CE - Sentencia 11001031500020250339001 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03390-01

Demandante: Jorge Omar Riascos y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 2 de octubre de 2025

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-03390-01

Demandante: JORGE OMAR RIASCOS Y OTROS

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de r eparación directa.

Defectos sustantivo, fáctico , violación directa a la Constitución y desconocimiento del precedente jurisprudencial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora, contra la sentencia del 28 de julio de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por J orge Omar Riascos, Beatriz Ortiz Andrade, Leisy Yuseth Riascos Ortiz, Alexandra Candelo Zapata, Laura Sofía Murillo Candelo y Marlon Alexis Balarezo Ortiz contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, respecto del defecto sustantivo alegado, de conformidad con las razones expuestas.

Candelo y Marlon Alexis Balarezo Ortiz contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, respecto del defecto sustantivo alegado, de conformidad con las razones expuestas.

SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado por Jorge Omar Riascos, Beatriz Ortiz Andrade, Leisy Yuseth Riascos Ortiz, Alexandra Candelo Zapata, Laura Sofía Murillo Candelo y Marlon Alexis Balarezo Ortiz en todo lo demás, de conformidad con las razones expuestas.»

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 04 de junio de 2025 1, en ejercicio de la acción de tutela, los señores Jorge Omar Riascos, Beatriz Ortiz Andrade, Leisy Yuseth Riascos Ortiz, Alexandra Candelo Zapata, Laura Sofía Murillo Candelo y Marlon Alexis Balarezo Ortiz , por medio de apoderado judicial, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

A juicio de la parte accionante, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 18 de noviembre de 2024, dictada por el Consejo de Estado , Sección Tercera, Subsección A, que revocó la de primera instancia y, en su lugar, denegó pretensiones dentro del proceso de reparación directa No. 76001-23-33-000-2015-00485-01.

2. Pretensiones

La parte actora formuló, textualmente, las siguientes pretensiones:

Primera. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y reparación integral de los accionantes.

2. Pretensiones

La parte actora formuló, textualmente, las siguientes pretensiones:

Primera. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y reparación integral de los accionantes.

1 Índice 2 Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03390-01

Demandante: Jorge Omar Riascos y otros

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Segunda. Como consecuencia de lo anterior, revocar la sentencia proferida el dieciocho (18) de noviembre de 2024 por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A, dentro del proceso de reparación directa con radicado No. 76001-23-33-000-2015-00485-01.

Tercera. En su lugar, adoptar la decisión que en derecho corresponda.

3. Hechos

Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

Señalan los accionantes que, en el año 2010, el señor Jhony Alberto Balarezo Ortiz presentó una serie de denuncias en contra de funcionarios y concejales del municipio de Florida, Valle del Cauca, por las presuntas irregularidades en la gestión pública. Que también cuestionó el abuso de poder por parte de agentes de la Policía Nacional que, en esa época, habían retenido y lesionado injustamente a unos menores de edad.

El 10 de enero de 2013, el señor Jhony Alberto Balarezo informó a la Personería

esa época, habían retenido y lesionado injustamente a unos menores de edad.

El 10 de enero de 2013, el señor Jhony Alberto Balarezo informó a la Personería Municipal de Florida sobre amenazas de muerte en su contra.

La Personería del Municipio de Florida, el 11 de enero de 2013, remitió la denuncia al comandante de la Estación de Policía del municipio, Coordinador Seccional de Fiscalías, a la Procuraduría Provincial, al Juez Primero Promiscuo Municipal, al Juez Segundo Promiscuo Municipal y al Defensor del Pueblo en Santiago de Cali, y solicitó medidas de protección para el señor Jhony Alberto Balarezo. En esa misma fecha, remitió la denuncia al Coordinador Seccional de Fiscalías, Procuraduría General de la Nación, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal y el Defensor del Pueblo.

Con Oficio No. 0208/DIEPA – ESFLC del 29 de enero de 2013, el comandante de Policía del municipio de Florida dio respuesta a la solicitud elevada por la Personería municipal e informó que el demandante en su denuncia no señaló un lugar de residencia o número telefónico del denunciante para hacer efectiva la entrega de medidas de autoprotección por parte de la Policía Nacional.

El 28 de febrero de 2013, Jhony Alberto Balarezo, fue víctima de una agresión con arma de fuego que le ocasionó la muerte.

Las señoras Beatriz Ortiz Andrade, Leisy Yuseth Riascos Ortiz y Alexandra Candelo Zapata, esta última en nombre propio y en representación de su hija menor L.S.M, junto con los señores Jorge Omar Riascos Hurtado y Marlon Alexis Balarezo Ortiz,

Las señoras Beatriz Ortiz Andrade, Leisy Yuseth Riascos Ortiz y Alexandra Candelo Zapata, esta última en nombre propio y en representación de su hija menor L.S.M, junto con los señores Jorge Omar Riascos Hurtado y Marlon Alexis Balarezo Ortiz, interpusieron demanda de reparación directa contra la Nación - Ministerio de DefensaPolicía Nacional y el municipio de Florida (Valle del Cauca). Solicitaron que se declarara su responsabilidad por la muerte del señor Jhony Alberto Balarezo Ortiz, ocurrida como consecuencia de la omisión de la Policía en su deber de protección, pese a tener conocimiento previo de las amenazas en su contra.

Alegaron que la institución no adelantó investigaciones para identificar y capturar a los responsables, y que justificó la falta de protección en el supuesto desconocimiento de la residencia y del número telefónico de la víctima. No obstante, señalaron que esa falta de información no impedía que lo contactaran dada la extensión del municipio y la notoriedad pública del señor Balarezo Ortiz. Que no se había acreditado requerimientos efectuados al señor Johnny Alberto B alarezo Ortiz para subsanar dicha falencia . Finalmente, adujeron que la omisión podía interpretarse como una retaliación frente a las denuncias que el occiso había presentado en contra de la estación de policía en el año 2010.

El asunto se adelantó bajo e l radicado 76001-23-33-000-2015-00485-00 y correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Valle del Cauca , que, por sentencia de 1 6 de junio de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones al declarar la responsabilidad deRadicado: 11001-03-15-000-2025-03390-01

por reparto al Tribunal Administrativo de Valle del Cauca , que, por sentencia de 1 6 de junio de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones al declarar la responsabilidad deRadicado: 11001-03-15-000-2025-03390-01

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la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por la muerte del señor Jhony Alberto Balarezo Ortiz.

Consideró que la institución incurrió en una falla en el servicio, porque, pese a tener conocimiento de las amenazas que pesaban sobre el afectado, no desplegó las acciones mínimas de protección. Señaló que la Policía Nacional omitió dar trámite adecuado a la denuncia remitida por la Personería de Florida y que, en caso de considerar que carecía de competencia por ausencia de datos de residencia o co ntacto, debió manifestarlo oportunamente y activar mecanismos de coordinación interinstitucional. En criterio del Tribunal, esa omisión desconoció el deber de protección de la vida e integridad personal, máxime cuando se trataba de un ciudadano en riesgo.

Que el municipio de Florida no tenía responsabilidad en los hechos , pues su actuación se limitó a la remisión de la denuncia presentada por la víctima a la Policía Nacional, entidad que ostentaba la calidad de garante de los derechos de los ciudadanos. Destacó que la Personería Municipal cumplió con su deber al trasladar la solicitud a la autoridad competente en materia de seguridad, por lo que no podía atribuírsele una omisión

entidad que ostentaba la calidad de garante de los derechos de los ciudadanos. Destacó que la Personería Municipal cumplió con su deber al trasladar la solicitud a la autoridad competente en materia de seguridad, por lo que no podía atribuírsele una omisión generadora de responsabilidad patrimonial.

Por otra parte, negó lo pretendid o por la señora Alexandra Candelo Zapata y la menor Laura Sofía Murillo Candelo , quienes no probaron su condición de compañera permanente e hija de crianza, dado que solo se aportaron unas declaraciones extra-juicio, que carecían de valor probatorio.

Inconformes, las partes apelaron la decisión . Los demandantes solicitaron revocar el numeral tercero de la sentencia y en su lugar, reconocer el pago de los prejuicios a las pretensiones de Alexandra Candelo y de su menor hija, pues en su opinión, se acred itó que fueron compañeros permanentes durante cinco años y conformaron una familia con su hija, lo que dem ostraba que tenía legitimación en la causa por activa para actuar en nombre propio y en representación de la menor.

Por su parte, la Policía Nacional , sostuvo que el deber de protección de la Policía Nacional no era absoluto y debía cumplirse según los medios disponibles. Indicó que no contó con información mínima sobre la víctima, pues el Personero Municipal no la suministró, lo que imposibilitó adopt ar medidas eficaces. Señaló que el homicidio obedeció al hecho exclusivo de terceros que rompió el nexo causal. En consecuencia, solicitó revocar la decisión de primera instancia, exonerar de responsabilidad a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y declarar improcedente la condena en costas.

solicitó revocar la decisión de primera instancia, exonerar de responsabilidad a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y declarar improcedente la condena en costas.

El 18 de noviembre de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, dictó sentencia en segunda instancia, revocó la decisión del aquo, encontró acreditada la legitimación por activa de todos los demandantes, incluyendo a la señora Alexandra y su hija.

No encontró falla atribuible a la Policía Nacional porque la víctima no residía en el municipio de Florida ni suministró información suficiente en su petición que permitiera adoptar medida s de protección. Esa circunstancia acreditó que no existió inactividad voluntaria de la institución relacionada con los antecedentes del accionante sobre sus diferencias con la Policía. Por el contrario, el daño se atribuyó al hecho exclusivo y determinante de un tercero.

La providencia explicó que el atentado constituyó un evento irresistible, imprevisible y ajeno a la órbita de actuación de la Policía Nacional. Señaló que Jhony Alberto Balarezo Ortiz residía en Armenia con su compañera y su hija de crianza, lo que hacía imposible a la Policía de Florida desplegar acciones de prevención y protección. Además, destacó que en la denuncia presentada el 10 de enero de 2013 no se consignó dirección actualizada ni número de contacto, lo que impidió que la institución comunicara medidas de autoprotección. Finalmente, subrayó que el señor Balarezo no avisó sobre suRadicado: 11001-03-15-000-2025-03390-01

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de autoprotección. Finalmente, subrayó que el señor Balarezo no avisó sobre suRadicado: 11001-03-15-000-2025-03390-01

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desplazamiento a Florida ni solicitó acompañamiento el día del atentado, lo que privó a la entidad de la posibilidad real de intervenir.

Finalmente, condenó en costas a la parte demandante.

Uno de los consejeros que hizo parte de la Sala de decisión, aclaró el voto respecto de la condena en costas, porque consideró que, para imponerla, debía aplicarse un criterio subjetivo. Explicó que el artículo 188 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, estableció que, salvo en litigios relacionados con graves violaciones de derech os humanos o en actuaciones con reglas especiales, procedía a verificar si la demanda carecía manifiestamente de fundamento legal. Que esa interpretación no era pacífica y que, hasta tanto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo no unificara la subregla, acogía la posición mayoritaria de la Sección Tercera, reflejada en la providencia objeto de la aclaración que mantenía la aplicación del criterio objetivo.

4. Fundamentos de la acción

De manera preliminar, el demandante expuso las razones por las que la demanda cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la providencia cuestionada incurrió en:

De manera preliminar, el demandante expuso las razones por las que la demanda cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la providencia cuestionada incurrió en:

Defecto fáctico por indebida valoración probatoria en razón a que en la denuncia que la víctima presentó en enero de 2013 ante la Procuraduría Provincial en contra del Concejo Municipal de Florida se evidenciaba una dirección de notificaciones. Que lo mismo ocurrió con las denuncias presentadas contra miembros de la Policía en 2010 que fueron contestadas a la dirección suministrada mediante oficios de ese mismo año , por lo que no fue razonable que la autoridad judicial demandada concluyera que la Policía no había incumplido sus deberes, pues el señor Balarezo Ortiz era conocido en el municipio de Florida, con mayor razón, dicen, porque se trataba de denuncias graves en un municipio relativamente pequeño.

Que el hecho de que la víctima tuviera una de sus residencias en A rmenia, ello no er a relevante porque el lugar donde fue amenazado y posteriormente asesinado fue Florida, donde ejercía su profesión y así fue señalado en su denuncia del 10 de enero de 2013 ante la Personería Municipal de dicho municipio.

Violación directa a la Constitución pues, la sentencia del 18 de noviembre de 2024 desconoció el artículo 2 Constitucional sobre los fines del Estado y el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en especial sobre el deber de proteger la vida al analizar la falla del servicio por omisión del deber de protección a la luz de la teoría de la falla relativa desconoce que la Policía incumplió uno de sus deberes

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en especial sobre el deber de proteger la vida al analizar la falla del servicio por omisión del deber de protección a la luz de la teoría de la falla relativa desconoce que la Policía incumplió uno de sus deberes principales que es la prevención del delito. Refuerza este argumento con que la situación de la víctima era un hecho conocido en el municipio.

Cuestionó que se señalara que la víctima debió dirigirse a la UNP a denunciar las amenazas de las que era objeto, pues dice, esa entidad fue creada «dentro de los programas relacionados con el Acuerdo d e Paz» y «es una entidad de políticas de protección fundamental, aunque no exclusivamente colectiva que no resultaba la más adecuada para denunciar amenazas en un marco local. Exigirle al Dr. Balarezo acudir a un ente del orden nacional no era ni razonable ni procedente. Pero, además, no es la responsabilidad que pudiera incumbir a la UNP lo que en el proceso se discutió»

Desconocimiento del precedente fijado por el Consejo de Estado 2 en torno a la responsabilidad en eventos de daños sufridos por personas en situación de riesgo que previamente han solicitado protección a las autoridades.

2 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 19 de julio de 1997, exp. 11875, C.P. Daniel Suárez.30 de octubre de 1997, exp. 10958, C.P. Ricardo Hoyos. 3 de febrero de 2000, exp. 14787, C.P.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03390-01

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Que resultaba inaceptable que se denegaran pretensiones porque estaba acreditado que la víctima había elevado solicitud de medidas de protección el 10 de enero de 2013, por lo que, a su juicio, se encontraba acreditado el elemento indispensable que era el conocimiento de la amenaza y se trataba de una persona conocida en el municipio.

Decisión sin motivación al declarar la configuración del hecho de un tercero como eximente de responsabilidad, bajo el argumento de que el ataque suf rido por el señor Balarezo Ortiz era irresistible, imprevisible y exterior.

Explican los demandantes que el Consejo de Estado 3 al estudiar la responsabilidad del Estado por la muerte de Jaime Pardo Leal, afirmó que por su carácter de líder de oposición no debía acreditar requerimiento previo a las autoridades y, que esa misma tesis debió aplicarse en el caso objeto de estudio.

Que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, incurrió en error al confundir los conceptos de fuerza mayor y hecho de un tercero, toda vez que el señor Jhony Alberto Balarezo Ortiz no falleció en un atraco, sino que fue asesinado por sicarios como represalia por las denuncias que había formulado.

Defecto sustantivo, pues, a su juicio, la condena impuesta a la demandante por concepto de agencias en derecho resultaba exorbitante, injustificada e irrazonable. Señaló que, conforme a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 366 del CGP, aplicable

concepto de agencias en derecho resultaba exorbitante, injustificada e irrazonable. Señaló que, conforme a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 366 del CGP, aplicable por remisión del artículo 188 del CPACA, y en el artículo 3 del Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura el juez de segunda instancia al fijar dicho monto debió valorar criterios como la cuantía del proceso, la duración de la gestión de los apoderados y circunstancias especiales, entre ellas, que el proceso se originó en el asesinato de un defensor de derechos humanos.

Que, según el salvamento de voto de la sentencia del 18 de noviembre de 2024, el artículo 188 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, exigía verificar si la demanda carecía de fundamento legal, salvo en casos especiales. Sin embargo, ante la falta de consenso, se acogió la posición mayoritaria de la Sección Tercera, que mantuvo el criterio objetivo hasta que la Sala Plena unificara la subregla.

5. Intervenciones

La magistrada del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, ponente de la decisión cuestionada, pidió que se denegaran las pretensiones de amparo porque la decisión cuestionada no vulneró derecho fundamental alguno y que la parte actora pretendía utilizar la acción de tutela como una instancia adicional al proceso ordinario.

Que no se configuró ninguno de los defectos alegados en el escrito de tutela y q ue la Sala fundamentó su decisión en un análisis integral del material probatorio, la jurisprudencia aplicable y las normas pertinentes. En cuanto a la condena en costas

Que no se configuró ninguno de los defectos alegados en el escrito de tutela y q ue la Sala fundamentó su decisión en un análisis integral del material probatorio, la jurisprudencia aplicable y las normas pertinentes. En cuanto a la condena en costas impuesta a la parte act ora en ambas instancias, precisó que s e sustentó expresamente en lo previsto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en concordancia con el numeral 4 del artículo 365 y el numeral 6 del artículo 366 del CGP.

Alier Hernández, 16 de agosto de 2000, exp . 13131, C.P. Ricardo Hoyos, 25 de enero de 2001 C.P. Alier

E. Hernández Henríquez, exp. 11413, 14 de febrero de 2002, exp. 13253, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, 18 de marzo de 2004, exp. 13318, C.P. María Elena Giraldo.6 de marzo de 2008, exp. 14443, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, 10 de marzo de 2005, exp. 14395, 28 de abril de 2005 exp. 17300, 1° de marzo de 2006, exp. 13764, C.P. Alier E. Hernández Henríquez y 20 de septiembre de 2007, exp. 15699, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, 24 de marzo de 2011 Exp. 19067, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y 13 de mayo de 2014,

exp. 23128, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

Saavedra Becerra, 24 de marzo de 2011 Exp. 19067, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y 13 de mayo de 2014, exp. 23128, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. 3C.E. Sentencia del 30 de octubre de 1997. Exp. 10958, M.P. Ricardo Hoyos Duque.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03390-01

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El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca presentó informe donde señaló que remitía el expediente del proceso de reparación directa No. 76001 -23-33-000-201500485-00, pero no se pronunció sobre el fondo del asunto.

La NaciónMinisterio de Defensa Nacional – Policía Nacional se opuso a las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que la muerte del señor Balarezo Ortiz no fue consecuencia de una acción u omisión atribuible a ella, ni resultaba previsible o evitable, pues no existía amenaza concreta que advirtiera del suceso. Sostuvo que, aunque el causante había solicitado medidas de protección, no aportó información sobre su lugar de residencia o número telefónico. Agregó que, para la fecha de los hechos, no tenía conocimiento de sus actividades o desplazamientos, lo cual excedía la órbi ta de competencia de la Policía Nacional.

El municipio de Florida, Valle del Cauca, guardó silencio, pese a que se les notificó el auto admisorio de la acción de tutela de la referencia.

competencia de la Policía Nacional.

El municipio de Florida, Valle del Cauca, guardó silencio, pese a que se les notificó el auto admisorio de la acción de tutela de la referencia.

6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por medio de sentencia del 28 de julio de 2025, declaró improcedente el cargo de defecto sustantivo y denegó lo relacionado con los demás defectos.

Sobre el defecto sustantivo relacionado con la interpretación errónea del numeral 4 del artículo 366 del CGP, aplicable por la remisión del artículo 188 del CPACA, sobre la condena en costas, reviste un carácter eminentemente patrimonial y económico, por lo tanto, carecía de relevancia constitucional.

Respecto al defecto fáctico, señaló que la autoridad judicial demandada realizó un análisis integral de las pruebas y concluyó que, para la época de los hechos, el señor Balarezo Ortiz residía en Armenia junto con su compañera y su hija de crianza, lo cual hacía imposible a la Policía de Florida adoptar medidas de seguridad fuera de su jurisdicción. Además, en la denuncia presentada en enero de 2013 no aportó dirección ni número de contacto, lo que limitó aún más la capacidad de respuesta. Por ello, se determinó que la entidad no contaba con info rmación suficiente para brindar protección y, en consecuencia, no era posible atribuirle una omisión.

En cuanto al desconocimiento del precedente, advirtió que la sentencia enjuiciada sí aplicó los criterios fijados por el Consejo de Estado según los cuales la responsabilidad estatal surge cuando las autoridades conocen de una situación de riesgo y omiten adoptar

En cuanto al desconocimiento del precedente, advirtió que la sentencia enjuiciada sí aplicó los criterios fijados por el Consejo de Estado según los cuales la responsabilidad estatal surge cuando las autoridades conocen de una situación de riesgo y omiten adoptar medidas de protección. No obstante, concluyó que en el caso de Jhony Alberto Balarezo Ortiz no se configuraba una falla del servicio, pues la fal ta de información sobre su residencia y datos de contacto impidió a la Policía Nacional desplegar medidas de seguridad efectivas.

Finalmente, sobre el cargo de decisión sin motivación, la Sala concluyó que no se configuraba, pues el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, fundamentó su decisión en las normas aplicables, en las pruebas del proceso y en las limitaciones materiales y operativas de la Policía Nacional. Se destacó que la denuncia de enero de 2013 carecía de información esencial de contacto, que el señor Balarezo Ortiz residía en Armenia y no en Florida, y que el día de los hechos no se informó su presencia en ese municipio ni se solicitó acompañamiento alguno. Tales circunstancias hicieron imposible exigir a la Policía la adopción de medidas de protección concretas.

7. Impugnación

La parte demandante impugnó el fallo de primera instancia, al estimar que el a quo realizó una valoración inadecuada e insuficiente del material probatorio, lo cual resultó determinante para la decisión. Insistió en que la sentencia de segunda instancia proferidaRadicado: 11001-03-15-000-2025-03390-01

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determinante para la decisión. Insistió en que la sentencia de segunda instancia proferidaRadicado: 11001-03-15-000-2025-03390-01

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por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B incurrió en los defectos sustantivo, fáctico, violación directa a la constitución, desconocimiento del precedente y decisión sin motivación.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia que denegó la solicitud de amparo.

La Sala anticipa que confirmará la decisión impugnada, la cual declaró improcedente la acción de tutela respecto del alegado defecto sustantivo, al tratarse de una discusión meramente legal. Ello, por cuanto la supuesta interpretación errónea del numeral 4 del artículo 366 del CGP, aplicable por re misión del artículo 188 del CPACA en materia de condena en costas, tiene un carácter eminentemente patrimonial y económico. Por su parte, frente a los defectos fáctico, desconocimiento del precedente jurisprudencial, decisión sin motivación y violación directa de la Constitución alegados por la parte actora, se acreditó que la autoridad judicial demandada no incurrió en ninguno de ellos. Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de

por la parte actora, se acreditó que la autoridad judicial demandada no incurrió en ninguno de ellos. Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de tutela contra providencia s judiciales, (ii) la verificación de los requisitos generales de procedencia de tutela contra providencia judicial y, (iii) el análisis del caso concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los requisitos generales4 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian de manera previa a cualquier a nálisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos específicos5 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado los requisitos generales.

3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala comenzará por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial.

La relevancia constitucional.

Los demandantes plantearon que la providencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo, pues, a su juicio, realizó una interpretación errónea del numeral 4 del artículo 366 del CGP, aplicable por la remisión del artículo 188 del CPACA, sobre la condena en costas.

4 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

366 del CGP, aplicable por la remisión del artículo 188 del CPACA, sobre la condena en costas.

4 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela. 5 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03390-01

Demandante: Jorge Omar Riascos y otros

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Sin embargo, esa discusión, no gira en torno a un asunto constitucional o a la defensa de un derecho fundamental, sino a la correcta interpretación de una norma legal, asunto que recae sobre la determinación de aspectos meramente legales y proces