CE - Sentencia 11001031500020250393500 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03935-00

Demandante: Cristian Eugenio Cárdenas Archila

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03935-00

Demandante: CRISTIAN EUGENIO CÁRDENAS ARCHILA

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN

TERCERA, SUBSECCIÓN B

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – La demanda carece de carga argumentativa jurídica coherente ni suficiente para discutir la razonabilidad de la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada.

La Sala1 decide la acción de tutela instaurada por el señor Cristian Eugenio Cárdenas Archila contra la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

Archila contra la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 24 de junio de la presente anualidad, el señor Cristian Eugenio Cárdenas Archila, a través de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia , con ocasión de la providencia del 19 de mayo de 2025 , proferida en el marco del proceso ejecutivo con radicado 25000-23-36-000-2024-0031100. Formuló las siguientes pretensiones (transcripción textual, con posibles errores

incluidos):

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de mi representado al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, que se ordene al magistrado el pronunciamiento de las pretensiones del proceso ejecutivo. En consecuencia, dejar sin efecto el auto interlocutorio de fecha 19 de mayo de 2025 proferido Por el tribunal administrativo de Cundinamarca, mediante la cual confirma el auto de Fecha 27 de febrero de 2025, el cual resuelve declarar que el tribunal administrativo De Cundinamarca carece de compe tencia por factor territorial para conocer demanda Ejecutiva, remitir el expediente de la referencia, a la oficina de apoyo del tribunal Administrativo del Meta-Reparto, para lo de su competencia, pero en caso de que la

1 Se advierte que el 14 de julio de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para

Administrativo del Meta-Reparto, para lo de su competencia, pero en caso de que la

1 Se advierte que el 14 de julio de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03935-00

Demandante: Cristian Eugenio Cárdenas Archila

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Competencia no sea admitida por parte de esa corporación, se plantea conflicto Negativo de competencia ante el Honorable concejo de estado, y en su lugar se sirva a pronunciarse sobre la pretensiones de la demanda ejecutiva y librar mandamiento de pago a favor de mi mandante.

2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes

supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

3. El señor Cristian Eugenio Cárdenas Archila presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Agencia Nacional de Tierras2, con el fin de que se ejecutaran las obligaciones contenidas en los siguientes títulos: i) el «contrato de promesa de compraventa de inmueble para la reforma rural integral» , suscrito el 16 de diciembre de 2023; ii) la escritura pública 0219 del 30 de enero de 2024; y iii) la factura electrónica de venta FE-3 del 21 de marzo de 2024.

4. Según se narró en la demanda, el señor Cárdenas Archila fue copropietario del predio

electrónica de venta FE-3 del 21 de marzo de 2024.

4. Según se narró en la demanda, el señor Cárdenas Archila fue copropietario del predio denominado «Los Cachorros» e identificado con matrícula inmobiliaria FMI 234 -16416, el cual está ubicado en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).

5. Mediante acto administrativo 202340016132651 del 30 de noviembre de 2023, la ANT, en ejecución del «programa de adquisición y adjudicación de tierras del plan nacional de desarrollo 2022-2026», presentó «oferta de compra» del inmueble antes identificado3. El 20 de diciembre siguiente, el ejecutante aceptó la oferta.

6. El 16 de diciembre de 2023, los copropietarios del predio «Los Cachorros» y la ANT suscribieron la promesa de compraventa del inmueble, en la que se pactaron varias obligaciones, entre las cuales , la entidad demandada se comprometió a realizar un primer pago correspondiente a ONCE MIL SEISCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($11.602.759.884), es decir un 30 % del valor total del inmueble, el cual se haría efectivo «previa expedición del registro presupuestal y los trámites financieros propios que se deban surtir al interior de la Agencia Nacional de Tierras, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en que se radique la orden de pago o antes».

7. Asimismo, se pactó que para que se efectuara el primer pago, se debería: «1) Suscribir la presente promesa de compraventa, 2) Haber realizado la entrega anticipada

7. Asimismo, se pactó que para que se efectuara el primer pago, se debería: «1) Suscribir la presente promesa de compraventa, 2) Haber realizado la entrega anticipada del inmueble por parte de LOS PROMITENTES VENDEDORES, al administrador

2 En adelante ANT. 3 En cuanto al precio y forma de pago, se determinó lo siguiente: «[l]a ANT pagará por el área del predio objeto de la presente oferta de compra, el valor en el avalúo comercial No. ID3240 de fecha 22 de noviembre del 2023, elaborado por LONJACUN S.A.S, el cual definió el valor total del predio en TREINTA Y OCHO MIL SEISCENTOS Y SETENTA CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($38.675.866.279). PARAGRAFO TERCERO: El precio se pagara en el ciento por ciento (100%) en efectivo de la siguiente forma: de contado que para el efecto informe el vendedor, una vez se registre la trasferencia en el folio de matrícula del predio ante la oficina de registro de instrumentos públicos del circuito correspondiente, previa presentación de los siguientes documentos :(I) cuenta de cobro, (II) escritura pública en original y una copia aut éntica, (III) certificado de tradición y libertad, donde conste el registro del predio a favor de la agencia nacional de tierras(ANT), (IV) acta de entrega material del predio, (V) certificación bancaria, (VI) copia de la cedula de ciudadanía, (VII) copia del Rut, para tramitar la orden de pago. Por acuerdo de las partes podrá establecer

tierras(ANT), (IV) acta de entrega material del predio, (V) certificación bancaria, (VI) copia de la cedula de ciudadanía, (VII) copia del Rut, para tramitar la orden de pago. Por acuerdo de las partes podrá establecer pago anticipado de la oferta, siempre y cuando no exceda el 50% del valor del avalúo, su pago tramitará una vez se suscriba promesa de compraventa del predio, donde de fijar á todas las condiciones de la negociación». (Se realiza la transcripción eliminando los errores de ortografía y el error en la descripción con letras del valor del inmueble).Radicado: 11001-03-15-000-2025-03935-00

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designado por parte de EL PROMETIENTE COMPRADOR 3) Presentación limitaciones del certificado de libertad y tradición actualizado en el que no figure medidas cautelares o al dominio».

8. Respecto del pago del saldo correspondiente al 70 % del valor total del inmueble, se concertó que aquel se realizaría, una vez se registrara «la escritura pública de compraventa en el folio de matrícula inmobiliaria»4.

9. La ANT realizó el primer pago, por lo que, a través de escritura pública 0219 del 30 de enero del 2024, se protocolizó la compraventa ante la notaría 19 de Bogotá; no obstante, la parte ejecutante alegó que a la fecha de presentación de la demanda aún no se había pagado el saldo adeudado, pese a que en el certificado de libertad y tradición del

la parte ejecutante alegó que a la fecha de presentación de la demanda aún no se había pagado el saldo adeudado, pese a que en el certificado de libertad y tradición del inmueble obra el registro de titularidad desde el 9 de febrero de 2024.

10. Al proceso se le asignó el radicado 25000-23-36-000-2024-00311-00 y correspondió, por reparto , a la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que, en auto del 27 de febrero de 2025, declaró la falta de competencia para conocer del asunto y ordenó remitir el expediente a la Oficina de Apoyo Judicial del Tribunal Administrativo del Meta . Para fundamentar su decisión , la referida autoridad judicial expuso que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2080 de 2021, el conocimiento de los procesos ejecutivos originados en un contrato estatal corresponde al juez del lugar en que se ejecutó o debió ejecutarse el contrato. Así, argumentó que, en este caso, el lugar de ejecución del contrato era el municipio de Puerto Gaitán (Meta), pues allí se encuentra ubicado el inmueble objeto del contrato celebrado entre la ANT y el señor Cárdenas Archila, sumado a que, en ese municipio también se llevó a cabo la entrega material del predio.

11. Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de reposición. Allí sostuvo que el auto recurrido desconoció que: i) en la cláusula décimo quinta del contrato de promesa de compraventa, las partes pactaron que el domicilio contractual sería la

sostuvo que el auto recurrido desconoció que: i) en la cláusula décimo quinta del contrato de promesa de compraventa, las partes pactaron que el domicilio contractual sería la ciudad de Bogotá; ii) la escritura pública 0219 del 30 de enero 2024 se suscribió por las partes en la notaría diecinueve de esa misma ciudad; y iii) la entidad ejecutada suscribió el referido contrato en ejecución del «plan nacional de desarrollo 2022 -2026», es decir, en el marco de «políticas amparadas por el gobier no nacional y reguladas por una entidad de orden nacional».

12. Asimismo, destacó que los otros copropietarios del inmueble también presentaron demandas ejecutivas ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, procesos que correspondieron, por reparto, a otros despachos de la misma Corporación; no obstante, aquellos sí asumieron el conocimiento de los referidos trámites, e incluso en uno de ellos se negó dictar el mandamiento ejecutivo de pago, con fundamento en que faltaba adjuntar «aceptación de la factura electrónica ». Así, mencionó que no se explicaba por qué los magistrados de una m isma sección tenían criterios diferentes sobre un mismo asunto.

13. Mediante auto del 19 de mayo de 2025 , la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se abstuvo de reponer el auto del 27 de febrero

4 Se realiza la transcripción eliminando los errores de ortografía.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03935-00

Demandante: Cristian Eugenio Cárdenas Archila

4 Se realiza la transcripción eliminando los errores de ortografía.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03935-00

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anterior. La Sala de conocimiento ratificó los argumentos expuestos en la providencia recurrida, pero añadió que el legislador fue claro al fijar las reglas para la determinación de la competencia en razón del territorio, pues el artículo 156 del CPACA, en su tenor literal, dispone que el conocimiento de los procesos ejecutivos originados en contratos estatales «se determinará por el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato». De ahí que, en este caso, no hay lugar a realizar interpretaciones adicionales o darle a la mencionada disposición un alcance distinto al que le dio el legislador.

14. Asimismo, afirmó que no resultaba admisible modificar las reglas de competencia en atención al lugar de celebración del contrato o el domicilio de las partes o del contrato5.

15. Finalmente, sostuvo que, en el caso de estudio tampoco se configuró el supuesto de hecho previsto en el parágrafo del artículo 156 de la Ley 1437 de 2011, pues contrario a lo sostenido por el recurrente, en este caso no existen varios lugares de ejecución de las obligaciones convenidas, sino que, por el contrario, el contrato que dio origen a la obligación reclamada tenía un único lugar de ejecución, el cual, insistió, era el municipio de Puerto Gaitán (Meta).

obligaciones convenidas, sino que, por el contrario, el contrato que dio origen a la obligación reclamada tenía un único lugar de ejecución, el cual, insistió, era el municipio de Puerto Gaitán (Meta).

16. En el escrito de tutela, el señor Cárdenas Archila alegó que la providencia antes citada adolece de los siguientes defectos: i) fáctico, por desconocimiento del material probatorio aportado, por medio del cual, a su modo de ver, era posible determinar con suficiente claridad cuál era el lugar de ejecución del contrato ; ii) desconocimiento del precedente jurisprudencial , al citar una providencia de esta Corporación que «no causaba efectos inter partes dentro del presente proceso» 6, pues carecía de analogía fáctica y jurídica en relación con el caso analizado ; iii) procedimental, por exceso ritual manifiesto; y iv) violación directa a la constitución.

17. Además, indicó que la actuación atacada produjo que tenga que padecer una larga espera para establecer quien es la autoridad judicial competente para tramitar la demanda que interpuso contra la ANT, considerando que a través de ella se «dio por terminado el proceso ejecutivo» y se trasladó el expediente a otro tribunal.

18. En relación con el desconocimiento del precedente jurisprudencial aseguró que el fundamento jurisprudencial que invocó la autoridad judicial accionada en la providencia censurada no era vinculante en el caso en concreto . Por un lado, porque una de las providencias es un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil y, por otro, porque el auto del 22 de febrero de 2021 proferido por la Subsección A de la Sección Tercera de

providencias es un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil y, por otro, porque el auto del 22 de febrero de 2021 proferido por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación no es fáctica ni jurídicamente análogo al resuelto en la providenc ia cuestionada.

19. Sobre el exceso ritual manifiesto argumentó que el fallador, de manera mecánica y sin argumentación alguna, dio por terminado un proceso ejecutivo que perseguía el pago

5 Respecto a este punto citó la providencia del 22 de febrero de 2021 proferido por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el proceso con radicado 23001 -33-33-007-2019-00401-01 (65.593) M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, en virtud del cual se resolvió un conflicto de competencias y en el que, según indicó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, esta Corporación concluyó que no se admite variar las reglas de competencia por razón del territorio en atención al lugar se celebración del contrato o por el domicilio de las partes o del contrato , pues admitir tal interpretación «desatiende injustificadamente el tenor literal del numeral 4 del artículo 156 del CPACA ». 6 Se realiza la transcripción eliminando los errores de ortografía.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03935-00

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de una obligación a cargo de la Agencia Nacional de Tierras. Esta decisión , insistió, lo

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de una obligación a cargo de la Agencia Nacional de Tierras. Esta decisión , insistió, lo obliga a esperar a que se defina la competencia del tribunal, sin que se haya resuelto de fondo lo pretendido.

20. Tal situación, a su juicio, podría traducirse en una espera adicional de seis meses o incluso un año, lo que, según alegó, continuaría afectando sus derechos fundamentales.

21. Respecto a la violación directa a la constitución expuso que el auto atacado vulnera su derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, dado que desconoce el marco normativo aplicable al caso en concreto y, teniendo en cuenta que en casos similares, la misma Sección del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha asumido competencia para conocer de procesos ejecutivos análogos, como , por ejemplo, el proceso con radicado No. 25000 -23-36-000-2025-00045-00, en el marco del cual el magistrado José Elver Muñoz Barrera profirió mandamiento de pago, reconociendo la competencia con base en normas del CPACA y el CGP. Trato que considera desigual e injustificado en cuanto a la aplicación de la norma procesal.

22. Por último , argumentó que el asunto se encuentra revestido de relevancia constitucional en la medida en que el auto censurado vulnera su derecho fundamental al debido proceso, al «relegarlo a aspectos de índole absolutamente formal», y teniendo en cuenta que pasó por alto las «especiales condiciones de los acreedores », quienes «ostentan la condición de ciudadanos que, por confianza legal, acuden a la jurisdicción para buscar el reconocimiento de sus derechos».

B. Trámite impartido e intervenciones

cuenta que pasó por alto las «especiales condiciones de los acreedores », quienes «ostentan la condición de ciudadanos que, por confianza legal, acuden a la jurisdicción para buscar el reconocimiento de sus derechos».

B. Trámite impartido e intervenciones

23. Mediante auto del 1° de julio de 20257, el despacho sustanciador del proceso admitió la acción de tutela contra los magistrados que integran la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , y vinculó a la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural y al director de la Agencia Nacional de Tierras, en calidad de terceros con interés. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa

Jurídica del Estado.

24. El La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca8, a través de la magistrada ponente de la providencia cuestionada, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, por considerar que el asunto carece de relevancia constitucional.

25. El Tribunal accionado empezó por mencionar que la decisión de remitir el proceso a un Tribunal diferente no supone una vulneración a los derechos al debido proceso y/o de acceso a la administración de justicia del accionante, pues no restringe su derecho a participar en la acción judicial, a pedir y/o controvertir pruebas, ni a ejercer su derecho defensa y contradicción.

26. Asimismo, indicó que es distinto que el proceso se haya remitido a otra Corporación, pues en este escenario el ejercicio de sus derechos no se registre ni se limita, sino que

7 SAMAI, índice 5.

26. Asimismo, indicó que es distinto que el proceso se haya remitido a otra Corporación, pues en este escenario el ejercicio de sus derechos no se registre ni se limita, sino que

7 SAMAI, índice 5. 8 SAMAI, índice 9.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03935-00

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simplemente se ejercen en el marco de las reglas previamente establecidas por el legislador, incluso las de competencia por factor del territorio.

27. Añadió que la decisión tampoco constituye un exceso ritual manifiesto, en la medida en que la remisión del expediente por competencia territorial no se impuso como una barrera u obstáculo para que el demandante acceda a la ejecución que pretende, sino que simplemente se dictó en cumplimiento de un mandato del legislador que no puede desconocerse. Por lo que resulta desacertada la afirmación del demandante relativa a que con la providencia cuestionada se «decidió poner fin» al proceso ejecutivo.

28. Finalmente, adujo que con la acción de tutela la parte actora pretende reabrir un debate legal ya concluído, sin argumentar su trascendencia iusfundamental. De ahí que la acción de tutela se torne improcedente.

29. La Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 9 solicitó que se le desvinculara del presente trámite constitucional, luego de considerar que no incidió en las decisiones a las que la parte actora atribuye la vulneración de sus derechos

29. La Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 9 solicitó que se le desvinculara del presente trámite constitucional, luego de considerar que no incidió en las decisiones a las que la parte actora atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales.

30. La Agencia Nacional de Tierras y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pese a que fueron debidamente notificados del auto admisorio de la demanda.

II. CONSIDERACIONES

C. Competencia

31. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

D. Problema jurídico

32. En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Sólo en el evento de que se cumplan tales exigencias, se abordará el fondo del asunto, con el fin de establecer si la providencia del 19 de mayo de 2025 , proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del señor Cristian Eugenio Cárdenas Archila.

E. Análisis de la Sala

Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

y de acceso a la administración de justicia del señor Cristian Eugenio Cárdenas Archila.

E. Análisis de la Sala

Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

33. Inmediatez. Se cumple este requisito, toda vez que la providencia censurada fue proferida el 19 de mayo de 2025 y notificado el 26 del mismo mes y año, mientras que la

9 SAMAI, índice 10.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03935-00

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solicitud de amparo se presentó el 24 de junio de 2025, esto es, a menos de un mes de haberse expedido. Este término resulta razonable.

34. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.

35. Subsidiariedad10. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y eficaz para satis facer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá el amparo impetrado.

36. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los

concederá el amparo impetrado.

36. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

37. El asunto que se estudia cumple el requisito de subsidiariedad, porque se agotaron los medios disponibles en el proceso ejecutivo y porque las razones que sustentan los defectos alegados no encajan en las causales previstas en la ley para la procedencia de los recursos extraordinarios.

38. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga i) una carga argumentativa mínima y ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

39. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 11 reiterado de la Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índo le patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios

escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índo le patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

40. La tutela s olo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque, en efecto, afloran dudas razonables de que se ha desbordado el alcance de un derecho fundamental.

10 En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta Corporación, expuestas, entre otras, en las siguientes providencias de tutela: (i) sentencia del 1º de junio de 2016 (expediente 2015-03373-00), M.P. Hugo Fernando B astidas Bárcenas y (ii) sentencia del 1º de junio de 2017 (expediente 2017-00150-00), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (e). 11 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU -128 de 2021, T -131 de 2021, SU -103 de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03935-00

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F. Cumplimiento de la relevancia constitucional en el caso concreto

41. En el caso de estudio, el señor Cristian Eugenio Cárdenas Archila pidió que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, vulnerados con ocasión de la providencia proferida, el 19 de mayo de 2025, por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que remitió, por competencia en razón del territorio, el expediente del proceso ejecutivo con radicado 25000-23-36-000-2024-00311-00 -promovido por el accionante contra la ANTa la Oficina de Apoyo Judicial del Tribunal Administrativo del

Meta.

42. En el escrito de tutela, el señor Cárdenas Archila afirmó que la providencia mencionada adolece de los siguientes defectos: i) fáctico, por omisión e indebida valoración probatoria; ii) indebida aplicación del precedente jurisprudencial , por disanalogía fáctica y jurídica entre la providencia invocada como precedente y el caso en concreto; iii) procedimental, por exceso ritual manifiesto; y iv) violación directa a la constitución, por desconocimiento de sus derechos fundamentales a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.

43. El defecto fáctico lo sustentó en la inadecuada valoración de las pruebas allegadas por el demandante que, a su modo de ver, dan cuenta de que el domicilio contractual es

acceso a la administración de justicia.

43. El defecto fáctico lo sustentó en la inadecuada valoración de las pruebas allegadas por el demandante que, a su modo de ver, dan cuenta de que el domicilio contractual es la ciudad de Bogotá y de que todos los acuerdos suscritos entre las partes, incluyend o la escritura pública 0219 del 31 de enero de 2021 -que protocolizó la compraventa del inmueble denominado «Los Cachorros» , se suscribieron en el Distrito Capital.

Circunstancia que, para la parte actora, demuestra que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sí es competente para conocer del asunto puesto a su consideración.

44. En cuanto a la indebida aplicación de precedente jurisprudencial alegó que en la providencia censurada, la autoridad judicial accionada tuvo como sustento de su decisión de no reponer el auto del 27 de febrero de 2025 -mediante el cual declaró la falta de competencia para conocer de la demanda ejecutiva promovida por el actor contra la Agencia Nacional de Tierras y remitió el expediente a la Oficina de Apoyo Judicial del Tribunal Administrativo del Meta-, un auto del 22 de febrero de 2021, mediante el cual la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación 12 resolvió un conflicto de co