CE - Sentencia 11001031500020250310700 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia : Acción de tutela Radicado : 11001-03-15-000-2025-03107-00

Accionante : Brayan Esteban Aguilar Bermúdez Accionados : Tribunal Administrativo del Tolima y otro

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de reparación directa. Subtema 2: caducidad. subtema 3: hacinamiento en centro de reclusión.

Subtema 4: defecto por desconocimiento de precedente.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la solicitud de amparo interpuesta por el señor Brayan Esteban Aguilar Bermúdez en contra del Tribunal Administrativo del Tolima y otro.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Brayan Esteban Aguilar Bermúdez presentó acción de tutela, por conducto de apoderada, con la pretensión de amparo de su s derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia , que consideró vulnerado s con ocasión de los autos del 19 de julio y el 5 de diciembre de 2024, proferidos por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del

ocasión de los autos del 19 de julio y el 5 de diciembre de 2024, proferidos por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, respectivamente, dentro del proceso de reparación directa con radicado núm. 73001-33-33-003-202400113-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes en el trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2. El señor Brayan Esteban Aguilar Bermúdez permaneció detenido en las instalaciones de la Permanente Central de la Policía de Ibagué (Tolima), en el periodo comprendido entre el 21 de julio de 2021 y el 23 de junio de 2022.

3. El 17 de enero de 2023, presentó petición ante el centro de reclusión, a través de la cual solicitó información sobre la capacidad c on la que contaba la Permanente Central de la Policía de Ibagué para albergar detenidos, y si en dichas instalaciones existía hacinamiento carcelario.Radicación: 11001-03-15-000-2025-03107-00

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4. El 19 de enero d e 2023, mediante el informe GS-2023-003124-METIB/COSECwww.consejodeestado.gov.co

4. El 19 de enero d e 2023, mediante el informe GS-2023-003124-METIB/COSECDISPO-29.25, la Policía Metropolitana de Ibagué indicó que las instalaciones estaban diseñadas para un «cupo máximo de 46 PPL », y que las antiguas instalaciones de espacio público para «20 PPL», y advirtió que existía un porcentaje de hacinamiento del 514%.

5. El 6 de marzo de 2024 , el señor Brayan Esteban Aguilar Bermúdez presentó solicitud de audiencia de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 105 Judicial I para Asuntos Administrativos de la Procuraduría General de la Nación, la cual se declaró fallida, por lo que se expidió la respectiva certificación el 10 de mayo de 2024, lo que suspendió el término de caducidad del medio de control durante el lapso señalado, esto es, por 2 meses y 4 días.

6. El 22 de mayo de 2024, el señor Brayan Esteban Aguilar Bermúdez presentó demanda de reparación directa , en contra de la Nación , Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, Policía Nacional, la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios

(USPEC), el departamento del Tolima y el municipio de Ibagué, para que se les declarara responsables por los perjuicios causados con motivo de las condiciones de hacinamiento sufridas entre el 21 de julio de 2021 y el 23 de junio de 2022, mientras

(USPEC), el departamento del Tolima y el municipio de Ibagué, para que se les declarara responsables por los perjuicios causados con motivo de las condiciones de hacinamiento sufridas entre el 21 de julio de 2021 y el 23 de junio de 2022, mientras permaneció detenido en las instalaciones de la Permanente Central de Ibagué.

7. El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, m ediante auto del 19 de julio de 2024, rechazó la demanda al encontrar configurada la caducidad del medio de control. El demandante presentó recurso de apelación en contra de la anterior decisión.

8. El Tribunal Administrativo del Tolima, a través de auto del 5 de diciembre de 2024, confirmó en todas sus partes la decisión objeto de apelación.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

9. La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

1.- Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados al accionante y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto de primera instancia proferido por el Juzgado 3 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 19 de julio de 2024, y el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima el 5 de diciembre de 2024, en el proceso de REPARACIÓN DIRECTA de BRAYAN ESTEBAN AGUILAR BERMÚDEZ, radicado n°. 73001-33-330032024-00113-00, así como también las actuaciones posteriores al fallo, tales como: auto de obedézcase y cúmplase del 14 de marzo de 2.025, y subsiguientes, proferidas por el Juzgado 3 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.

auto de obedézcase y cúmplase del 14 de marzo de 2.025, y subsiguientes, proferidas por el Juzgado 3 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.

2.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima proferir sentencia, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, con el fin de que no se vulneren los derechos fundamentales en la primera consagrados [SIC].Radicación: 11001-03-15-000-2025-03107-00

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10. Como fundamento de sus pretensiones , la parte actora manifestó que en las decisiones adoptadas por las autoridades accionadas incurrieron en desconocimiento de precedente jurisprudencial porque no tuvieron en cuenta la sentencia del 6 de diciembre de 2022, radicado núm. 05001-23-31-000-2002-04829-01 (47148), proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la cual se señaló que el conteo para determinar la caducidad del medio de control de reparación directa empieza a partir del momento en que la víctima tuvo conocimiento del estado de hacinamiento en el que se encontraba.

11. Refirió que las decisiones cuestionadas , también desconocieron el fallo de tutela del 5 de mayo de 2025, radicado núm. 11001-03-15-000-2025-01176-00, expedido por

que se encontraba.

11. Refirió que las decisiones cuestionadas , también desconocieron el fallo de tutela del 5 de mayo de 2025, radicado núm. 11001-03-15-000-2025-01176-00, expedido por el Consejo de Estado en el que se amparó el derecho fundamental al debido proceso, al hacerse un conteo automático de la caducidad desde el inicio de la reclusión, sin atender los elementos probatorios que daban cuenta de la fecha en que se conoció el daño.

12. De igual forma, advirtió que las providencias acusadas dejaron a un lado las sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 29 enero de 2004, radicado núm. 25000 -23-26-000-199500814-01(18273); 5 de diciembre de 2005, radicación núm. 54001 -23-31-000-1993-07753-01 (14801); 9 de diciembre de 2013, radicación núm. 50001 -23-31-000-2012-00196-01(48152); 8 de junio de 2017, radicado núm. 76001 -23-33-000-2014-00839-01 (54799); y 3 de octubre de 2019, radicado núm. 70001 -23-33-0002014-00186-01(AG), en cuyo contenido la corporación se pronunció sobre la contabilización del término de caducidad del medio de control de reparación directa cuando el daño se vincula a las condiciones derivadas del hacinamiento carcelario y precisó que se trata de un daño continuado, por lo que el término de los dos años comienza desde la cesación de la conducta irregular.

de control de reparación directa cuando el daño se vincula a las condiciones derivadas del hacinamiento carcelario y precisó que se trata de un daño continuado, por lo que el término de los dos años comienza desde la cesación de la conducta irregular.

13. En igual sentido, la sentencia SC016 -2018 del 24 de enero de 2018 de la Corte Suprema de Justicia, radicación núm. 11001 -31-03-0102011-00675-01, expuso que el hacinamiento es un daño continuado en el marco de una acción de grupo

14. Asimismo, el Consejo de Estado, Sección Tercera , Subsección B, en las sentencias del 30 de enero de 2013, radicado núm. 25000 -23-26-000-1997-05265-01 (22867) y la providencia, expedida el 26 de junio de 2015, por la Sección Cuarta de la corporación, dentro del radicado núm. 25000 -23-41-000-2014-01569-01(AG), resaltaron que el daño o el momento en que cesó la acción vulnerante, corresponde a una circunstancia objetiva, lo cual resulta necesario porque define el tiempo con el que cuenta el demandante para formular su acción.

15. De acuerdo con lo anterior, el accionante precisó que el término de caducidad debió ser calculado desde el día siguiente a la cesación del daño, es decir, el 24 de junio de 2022 y vencía el 30 de agosto de 2024 ; por consiguiente, como la demanda se presentó el 22 de mayo de 2024, es claro que el medio de control se ejerció dentro del término legal, por lo que, en su criterio, no hay lugar a declarar el fenómeno jurídico de la caducidad.

se presentó el 22 de mayo de 2024, es claro que el medio de control se ejerció dentro del término legal, por lo que, en su criterio, no hay lugar a declarar el fenómeno jurídico de la caducidad.

16. Por otro lado, indicó que, si se acogiera el criterio de contabilizar el término para ejercer el medio de control de reparación directa, desde el momento en que la persona se enteró de la condición de hacinamiento mientras estuvo privada de la libertad, es evidente que tampoco procedería la declaratoria de caducidad en el caso bajo estudio,Radicación: 11001-03-15-000-2025-03107-00

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puesto que solo vino a tener conocimiento cierto de esa situación el 19 de enero de 2023, una vez la Policía Metropolitana de Ibagué contestó el derecho de petición de información.

2.3. Trámite procesal

17. El despacho ponente, mediante auto del 28 de mayo de 2025 1, admitió la acción de tutela, ordenó la notificación a la autoridad accionada, es decir, al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima y puso en conocimiento el escrito de tutela a la Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Defensa, Policía Nacional, la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional

conocimiento el escrito de tutela a la Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Defensa, Policía Nacional, la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), el departamento del Tolima y el municipio de Ibagué en su condición de terceros interesados.

2.4. Intervenciones

18. El Tribunal Administrativo del Tolima2 solicitó denegar el amparo deprecado, en atención a que las decisiones adoptadas no fueron arbitrarias ni infundadas, sino que respondieron al análisis riguroso de la normativa y jurisprudencia aplicable, especialmente, lo previsto en el artículo 164 del CPACA, en los pronunciamientos de la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre el tema , y en el examen de los elementos de hecho probados dentro del expediente . Razón por la cual no se vulneraron los derechos invocados.

19. El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué3 remitió el enlace para la consulta del expediente de reparación directa requerido y señaló que la decisión cuestionada no fue tomada arbitrariamente ni de manera caprichosa, sino que fue producto de un estudio juicioso de la demanda, sus anexos, así como de las normas aplicables y los referentes jurisprudenciales que allí fueron citados.

20. La Fiscalía General de la Nación 4 pidió declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva , toda vez que la entidad no tiene idoneidad para pronunciarse en torno de las pretensiones del accionante. En su defecto, requirió declarar improcedente

causa por pasiva , toda vez que la entidad no tiene idoneidad para pronunciarse en torno de las pretensiones del accionante. En su defecto, requirió declarar improcedente la acción por incumplimiento del requisito general de relevancia constitucional por dirigirse como instancia para reabrir el debate legal.

21. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ( INPEC)5 solicitó su desvinculación de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva , al no ser la entidad llamada a responder por los cuestionamientos presentados dentro del mecanismo constitucional.

1 Samai, exp. núm. 11001 -03-15-000-2025-03107-00, índice 4, certificado 8D26F7199D9F515D 484AA568B49676BA D8252C50D845CCDC E7A409A015D7595B. 2 Samai, exp. núm. 11001 -03-15-000-2025-03107-00, índice 10, certificado 89BB7764DA4CAD3D 7FA196B12B17315A F35B89B20A6EE5DC A1601EE5DC5B4690. 3 Samai, exp. núm. 11001 -03-15-000-2025-03107-00, índice 11, certificado 84468EBD547ECB70 5A166F5F17E9265E 870E4D6DA690A344 91B4C3BCE5A50EBD. 4 Samai, exp. núm. 11001 -03-15-000-2025-03107-00, índice 9, certificado 0B9A682A456D959E AF4C8B8F08E1A7BA

0AD748EABCAF2001 C4D8D1A75FBF031C. 5 Samai, exp. núm. 11001 -03-15-000-2025-03107-00, índice 13, certificado AAA7E6133DC0FFB1 BC266B310C3EB993 76223FCBF885B474 3555225CB6DD2A94.Radicación: 11001-03-15-000-2025-03107-00

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22. Los demás sujetos vinculados, en calidad de terceros con interés, guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

23. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la presente solicitud de amparo interpuesta por el señor Brayan Esteban Aguilar Bermúdez en contra del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué y del Tribunal

Administrativo del Tolima.

3.2. Legitimación en la causa

24. La legitimación en la causa por activa del señor Brayan Esteban Aguilar Bermúdez se encuentra acreditada por cuanto fue la persona que promovió la demanda de reparación directa con fundamento en la cual se expidió la decisión que acusó de desconocer sus derechos fundamentales.

25. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal

demanda de reparación directa con fundamento en la cual se expidió la decisión que acusó de desconocer sus derechos fundamentales.

25. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal Administrativo del Tolima, en la medida en que fue la autoridad judicial que profirió la providencia que, a juicio del tutelante, vulneró sus garantías constitucionales.

26. Por otro lado, se advierte que la F iscalía General de la Nación y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) solicitaron su desvinculación, al considerar que no estaban llamadas a responder por la vulneración de los derechos fundamentales del accionante.

27. Al respecto, la Sala debe aclarar que sus vinculaciones al presente asunto fueron en calidad de terceros con interés, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción. En ese orden, al no acudir a este trámite constitucional como autoridades accionadas, no es posible declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva. Por lo anterior, se negarán dichos requerimientos.

3.3. Cuestión previa

28. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a cuestionar las providencias proferidas por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué y del Tribunal Administrativo del Tolima, dentro del medio de control de reparación directa, lo cierto es que los argumentos que sustentan las pretensiones de la parte actora guardan unidad de materia y se dirigen en similares términos frente a las dos decisiones cuestionadas.

29. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia de segunda instancia expedida el 5 de diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo

a las dos decisiones cuestionadas.

29. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia de segunda instancia expedida el 5 de diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Tolima, toda vez que esta decisión fue la que puso fin a la actuación judicial promovida por el señor Brayan Esteban Aguilar Bermúdez.Radicación: 11001-03-15-000-2025-03107-00

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3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

30. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado6, y de la Corte Constitucional ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional7.

31. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante

debe acreditar los siguientes:

1. Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional; ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado; iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un derecho fundamental;

judicial; iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado; iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un derecho fundamental; v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración; y, vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

32. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 8 y, por tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez c onstitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

33. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución9.

3.4.1. Análisis de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto

34. La cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, ya que, según los alegatos del accionante, la litis fue resuelta sin un adecuado análisis jurisprudencial,

34. La cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, ya que, según los alegatos del accionante, la litis fue resuelta sin un adecuado análisis jurisprudencial, evento que, de encontrarse acreditado, se advertirían lesionados sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia la tutela, garantías procedentes a analizar en casos de tutela contra providencia judicial.10

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-0315-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina, Productos Alimenticios S.A. 7 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007. 8 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018. 9 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022. 10 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de 2012, expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01 (IJ),unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contraRadicación: 11001-03-15-000-2025-03107-00

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35. Así pues, la Corte Constitucional 11 ha fijado unos criterios que deben ser

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35. Así pues, la Corte Constitucional 11 ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son los siguientes: i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»12 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental»13; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

36. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la decisión se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su juicio, impidió que se expidiera una decisión ajustada a derecho.

37. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte

configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su juicio, impidió que se expidiera una decisión ajustada a derecho.

37. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas dentro del medio de control de reparación directa en el que se profirió la decisión objeto de tutela.

38. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho porque la providencia objeto de censura fue proferida el 5 de diciembre de 2024 y notificada por estado fijado el 10 de diciembre de 2024,14 y el escrito de tutela se presentó el 22 de mayo de 2025, 15 esto es, dentro del plazo de los seis meses establecido como razonable tanto por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, 15 como del Consejo de Estado16.

39. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos , este se encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del proceso ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido

providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia. 11 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 12 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 14 Aplicativo Samai, exp. núm. 73001-33-33-003-2024-00113-01, índice 000 06, certificado 623D4E7F14C49E78 B2FAAC5598F9BC93 B867B549D2A88C6A D00234DD726CFFF1 15 Aplicativo Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-03107-00, índice 00001.Radicación: 11001-03-15-000-2025-03107-00

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40. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de reparación directa.

41. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales de procedibilidad para cuestionar la sentencia enjuiciada por el defecto desconocimiento de precedente y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo,

41. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales de procedibilidad para cuestionar la sentencia enjuiciada por el defecto desconocimiento de precedente y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo, en los términos que planteó la parte actora.

3.5. Problema jurídico

42. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal del Tolima vulneró los derechos fundamentales debido proceso y al acceso a la administración de justicia del señor Brayan Esteban Aguilar Bermúdez . En particular, deberá establecer si incurrió en desconocimiento del precedente al proferir el auto del 5 de diciembre de 2024, en la cual decidió confirmar la providencia de primera instancia que declaró probada la caducidad del medio de control de reparación directa.

43. Para el efecto, se estudiará: i) la generalidad del defecto invocado y ii) el caso concreto.

3.5.1. El desconocimiento del precedente judicial

44. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza l a efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas16.

45. Al respecto, la Corte Constitucional 17 ha considerado que el precedente se define como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos analizados y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por las

define como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos analizados y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior. Frente a la obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:

90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley. Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las sentencias que inter pretan la

16 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023: «La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el ordenam iento constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la vigencia de un orden justo, lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”. El juez

cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial tiene entonces “el deber de tratar explícitament