CE - Sentencia 11001031500020250323101 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero de Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., tres (3) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-03231-011

Demandantes : Viviana Chacón Amorocho, quien actúa en nombre propio y en representación de su hijo menor S.S.S.C.; Daniela Fernanda Salón Salón, quien actúa en nombre propio y en representación de su hija menor E.V.B.S.; Socorro y Marlyn Alejandra Amorocho Estévez, quie nES actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores D.A.L.A. y

A.E.A.E.2

Demandados

Vinculados :

: Tribunal Administrativo de Santander y Juzgado Once (11) Administrativo de Bucaramanga Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y Ministerio

Público Acción : Tutela (impugnación)

Derechos Tema : : Debido proceso y acceso a la administración de justicia Tutela contra providencia, reparación directa, muerte de civil en operativo policial Decisión : Sentencia de segunda instancia - confirma en sentido de negar

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por los actores contra el fallo de 17 de julio de 2025, emitido por el Consejo de Estado, Sección Cuarta3, que declaró improcedente el trámite constitucional de la referencia.

I. ANTECEDENTES

17 de julio de 2025, emitido por el Consejo de Estado, Sección Cuarta3, que declaró improcedente el trámite constitucional de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por los accionantes frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1 Expediente digital disponible en Samai. 2 No se publican los nombres de los menores de edad. 3 C. P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03231-01

Demandantes: Viviana Chacón Amorocho y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro

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La demanda de tutela.

Los demandantes, quienes actúan a través de apoderad o judicial, interpusieron el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Once (11) Administrativo de Bucaramanga.

Por consiguiente, solicitaron dejar sin efectos los fallos de (i) 14 de mayo de 2024, mediante el cual el Juzgado Once (11) Administrativo de Bucaramanga negó las pretensiones de la demanda de reparación directa promovida contra la Naciónmediante el cual el Juzgado Once (11) Administrativo de Bucaramanga negó las pretensiones de la demanda de reparación directa promovida contra la NaciónMinisterio de Defensa Nacional - Policía Nacional (expediente 68001-33-33-0112023-00140-01); y (ii) 22 de noviembre de ese año, con el que el Tribunal Administrativo de Santander confirmó esa decisión . En su lugar, pidieron que se ordene a la s autoridades accionadas emitir una nueva providencia en la que accedan a las súplicas del aludido asunto contencioso-administrativo.

Hechos4.

De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por l os accionantes se puede evidenciar que, el 5 de abril de 2021 el señor Ever Yanpier Blanco Chacón (q. e. p. d.) falleció al haber sido impactado por un proyectil disparado por un agente policial, luego de huir y desenfundar un arma , cuando, junto con su pareja, fueron llamados a una requisa e inspección.

Que, por lo anterior, promovieron medio de control de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional (expediente 68001-3333-011-2023-00140-01), con el propósito que se le declarara administrativamente responsable de los perjuicios producidos por el aludido deceso y se ordenara la correspondiente compensación económica.

De ese asunto ordinario conoció el Juzgado Once (11) Administrativo de Bucaramanga que, con sentencia de 14 de mayo de 2024 negó las pretensiones, al considerar que, «se acreditó la culpa exclusiva y determinante de la víctima alegada como

Bucaramanga que, con sentencia de 14 de mayo de 2024 negó las pretensiones, al considerar que, «se acreditó la culpa exclusiva y determinante de la víctima alegada como eximente de responsabilidad» por parte de la entidad accionada.

4 Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital de primera instancia en SAMAI, índice 00002.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03231-01

Demandantes: Viviana Chacón Amorocho y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro

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Inconformes con la anterior decisión, los actores interpusieron recurso de apelación, desatado el 22 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Santander, en el sentido de confirmarla, con fundamento en que, «se [demostró] que los hechos en que fue herido el Sr. Ever Yanpier Blanco Chacón ocurrieron en medio de actividades propias del servicio de la Policía Nacional, dentro de las cuales la víctima se negó a permitir la requisa por parte de los uniformados, exponiendo a su v ez un arma de fuego que portaba y emprendiendo la huida, razón por la cual el agente en ejercicio de su deber constitucional hizo uso de su arma de dotación oficial causando el fatal desenlace».

Sobre la precedente situación, los tutelantes argumentan que en las providencias cuestionadas se incurrió en defecto fáctico, por indebida valoración probatoria de: (i) los certificados que demostraban que el señor Blanco Chacón (q. e. p. d.) no tenía antecedentes penales; (ii) un video que daba cuenta que no hubo voces de

(i) los certificados que demostraban que el señor Blanco Chacón (q. e. p. d.) no tenía antecedentes penales; (ii) un video que daba cuenta que no hubo voces de alto por parte de los uniformados y que el patrullero Pantoja Martínez accionó su arma al menos en cinco oportunidades mientras la víctima huía, a demás que, aquellos se retiraron sin prestar auxilio; y (iii) el testimonio de Daniela Salón Salón, quien era la pareja del fallecido y narró cómo fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar, para otorgar total credibilidad a las versiones de los agentes involucrados en los hechos, sin efectuar un análisis crítico e imparcial.

Asimismo, en defecto sustantivo, porque, no se aplicó «una norma exigible en [el] caso como lo era la Resolución No 02903 del 23 de junio de 2017 por [la] cual se expide el “Reglamento para el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales, por la Policía Nacional” […] en [el contexto en el que] fue asesinado y ejecutado Ever Yanpier Blanco Chacón (Q.E.P.D.), […] más aun cuando este ya iba corriendo en huida, y cuando no existía una amenaza real e inminente para los uniformados»; y, desconocimiento del precedente, dado que, inobservó el criterio de la Sección Tercera del Consejo de Estado 5, según el cual, « los elementos que configuran la legítima defensa deben estar acreditados de manera indubitable, de modo tal que aparezca claro que el uso de las armas era el único medio posible para repeler en ese momento la agresión o que no existía otro […] procedimiento viable para la defensa».

aparezca claro que el uso de las armas era el único medio posible para repeler en ese momento la agresión o que no existía otro […] procedimiento viable para la defensa».

1.2 Contestaciones de la acción.

1.2.1 El Juzgado Once (11) Administrativo de Bucaramanga 6 solo aportó el enlace digital del expediente ordinario, pero, no se pronunció frente a los hechos y pretensiones expuestos en esta acción de tutela.

5 Sentencia del 25 de octubre de 2019, expediente 73001-23-31-000-2011-00462-01 (46256), C.P. María Adriana Marín. 6 Índice 00014 del expediente de Samai de primera instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03231-01

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1.2.2 El Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional 7 solicitó negar el amparo deprecado, comoquiera que, «dentro del medio de control se valoraron los elementos de juicio aportados por la parte actora, los cuales presuntamente daban credibilidad a las afirmaciones expuestas en el libelo demandatorio […], sin embargo, los mismos conllevaron a […] la conclusión que los funcionarios de policía actuaron de forma legítima» , por cuanto, «el occiso conllevó a la producción del daño al negarse a acatar la orden […] impartida por los funcionarios de dejarse practicar el registro, sino que por el contr ario, emprendió la huida, portando un arma de fuego, la cual descubrió con intención de causar[les] daño […], quienes con el fin de salvaguardar

dejarse practicar el registro, sino que por el contr ario, emprendió la huida, portando un arma de fuego, la cual descubrió con intención de causar[les] daño […], quienes con el fin de salvaguardar su vida y la de los demás ciudadanos, hicieron uso del arma de dotación oficial ».

1.2.3 El Tribunal Administrativo de Santander8 señaló que la presente acción de tutela no satisface el requisito de procedibilidad de la relevancia constitucional, en la medida en que, «con esta […] se pretende reabrir el debate judicial ya finiquitado, es decir crear […] una nueva instancia del proceso ordinario».

1.2.4 La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio Público guardaron silencio en la oportunidad prevista para el efecto.

1.3 Providencia impugnada9.

Mediante sentencia de 17 de julio de 2025, el Consejo de Estado, Sección Cuarta declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, al considerar que no se cumple el requisito de relevancia constitucional, porque , «se corroboró que el cargo por defecto fáctico se sustenta en argumentos de instancia que ya fueron resueltos por el Tribunal Administrativo de Santander, pero que no son compartidos por los accionantes, por lo que [la] toman […] como una [etapa] adicional para prolongar el debate jurídico probatorio y procurar un análisis diferente de los medios de convicción».

1.4 La impugnación10.

Inconforme con esa determinación, los accionantes la impugnaron, para lo cual, reiteraron los argumentos expuestos en su escrito inicial y, agregaron que, su finalidad no es utilizar este mecanismo constitucional «como una instancia adicional o un

Inconforme con esa determinación, los accionantes la impugnaron, para lo cual, reiteraron los argumentos expuestos en su escrito inicial y, agregaron que, su finalidad no es utilizar este mecanismo constitucional «como una instancia adicional o un recurso extraordinario del proceso contencioso administrativo; sino […] [procurar el] amparo en sede judicial […] de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia».

7 Índices 00015 y 00016 del expediente de Samai de primera instancia. 8 Índice 00018 del expediente de Samai de primera instancia. 9 Índice 00021 del expediente de Samai de primera instancia. 10 Índice 00027 del expediente de Samai de primera instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03231-01

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II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia.

En virtud de los artículos 3211 del Decreto ley 2591 de 199112 y 2513 del Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201914 expedido por la sala plena del Consejo de Estado , esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

2.2 La acción.

Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento

de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3 Cuestión preliminar.

En el asunto sub examine los demandantes piden se dejen sin efectos las providencias de (i) 14 de mayo de 2024, mediante la cual el Juzgado Once (11) Administrativo de Bucaramanga negó las pretensiones de la demanda de reparación directa promovida contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional (expediente 68001-33-33-011-2023-00140-01); y (ii) 2 2 de noviembre de ese año, con la que el Tribunal Administrativo de Santander confirmó esa decisión.

Sin embargo, esta Sala únicamente centrará su estudio jurídico en la sentencia de 22 de noviembre de 202 4, por ser la que, al desatar el recurso de apelación interpuesto contra la de 14 de mayo del mismo año, decidió de manera definitiva el mencionado asunto contencioso-administrativo.

11 «Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente». 12 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».

siguientes al superior jerárquico correspondiente». 12 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». 13 «Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto». 14 Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».Radicado: 11001-03-15-000-2025-03231-01

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2.4 Problema Jurídico.

Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de 22 de noviembre de 2024, mediante el cual, el Tribunal Administrativo de Santander confirmó la providencia de 14 de mayo del mismo año, en la que, el Juzgado Once (11) Administrativo de Bucaramanga negó las pretensiones formuladas en la demanda de reparación directa promovida por los tutelantes contra la NaciónMinisterio de Defensa Nacional - Policía Nacional (expediente 68001-33-33-0112023-00140-01); y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso y acceso a la administración de justicia invocadas en la solicitud de amparo.

2.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones

al debido proceso y acceso a la administración de justicia invocadas en la solicitud de amparo.

2.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C -543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T -231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez care ce de sustento probatorio suficiente para proceder a

sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez care ce de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, seRadicado: 11001-03-15-000-2025-03231-01

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presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actúa completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las sentencias SU -1184 de 2001 y SU -159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales, deben satisfacerse plenamente para identificar cuá ndo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se

identificar cuá ndo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto l os hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causalesRadicado: 11001-03-15-000-2025-03231-01

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genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar su excepcionalidad, la cual, solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la de cisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamen tos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho f undamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera

tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho f undamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que, si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que , la Sala Plena de lo Contencioso -Administrativo del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales 15, rectificó su posición mediante sentencia de 31 de julio de 201216, en el sentido de disponer que, la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que, esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes

15 Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso -administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C.

P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-0319401, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. 16 Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03231-01

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expuestos17.

2.6 Caso concreto.

Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, en la medida en que r ecae sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de los tutelantes; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno , en atención a que fue emitida en segunda instancia y

vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de los tutelantes; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno , en atención a que fue emitida en segunda instancia y se encuentra ejecutoriada ; (iii ) se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, por cuanto, la providencia atacada quedó ejecutoriada el 5 de diciembre de 202418 y la solicitud de amparo se presentó el 27 de mayo de 2025, es decir, dentro de un término prudencial ( 5 meses y 22 días); y (v) la sentencia acusada no desató una acción de tutela.

En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo del asunto bajo la s causales específicas denominadas defecto fáctico, defecto sustantivo y desconocimiento del precedente invocadas por los accionantes.

2.6.1 Defecto fáctico.

Sea lo primero anotar que, una providencia judicial se encuentra viciada por defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión» 19.

La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta cuando el

17 Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta cuando el

17 Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-0077900, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009 -00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 200901268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009 -01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010 -00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 201000540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 201101741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012 -00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 18 El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 28 de noviembre de 2024,

Monsalve. 18 El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 28 de noviembre de 2024, motivo por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 2 de diciembre del mismo año, conforme al artículo 205 (numeral 2) del CPACA. 19 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03231-01

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funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto negativo que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar suficiente material probatorio que lo demuestra20.

En el presente caso los demandantes sostienen que la decisión reprochada incurre en defecto fáctico, por indebida valoración probatoria de: (i) los certificados que demostraban que el señor Blanco Chacón (q. e. p. d.) no tenía antecedentes penales; (ii) un video que daba cuenta que no hubo voces de alto por parte de los uniformados y que el patrullero Pantoja Martínez accionó su arma al menos en cinco oportunidades mientras la víctima huía, a demás que, aquellos se retiraron sin prestar auxilio; y (iii) el testimonio de Daniela Salón Salón, quien era pareja del fallecido y narró cómo fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar, para

oportunidades mientras la víctima huía, a demás que, aquellos se retiraron sin prestar auxilio; y (iii) el testimonio de Daniela Salón Salón, quien era pareja del fallecido y narró cómo fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar, para otorgar total credibilidad a las versiones de los agentes involucrados en los hechos, sin efectuar un análisis crítico e imparcial.

No obstante, antes de proceder a realizar el estudio de fondo de este trámite constitucional, debe advertirse que, el artículo 9021 de la Constitución Política integra la fuente de la responsabilidad extracontractual del Estado, pues , es su «cláusula general»22, toda vez que, prevé los elementos que deben concurrir para que se configure, los cuales son: (i) un daño antijurídico, esto es, un perjuicio que la persona no está en la obligación de soportar; (ii) una acción u omisión de los servidores públicos concernientes al cumplimiento de sus funciones (causalidad material); y (iii) una relación causal entre el hecho dañoso y la actuación o negligencia de aquellos (causalidad jurídica).

En virtud de dichos presupuestos, resulta acertado afirmar que hay lugar a declarar la responsabilidad extracontractual del Estado cuando sus agentes, en acatamiento de sus funciones, por acción u omisión, causan menoscabo a una persona que no debe resistirlo.

20 Sentencia