CE - Sentencia 11001031500020250346200 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-03462-00

Demandante: Magdalena Holguín de Torres y otros Demandado: Presidente de la República y otros

Tema: Tutela contra acción u omisión de autoridad pública. Riesgo estructural en el sistema de energía. Solicitud de declaratoria de estado de cosas inconstitucional.

Decisión: Se abstiene de pronunciarse sobre la declaratoria del estado de cosas inconstitucional y adoptar las medidas de organización y/o reorganización para conjurarlo: declara la improcedencia de unas pretensiones por falta de subsidiariedad y niega en todo lo demás

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Magdalena Holguín de Torres, Martha Elena Múnera Aristizábal, Felipe Piquero Villegas, Laura Tobar Salazar, Raúl Fernando Pineda López, Cristóbal Machado Krieger, Bulla Quiroga, Juan Pablo Salamanca Rozo, María Paula Gómez Rojas, Lizeth Johana Lugo López y Luis Jaime Rojas Camargo contra el presidente de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

María Paula Gómez Rojas, Lizeth Johana Lugo López y Luis Jaime Rojas Camargo contra el presidente de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) y la Comisión de Regulación de Energía y Gas

(CREG).

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 5 de junio de 2025, Magdalena Holguín de Torres, Martha Elena Múnera Aristizábal, Felipe Piquero Villegas, Laura Tobar Salazar, Raúl Fernando Pineda López, Cristóbal Machado Krieger, Bulla Quiroga, Juan Pablo Salamanca Rozo, María Paula Gómez Rojas, Lizeth Johana Lugo López y Luis Jaime Rojas Camargo presentaron acción de tutela , en nombre propio y en representación de «la generación actual y las generaciones futuras de usuarios del sistema de energía […] y los de todas las personas naturales y jurídicas que se encuentran en una situación similar», con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales a la energía, educación, salud, vivienda digna, libertad de expresión e información y libertad económica y de empresa.2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03462-00

Demandante: Magdalena Holguín de Torres y otros

2. Como consecuencia de lo anterior, solicit aron que se declare el estado de cosas inconstitucional (ECI) en el sistema de energía eléctrico; se ordene a las accionadas la elaboración de un plan estratégico para superar la crisis del sector energético1; se ordene a las autoridades administrativas con injerencia en el sector minero -energético2 que

elaboración de un plan estratégico para superar la crisis del sector energético1; se ordene a las autoridades administrativas con injerencia en el sector minero -energético2 que respeten las competencias asignadas a cada una de ellas; se dejen sin efectos los actos administrativos expedidos por las entidades accionadas que contravengan el artículo 74.1 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 23 de la Ley 143 de 1994; se declare que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) es la única entidad competente para modificar, suspender o interpretar lo dispuesto en la normatividad relativa a la aplicación de los programas de limitación de suministro; se declare que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPPDD) se extralimitó en el ejercicio de sus funciones al expedir la Circular Externa No. 20241000001314; se conmine a la SSPPDD para que no se extralimite en sus funciones; se exhort e a la empresa XM SA ESP a presentar una excepción de inconstitucionalidad respecto de la Circular Externa No. 20241000001314 de 13 de diciembre de 2024 de la SSPPDD; se ordene al Gobierno Nacional que haga la asignación presupuestal suficiente para asegurar el pago a las distribuidoras y comercializadores de energía eléctrica por concepto de subsidios y opción tarifaria para la vigencia 2025; se ordene al Gobierno Nacional que lleve a cabo los nombramientos de los expertos comisionados de la CREG; se establezcan los mecanismos que permitan el inyectar capital del Fondo Empresarial de la SSPPDD; se ordene la cesación de la intervención estatal excesiva en la fijación de precios del sector de energía y gas; se inste

inyectar capital del Fondo Empresarial de la SSPPDD; se ordene la cesación de la intervención estatal excesiva en la fijación de precios del sector de energía y gas; se inste a las entidades accionadas para que adopten medidas que garanticen una regulación económica que respete los principios constitucionales de la libre competencia y la libertad de empresa; se ordene establecer políticas eficientes en el mercado de contratos de suministro de energía; y se implemente n políticas y plan es de acción urgentes para la explotación de los recursos gasíferos disponibles.

3. Como fundamento f áctico de la solicitud de amparo, señalaron que en la actualidad el sector energético atraviesa una crisis estructural producto de un conjunto de acciones y omisiones de las autoridades accionadas , pero sobre todo del presidente de la República, quien ha adoptado medidas (a través de actos administrativos) que debilitan la institucionalidad y profundizan las dificultades financieras del sector, tal como ocurrió con la abrogación de competencias de la CREG a favor del Gobierno Nacional , con el propósito de intervenir a partir de factores de índole político y no técnico3.

4. Aducen que este tipo de decisiones administrativas no solo han afectado la sostenibilidad financiera, sino también han dado lugar a que se creen distorsiones en el mercado con la potencialidad de afectar la cadena de suministro del servicio de energía,

1 El cual debe (1) contener «(i) un diagnóstico de la situación actual del sector de energía eléctrica; (ii) la formulación de las medidas legislativas, administrativas y presupuestales necesarias para para abordar y superar esta situación (incluida la crisis financiera debida

1 El cual debe (1) contener «(i) un diagnóstico de la situación actual del sector de energía eléctrica; (ii) la formulación de las medidas legislativas, administrativas y presupuestales necesarias para para abordar y superar esta situación (incluida la crisis financiera debida a la falta de pago de subsidios, opción tarifaria y otras obligaciones con las empresas del sector); (iii) el cronograma para la implementación de las medidas previstas para superar el ECI, y (iv) un mecanismo de monitoreo y seguimiento a la ejecución de las medidas formuladas y que serán adoptadas en el marco de dicho plan»; (2) tener en cuenta las propuestas presentadas por «la Federación Nacional de Departamentos (FND) y la Federación Nacional de Municipios (FNM); los gremios como ANDESCO (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones), ACOLGEN (Asociación Colombiana de Generadores de Energía El éctrica), ANDEG (Asociación Nacional de Empresas Generadoras), ASOCODIS (Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica) y la Asociación de Energías Renovables (SER); y, finalmente, las empresas generadoras y comercializadoras de energía eléctrica»; y (3) remitirse a la Corte Constitucional , la Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República. 2 Entre ellos, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y el Ministerio de Minas y Energía. 3 Los accionantes mencionaron: (i) desinstitucionalización del sector de energía eléctrica []3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03462-00

Demandante: Magdalena Holguín de Torres y otros

3 Los accionantes mencionaron: (i) desinstitucionalización del sector de energía eléctrica []3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03462-00

Demandante: Magdalena Holguín de Torres y otros dando ello lugar a « inminentes posibles apagones y desabastecimiento », aparejado del incremento en los precios de los contratos suscritos por los generadores térmicos.

5. Señalaron que se ha desmantelado la capacidad operativa e independencia de la CREG, dada la falta de nombramiento de los expertos comisionados en propiedad y la suplencia de aquella a través de la figura del encargo, lo que ha generado de forma concomitante la falta de quorum y rigor técnico en las decisiones de aquella autoridad, incertidumbre regulatoria y riesgo de desabastecimiento por falta de medidas oportunas.

6. Indicaron que la deuda a las empresas del sector asciende a los 7.7 billones de pesos, en la que están incluidos los conceptos de subsidios al consumo de los estratos 1, 2 y 3, opción tarifaria y consumo de entidades oficiales, así como las obligaciones de la empresa AIRE-E SA ESP INTERVENIDA por transacciones en la bolsa de energía y cargos por uso del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

7. Reprocharon el cambio hecho por parte e l Ministerio de Minas y Energía y la SSDDPP en la asignación de riesgos entre los agentes del sistema, particularmente entre distribuidores, comercializadores y transmisores.

8. Sumado a todo lo anterior, identificaron otras variables tales como el riesgo de desabastecimiento en la producción de gas y la demora en la entrada de funcionamiento de proyectos de generación eléctrica 4, también producto de las acciones y omisiones

8. Sumado a todo lo anterior, identificaron otras variables tales como el riesgo de desabastecimiento en la producción de gas y la demora en la entrada de funcionamiento de proyectos de generación eléctrica 4, también producto de las acciones y omisiones propias del Gobierno Nacional.

9. Como fundamentos de derecho, los hoy accionantes señalaron que la crisis en el sector de energía provocada por decisiones del Gobierno Nacional, constituye una amenaza cierta, grave, inminente y estructural, al generar condiciones que ponen en riesgo la continuidad, disponibilidad y asequibilidad del suministro de ene rgía eléctrica.

Manifestaron que la proyección de dicha crisis se ve en (i) «un incremento desmesurado en las tarifas de energía, lo que puede volver el servicio inaccesible para miles de familias, especialmente en condiciones de pobreza o vulnerabilidad», aparejado a (ii) cortes del servicio y posibles apagones, producto del desabastecimiento de gas, la no entrada en funcionamiento de proyectos de generación y transmisión de energía eléctrica y la inestabilidad institucional del sector. Impactos que de una u otra forma no solo aumentan las desigualdades sociales sino también recaen sobre grupos poblacionales vulnerables5.

10. Indicaron que existía vulneración o, cuando menos, amenaza del derecho a la educación de Raúl Fernando Pineda López, Sandra Jimena Bulla Quiroga, Juan Pablo Salamanca Rozo, María Paula Gómez Rojas y Cristóbal Machado Krieger, «así como de todas las personas que se encuentran en una situación similar y de personas de las generaciones futuras de estudiantes que se encontrarán en una situación similar» , pues la crisis afecta de manera particular (i) sus garantías de (a) acceso a procesos educativos

todas las personas que se encuentran en una situación similar y de personas de las generaciones futuras de estudiantes que se encontrarán en una situación similar» , pues la crisis afecta de manera particular (i) sus garantías de (a) acceso a procesos educativos y (b) continuidad o permanencia en estos en condiciones dignas y equitativas, así como (ii) sus proyectos de vida.

4 Los cuales relacionaron igualmente con las demoras en los trámites de licenciamiento y permisos ambientales. 5 Este argumento esto precedido de un contexto general sobre el derecho (de acceso) a la energía eléctrica como derecho fundamental independiente y por conexidad, su relación con el bloque de constitucionalidad y sus dimensiones.4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03462-00

Demandante: Magdalena Holguín de Torres y otros

11. Frente al derecho a la salud, sostuvieron que este fue vulnerado o siquiera amenazado respecto de Magdalena Holguín de Torres, Martha Elena Múnera Aristizábal, Felipe Piquero Villegas y Laura Tobar Salazar. Para ello, narraron las condiciones de salud de cada uno y explicaron la relación de aquellas con el uso de ciertos aparatos y/o instrumentos médicos que dependen de energía . En ese orden, ante « apagones –o cortes de energía–, racionamientos e inestabilidad en el suministro de energía eléctrica» se pone en riesgo a aludida garantía constitucional, concretamente en sus dimensiones de accesibilidad y asequibilidad a la atención médica, y calidad de la misma.

12. Para Lizeth Johana Lugo López y Luis Jaime Rojas Camargo se vio afectado su derecho a la vivienda digna, comoquiera que los proyectos residenciales en los que compraron vivienda se encuentran actualmente condicionados en su ejecución, avance

12. Para Lizeth Johana Lugo López y Luis Jaime Rojas Camargo se vio afectado su derecho a la vivienda digna, comoquiera que los proyectos residenciales en los que compraron vivienda se encuentran actualmente condicionados en su ejecución, avance y entrega porque la inestabilidad energética ha paralizado o ralentizado actividades de construcción y conexión de redes de servicios públicos.

13. Respecto el derecho a la libertad de expresión, señalaron que «[la] afectación puede predicarse de los ciudadanos Raúl Fernando Pineda López, Sandra Jimena Bulla Quiroga, Juan Pablo Salamanca Rozo, María Paula Gómez Rojas y Cristóbal Machado Krieger, en tanto estudiantes universitarios activos y participantes del debate pú blico en espacios académicos y ciudadanos, cuya capacidad para expresarse y acceder a información depende directamente de la infraestructura tecnológica sostenida por el servicio de energía eléctrica».

14. Asimismo, e stimaron que fue vulnerado el derecho a la libertad de empresa porque se ha generado un escenario crítico para la estabilidad y operación en el sector de energía eléctrica y construcción.

15. Con base en todo lo anterior, alegaron que se encuentran reunidos los requisitos jurisprudenciales para que se declare el estado de cosas inconstitucional (Sentencia T025 de 2004 de la Corte Constitucional)6.

Intervenciones7

6 «existe una vulneración masiva y generalizada de derechos constitucionales que afecta a un grupo significativo de personas[,] […] esta vulneración masiva y generalizada de derechos fundamentales es consecuencia de una omisión prolongada de las autoridades en el cumplimiento de las funciones de las que dependería la efectividad de los derechos fundamentales de las personas afectadas[,]

esta vulneración masiva y generalizada de derechos fundamentales es consecuencia de una omisión prolongada de las autoridades en el cumplimiento de las funciones de las que dependería la efectividad de los derechos fundamentales de las personas afectadas[,] […] será necesario incorporar procedimientos paralelos y contrarios al ordenamiento jurídico para garantizar la efectividad de los derechos violados, tales como la normalización de que las personas tengan que acudir a la acción de tutela para acceder a un derecho fundamental[,] […] no se han adoptado medidas legislativas, administrativas o presupuestales suficientes para conjur ar la situación identificada[,] […] la solución de esta problemática requiere que intervengan de manera conjunta y coordinada varias entidade s estatales para adoptar medidas complejas, cuya ejecución se prolongará en el tiempo y requerirá esfuerzos presupuestales [y] […] si todas las personas afectadas por la situación acudieran al tiempo a la acción de tutela para exigir la protección de sus dere chos, la capacidad del sistema judicial para responder a tales solicitudes no sería suficiente ante la indudable congestión que se ocasionaría» 7 Mediante Auto de 8 de julio de 2025, se admitió la acción de tutela contra el presidente de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Planeación MineroEnergética (UPME) y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), y se vinculó al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAPRE), la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (ACOLGEN), Caribemar de la Costa SAS ESP

(AFINIA), Air-e SAS ESP (Air-e), la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (ANDESCO), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), la Asociación Colombina de Distribuidores de Energía Eléctrica (ASOCODIS), la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL), el Comité Asesor de Comercialización (CAC), el Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión (CAPT), la Contraloría General de la República, el Centro Nacional de Despacho (CND), el Consejo Nacional de Operación (CON), el Departamento de Planeación Nacional (DNP), Electrificadora del Caribe – Electricaribe SA ESP, Empresas Públicas de Medellín (EPM), la Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER), la Federación Nacional de Departamentos, la Federación Nacional de Municipios, el Fondo Solidario para Subsidios y Redistribución de Ingresos, el Grupo Energía Bogotá SA ESP, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas en Zonas no Interconectadas – IPSE, la Procuraduría General de la Nación, la Asociación de Energías Renovables (SER), la Sociedad5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03462-00

Demandante: Magdalena Holguín de Torres y otros

16. La Electrificadora del Huila SA ESP señaló que las acciones y omisiones de las que parten las reclamaciones de los accionantes no le son atribuibles, razón por la cual solicitó su desvinculación del proceso por carecer de legitimación pasiva en la causa.

16. La Electrificadora del Huila SA ESP señaló que las acciones y omisiones de las que parten las reclamaciones de los accionantes no le son atribuibles, razón por la cual solicitó su desvinculación del proceso por carecer de legitimación pasiva en la causa.

Adujo que la parte actora contaba con otros mecanismos judiciales para lograr el amparo y/o protección de sus derechos.

17. La Cámara Colombiana de Construcción (CAMACOL) alegó no tener legitimación en la causa comoquiera que no ostenta la calidad de autoridad administrativa ni tiene injerencia sobre las acciones u omisiones del Gobierno Nacional.

18. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible manifestó que esa cartera no ha tenido injerencia alguna en presuntas vulneraciones a derechos fundamentales que alegó la parte actora, pues la intervención en el «sector de prestación de servicios públicos domiciliarios» escapa de sus funciones y competencias (Decreto Ley 3570 de 2011). En ese orden de ideas, luego de explicar los objetivos y funciones que le han sido encomendadas, solicitó que se le desvincule del proceso y, de forma subsidiarie, se nieguen las suplicas de amparo.

19. Electrificadora de Santander SA ESP (ESSA) , Empresa de Energía del Quindío SA ESP (EDEQ) y Empresas Públicas de Medellín ESP (EPM) respaldaron las pretensiones de la acción de tutela. Identificaron algunas situaciones que ponen en riesgo la estabilidad del sector energético colombiano y la continuidad del servicio público8, así como los factores que explican dicha problemática y las irregularidades administrativas e institucionales alrededor de la misma 9. Explicaron las razones por las

riesgo la estabilidad del sector energético colombiano y la continuidad del servicio público8, así como los factores que explican dicha problemática y las irregularidades administrativas e institucionales alrededor de la misma 9. Explicaron las razones por las que existía un estado de cosas inconstitucional en el sector e hizo una serie de propuestas técnicas específicas para respaldar las pretensiones de la solicitud de amparo. Con fundamento en lo anterior, solicitaron (i) acoger las prete nsiones de la acción de tutela, (ii) declara el estado de cosas inconstitucional y reconocer la crisis por la que pasa el sector, y (iii) ordenar la elaboración de un plan estratégico para superar dicha crisis, en el que se garantice la participación técnica de todos los actores del sector (empresas y gremios).

20. XM Compañía de Expertos en Mercados SA ESP expresó que se atenía a lo que decidiera el juez de tutela. Adujo que no existía acción u omisión que se reprochara en su contra por parte de los accionantes. Señaló cuáles eran sus funciones en el sector

Portuaria El Cayao SA ESP (SPEC LNG), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la XM Compañía de Expertos en Mercados SA ESP, el Comité Asesor de Coordinación y Seguimiento a la situación Energética, Celsia Colombia SA ES, Enel Colombia SA ESP, Centrales Eléctricas del Norte de Santander SA ESP, Central Hidroeléctrica de Caldas SA ESP, Electrificadora de Santander

SA ESP, Centrales Eléctricas de Nariño SA ESP, Empresa de Energía del Quindío SA ESP, Electrificadora del Caquetá SA ESP, Empresa de Energía de Boyacá SA ESP, Electrificadora del Huila SA ESP, Empresa de Energía de Casanare SA ESP, Compañía de Electricidad de Tuluá SA ESP, Empresa Distribuidora del Pacifico SA ESP, Empresa de Energía de Pereira SA ESP, QI Energy SAS ESP, Empresa de Energía del Valle de Sibundoy SA ESP, Sol & Cielo Energía SAS ESP, Ruitoque SA ESP, Empresa de Energía de Arauca, Empresa de Energía del Putumayo SA ESP, Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare SA ESP, Empresa Municipal de Energía Eléctrica SA ESP, Vatia SA ESP, Empresas Municipales de Cali EICE ESP y la Asociación Colombiana de Gas Natural. 8 Las cuales clasificó de la siguiente manera: escasez de oferta de energía: dificultades para cubrir la demanda, altos precios en el mercado, mayor exposición en bolsa; retraso de proyectos: incumplimientos contractuales, renegociaciones; riesgo sistémico: impactos económicos de la intervención de AIR-E SAS ESP; reglamentación por parte de la CREG: quorum decisorio; «tiempos de aprobación» y «aprobación» de las solicitudes de ajuste a los planes de inversión y planes de expansión y cobertura; no pago de subsidios. 9 Entre ellas: abastecimiento y seguridad energética, cambio de las reglas del mercado, sostenibilidad financiera del sector, debilidad institucional, exceso de competencias regulatorias en cabeza del Ministerio de Minas y energía, arrogación indebida de funciones en la SSPPDD.6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03462-00

institucional, exceso de competencias regulatorias en cabeza del Ministerio de Minas y energía, arrogación indebida de funciones en la SSPPDD.6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03462-00

Demandante: Magdalena Holguín de Torres y otros eléctrico con fundamento en la Ley 143 de 1994 – artículo 11 (Centro Nacional de Despacho) y las Resoluciones CREG 071 de 2006 (Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales) y 008 de 2003 (o Liquidador y Administrador de Cuentas).

Indicó que no es tá llamada a inaplicar Circular Externa No. 20241000001314 del 13 de diciembre de 2024, comoquiera que dicho acto administrativo no ha sido suspendido o anulado por la jurisdicción de lo contencioso – administrativo.

21. El Departamento Administrativo de Planeación (DNP) sostuvo que no era la autoridad encargada de dar trámite a las reclamaciones advertidas en el escrito de tutela, de conformidad con los artículos 59 de la Ley 489 de 1998, 9 de la Ley 2056 de 2020, 1.1.1.1. y 3 del Decreto 1893 de 2021. Con fundamento en ello, alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva y solicitó su desvinculación.

22. QI ENERGY SAS ESP solicitó ser reconocido como coadyuvante del presidente de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la UPME y la CREG.

23. La Asociación Nacional de Empresas de Generadoras (ANDEG) manifestó no

y Energía, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la UPME y la CREG.

23. La Asociación Nacional de Empresas de Generadoras (ANDEG) manifestó no contar con legitimación por pasiva en el proceso de la referencia. Hizo un recuento de la situación (intervención administrativa por parte de la SSPPDD) que atraviesa AIR-E SAS ESP y puso de presente que presentó una acción de cumplimiento orientada a obtener que XM SA ESP de cumplimiento a la regulación de la CREG (Circular No. 20241000001314 de 13 de diciembre de 2024).

24. La Sociedad Portuaria El Cayao SA ESP (SPEC LNG) sostuvo que no era una autoridad administrativa o un particular que ejerciera función administrativa, tampoco una sociedad dedicada a la generación o comercialización de energía. Aclaró que no participa en la importación o comercialización de gas, sino que cuenta con un terminal marítimo que permite transformar el gas natural de estado líquido a estado gaseoso. Por lo anterior, solicitó ser desvinculada del proceso.

25. La Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica

(ASOCODIS) adujo que es una asociación encargada de canalizar los intereses gremiales, así como promover y defender la libre competencia y desarrollo del mercado del sector eléctrico colombiano, en especial, en lo relacionado con las actividades de distribución y comercialización, no obstante, no ejecuta dichas actividades y, por lo tanto, no es una empresa de servicios públicos domiciliarios ni tiene a su cargo la prestación de estos. Aunado a ello, describió la situación que atraviesa el sector en relación con las deudas por subsidios, opción tarifaria y consumo del sector oficial.

no es una empresa de servicios públicos domiciliarios ni tiene a su cargo la prestación de estos. Aunado a ello, describió la situación que atraviesa el sector en relación con las deudas por subsidios, opción tarifaria y consumo del sector oficial.

26. ECOPETROL SA señaló que pese a que en el auto admisorio de tutela no se le vinculó como accionada o tercera10, en los hechos No. 204 y 231 de la solicitud de amparo

10 «Sea lo primero, señalar que Ecopetrol no es parte dentro de la presente acción de tutela por las siguientes razones: (i) la demanda fue dirigida contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda, La UPME y la CREG; (ii) ninguna de las pretensiones va dirigida contra Ecopetrol ni es de su competencia; (iii) solo en dos hechos del escrito de tutela se menciona de manera tangencial a Ecopetrol, pero no se le atribuye la vulneración de ningún derecho fundamental; y (iv) en el auto admisorio de la tutela se ordenó la vinculación oficiosa de múltiples entidades dentro de las cuales no se incluyó a Ecopetrol.»7

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Demandante: Magdalena Holguín de Torres y otros se le mencionó. Con fundamento en lo anterior, explicó que la empresa no es responsable del abastecimiento de gas del país, ni agente del mercado de energía eléctrica.

27. Sol & Cielo Energía SAS ESP solicitó ser desvinculada del proceso por no contar con legitimación pasiva en la causa, pues no tuvo conexión fáctica o jurídica con

27. Sol & Cielo Energía SAS ESP solicitó ser desvinculada del proceso por no contar con legitimación pasiva en la causa, pues no tuvo conexión fáctica o jurídica con los hechos de la acción y ni fue responsable de los actos y omisiones que dieron lugar a la vulneración alegada.

28. La Financiera de Desarrollo Territorial SA (FINDETER) luego de explicar su naturaleza jurídica, señaló que ha creado productos financieros en aras de apoyar a las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía que tuvieran saldos de opción tarifaria, en cumplimiento de los artículos 5 de la Ley 2299 de 2023 y 88 de la Ley 2342 de 2023, por medio de las cuales se le autorizó de manera temporal para otorgar crédito directo con o sin tasa compensada a las ya mencionadas. Asimismo, alegó su falta de legitimación pasiva en la causa, comoquiera que su intervención en el sector no constituye vulneración alguna de derechos fundamentales, sino un esfuerzo institucional por fortalecer las capacidades del sistema eléctrico nacional.

29. El Grupo de Energía de Bogotá SA ESP 11 coadyuvó la acción de tutela. Para ello, aportó elementos técnicos, financieros y jurídicos con los cuales pretendió dar cuenta de que la crisis energética e ra estructural, actual y atribuible a las omisiones y decisiones de las autoridades accionadas12, así como de las razones por las que estimaba que eran relevantes las órdenes solicitadas alrededor de la declaratoria del ECI.

Alegó que existe una vulneración directa de su derecho fundamental a la libertad de empresa por «la falta de pago sistemática y deliberada d e obligaciones estatales[,] el

estimaba que eran relevantes las órdenes solicitadas alrededor de la declaratoria del ECI. Alegó que existe una vulneración directa de su derecho fundamental a la libertad de empresa por «la falta de pago sistemática y deliberada d e obligaciones estatales[,] el traslado arbitrario e inconstitucional de riesgos financieros[,] la restricción grave de su capacidad operativa y de inversión [y] la pérdida de competitividad y calificación crediticia»13.

30. El Comité Asesor de Comercialización (CAC) explicó su naturaleza y funciones y, partir de ello, solicitó su desvinculación del proceso, bajo el entendido que dicha autoridad no había vulnerado los derechos fundamentales de los accionantes.

31. La Procuraduría General de la Nación alegó no tener legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que frente a las pretensiones de la parte actora carec ía de competencia, así como tampoco desplegó alguna conducta que pudiera haber afectado las garantías const