocolombiana es pluri religiosa y no monocultural, por lo tanto, no puede pretender que solo una forma de espiritualidad o de pensamiento es válida, ya que desconoce la libertad de conciencia y la autonomía de cada individuo y colectivo.

38. Por otro lado, expresó que el nombramiento de la directora de asuntos para

que solo una forma de espiritualidad o de pensamiento es válida, ya que desconoce la libertad de conciencia y la autonomía de cada individuo y colectivo.

38. Por otro lado, expresó que el nombramiento de la directora de asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras no puede estar condicionado exclusivamente por la pertenencia étnica entendida de manera fenotípica o regional. De esta manera, la idoneidad de un funcionario debe medirse por su experiencia, su compromiso con los derechos étnicos, su capacidad de interlocución y conocimiento técnico, al respecto citó las sentencias T-128 de 2018 y C-030 de 2008, en la cual se define la etnicidad como una construcción cultural no biológica.

39. En cuanto a la reglamentación de la Ley 70 de 1993 señaló que en efecto el Gobierno nacional debe avanzar en dicha tarea, pero no puede limitarse solo al

12 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-02997-00, índice 16, certificado núm. A644A1601B501920 35447DE03E347BDE 8B5D0EAC984B2EA2 67E88FC6A92A80E9. 13 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-02997-00, índice 20, certificado núm. 34507A1EABCDDD41 EDAAEDA5619DA13E 418B8645A31BC4DA 3908AC85FBB5CD1B.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02997-01

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pacífico colombiano, sino que debe atender a todo el territorio nacional donde se encuentre la población afro.

40. Por último, aseguró que, el modelo de desarrollo, el derecho al territorio y la consulta previa deben aplicarse no solo en la cuenca del pacífico, sino también en los pueblos negros del caribe, la zona andina y las ciudades, donde hay presencia significativa de comunidades afro, muchas de las cuales son víctimas del conflicto armado y la exclusión estructural.

41. El Colectivo Étnico Afrodescendiente de las Organizaciones radicadas en Montería, Córdoba y el Caribe (Coetaformon)14, se opuso a las pretensiones de la tutela, por cuanto no representa sus intereses y las peticiones de amparo están estructuras de forma sesgada y vulneradoras de derechos.

42. En este sentido, expuso que la señora Amelia Rocío Cotes Cortés es una persona reconocida en la región Caribe por su compromiso con la defensa de los derechos humanos y su labor como promotora del enfoque diferencial, así como por su capacidad para articular procesos sociales y estatales en favor de poblaciones vulnerables.

43. Añadió que el aporte que la mencionada funcionaria ha realizado a las causas afrocolombianas proviene tanto de su autorreconocimiento étnico como de su formación profesional, experiencia institucional y trabajo con diversos sectores,

vulnerables.

43. Añadió que el aporte que la mencionada funcionaria ha realizado a las causas afrocolombianas proviene tanto de su autorreconocimiento étnico como de su formación profesional, experiencia institucional y trabajo con diversos sectores, incluyendo mujeres, jóvenes, víctimas y comunidades étnicas.

44. De igual modo, afirmó que el hecho de cuestionar su legitimidad para ejercer un cargo público por su origen o creencias personales constituye una forma de exclusión contraria a los principios constitucionales de igualdad, pluralismo y no discriminación, por lo que manifestó su rechazó de esas prácticas.

45. Precisó que, si bien es importante la regulación de la Ley 70 de 1993, por parte del Gobierno nacional, también es cierto que este es un asunto que se trata de una causa colectiva de todo el pueblo afrocolombiano.

46. Los señores Jorge Luis Quiñones, representante legal del Consejo Comunitario La Voz de los Negros del municipio de Magui-Payan (Nariño); Hinio Mosquera Lozano, director ejecutivo de la Red de Veeduría Zar Anti Corrupción Ciudadano de Colombia y miembro de la C omisión Nacional Anticorrupción; Edwar Antonio Mosquera Lemus, representante legal electo del Consejo Comunitario de COCOMACOIRO; Ángel Yomel Mosquera Manyoma, representante del Consejo Comunitario ACABA del municipio del medio Baudó presentaron memoriales, a través de los cuales solicitaron acceder a las peticiones de la tutela.

47. Refirieron que, en atención a las características y las condiciones de las comunidades Afro en el país, es necesario proceder con la reglamentación de la Ley

presentaron memoriales, a través de los cuales solicitaron acceder a las peticiones de la tutela.

47. Refirieron que, en atención a las características y las condiciones de las comunidades Afro en el país, es necesario proceder con la reglamentación de la Ley 70 de 1993, como una forma efectiva para reivindicar sus derechos.

14 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-02997-00, índice 2 8, certificado núm. 11BB5F5EB30F1720 1EE46EACB7ED5FFC A7484E96DFBFD368 E2785A778DFA27AD.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02997-01

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48. Adicionalmente, manifestaron su inconformidad con el nombramiento de la directora de asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, pues consider aron que no los puede representar los, toda vez que su designación es una violación a la autonomía, enfoque diferencial