CE - Sentencia 11001031500020250310200 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03102-00

Demandante: Víctor Hugo Anacona Guzmán

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., primero (1º) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03102-00

Demandante: VÍCTOR HUGO ANACONA GUZMÁN

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR AUSENCIA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se pretendió utilizar el trámite constitucional como una instancia adicional y no se cumplió con la carga argumentativa mínima requerida.

La Sala1 decide la acción de tutela instaurada por Víctor Hugo Anacona Guzmán contra el Juzgado 31 Administrativo de Bogotá y la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 22 de mayo de 20252, el señor Víctor Hugo Anacona Guzmán instauró acción de

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 22 de mayo de 20252, el señor Víctor Hugo Anacona Guzmán instauró acción de tutela contra el Juzgado 31 Administrativo de Bogotá y la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso.

Solicitó lo siguiente:

(i) Que se declare la nulidad del auto proferido el 24 de octubre de 2024 por el Juzgado 31 Administrativo de Bogotá , mediante el cual se rechazó su demanda de reparación directa, así como del auto dictado el 26 de marzo de 2025 por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , a través del cual se confirmó la decisión de dicho juzgado.

1 Se advierte que el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente el 9 de junio de 2025, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. 2 Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03102-00

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(ii) Que se ordene la admisión de su demanda.

2. De la demanda de tutela y de los medios probatorios obrantes en el expediente , se extraen los siguientes hechos y argumentos jurídicamente relevantes:

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(ii) Que se ordene la admisión de su demanda.

2. De la demanda de tutela y de los medios probatorios obrantes en el expediente , se extraen los siguientes hechos y argumentos jurídicamente relevantes:

3. El 10 de septiembre de 2024, en ejercicio del medio de control de reparación directa, el señor Anacona Guzmán instauró demanda contra la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada —Supervigilancia— y la Cooperativa de Trabajo Asociado de Vigilancia y Seguridad Privada Cooseguridad —Cooseguridad CTA—, a fin de que fueran declaradas responsables de su exclusión como asociado de dicha cooperativa.

4. Para sustentar esa pretensión, el señor Anacona Guzmán sostuvo que la cooperativa demandada vulneró su derecho fundamental al debido proceso y desconoció el principio de legalidad al excluirlo con fundamento en unos estatutos reformados mediante las actas de la asamblea de delegados 069 de 2016 y 071 del mismo año, que fueron objeto de observaciones por parte de la Supervigilancia. Estas fueron consignadas en los oficios 20161400296731 del 9 de noviembre de 2016 y 20174440075661 del 8 de mayo de

2017.

5. Adicionalmente, como fundamento de su demanda de reparación directa, adujo que dicha superintendencia omitió sus funciones de vigilancia y control frente a Cooseguridad CTA, y eludió o tergiversó las peticiones presentadas en relación con esta.

6. Mediante auto del 24 de octubre de 2024 3, el Juzgado 31 Administrativo de Bogotá rechazó dicha demanda , por haber operado la caducidad del medio de control de

6. Mediante auto del 24 de octubre de 2024 3, el Juzgado 31 Administrativo de Bogotá rechazó dicha demanda , por haber operado la caducidad del medio de control de reparación directa. Argumentó que, por lo menos desde noviembre de 2016, el señor Anacona Guzmán sabía de la falta de aprobación del acta de asamblea de delegados 069 de l mismo año , por lo que podía acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo «hasta 2019», cuando —según dicho juzgado — se cumplieron los dos años de caducidad del medio control aludido, establecidos en el literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA.

7. El señor Anacona Guzmán apeló la anterior decisión y, mediante auto del 26 de marzo de 2025 4, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca la confirmó. Para el efecto, sostuvo que el término de caducidad debía contabilizarse desde el 14 de diciembre de 2017, es decir, desde el día siguiente a la notificación de la Resolución 385 del 4 de diciembre del mismo año, mediante la cual se excluyó al demandante de Cooseguridad CTA. Agregó que, aún si dicho término se contabilizara desde el 26 de diciembre de 2019, cuando se realizó una reunión con la Supervigilancia para discutir supuestas irregularidades de dicha cooperativa, plasmadas en las actas de la asamblea de delegados 069 de 2016 y 071 del mismo año, la demanda

3 Samai, índice 2, archivo «1_Demanda(…)», páginas 39 a 42.

en las actas de la asamblea de delegados 069 de 2016 y 071 del mismo año, la demanda

3 Samai, índice 2, archivo «1_Demanda(…)», páginas 39 a 42. 4 Samai, índice 2, archivo «1_Demanda(…)», páginas 43 a 57.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03102-00

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sólo podría haberse presentado hasta el 27 de septiembre de 2021 ; sin embargo, se radicó en septiembre de 2024.

8. En criterio del aquí accionante, el Juzgado 31 Administrativo de Bogotá debió considerar que el acta de asamblea de delegados 069 de 2016 adquirió firmeza cuando se realizaron todas las actuaciones establecidas en ella, que su naturaleza era la de un «acto complejo» y que estaba sometida a control de legalidad por parte de la Supervigilancia. Añadió que, en todo caso, ese control nunca fue realizado y dicha entidad no brindó ninguna explicación al respecto.

9. Por otro lado, en oposición a la decisión de la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el señor Anacona Guzmán adujo que supo del trámite del control de legalidad de las actas de asamblea de delegados 069 de 2016 y 071 del mismo año gracias un fallo de tutela del Juzgado 31 Laboral de Bogotá, no a la

trámite del control de legalidad de las actas de asamblea de delegados 069 de 2016 y 071 del mismo año gracias un fallo de tutela del Juzgado 31 Laboral de Bogotá, no a la reunión con la Supervigilancia. Agregó que, en consecuencia, el término de caducidad debía contabilizarse desde la expedición de dicho fallo, es decir, desde el 1° de diciembre de 2022.

10. Aparte, señaló que el hecho de que la Supervigilancia hubiera realizado observaciones sobre el acta 069 de 2016 impedía considerar que esta hubiera adquirido firmeza. Añadió que, por consiguiente , el término de caducidad debía contabilizarse desde la emisión del oficio 2022 030547 del 13 de diciembre de 2022 por parte de la Superfinanciera, mediante el cual se dio cumplimiento al fallo de tutela mencionado y en virtud del cual dicha acta quedó ejecutoriada.

11. En línea con lo expuesto, acusó a las autoridades judiciales accionadas de incurrir en un defecto fáctico por no valorar conjuntamente los medios probatorios obrantes en el expediente, dejando de lado «lo manifestado» sobre el acta de asamblea de delegados 069 de 2016 y limitándose a otorgar valor probatorio a los oficios 20161400296731 del 9 de noviembre de 2016 y 20174440075661 del 8 de mayo de 2017 , emitidos por la Superfinanciera, en virtud de los cuales se estableció la fecha en la que se tuvo conocimiento de la falta de aprobación de dicha acta y de la 071 de 2016.

12. Adicionalmente, les atribuyó un defecto sustantivo por contabilizar erróneamente el

conocimiento de la falta de aprobación de dicha acta y de la 071 de 2016.

12. Adicionalmente, les atribuyó un defecto sustantivo por contabilizar erróneamente el término de caducida d, en tanto ignoraron que sólo tuvo conocimiento del trámite del control de legalidad de las actas aludidas y de la magnitud del daño en virtud del fallo de tutela ya mencionado.

13. De otra parte, resaltó que su apoderado presentó cinco demandas de reparación directa idénticas a la suya, entre las cuales se encuentran aquellas que dieron origen a los procesos 11001-33-43-065-2024-00453-00 y 11001-33-43-060-2024-00333-00, que sí fueron admitidas por los juzgados correspondientes.

14. Además, acusó a las autoridades judiciales accionadas de desconocer una sentencia de «la Corporación en sede [c]onstitucional», en la cual se estableció que el término deRadicado: 11001-03-15-000-2025-03102-00

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caducidad no debe contabilizarse de manera absoluta y rígida, sino en consideración del momento en que la víctima tuvo conocimiento efectivo del daño.

15. Finalmente, les atribuyó un desconocimiento del precedente , por apartarse injustificadamente de lo establecido en el auto del 30 de septiembre de 2020, proferid o

momento en que la víctima tuvo conocimiento efectivo del daño.

15. Finalmente, les atribuyó un desconocimiento del precedente , por apartarse injustificadamente de lo establecido en el auto del 30 de septiembre de 2020, proferid o por el Consejo de Estado en el proceso con radicado interno 61.375, así como de lo expuesto en la sentencia T-301 de 2019 de la Corte Constitucional.

B. Trámite impartido e intervenciones

16. Mediante auto del 28 de mayo de 20255, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela y ordenó notificar, como demandados, a la titular del Juzgado 31 Administrativo de Bogotá y a los magistrados de la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. También dispuso notificar, en calidad de terceros con interés, a la superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada y al representante legal de la Cooperativa de Trabajo Asociado de Vigilancia y Seguridad Privada Cooseguridad.

17. La magistrada Clara Cecilia Suárez Vargas, integrante de la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca 6, indicó, en primer lugar, que no hubo ningún defecto en el análisis sobre la caducidad del medio de control de reparación directa ni en su consecuente declaración.

18. De otra parte, acusó al señor Anacona Guzmán de pretender reabrir un debate legal y, en consecuencia, calificó su solicitud de amparo como improcedente por falta de relevancia constitucional.

19. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 7 acusó al accionante de

y, en consecuencia, calificó su solicitud de amparo como improcedente por falta de relevancia constitucional.

19. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 7 acusó al accionante de pretender revivir el término de caducidad del medio de control de reparación directa, por lo que calificó su acción de tutela como improcedente por falta de relevancia constitucional.

20. La titular del Juzgado 31 Administrativo de Bogotá y el representante legal de Cooseguridad CTA guardaron silencio, pese a que se les notificó 8 el auto admisorio de la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES

C. Competencia

21. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el

5 Samai, índice 5. 6 Samai, índice 9. 7 Samai, índice 10. 8 Samai, índice 8.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03102-00

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artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13 y 17 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

D. Problema jurídico

en armonía con los artículos 13 y 17 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

D. Problema jurídico

22. La Sala determinará si la solicitud de amparo del señor Anacona Guzmán cumple el requisito de proced ibilidad de relevancia constitucional . Sólo en caso afirmativo, establecerá si cumple los demás requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y si las autoridades judiciales accionadas incurrieron en algún defecto al rechazar la demanda de reparación directa por aquel instaurada y al resolver desfavorablemente el recurso de apelación interpuesto contra esa decisión.

E. Alcance del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

23. Mediante sentencia del 5 de agosto de 2014 9, la Sala Plena de esta Corporación estableció que d icho requisito tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial, y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos cuya resolución corresponde a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo tiene relevanci a constitucional, sea necesario examinar dos

elementos:

24. Primero, que el actor cumpla una carga argumentativa mínima y justifique con suficiencia la vulneración de los derechos fundamentales. Es decir, no basta simplemente con invocar los derechos, sino que es necesario que se ofrezcan serias y amplias razones en clave constitucional que le permitan al juez de tutela adentrarse en el estudio de las causales específicas de procedibilidad que han sido invocadas y debidamente sustentadas.

amplias razones en clave constitucional que le permitan al juez de tutela adentrarse en el estudio de las causales específicas de procedibilidad que han sido invocadas y debidamente sustentadas.

25. Segundo, que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional del proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, pues ese valioso mecanismo de estirpe constitucional —la acción de tutela — fue creado para proteger derechos fundamentales, no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

26. En resumen, el requisito de relevancia constitucional no se agota con señalar los derechos fundamentales vulnerados e identificar los defectos de la providencia. Por el contrario, se requiere que la solicitud de amparo (i) contenga una carga argumentativa mínima y (ii) no sea utilizada como una instancia adicional a las establecidas por el legislador.

9 Proceso identificado con el radicado 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ) (MP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez).Radicado: 11001-03-15-000-2025-03102-00

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27. La tesis expuesta se ajusta al precedente reiterado de la Corte Constitucional, la cual, de manera consistente y consolidada, ha sostenido que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para

27. La tesis expuesta se ajusta al precedente reiterado de la Corte Constitucional, la cual, de manera consistente y consolidada, ha sostenido que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad o de índole patrimonial, o la interpretación propia de los jueces naturales. Por consiguiente, aquella es inidónea si lo pretendido es que el juez constitucional se adentre en juicios de corrección, de rectificació n o de interpretación propios de las especialidades de cada jurisdicción.

F. Incumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto

28. En primer lugar, el accionante sostuvo que, para contabilizar el término de caducidad del medio de control de reparación directa, el Juzgado 31 Administrativo de Bogotá debió considerar que el acta de asamblea de delegados 069 de 2016 adquirió firmeza cuando se realizaron todas las actuaciones establecidas en ella, que su naturaleza era la de un «acto complejo» y que estaba sometida a control de legalidad por parte de la

Supervigilancia.

29. Tras revisar el expediente del proceso 11001-33-36-031-2024-00274-01, la Sala identificó que los anteriores argumentos son una reproducción textual de los expuestos en el recurso de apelación interpuesto por el aquí accionante contra el auto mediante el cual se rechazó su demanda de reparación directa 10. Así, es evidente su intención de utilizar la acción de tutela para insistir en el debate planteado con dicho recurso y, de esa manera, acceder a una instancia adicional en relación con la decisión sobre la caducidad

utilizar la acción de tutela para insistir en el debate planteado con dicho recurso y, de esa manera, acceder a una instancia adicional en relación con la decisión sobre la caducidad del medio de control que pretendía ejercer —la reparación directa—.

30. Ahora, dicho debate fue resuelto por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante auto del 26 de marzo de 2025, como

se expone a continuación11:

La parte actora pretende se declare la responsabilidad de la Nación – Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y la Cooperativa COOSEGURIDAD CTA, con ocasión de la exclusión del señor Víctor Hugo Anacona Guzmán del Cooperativa citada, mediante r esolución No. 0835 del 4 de diciembre de 2017, y de la omisión en la intervención y toma de correctivos de la Superintendencia demandada ante las graves irregularidades de la Cooperativa, especialmente con la expedición de las Actas 069 de marzo de 2016 y Acta No. 071 del 30 de noviembre de 2016, que no fueron aprobadas por la Superintendencia

10 Tanto en la demanda de tutela como en dicho recurso (Samai, proceso 110013336031202400274 01, índice 3, carpeta en formato ZIP, archivo 005, página 1) , el señor Anacona Guzmán expuso lo siguiente: «[e]l Juzgado manifiesta simple y llanamente que los términos para contar la caducidad se toman desde el año 2017, fecha en la que se supo que la SUPERVIGILANCIA como ente de control de la Cooperativa Cooseguridad CTA no había aprobado con control y legali dad el acta 069 de la asamblea de delegados

el año 2017, fecha en la que se supo que la SUPERVIGILANCIA como ente de control de la Cooperativa Cooseguridad CTA no había aprobado con control y legali dad el acta 069 de la asamblea de delegados de la Cooperativa de marzo de 2016, pero la verdad por ser un acto complejo que requiere otras actuaciones administrativas, es decir un procedimiento de control posterior de legalidad, quiere decir que el acto no quedo en firme con ese oficio o el acta 069 debió haber tenido en cuenta hasta cuando se cerrara y finiquitaran todas las acciones que en esa acta se manifestaron». 11 Samai, proceso 1001333603120240027401, índice 5.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03102-00

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mediante oficios No. 20161400296731 del 9 de noviembre de 2016 y 20174440075661 del 8 de mayo de 2017. Adicionalmente, pretende se ordene el reconocimiento y pago de los perjuicios deprecados, entre otras pretensiones. (…)

Así las cosas, el término de caducidad se debe contar a partir del día siguiente a la ocurrencia del hecho dañoso, esto es[,] el jueves 14 de diciembre de 2017, teniendo en cuenta que el día anterior se le notificó al demandante la Resolución No. 0385 del 4 de diciembre del 2017, que lo excluyó de la Cooperativa y supuestamente le generó los perjuicios aquí deprecados. (…)

(…) [E]n la demanda se señaló:

Resolución No. 0385 del 4 de diciembre del 2017, que lo excluyó de la Cooperativa y supuestamente le generó los perjuicios aquí deprecados. (…)

(…) [E]n la demanda se señaló:

(…) [S]e concretó una mesa de concertación para el día 26 de septiembre de 2019 en las instalaciones de la Superintendencia (…). [L]levábamos aproximadamente 45 minutos y se les estaba exponiendo las irregularidades que están cometiendo los directivos de la COOPERATIVA COOSEGURIDAD CTA, y LA OMISIÓN de la Superintendencia, y que en las respuestas a los diferentes derechos de petición los funcionarios de la SUPERVIGILANCIA estaban TERGIVERSANDO el hallazgo de las novedades encontradas en la visita de inspección que realiz ó la Superintendencia a la Cooperativa Cooseguridad CTA el 18/02/2019, todo debidamente documentado, SE LEVANTARON DE LA MESA Y ABANDONARON LA SALA SIN NI[N]GUNA EXPLICACIÓN (…), así no llegando a ninguna conclusión ni obteniendo ninguna repuesta por parte de la SUPERINTENDENCIA DE

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA.

Así las cosas, y siendo más garantista, el demandante conocía para el 26 de septiembre de 2019 las supuestas irregularidades que generan la responsabilidad deprecada de la Superintendencia demandada, siendo en principio el plazo máximo para presentar la demanda el 27 de septiembre de 2021, y como la demanda se presentó el 10 de septiembre de 2024, se tiene que la demanda no fue presentada dentro del término legal para ello, de conformidad con el literal i) numeral 2º del artículo 164 del CPACA, razón por la cual se confirmará

2021, y como la demanda se presentó el 10 de septiembre de 2024, se tiene que la demanda no fue presentada dentro del término legal para ello, de conformidad con el literal i) numeral 2º del artículo 164 del CPACA, razón por la cual se confirmará el auto apelado. (Énfasis añadido).

31. En oposición a la anterior decisió n, el accionante adujo que los términos de caducidad debían contabilizarse desde el 1° de diciembre de 2022, fecha de emisión del fallo de tutela en virtud del cual supo del supuesto trámite de control de legalidad sobre las actas 069 y 071 de 2016 , o desde el 13 de diciembre siguiente, cuando la Supervigilancia expidió el oficio mediante el cual dio cumplimiento a dicho fallo y en virtud del cual el acta 069 adquirió ejecutoria.

32. Lo anterior , lejos de contener un argumento siquiera implícito sobre el desconocimiento de algún precepto constitucional y la consecuente necesidad de intervención del juez de tutela , únicamente evidencia un desacuerdo con la contabilización del término de caducidad por parte de la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En consecuencia, es claro que el reparo del accionante frente a la decisión de dicha subsección no satisface la cargaRadicado: 11001-03-15-000-2025-03102-00

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argumentativa mínima exigida para considerar cumplido el requisito de relevancia constitucional.

33. Adicionalmente, el contenido del auto del 26 de marzo de 2025 —citado en precedencia— indica que el análisis de la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se encaminó a garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia del señor Anacona Guzmán, pues abordó dos alternativas distintas para contabilizar el término de caducidad del medio de control de reparación directa. Por consiguiente, no puede considerarse que dicho auto haya constituido una decisión irrazonable o caprichosa que demande la intervención del juez de tutela ni, consecuentemente, que el requisito de relevancia constitucional se encuentre satisfecho, pese a la deficiencia argumentativa del accionante.

34. Ahora, este también alegó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto fáctico porque, para contabilizar el término de caducidad del medio de control de reparación directa, sólo otorgaron valor probatorio a los oficios 20161400296731 del 9 de noviembre de 2016 y 20174440075661 del 8 de mayo de 2017, emitidos por la Superfinanciera, e ignoraron «lo manifestado» sobre el acta de asamblea de delegados 069 de 2016.

35. Igualmente, les atribuyó un defecto sustantivo por haber contabilizado erróneamente

Superfinanciera, e ignoraron «lo manifestado» sobre el acta de asamblea de delegados 069 de 2016.

35. Igualmente, les atribuyó un defecto sustantivo por haber contabilizado erróneamente dicho término de caducidad, en tanto ignoraron que sólo tuvo conocimiento del trámite del control de legalidad de las actas aludidas y de la magnitud del daño en virtud del fallo de tutela ya mencionado.

36. Lo expuesto en los dos párrafos precedentes, de entrada, evidencia que el accionante insistió en su desacuerdo con la contabilización del término de caducidad del medio de control de reparación directa para alegar la configuración de los defectos fáctico y sustantivo. Igualmente, demuestra que no planteó ningún argumento que diera cuenta de una materialización siquiera eventual de dichos defectos; es decir, no presentó explicación alguna sobre cómo las providencias cuestionadas se fundamentaron en una valoración probatoria absolutamente inadecuada o insuficiente, se sustentaron en disposiciones inaplicables o en interpretaciones normativas irrazonables, o excluyeron la aplicación de una disposición pertinente, circunstancias que deben presentarse para afirmar la configuración de los defectos aludidos, según la Corte Constitucional12.

37. Así las cosas , lo alegado por el señor Anacona Guzmán para atribuir los defectos fáctico y sustantiv o a las autoridades judiciales accionadas tampoco satisfizo la carga

12 Sobre el particular, puede consultarse la sentencia de unificación 380 de 2021 . En esta se explicó que el defecto fáctico surge cuando «el apoyo probatorio en que se fundamentó un juez para resolver

12 Sobre el particular, puede consultarse la sentencia de unificación 380 de 2021 . En esta se explicó que el defecto fáctico surge cuando «el apoyo probatorio en que se fundamentó un juez para resolver determinado asunto es absolutamente inadecuado o insuficient e». Igualmente, se expuso que el defecto sustantivo «se presenta cuando la autoridad judicial emplea una norma inaplicable al caso concreto, deja de aplicar la norma adecuada o interpreta de forma contraria a la razonabilidad jurídica» . Además, se señaló que el error en virtud del cual se alegue uno u otro defecto debe haber sido determinante en la adopción de la decisión cuestionada por vía de tutela.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03102-00

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mínima argumentativa necesaria para considerar satisfecho el requisito de relevancia constitucional.

38. De otra parte, aquel adujo que el tribunal y el juzgado demandados desconocieron el precedente aplicable, por cuanto se apartaron injustificadamente de lo establecido en el auto del 30 de septiembre de 2020, proferido por el Consejo de Estado en el proceso identificado con la radicación interna 61.375, así como de lo expuesto en la sentencia T301 de 2019 de la Corte Constitucional.

39. Lo anterior, a primera vista, evidencia que el accionante no explicó el motivo por el cual, en su criterio, la razón de la decisión contenida en una u otra providencia constituía

301 de 2019 de la Corte Constitucional.

39. Lo anterior, a primera vista, evidencia que el accionante no explicó el motivo por el cual, en su criterio, la razón de la decisión contenida en una u otra providencia constituía precedente aplicable13 a la decisión sobre la admisión de su demanda de reparación directa. Así, es claro que, con el alegato de desconocimiento de precedente por parte de las autoridades judiciales accionadas, tampoco cumplió la carga argumentativa mínima exigida para considerar satisfecho el requisito de relevancia constitucional.

40. Adicionalmente, es importante señalar que, a través d el auto del 30 de septiembre de 2020, proferid o en el proceso identificado con radicado interno 61.37514, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la caducidad del medio de control de reparación directa, en un caso dentro del cual se reclamaba la declaración de responsabilidad de l Estado por la muerte de un miembro de la Unión

Patriótica.

41. Mediante la sentencia T-301 de 2019, por su parte, la Corte Constitucional negó una acción de tutela en la que se alegó un defecto fáctico y un desconocimiento de precedente, con fundamento en que las autoridades judiciales accionadas declararon la caducidad del medio de control de reparación directa tras contabilizar e l término correspondiente desde el momento en que la víctima tuvo conocimiento efectivo del daño —la pérdida de un ojo—, mas no desde cuando adquirió certeza sobre la totalidad de los efectos del accidente que causó ese daño, incluyendo secuelas psicológicas.

—la pérdida de un ojo—, mas no desde cuando adquirió certeza sobre la totalidad de los efectos del accidente que causó ese daño, incluyendo secuelas psicológicas.

42. Ahora, en su demanda de reparación directa, el señor Anacona Guzmán reclamó la declaratoria de responsabilidad de la Supervigilancia por su ex clusión de Cooseguridad CTA15, un supuesto daño que, evidentemente, es sumamente distint o a aquel alegado

13 Al respecto, es importante indicar que, en la sentencia de unificación 471 de 2023, la Corte Constitucional explicó que el precedente judicial corresponde a «una sen