CE - Sentencia 11001031500020250317101 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-03171-01

Accionante: JOSÉ LUIS RENIS ACOSTA Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma el fallo impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de 1.° de julio de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor José Luis Renis Acosta solicitó, a través de apoderado judicial, el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al trabajo, al mínimo vital y a la igualdad , cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 11 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con

justicia, al trabajo, al mínimo vital y a la igualdad , cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 11 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicación 08001-33-33-012-2019-00271-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el número de radicación 08001-33-33-012-2019-00271-00/01 contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución núm. 3616-2017 de 23 de noviembre de 2017 mediante la cual se resolvió (i) declararlo contraventor de la norma de tránsito, (ii) sancionarlo con multa de 1.440 salarios mínimos diarios legales vigentes y (iii) cancelar su licencia de conducción, decisión que fue confirmada a través de la Resolución núm. 1200 de 20 de noviembre de 2018.2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03171-01

Accionante: José Luis Renis Acosta

2.2. Indicó que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Barranquilla, autoridad judicial que, mediante sentencia

Accionante: José Luis Renis Acosta

2.2. Indicó que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Barranquilla, autoridad judicial que, mediante sentencia de 4 de junio de 2024, negó las pretensiones de la demanda.

2.3. Sostuvo que interpuso recurso de apelación contra la sentencia mencionada anteriormente y el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia de 11 de octubre de 2024, confirmó lo resuelto en primera instancia.

2.4. Afirmó que la providencia antes referida vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al trabajo, al mínimo vital y a la igualdad, por haber incurrido, presuntamente, en un defecto procedimental absoluto, en desconocimiento del precedente judicial y en la causal de violación directa de la Constitución.

2.5. Frente al defecto procedimental absoluto señaló que “[…] se origina cuando el Tribunal Administrativo del Atlántico, actuó completamente al margen del procedimiento establecido, al no entrar a estudiar en debida forma, la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, derecho de contradicción y defensa, convalidando la tesis de la Juez de primera instancia […]”. Para tal efecto hizo referencia a varias providencias proferidas por el Consejo de Estado1.

2.6. Expuso que “[…] existe actualmente innumerables pronunciamiento (sic) jurisprudenciales tanto del Consejo de Estado, como de la Corte Constitucional ya referidos en este documento, donde se le da viabilidad absoluta a aquellas acciones de tutela en contra de providencias judiciales que demuestran claramente una

jurisprudenciales tanto del Consejo de Estado, como de la Corte Constitucional ya referidos en este documento, donde se le da viabilidad absoluta a aquellas acciones de tutela en contra de providencias judiciales que demuestran claramente una violación al derecho fundamental al Debido Proceso, entre otros vulnerados con ocasión de decisiones ilegitimas. […]”.

2.7. Refirió que “[…] constituye una violación directa a la nuestra carta magna no permitírsele la obtención de la prueba clínica de sangre para no incurrir en ERROR JU-DICIAL por parte de los agentes policiales de tránsito al malinterpretar lo expresado en el Parágrafo 3º artículo 5 de la ley 1696 del 19 de diciembre de 2013, por una “supuesta negación" a la práctica de la prueba por insuficiencia de aire aspirado, que en ningún momento existió, tal y como así consta en los tres (3) vídeos editados y aportados en su momento por los agentes de tránsito, la declaración bajo juramento del injustamente sancionado José Luis Renis Acosta, la testigo ocular Johana Patricia Villanueva, quien acompañaba a mi prohijado el día de los hechos y a quien desestimaron como testigo sospechosa todas las instancia de manera equívoca y sin tener en cuenta la jurisprudencia al respecto […]”. [Mayúscula y negrilla original del texto]

2.8. Manifestó que se desconoció que “[…] el suscrito reitero en sede de primera y segunda instancia, tanto en los alegatos de conclusión, como en la apelación ante el Tribunal respectivamente y en punto a la interpretación de los resultados con el alcohosensor lo siguiente: Con relación a la interpretación de los resultados, el

segunda instancia, tanto en los alegatos de conclusión, como en la apelación ante el Tribunal respectivamente y en punto a la interpretación de los resultados con el alcohosensor lo siguiente: Con relación a la interpretación de los resultados, el operador no aplico (sic) los criterios (19, 20) de la Resolución 126 de la

1 Folio 23 del escrito de tutela.3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03171-01

Accionante: José Luis Renis Acosta

Organización Internacional de Metrología Legal – OIML […]”. [Negrilla original del texto]

2.9. Concluyó que la “[…] acción contravencional del comparendo No. 08001000000016980375 del 7 de julio de 2017, fue impuesta de manera arbitraria y contraria a la normatividad vigente sobre Sanciones y grados de Alcoholemia […]”. [Negrilla original del texto]

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] solicito al despacho de manera respetuosa y de acuerdo con las consideraciones fácticas expuesta en esta Acción de Tutela, se sirva amparar los derechos fundamentales de mi representado, JOSÉ LUIS RENIS ACOSTA, y se le ORDENE al Tribunal Administrativo del Atlántico, dejar sin valor y efectos jurídicos la sentencia por ellos emitida de fecha 11 de octubre de 2024 que confirmó la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Doce (12) Administrativo Oral de Barranquilla, calendada cuatro (4) de junio de dos mil veinticuatro (2024) y en su defecto profiera una providencia de reemplazo de

que confirmó la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Doce (12) Administrativo Oral de Barranquilla, calendada cuatro (4) de junio de dos mil veinticuatro (2024) y en su defecto profiera una providencia de reemplazo de conformidad con las consideraciones contenidas por este Honorable Consejo de Estado ante la respuesta a esta Acción de Tutela y a favor del accionante, la cual denegó en su momento el Juez de primera instancia sobre las pretensiones de la demanda y en su efecto:

• PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución No. 3616 de 2017 en relación al comparendo No. 08001000000016980375, a nombre de mi prohijado JOSE LUIS RENIS ACOSTA, identificado con C.C. No. […], QUE DETERMINÓ “Declarar contraventor de la norma de tránsito al señor JOSE LUIS RENIS ACOSTA HOYOS (sic), sancionándole con multa de mil cuatrocientos cuarenta (1440) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes

(SMDLV), Y SE ORDENÓ Cancelar la Licencia de Conducción del Señor JOSE LUIS RENIS ACOSTA HOYOS (sic), acorde a los estipulado en el artículo 5º de la Ley 1696 del 19 de diciembre de 2013 – Parágrafo 3º, PROHIBIENDOSELE el derecho de conducir cualquier tipo de vehículo automotor durante el tiempo en que se encuentre cancelada su licencia de conducción de acuerdo a lo señalado en el parágrafo del artículo 26 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 3 de la Ley 1696, ADEMÁS de Decretar el registro o inscripción de la REFERIDA DECISIÓN en el Registro Nacional de

conducción de acuerdo a lo señalado en el parágrafo del artículo 26 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 3 de la Ley 1696, ADEMÁS de Decretar el registro o inscripción de la REFERIDA DECISIÓN en el Registro Nacional de Conductores, sistema de información administrado por el Ministerio de Transporte – Concesión RUNT S.A.” vulnerándosele los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA IGUALDAD, AL TRABAJO, AL MÍNIMO VITAL Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, y en su lugar se le solicite a la Corporación expedir la decisión que en derecho corresponda de acuerdo a las consideraciones y fundamentos jurídicos que se han expuesto en este escrito y aquellos que esta alta Corporación considere pertinentes.

• SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución No. 1200 del 20 de noviembre de 2018, MEDIANTE LA CUAL se resolvió EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN No. 3616 de 2017, EXPEDIDO por la Jefe de la Oficina de Procesos Contravencionales de la

Secretaria Distrital de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla,

CONFIRMÁNDOLO.4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03171-01

Accionante: José Luis Renis Acosta

• TERCERO: Que como consecuencia de la anterior declaración y a titulo de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se condene AL MUNICIPIO DE

BARRANQUILLA, D.E. Industrial y Portuario, Secretaría Distrital de Movilidad

• TERCERO: Que como consecuencia de la anterior declaración y a titulo de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se condene AL MUNICIPIO DE

BARRANQUILLA, D.E. Industrial y Portuario, Secretaría Distrital de Movilidad

de Barranquilla, PAGAR A MI PODERDANTE JOSE LUIS RENIS ACOSTA,

identificado con C.C. No. […], TODOS LOS PERJUICIOS DE ORDEN MATERIAL Y MORAL, QUE SEAN DEMOSTRADOS DENTRO DEL PRESENTE PROCESO […]”. [Mayúscula, negrilla y subrayado original del texto]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 30 de mayo de 2025, el Despacho de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vinculó en calidad de tercero con interés directo en el resultado del proceso al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a la vinculada,

se allegaron los siguientes informes:

5.1. El Tribunal Administrativo del Atlántico solicitó declarar improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional.

5.2. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla adujo su falta de legitimación en la causa por pasiva y solicitó declarar la improcedencia de la solicitud de amparo por no cumplir con el requisito de la inmediatez.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

legitimación en la causa por pasiva y solicitó declarar la improcedencia de la solicitud de amparo por no cumplir con el requisito de la inmediatez.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 1.° de julio de 2025, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió no acceder a la solicitud de desvinculación elevada por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y declarar la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.

7. Al respecto consideró que “[…] la parte actora esgrimió los mismos argumentos que expuso en su recurso de apelación que presentó contra la decisión de primera instancia, al punto que muchos son copiados y pegados del escrito de apelación al de tutela y, que, a su vez, aquellos fueron resueltos de forma clara, precisa y, sobre todo, completa y razonable por el Tribunal Administrativo del Atlántico en el fallo hoy acusado […] resulta evidente que la parte accionante pretende crear una tercera instancia al proceso ordinario, en busca de reabrir y continuar de forma indefinida un mismo debate […]”.5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03171-01

Accionante: José Luis Renis Acosta

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. La parte accionante impugnó el fallo proferido en primera instancia, con base en

los siguientes argumentos:

“[…] procederé con mucho cuidado y respeto, así como para mayor claridad y precisión ante esta Honorable segunda instancia, a desmenuzar párrafo a

los siguientes argumentos:

“[…] procederé con mucho cuidado y respeto, así como para mayor claridad y precisión ante esta Honorable segunda instancia, a desmenuzar párrafo a párrafo, aspectos importantes de la Jurisprudencia aludida, para concluir, como la falta de una argumentación jurídica válida, transparente y convincente no ha permitido darme la razón a la fehaciente violación al Derecho fundamental al Debido Proceso por desconocimiento del precedente jurisprudencial entre otros aspecto ya esbozados en la demanda de Tutela no tenidos en cuenta […]”.

[…]

“[…] Al respecto el suscrito, sigue firme en la tesis de que las “Plenas Garantías” que expresa la Sentencia Constitucional no se agotaron en debida forma, existieron irregularidades desde un principio que han sido expuestas en todo momento por esta parte, como vicios en el procedimiento, abuso de autoridad, pruebas testimoniales y documentales aportadas sin que se les haya realizado el debate jurídico correspondiente […]”.

[…]

“[…] Ahora, con relación a la interpretación de los resultados, el operador no aplico los criterios (19, 20) de la Resolución 126 de la Organización Internacional de Metrología Legal – OIML […]”.

[…]

“[…] Obsérvese Honorables Consejeros de Estado en sede segunda instancia, como el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Consejo de Estado en sede de primera instancia dada su ratificación en fallo de Tutela del 1 de julio de 2025, se contradicen y de manera imprecisa, hacen notar su falta de atención al entendimiento de lo que significa un Ciclo en este tipo de toma de muestra por alcohosensor, es de aclararse nuevamente, que en ningún aparte de la norma

se contradicen y de manera imprecisa, hacen notar su falta de atención al entendimiento de lo que significa un Ciclo en este tipo de toma de muestra por alcohosensor, es de aclararse nuevamente, que en ningún aparte de la norma citada, se indica que a la insuficiencia de aire espirado cuando se determina a través del ERROR 6, deba concluirse como una negación a la realización de la prueba, sería desacertado y desproporcionado, deducir que dicho resultado, sin el agotamiento de los otros dos ciclos que la norma exige, deba ser concluyente para decirle al examinado, que “no habiendo otro medio de prueba" y observando que usted se denota renuente a la práctica de la misma, su sentencia es aplicarle el Parágrafo 3º mencionado […]”.

[…]

“[…] Véase, como el precedente jurisprudencial antes anotado, motivo de esta impugnación y dado el desconocimiento por parte de administración de Justicia hasta ahora agotada en sede de primera instancia ante este Honorable Consejo de Estado, no hizo una valoración idónea, ya que si eso hubiese sido así, hubiera tenido en cuenta el sentido de la responsabilidad objetiva del conductor sancionado en punto a que antes de darle validez a la aplicación del parágrafo 3º del art. 5 de la Ley 1696 de 2013, hubiese tenido en cuenta que era necesario agotar todas circunstancias relevantes para comprender y valorar el comportamiento del conductor en su momento, no es garantista, permitir que unos señores policiales se “aprovechen" del estado de embriaguez de las personas a examinar para hacerles firmar do documentos a través de artimañas6

comportamiento del conductor en su momento, no es garantista, permitir que unos señores policiales se “aprovechen" del estado de embriaguez de las personas a examinar para hacerles firmar do documentos a través de artimañas6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03171-01

Accionante: José Luis Renis Acosta

y constreñimientos irregulares, que muy bien se expusieron dentro de este plenario, pero que hasta le fecha no se han podido valorar por escudarse en la figura jurídica de desestimación de un testigo sospechoso, por ejemplo.

Por lo anterior, sean ustedes Honorables Consejeros de Estado en sede de segunda instancia, quienes a través de un estudio exhaustivo, transparente y convincente, analicen esta acción de tutela en debida forma […]”. [Negrilla y subrayado del texto original]

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20214, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20246.

VIII.2. Cuestión previa

10. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se

modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20246.

VIII.2. Cuestión previa

10. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de desvinculación procesal presentada por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de

Barranquilla.

11. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20067, señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente: “2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].

de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 3 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”. 4 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 5 Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado. 6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. 7 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03171-01

Accionante: José Luis Renis Acosta

12. En el caso objeto de estudio, se observa que el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla integró la parte demandada dentro medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el número de radicación 08001-33-33012-2019-00271-00/01. Por lo tanto, la Sala considera que le asiste el interés

Portuario de Barranquilla integró la parte demandada dentro medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el número de radicación 08001-33-33012-2019-00271-00/01. Por lo tanto, la Sala considera que le asiste el interés jurídico para ser vinculado a esta acción constitucional.

13. Por lo anterior, se confirmará negar la solicitud de desvinculación elevada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

VIII.3. Problemas jurídicos

14. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado8, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante.

15. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

16. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en

VIII.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

16. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 20129, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

17. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

18. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se

8 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991. 9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009 -01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03171-01

Accionante: José Luis Renis Acosta

trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de

Accionante: José Luis Renis Acosta

trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

19. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución11.

20. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”12 que encaje en dichos parámetros.

21. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad

procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

22. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.

10 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 11 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la

llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. 12 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03171-01

Accionante: José Luis Renis Acosta

VIII.5. El caso concreto

23. El señor José Luis Renis Acosta solicitó, a través de apoderado judicial, el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al trabajo, al mínimo vital y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 11 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el número de radicación 08001-33-33-012-2019-00271-00/01.

24. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial el de relevancia constitucional.

24. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial el de relevancia constitucional.

VIII.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

25. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental13 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones14.

26. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales 15, el referido requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de