CE - Sentencia 11001031500020250386400 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03864-00

Referencia: Acción de tutela

Actores: JOSÉ DE JESÚS CARDONA Y OTROS

TESIS: LA ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL REQUISITO

GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA PARTE ACTORA

PRETENDE DEBATIR ASPECTOS QUE YA FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN

SEDE ORDINARIA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, LIBERTAD Y ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte actora contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE L VALLE DEL

CAUCA1.

I.- ANTECEDENTES

1 En adelante el Tribunal.2

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I.1.- La solicitud

Los señores JOSÉ DE JESÚS CARDON A, SANDRA PAOLA

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I.1.- La solicitud

Los señores JOSÉ DE JESÚS CARDON A, SANDRA PAOLA

ACEVEDO CANIZALES , SANTIAGO CARDONA ACEVEDO ,

JERÓNIMO y JACOBO RODRÍGUEZ CARDONA , SONIA,

CLAUDIA PATRICIA y VÍCTOR ALFONSO CARDONA CEBALLOS,

NIKOLAS CAICEDO CARDONA , CAROL LISSET CARDONA

CARDONA, JUAN JOSÉ TANGARIFE CARDONA, JORGE ANDRÉS

DÍAZ CARDONA , YOSELLYN MARIANA CARDONA PÉREZ , LAUREN EDITH ROMERO BLANDÓN y ANA MARIELLA BLANDÓN ROJAS , actuando a través de apoderad o judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso , a la libertad , al acceso a la administración de justicia y al principio de reparación integral, los cuales estiman vulnerados por el TRIBUNAL al haber proferido la providencia de 7 de marzo de 2025, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2017-00213-01.

I.2.- Hechos3

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Señalaron que el señor JOSÉ DE JESÚS CARDONA fue privado de

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Señalaron que el señor JOSÉ DE JESÚS CARDONA fue privado de la libertad entre el 28 de octubre de 2015 y el 21 de febrero de 2017, en el marco de un proceso penal 2 seguido en su contra por el presunto delito de “[…] actos sexuales abusivos con menor de catorce años, supuestamente cometidos en perjuicio de su hijastra […]”.

Indicaron que el proceso penal culminó el 20 de febrero de 2017 con sentencia absolutoria, en la que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Buga concluyó que el delito no se había cometido, luego de valorar las pruebas aportadas al proceso , incluidos los informes periciales que desvirtuaban la hipótesis delictiva.

Manifestaron que, como consecuencia de lo anterior, promovieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL , con el fin de que se les declarara responsable s por los daños derivados de la privación de la libertad de la que fue objeto el señor JOSÉ DE

2 Identificado con el número único de radicación 7611160001652013012074

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A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico al no realizar una valoración probatoria integral y en conjunto, al tergiversar el análisis efectuado en primera instancia sobre la responsabilidad estatal y al desconocer los informes periciales que reposa ban en el expediente , conforme lo dispone el artículo 176 del Código General del Proceso (CGP).

Manifestó que se valoró de manera sesgada el contenido del informe médico sexológico, insinuando que este no descartaba la ocurrencia del abuso, cuando en realidad evidenciaba la ausencia de signos físicos compatibles con el delito; además, que se omitió el análisis de la conducta de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN que, teniendo en su poder el informe psiquiátrico desde 2014, no lo aportó oportunamente en la audiencia de imposición de la medida de aseguramiento.

Destacó que el TRIBUNAL evaluó la razonabilidad de la medida de aseguramiento solo a partir de la solicitud del ente acusador, sin verificar si el juez de control de garantías había realizado el análisis integral que el precedente constitucional exige.

Alegó que la autoridad judicial accionada desconoció el6

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Alegó que la autoridad judicial accionada desconoció el6

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precedente constitucional y contencioso en materia de responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad , que establece los estándares que deben orientar la valoración de la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas de aseguramiento , pues profirió un fallo carente de motivación suficiente.

Para lo anterior, adujo que la sentencia de unificación SU -072 de 2018 proferida por la Corte Constitucional, ha señalado que las medidas privativas de la libertad constituyen una de las más severas afectaciones de los derechos fundamentales, por lo que deben ser adoptadas y controladas bajo estrictos criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad , de tal forma que no basta con la existencia de indicios, sino que es indispensable que el juez de control de garantías realice una valoración integral del acervo probatorio, asegurándose de que la privación de la libertad no se produzca con base en un expediente parcial o incompleto.

Resaltó que, de manera concordante, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha construido una línea jurisprudencial solida según la cual la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad puede configurarse, entre otras hipótesis, cuando la medida de aseguramiento se adopta en condiciones que no satisfacen los7

de Estado ha construido una línea jurisprudencial solida según la cual la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad puede configurarse, entre otras hipótesis, cuando la medida de aseguramiento se adopta en condiciones que no satisfacen los7

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estándares exigidos por la Constitución y el bloque de convencionalidad.

Sostuvo que en el presente caso el TRIBUNAL se limitó a considerar que la medida de aseguramiento fue razonable porque la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN presentó en su solicitud la denuncia de la menor y el informe médico sexológico, pasando por alto el análisis riguroso que el precedente impone y sin interrogar por la omisión procesal en que incurrió el ente acusador al no aportar oportunamente el informe psiquiátrico que tenía en su poder.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados como violados y, en consecuencia:

“[…] se DEJE SIN EFECTOS la Sentencia No. 026 de 7 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso de reparación directa radicado No. 76111-33-33-003-2017-00213-01, por vulnerar los derechos fundamentales mencionados.

de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso de reparación directa radicado No. 76111-33-33-003-2017-00213-01, por vulnerar los derechos fundamentales mencionados.

TERCERO. Corolario de lo anterior, se ordene al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en el término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del fallo de tutela, profiera una nueva decisión de reemplazo, realizando un análisis objetivo, completo y razonado del acervo probatorio, en armonía con el precedente constitucional y contencioso sobre la8

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responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad, y motivando de manera suficiente su proveído […]”. (Negrilla pertenece al texto)

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL pese a ser notificado en debida forma del presente trámite constitucional, guardó silencio.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, vinculada en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó su desvinculación e indicó que no tiene injerencia en las decisiones judiciales cuestionadas, por lo que es el

JUDICIAL, vinculada en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó su desvinculación e indicó que no tiene injerencia en las decisiones judiciales cuestionadas, por lo que es el TRIBUNAL el llamado a responder por la presunta amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados.

En todo caso, adujo que los argumentos del actor no tienen vocación de prosperidad, en la medida en que no se vislumbra vulneración de los derechos fundamentales invocados , además, que lo pretendido es revivir un debate definido con el fin de que se modifique la decisión adoptada, que se encuentra debidamente ejecutoriada e hizo tránsito a cosa juzgada.9

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En esa medida, solicitó que se le desvincule del presente trámite y se denieguen las pretensiones de amparo.

I.6.2.- La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN , vinculada en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó la desvinculación del trámite constitucional, comoquiera que carece de legitimación en la causa por pasiva.

Aseguró que el asunto no reviste verdadera relevancia constitucional, pues no se han vulnerado los derechos fundamentales invocados, por lo que se vislumbra que la acción de tutela se está utilizando como un mecanismo para reabrir un debate legal , lo que la hace

pues no se han vulnerado los derechos fundamentales invocados, por lo que se vislumbra que la acción de tutela se está utilizando como un mecanismo para reabrir un debate legal , lo que la hace improcedente.

I.6.3.- El JUZGADO, vinculado en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, remitió el expediente digital del proceso origen de la controversia y guardó silencio frente a los reproches de la parte actora.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia10

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La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y la FISCALÍA GENERAL DE LA

punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, solicitaron su desvinculación en la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:11

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“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente: “2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…). La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material. Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción. La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisi ón que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto). Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).12

demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).12

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Ahora bien, comoquiera que la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, fueron vinculados en calidad de demandados dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2017-00213-01, objeto de cuestionamiento, les asiste interés directo en las resultas del proceso constitucional de la referencia, razón por la cual la Sala denegará sus solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello, consejera María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.13

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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asunt os que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de14

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sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional to das

tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional to das las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos

de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso15

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proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales

decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del16

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texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la libertad, al acceso a la administración de justicia y al principio de reparación integral y, en consecuencia, se deje sin efecto la providencia de 7 de marzo de 2025 , proferida por el TRIBUNAL mediante la cual revocó la decisión del a quo y en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2017-00213-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos

las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2017-00213-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales invocados, habida cuenta que, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente al no realizar una valoración probatoria integral y en conjunto, al tergiversar el análisis efectuado en primera instancia sobre la responsabilidad estatal y al desconocer los informes periciales que reposaban en el expediente . Sumado a ello, que se desconocieron los pronunciamientos emitidos tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado en materia de responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad que establece los estándares que17

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deben orientar la valoración de la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas de aseguramiento.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii) establecer si la a utoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados.

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

establecer si la a utoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados.

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucion al, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una18

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tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garan tías esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».5

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».5

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera inst