CE - Sentencia 11001031500020250312300 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03123-00

Demandante: Juan David Torres Ramírez

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2025-03123-00 Demandante JUAN DAVID TORRES RAMÍREZ Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO Temas Acción de tutela contra providencias judiciales. Medio de control de reparación directa. Auto que rechazó demanda de reparación directa por encontrar probada la caducidad del medio de control. Desconocimiento del precedente judicial. Requisito de relevanci a constitucional. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela instaurada por el señor Juan David Torres Ramírez, de conformidad con lo dispuesto por los decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 22 de mayo de 20251, el señor Juan David Torres Ramírez, quien actúa a través de apoderada judicial, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a l a

de apoderada judicial, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a l a igualdad y de acceso a la administración de justicia, al haber dictado los autos del 28 de agosto de 2024, mediante el cual se rechazó la demanda dentro del medio de control de reparación directa nro. 73001-33-33-004-2024-00133-00, del 5 de diciembre de 2024, por medio del cual se confirmó la decisión de rechazo y del 17 de marzo de 2025, con el cual se ordenó obedecer y cumplir lo dictado. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: «1.- Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados al accionante y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto de primera instancia proferido por el Juzgado 4 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 28 de agosto de 2.024, y el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima el 5 de diciembre de 2.024, en el proceso de REPARACIÓN DIRECTA de JUAN DAVID TORRES RAMÍREZ, radicado No. 73001 -3333-004-2024-00133-00, así como también las actuaciones posteriores al fallo, tales com o: auto de obedézcase y cúmplase del 17 de marzo de 2.025, y subsiguientes, proferidas por el Juzgado 4 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué. 2.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima proferir sentencia, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, con el fin de que no se vulneren los derechos fundamentales en la primera consagrados.» (Sic a toda la cita)

2.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima proferir sentencia, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, con el fin de que no se vulneren los derechos fundamentales en la primera consagrados.» (Sic a toda la cita)

2. Hechos Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

1 Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03123-00

Demandante: Juan David Torres Ramírez

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.1. El señor Juan David Torres Ramírez afirmó que permaneció detenido en las instalaciones de la Permanente Central de la Policía de Ibagué desde el 20 de agosto de 2021 hasta el día 13 de octubre de 2022. 2.2. El actor aseguró que una vez recobró la libertad se enteró de que «presuntamente había sufrido estado de hacinamiento, pero para confirmarlo era necesario presentar un derecho de petición ante la Policía Metropolitana de Ibagué, con el fin de corroborar si había padecido de hacinamiento». 2.3. Señaló que el 17 de enero de 2023 presentó una solicitud en la que pidió que se le informara cuál era la capacidad total con la que contaba la Permanente Central de la Policía de Ibagué para albergar detenidos y si en dichas instalaciones existía hacinamiento carcelario. 2.4. El 19 de enero de 2023, la Policía Metropolitana de Ibagué dio respuesta a la petición mediante informe GS -2023-003124-METIB/COSEC-DISPO-29.25 en

instalaciones existía hacinamiento carcelario. 2.4. El 19 de enero de 2023, la Policía Metropolitana de Ibagué dio respuesta a la petición mediante informe GS -2023-003124-METIB/COSEC-DISPO-29.25 en el que manifestó: «que tales instalaciones estaban diseñadas para un cupo máximo de 46 PPL, y las antiguas instalaciones de espacio público para 20 PPL, indicando un porcentaje de hacinamiento del 514%». Fecha a partir de la cual el accionante afirma que conoció que «padeció estado de hacinamiento durante el tiempo que permaneció privado de la libertad». 2.5. El 8 de abril de 2024, el actor presentó solicitud de audiencia de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 216 Judicial I para Asuntos Administrativos de la Procuraduría General de la Nación, la cual se declaró fallida, y el 7 de junio de 2024 se e xpidió la constancia, lo que «suspendió el término de caducidad del medio de control durante el lapso señalado, esto es, por 2 meses». 2.6. El 13 de junio de 2024, el señor Juan David Torres Ramírez presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; Fiscalía General de la Nación; Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho; Ministerio de Defensa, Policía Nacional; Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC; Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC; el Departamento del Tolima; y el Municipio de Ibagué, con la finalidad de que se declarara la responsabilidad por las condiciones de hacinamiento «sufridas desde el día 20 de agosto de 2.021

Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC; el Departamento del Tolima; y el Municipio de Ibagué, con la finalidad de que se declarara la responsabilidad por las condiciones de hacinamiento «sufridas desde el día 20 de agosto de 2.021 hasta el día 13 de octubre de 2022, mientras permaneció detenido en las instalaciones de la Permanente Central de la Policía de Ibagué.». Esta demanda fue radicada bajo el nro. 73001-33-33-004-2024-00133-00, correspondiéndole su conocimiento en primera instancia al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Ibagué. 2.7. El 28 de agosto de 2024, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Ibagué dictó auto en el que rechazó la demanda al considerar que había operado la caducidad del medio de control, en razón a que el demandante tuvo conocimiento de la situación de hacinamiento a la que presuntamente fue sometido desde el 21 de agosto de 2021, de ahí que solo tenía hasta el 21 de agosto de 2023 para interponer el medio de control. Contra esta decisión la parte demandante presentó recurso de apelación.

2.8. El mencionado recurso fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Tolima, el cual, con providencia del 5 de diciembre de 2024, dispuso confirmar el auto cuestionado, por medio de la cual se rechazó la demanda por haber operado la caducidad al considera r que el señor Torres Ramírez conoció las condiciones de hacinamiento desde el momento en el cual fue ingresado lo cual ocurrió el 20 de agosto de 2021. Decisión que fue notificada por estado

la caducidad al considera r que el señor Torres Ramírez conoció las condiciones de hacinamiento desde el momento en el cual fue ingresado lo cual ocurrió el 20 de agosto de 2021. Decisión que fue notificada por estado electrónico del 12 de diciembre de 2024.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03123-00

Demandante: Juan David Torres Ramírez

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3. Fundamentos de la acción El señor Juan David Torres Ramírez acusó la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, pues las autoridades accionadas incurrieron en un defecto por desconocimiento del preced ente al haber dictado los autos del 28 de agosto de 2024, mediante el cual se rechazó la demanda dentro del medio de control de reparación directa nro. 73001-33-33-004-2024-00133-00, del 5 de diciembre de 2024, por medio del cual se confirmó la decisión de rechazo y del 17 de marzo de 2023, con el cual se ordenó obedecer y cumplir lo dictado.

Señaló que en este caso se cumplen a cabalidad los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, pues: (i) esta acción tiene relevancia constitucional dado que «se trata del desconocimiento del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, derecho a la igualdad y desconocimiento del precedente jurisprudencia.»; (ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial ya que se interpuso los recursos que legal y constitucionalmente están permitidos; (iii) se

fundamental de acceso a la administración de justicia, derecho a la igualdad y desconocimiento del precedente jurisprudencia.»; (ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial ya que se interpuso los recursos que legal y constitucionalmente están permitidos; (iii) se cumple con el requisito de inmediatez toda vez que, «la interposición de la acción constitucional se encuentra dentro de los parámetros temporal es establecidos por el honorable Consejo de Estado.»; (iv) se trata de una irregularidad procesal que no le permitió al accionante acceder a la administración de justicia; (v) identificó los hechos que dieron lugar a la vulneración de los derechos fundamen tales pues en los recursos interpuestos planteó el desconocimiento del precedente y la vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia, y (vi) precisó que las providencias cuestionadas no fueron dictadas dentro del trámite de una acción de tutela, sino que esta acción va dirigida contra los «fallos de primera y segunda instancia de un proceso ordinario de carácter contencioso administrativo.» Respecto a los defectos especiales afirmó que las autoridades accionadas al dictar las providencias cuestionadas incurrieron en un defecto por desconocimiento del precedente2, por las siguientes razones: Argumentó que en su caso el término de caducidad debe ser calculado desde el día siguiente a la cesación del daño continuado, es decir «el 14 de octubre de 2022, a partir del cual transcurrieron 1 año, 5 meses y 25 días, hasta que el accionante radicó solicitud de conciliación extrajudicial para agotar el requisito de procedibilidad, esto es, el 8 de abril de 2024, cuando faltaban 6 meses y 5 días para la configuración de la caducidad, lo cual suspendió el término

conciliación extrajudicial para agotar el requisito de procedibilidad, esto es, el 8 de abril de 2024, cuando faltaban 6 meses y 5 días para la configuración de la caducidad, lo cual suspendió el término hasta que la constancia del trámite de conciliación fue expedida, que lo fue el 7 de junio de 2024; a partir del día siguiente se reanudó el cómputo por los días que faltaban al momento de pr esentar la solicitud de conciliación, por lo que la caducidad del medio de control operaba el 13 de diciembre de 2024.» y la demanda se presentó el 13 de junio de 2024 (dentro del término). Al respecto señaló que en este caso concreto las autoridades accionadas desconocieron los siguientes precedentes: ● Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 6 de diciembre de 2022, expediente nro. 05001 -23-31-000-2002-04829-01, en dond e se indicó que el conteo para determinar la caducidad del medio de control de reparación directa en los casos de hacinamiento comienza «a partir del momento en que la víctima se percata de ello». ● Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 5 de mayo de 2025, expediente nro. 11001-03-15-000-2025-01176-00, en el cual se manifestó que no era posible contabilizar el término de caducidad desde el momento en el que se ingresó al centro de reclusión pues el daño alegado es de carácter continuado. ● Corte Suprema de Justicia, quien al resolver un recurso extraordinario de casación casó el fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, mediante

al centro de reclusión pues el daño alegado es de carácter continuado. ● Corte Suprema de Justicia, quien al resolver un recurso extraordinario de casación casó el fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, mediante sentencia SC016-2018 de enero 24 de 2018, expediente nro. 11001-31-03-010-20112 La Sala precisa que si bien el accionante manifestó que también se configuraba un defecto material o sustantivo (fl. 19), lo cierto es que la argumentación que allí planteó hace referencia únicamente al defecto por desconocimiento del precedente, razón por la cual solo se tendrá en cuenta los planteamientos realizados respecto de este defecto.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03123-00

Demandante: Juan David Torres Ramírez

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 00675-01, en el cual se señaló que el término de caducidad se computa desde la fecha de su última exteriorización. ● Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión, de 8 de noviembre de 2024, expediente nro. 63001-33-33-005-2024-00227-01, caso en el cual se revocó el auto que rechazó la demanda, bajo el argumento de favorecer el derecho de acceso a la administración de justicia. ● Tribunal Administrativo del Tolima, providencia del 5 de septiembre de 2024, expediente nro. 73001-33-33-001-2024-00124-01, caso similar en el que se revocó el auto que rechazó la demanda.

● Tribunal Administrativo del Tolima, providencia del 5 de septiembre de 2024, expediente nro. 73001-33-33-001-2024-00124-01, caso similar en el que se revocó el auto que rechazó la demanda. ● Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, fallo del 29 de enero de 2024, expediente nro. 05001-33-33-029-2019-00033-01, se refirió a la caducidad mencionando que: «de ahí que tratándose de eventos de daños derivados de condiciones de hacinamiento de centros de reclusión, el punto de inicial sea o el momento de la causación del daño o desde que la parte afectada tiene conocimiento de las condiciones de reclusión del centro en donde deba permanecer». De otra parte, mencionó los artículos 29 y 229 de la Constitución Política y las sentencias T -1341 de 2001, T -065 de 2005 y T -954 de 2006 de la Corte Constitucional sobre el derecho fundamental al debido proceso y mencionó los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los artículos 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Explicó el funcionamiento de la caducidad en el medio de control de reparación directa por daño continuado, como sustento citó las siguientes sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado: «25000-23-41-000-2014-01569-01(AG) de junio 26

de 2015», «Sentencia 25000-23-26-000-1997-05265-01 (22867) de enero 30 de 2013», «Sentencia 70001-23-33-0002014-00186-01(AG) de octubre 3 de 2019», «Sentencia 76001233300020140083901 (54799) de junio 8 de 2017», « radicación 50001 -23-31-000-201200196-01(48152) de diciembre 9 de 2013», « Sentencia 54001-23-31-000-1993-07753-01 (14801) de diciembre 5 de 2005», « Sentencia 25000 -23-26-000-1995-00814-01(18273) de enero 29 de 2004» y « Sentencia 68001-23-31-000-2010-00605-01(49396) de marzo 1 de 2018»; la sentencia de la Sección Primera: «sentencia 11001-03-15-000-2015-02405-01(AC) proferida en junio 8 de 2016»; una sentencia de la Sección Segunda: «1001031500020220133502 de marzo 2 de 2023»; y las sentencias de la Corte Constitucional C-115 de 1998, T-191 de 2009, T342 de 2016, T-238 de 2023, SU-241 de 2024. Finalmente, mencionó el artículo 56 de la Ley 2220 de 2022 sobre la suspensión del término de caducidad de la acción y se expuso los principios pro damnato y pro homine.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. En providencia del 28 de mayo de 20253, el despacho ponente admitió la acción de tutela interpuesta por el señor Juan David Torres Ramírez , quien

homine.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. En providencia del 28 de mayo de 20253, el despacho ponente admitió la acción de tutela interpuesta por el señor Juan David Torres Ramírez , quien actúa a través de apoderada judicial, contra el Tribunal Administrativo del

Tolima y el Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué. En calidad d e terceros con interés se vinculó a los señores Juan Sebastián Torres Ramírez, Sandra Patricia Ramírez Álvarez y Carlos Eduardo Díaz y a los demás demandantes dentro del proceso de reparación directa Nro. 7300133-33-004-2024-00133-00/01; se ofició al Juzg ado Cuarto Administrativo de Ibagué para que notificara a los terceros vinculados, aportara la dirección de notificación de ellos, y allegara copia del expediente del medio de control; por Secretaría se ordenó fijar un aviso para informar la existencia de la presente acción; se pidió a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que publicara en la página web de la Corporación un aviso sobre la existencia de este

3 Samai, índice 4.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03123-00

Demandante: Juan David Torres Ramírez

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co amparo; se reconoció personería a la abogada del accionante; y se dispuso a efectuar las notificaciones correspondientes. 4.2. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Ibagué4 allegó copia del

www.consejodeestado.gov.co amparo; se reconoció personería a la abogada del accionante; y se dispuso a efectuar las notificaciones correspondientes. 4.2. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Ibagué4 allegó copia del expediente Nro. 73001-33-33-004-2024-00133-00/01 y un enlace de consulta de este en una carpeta de SharePoint, junto con las constancias de notificación de los terceros. 4.3. El Tribunal Administrativo del Tolima guardó silencio a pesar de que fue notificado en debida forma 5 a los correos electrónicos: stadtol@cendoj.ramajudicial.gov.co y sgtadmintol@notificacionesrj.gov.co. A su vez, los señores Juan Sebastián Torres Ramírez, Sandra Patricia Ramírez Álvarez y Carlos Eduardo Díaz tampoco se pronunciaron pese a haber sido notificados en debida forma a los correos electrónicos aportados por la abogada Diana Patricia Álvarez Ramírez, así como también se evidenció la publicación del aviso en la página web6.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 7, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales8 y especiales9 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitu cional10 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido

4 Samai, índice 9. 5 Samai, índice 7. Notificación Nro. 72645. 6 Samai, índice 7, 8, 9 y 12. 7 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto». 8 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance par a la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 9 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución. 10 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU -686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Admini strativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001 -03-15-000-201202201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03123-00

Demandante: Juan David Torres Ramírez

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02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03123-00

Demandante: Juan David Torres Ramírez

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y por tratarse de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala debe surtir un primer análisis para establecer si la solicitud de amparo supera los requisitos generales de procedibilidad, especialmente el de relevancia constitucional.

De superar dicho examen, se estudiará si el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima incurrieron en desconocimiento del precedente judicial al proferir los autos del 28 de agosto de 2024, mediante el cual se rechazó la demanda del medio de control de reparación directa Nro. 73001-33-33-004-2024-00133-00, del 5 de diciembre de 2024, por medio del cual se confirmó la decisión de rechazo, y del 17 de marzo de 2025, con el cual se ordenó obedecer y cumplir.

4. Requisito de relevancia constitucional La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la

se ordenó obedecer y cumplir.

4. Requisito de relevancia constitucional La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento.

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional. Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T –248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito: (i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales . En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela. (ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra

constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaz a o vulnera los derechos fundamentales. (iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisió n cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada. (iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03123-00

Demandante: Juan David Torres Ramírez

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está e n la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes

ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está e n la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controver tir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes. La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una marcada importancia constitucional que afecta derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, el presupuesto de relevancia constitucional lo que persigue es que el juez de tutela evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de impor tancia iusfundamental y que corresponde decidir de manera exclusiva al juez natural11. De esta forma, conforme se indicó debe existir una coherencia lógica de los planteamientos de las partes en relación con los asuntos puestos a consideración del juez nat ural, decididos por estos, y la supuesta vulneración de derechos fundamentales como consecuencia de lo decidido o acontecido en el respectivo proceso, pues la acción de tutela no puede ser utilizada para adicionar, completar, modificar los argumentos que dejaron de plantearse ante el juez de la causa.

fundamentales como consecuencia de lo decidido o acontecido en el respectivo proceso, pues la acción de tutela no puede ser utilizada para adicionar, completar, modificar los argumentos que dejaron de plantearse ante el juez de la causa. En palabras de la Corte Constitucional, el deber de identificar de manera razonable los hechos que generan la vulneración que se alega a través de la presente acción, tiene su justificación en la medida en que «sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pre