CE - Sentencia 11001031500020250398600 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03986-00

Demandante: Veeduría Ciudadana Procuraduría Ciudadana UFPS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03986-00

Demandante: VEEDURÍA CIUDADANA PROCURADURÍA CIUDADANA UFPS1

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR AUSENCIA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Los argumentos de la veeduría demandante, por un lado, no satisfacen la carga argumentativa requerida para calificar el asunto como constitucionalmente relevante , y, por otro, evidencian la utilización de la acción de tutela como una instancia adicional del proceso de nulidad electoral.

La Sala2 decide la acción de tutela instaurada por la Veeduría Ciudadana Procuraduría Ciudadana UFPS contra la Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

Ciudadana UFPS contra la Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 25 de junio de 2025 3, la Veeduría Ciudadana Procuraduría Ciudadana UFPS

(Procura UFPS ) instauró acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, a fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso. En consecuencia, solicitó dejar sin efectos la sentencia del 3 de abril de 2025, proferida en segunda instancia por dicha sección, dentro del proceso de nulidad electoral 54001-23-33-000-2023-00031-03, acumulado con los procesos 54001-23-33-000-2023-00019-00 y 54001-23-33-000-2023-00030-00.

1 Sigla señalada en el Acta 18 de 2024 de la Personería Municipal de San José de Cúcuta, en la cual se dejó constancia de la inscripción de la Veeduría Ciudadana Procuraduría Ciudadana UFPS (Samai, índice 2, archivo «3_DemandaWeb_Anexos(…)», página 1). 2 Se advierte que el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente el 22 de julio de 2025, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. 3 Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03986-00

Demandante: Veeduría Ciudadana Procuraduría Ciudadana UFPS

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2. De la demanda de tutela y de los medios probatorios obrantes en el expediente , se extraen los siguientes hechos y argumentos jurídicamente relevantes:

3. El 26 de enero de 2023, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, Procura UFPS instauró demanda contra la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS), con el propósito de que se declarara la nulidad del Acuerdo 47 de 2022, proferido por el Consejo Superior de dicha universidad, mediante el cual se designó a Sandra Ortega Sierra como rectora de la institución por un período de cuatro años.

4. Esa demanda dio origen al proceso 54001 -23-33-000-2023-00031-03, el cual fue acumulado con los procesos 54001-23-33-000-2023-00019-00 y 54001-23-33-000-202300030-00.

5. A efectos de sustentar la pretensión de nulidad, Procura UFPS invocó el artículo 137 del CPACA y expuso que el Acuerdo 45 de 2022, también expedido por el Consejo Superior de la UFPS, mediante el cual se convocó la consulta para conformar la lista de candidatos a la rectoría, no se publicó por un término suficiente para la presentación de recursos de reposición en su contra y, en consecuencia, no adquirió firmeza.

6. Además, invocó la causal de nulidad electoral consagrada en el numeral 4 del artículo

recursos de reposición en su contra y, en consecuencia, no adquirió firmeza.

6. Además, invocó la causal de nulidad electoral consagrada en el numeral 4 del artículo 275 del CPACA, relativa al cómputo de votos «con violación del sistema constitucional o legalmente establecido para la distribución de curules o cargos por proveer» . En ese sentido, argumentó que, a efectos de designar a la señora Ortega Sierra como rectora, el Consejo Electoral de la UFPS , como en elecciones anteriores, aplicó el «criterio de ponderación» para contabilizar los votos de los estudiantes, de los docentes y del personal administrativo, desconociendo así el reglamento universitario, según el cual el escrutinio debe realizarse sobre el «total universal» de votos.

7. Mediante sentencia del 22 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó la pretensión de Procura UFPS, con base en los siguientes argumentos:

8. Primero, que el Acuerdo 45 de 2022 no era susceptible de control de legalidad, por tratarse de un acto de trámite, incluso diferente a aquel cuya nulidad se pretendía.

9. Segundo, que el solo hecho de que el Consejo Electoral de la UFPS hubiera ponderado los votos en contravía de lo establecido en el reglamento, no era suficiente para declarar la nulidad de la elección de la rectora Ortega Sierra, pues, independientemente de la forma en la cual se hubiese realizado el escrutinio, esta habría alcanzado los votos suficientes para integrar la lista de candidatos elegibles.

10. De otra parte , el tribunal negó la pretensión formulada en la demanda identificada

alcanzado los votos suficientes para integrar la lista de candidatos elegibles.

10. De otra parte , el tribunal negó la pretensión formulada en la demanda identificada con el radicado 54001 -23-33-000-2023-00030-004, relativa a la falta de firmeza de la elección de la señora Ortega Sierra, en tanto su posesión tuvo lugar antes de que se

4 Dicha pretensión, al igual que la de Procura UFPS, consistió en la nulidad del Acuerdo 47 de 2022.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03986-00

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resolvieran los recursos interpuestos contra los resultados de la consulta para conformar la lista de candidatos a la rectoría.

11. Adicionalmente, expuso que, sin perjuicio de las reglas sobr e firmeza de los actos administrativos consagradas en el CPACA, en el reglamento de la UFPS no se estableció que la ejecutoria de la designación del rector se supeditara a la resolución de los recursos interpuestos en el proceso electoral.

12. Procura UFPS apeló la sentencia del 22 de mayo de 2024 , dado que el Acuerdo 47 de 2022, por el que se designó a Sandra Ortega Sierra como rectora de la UFPS, fue consecuencia del Acuerdo 45 del mismo año, mediante el cual se convocó la consulta para conformar la lista de candidatos correspondiente. Agregó que, por consiguiente, la falta de firmeza de este incidía sustancialmente en la legalidad de aquel.

consecuencia del Acuerdo 45 del mismo año, mediante el cual se convocó la consulta para conformar la lista de candidatos correspondiente. Agregó que, por consiguiente, la falta de firmeza de este incidía sustancialmente en la legalidad de aquel.

13. De otra parte, sostuvo que la irregularidad en el cómputo de votos de los candidatos a la rectoría de la UFPS era suficiente para declarar la nulidad de la designación de Ortega Sierra, en tanto implicó un desconocimiento del reglamento universitario y la prolongación de una práctica ilícita en el proceso electoral de la institución , que ha afectado de manera especial a sus estudiantes, quienes, en consecuencia, han perdido interés en participar en dicho proceso. Por esto, también adujo que el tribunal debió tener en cuenta el contexto en el cual se dio la mencionada irregularidad , así como los principios constitucionales involucrados y los fines del Estado.

14. Además, acusó al tribunal de ignorar que la posesión de Sandra Ortega Sierra no podía efectuarse antes de que su designación adquiriera firmeza, es decir, antes de que se interpusieran los recursos procedentes contra esta decisión. Igualmente, lo señaló de obviar que, en la medida en que en el reglamento universitario no se consagró ninguna condición para la ejecutoria de la elección del rector, debían aplicarse las reglas sobre firmeza de los actos administrativos establecidas en el CPACA.

15. Mediante sentencia del 3 de abril de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Norte de Santander . En relación con la apelación de Procura UFPS, explicó lo siguiente:

16. Primero, que el Acuerdo 45 de 2022 , por el cual se convocó la consulta para

confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Norte de Santander . En relación con la apelación de Procura UFPS, explicó lo siguiente:

16. Primero, que el Acuerdo 45 de 2022 , por el cual se convocó la consulta para conformar la lista de candidatos a la rectoría, no era susceptible de recursos, pues en el reglamento universitario no se consagró tal posibilidad. Igualmente, indicó que no se afectó la participación en la consulta para conformar dicha lista, pues más del mínimo del censo electoral requerido para la validez de esa consulta depositó su voto.

17. Segundo, que los principios constitucionales y los fines del Estado no incidían en la legalidad de la designación de la señora Ortega Sierra como rectora de la UFPS, pues esta obtuvo los votos suficientes para integrar la lista de candidatos elegibles y, en esa medida, la irregularidad en el escrutinio no fue de carácter sustancial . Por lo demás ,Radicado: 11001-03-15-000-2025-03986-00

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señaló que no se demostró que el desinterés de los estudiantes en participar en el proceso electoral fuera producto de la supuesta prolongación de dicha irregularidad.

18. Tercero, que de conformidad con el reglamento de la UFPS, la elección del rector no es susceptible de recursos, de modo que la designación de Sandra Ortega Sierra como rectora produjo efectos inmediatos, y su posesión no estaba supeditada a ninguna condición.

es susceptible de recursos, de modo que la designación de Sandra Ortega Sierra como rectora produjo efectos inmediatos, y su posesión no estaba supeditada a ninguna condición.

19. Según Procura UFPS, la anterior decisión vulneró sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso . Por esto, así como por la importancia del medio de control de nulidad electoral y por la supuesta prolongación de prácticas irregulares en la UFPS, dicha veeduría afirmó que su acción de tutela cumple el requisito de relevancia constitucional.

20. Concretamente, sostuvo que los mencionados derechos fundamentales resultaron

vulnerados por lo siguiente:

21. En primer lugar, debido a que la Sección Quinta incurrió en un defecto sustantivo al desconocer, no solo que en el reglamento de la UFPS se consagró la posibilidad de interponer el recurso de reposición contra las decisiones del Consejo Superior Universitario, sino que en el numeral 2 del artículo 87 del CPACA se estableció que los actos administrativos adquieren firmeza « desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos».

22. Al respecto, explicó que la señora Ortega Sierra se posesionó antes de que se hubiera publicado su designación como rectora y de que practicara la notificación de los actos por los cuales se resolvieron los recursos interpuestos contra los resultados de la consulta para conformar la lista de candidatos a la rectoría . Añadió que, en consecuencia, dicha posesión tuvo lugar sin que la designación estuviera en firme.

23. También afirmó que, al no aplicar las reglas sobre firmeza de los actos administrativos establecidas en el CPACA, la Sección Quinta desconoció el nivel

consecuencia, dicha posesión tuvo lugar sin que la designación estuviera en firme.

23. También afirmó que, al no aplicar las reglas sobre firmeza de los actos administrativos establecidas en el CPACA, la Sección Quinta desconoció el nivel jerárquico de este código e incumplió el deber de interpretar las disposiciones del ordenamiento jurídico sistemáticamente.

24. Por otro lado, indicó que la Sección Quinta incurrió en un defecto fáctico al no valorar

(i) las declaraciones extrajudiciales de varios docentes, quienes manifestaron que el desinterés de los estudiantes de la UFPS en el proceso de elección del rector se debía a que sus votos valían menos que los del profesorado y los del personal administrativo, y(ii) la constancia de recolección de firmas de alumnos y profesores para oponerse a la contabilización ponderada de votos y promover el cómputo universal. Agregó que con tales medios probatorios se evidenció la relación de causalidad entre la irregularidad del escrutinio y el abstencionismo estudiantil, lo cual, en su criterio, era suficiente para la configuración de la causal de nulidad establecida en el numeral 4 del artículo 275 del CPACA.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03986-00

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25. Igualmente, sostuvo que la Sección Quinta no motivó su decisión, pues estudió el reproche sobre la contabilización pondera da de votos bajo la causal de nulidad de

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25. Igualmente, sostuvo que la Sección Quinta no motivó su decisión, pues estudió el reproche sobre la contabilización pondera da de votos bajo la causal de nulidad de expedición irregular del acto administrativo, mas no a la luz de la causal de nulidad electoral de cómputo de votos «con violación del sistema constitucional o legalmente establecido para la distribución de curules o cargos por proveer» , invocada en la demanda. Añadió que, como consecuencia, dicha sección no abordó los reproches verdaderamente expuestos en la apelación, especialmente el relativo a la afectación del principio democrático.

26. Por último , indicó que la Sección Quinta incurrió en una violación directa de la Constitución, en tanto sostuvo que los principios constitucionales y los fines del Estado no incidían en la legalidad de la elección de Sandra Ortega Sierra, y por cuanto se limitó a verificar si esta se vio afectada por el cómputo ponderado de votos , sin considerar el principio democrático y su carácter expansivo , así como la omisión de la UFPS de corregir las irregularidades de sus procesos electorales.

B. Trámite impartido e intervenciones

27. Mediante auto del 4 de julio de 20255, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela y ordenó notificar , como parte demandada, a los magistrados integrantes de la Sección Quinta del Consejo de Estado. También dispuso notificar, en calidad de terceros con interés, a los señores Jorge Heriberto Moreno Granados, Jonnathan Alexander Carrillo Prieto, Sandra Ortega Sierra, César Mauricio Arias Carreño, Albeiro Bohórquez

Sección Quinta del Consejo de Estado. También dispuso notificar, en calidad de terceros con interés, a los señores Jorge Heriberto Moreno Granados, Jonnathan Alexander Carrillo Prieto, Sandra Ortega Sierra, César Mauricio Arias Carreño, Albeiro Bohórquez Manrique, Carlos Alberto Bolívar Corredor, Gabriel Augusto Angarita Tena, Carlos Martín Rojas Carvajal, Mario Vicente Figueroa Fernández, Jonathan Isaac García Pabón, Juan Gabriel Baca López, Jhon Eddison Ortega Jácome, Gustavo Adolfo Gélvez Mojica, Mohamed Hadi Dahan Makansi y Luis Jesús Botello Gómez, quienes intervinieron en el proceso de nulidad electoral 54001 -23-33-000-2023-00031-03, acumulado con los procesos 54001-23-33-000-2023-00019-00 y 54001-23-33-000-2023-00030-00.

28. Mediante auto del 31 de julio de 2025 6, se vinculó a la Universidad Francisco de Paula Santander como tercera con interés.

29. La magistrada Gloria María Gómez Montoya, integrante de la Sección Quinta del Consejo de Estado7, sostuvo que en la sentencia cuestionada se abordaron todos los reparos expuestos en el recurso de apelación interpuesto por Procura UFPS, y que estos se «enmarcan» en los argumentos de la solicitud de amparo constitucional. En consecuencia, adujo que dicha veeduría busca reabrir el debate de nulidad electoral, por lo que solicitó negar sus pretensiones.

5 Samai, índice 5. 6 Samai, índice 23.

consecuencia, adujo que dicha veeduría busca reabrir el debate de nulidad electoral, por lo que solicitó negar sus pretensiones.

5 Samai, índice 5. 6 Samai, índice 23. 7 Samai, índice 10.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03986-00

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30. El señor Carlos Alberto Bolívar Corredor8 manifestó su voluntad de coadyuvar las pretensiones de Procura UFPS, al tiempo que reiteró, de manera sucinta, los argumentos de expuestos por esa veeduría para calificar el asunto de constitucionalmente relevante y, de paso, invocar las causales específicas de violación directa de la Constitución, falta de motivación y los defectos fáctico y sustantivo , en las que habría incurrido la Sección

Quinta del Consejo de Estado.

31. La señora Sandra Ortega Sierra 9 solicitó remitir la solicitud de amparo de Procura UFPS a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, con fundamento en los artículos 2.2.3.1.3.1 y 2.2.3.1.3.2 del Decreto 1069 de 2015, y en atención a que dicha sección avocó conocimiento de la acción de tutela identificada con el radicado 11001-03-15-0002025-02981-00, mediante la cual también se cuestionó la sentencia del 3 de abril de 2025, proferida por la Sección Quinta de esta corporación.

2025-02981-00, mediante la cual también se cuestionó la sentencia del 3 de abril de 2025, proferida por la Sección Quinta de esta corporación.

32. En subsidio de lo anterior, la señora Ortega Sierra solicitó declarar improcedente la acción de tutela de Procura UFPS, por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Adujo que esta veeduría pretende reabrir el debate de nulidad electoral y, de esa manera, acceder a una instancia adicional frente al proceso correspondiente.

33. Al respecto, agregó que Procura UFPS reiteró varios argumentos de su demanda de nulidad electoral en la solicitud de amparo constitucional, y que no expuso motivos suficientes para demostrar la procedencia de esta , pues, en su lugar, se limitó a relatar los fundamentos de la decisión de la Sección Quinta.

34. Finalmente, indicó que, en todo caso, dicha sección abordó todos los reparos señalados en el recurso de apelación de Procura UFPS y que motivó adecuadamente se decisión, por lo que no incurrió en ningún defecto ni vulneró los derechos fundamentales de esa veeduría.

35. La Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS)10 también solicitó remitir la solicitud de amparo a la Sección Cuarta del Consejo de Estado , con sustento en el artículo 2.2.3.1.3.1 del Decreto 1069 de 2015 y en que, a su juicio, dicha solicitud y la identificada con el radicado 11001 -03-15-000-2025-02981-00 presentan identidad de sujeto pasivo, de objeto y de causa.

36. De otra parte, pidió declarar improcedente la acción de tutela por incumplimiento del

sujeto pasivo, de objeto y de causa.

36. De otra parte, pidió declarar improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Sostuvo que la verdadera pretensión de Procura UFPS es acceder a una instancia adicional, en tanto reabrió el debate de nulidad electoral para controvertir los fundamentos de la Sección Quinta que «simplemente no comparte».

37. Adicionalmente, controvirtió los argumentos de Procura UFPS para calificar el asunto

de constitucionalmente relevante, así:

8 Samai, índice 12. 9 Samai, índice 21. 10 Samai, índices 19 y 20.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03986-00

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38. En primer lugar, señaló que aceptar que la naturaleza del proceso de nulidad electoral torna procedente la acción de tutela implicaría desconocer la finalidad de esta.

39. En segundo lugar, sostuvo que la supuesta prolongación de prácticas irregulares en la UFPS corresponde a una apreciación subjetiva y no guarda relación alguna con la decisión judicial controvertida, por lo que no constituye una justificación de la relevancia constitucional del asunto.

40. En tercer lugar, adujo que los argumentos relativos al desconocimiento del «carácter expansivo del principio constitucional democrático» y a la falta de análisis d el contexto

constitucional del asunto.

40. En tercer lugar, adujo que los argumentos relativos al desconocimiento del «carácter expansivo del principio constitucional democrático» y a la falta de análisis d el contexto en el cual se dio la irregularidad del cómputo de votos constituyen una reiteración del debate de nulidad electoral y, consecuentemente, evidencian que Procura UFPS pretende obtener un juicio de corrección, de rectificación o de interpretación.

41. En último lugar , indicó que la afirmación de que la Sección Quinta vulneró los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso es genérica y evidencia, una vez más, la intención de reabrir el debate de nulidad electoral, en razón de la inconformidad con la decisión adoptada al respecto.

42. Los demás terceros con interés vinculados al trámite guardaron silencio, pese a que se les notificó el auto admisorio de la acción de tutela11.

43. Mediante escrito del 8 de agosto de 2025 (SAMAI, índice 33), el magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez manifestó su impedimento para conocer el asunto, por considerar que se encuentra incurso en la causal prevista en el numeral 5 del artículo 56 del Código

de Procedimiento Penal. Argumentó lo siguiente:

Según la consulta efectuada en el sistema Samai, la Sentencia del 3 de abril de 2025, dictada por la Sección Quinta de esta Corporación, fue suscrita por el consejero Omar Joaquín Barreto Suárez, con quien mantengo una amistad estrecha desde hace ocho años aproximadamente. Este vínculo se ha forjado a partir de innumerables espacios

Joaquín Barreto Suárez, con quien mantengo una amistad estrecha desde hace ocho años aproximadamente. Este vínculo se ha forjado a partir de innumerables espacios académicos y personales, en el marco de los cuales: (i) conozco de manera cercana a su familia (esposa e hijo) y él a la mía, (ii) nos hemos acompañado en momentos significativos de nuestras vidas (logros e infortunios personales), (iii) mantenemos una comunicación abierta y constante, (iv) nos visitamos frecuentemente, incluso en nuestras viviendas y (v) guardamos un profundo respeto mutuo.

II. CONSIDERACIONES

C. Competencia

44. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13 y 17 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del

Consejo de Estado).

11 Samai, índices 8, 13 y 18.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03986-00

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D. Cuestiones previas: impedimento del magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez y solicitud de remisión de la demanda de tutela

45. El consejero Fernando Alexei Pardo Flórez manifestó que desde hace ya varios años

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D. Cuestiones previas: impedimento del magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez y solicitud de remisión de la demanda de tutela

45. El consejero Fernando Alexei Pardo Flórez manifestó que desde hace ya varios años sostiene una amistad estrecha con el también consejero Omar Joaquín Barreto Suárez, quien suscribió la sentencia que aquí se cuestiona. Para ello, puso de presente su relación cercana, lo que incluye visitas a sus respectivas familias, y el acompañamiento mutuo y permanente « en momentos significativos de [sus] vidas (logros e infortunios personales)». Que, por consiguiente, se encuentra incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal: « que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial».

46. Pues bien, en materia de acción de tutela, los impedimentos se rigen por las causales del Código de Procedimiento Penal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 del

Decreto 2591 de 1991:

Artículo 39. Recusación. En ningún caso será procedente la recusación. El juez deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente. El jue z que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario si fuere el caso.

47. De esa norma se desprende que el juez que conozca de una acción de tutela deberá

adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario si fuere el caso.

47. De esa norma se desprende que el juez que conozca de una acción de tutela deberá declararse impedido cuando concurra alguna de las causales previstas en el Código de Procedimiento Penal (CPP). Así, se constata que el numeral 2 del artículo 56 del CPP,

dispone:

ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento: (…)

2. Que el funcionario judicial sea acreedor o deudor de alguna de las partes, del denunciante, de la víctima o del perjudicado, de su cónyuge o compañero permanente o algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad.

48. Dado que las circunstancias fácticas descritas en el escrito analizado dan cuenta de una amistad estrecha y prolongada, al punto que se ha mantenido durante más de ocho años, periodo en el cual han compartido innumerables espacios académicos y personales, es claro que se enmarcan en la causal prevista en el numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. Por tanto, a fin de garantizar la imparcialidad e independencia que se requieren para conocer y tramitar la acción de tutela, se declarará fundado el impedimento manifestado por el mencionado consejero de Estado , y, como consecuencia, quedará separado del conocimiento del presente asunto.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03986-00

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49. De otra parte, l a señora Sandra Ortega Sierra y la Universidad Francisco de Paula Santander solicitaron remitir la solicitud de amparo de Procura UFPS a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, con fundamento en los artículos 2.2.3.1.3.1 y 2.2.3.1.3.2 del Decreto 1069 de 2015, y en atención a que dicha sección avocó conocimiento de la acción de tutela identificada con el radicado 11001-03-15-000-2025-02981-00, mediante la cual , como en el presente caso, se cuestionó la sentencia del 3 de abril de 2025 , proferida por la Sección Quinta de esta Corporación.

50. Ahora, en la demanda de tutela identificada con el radicado 2025-02981-00, se reclamó la protección del derecho fundamental al debido proceso y se solicitó ordenar a la Sección Quinta qu e sometiera la controversia electoral al conocimiento de la Sala Plena del Consejo de Estado, a fin de que se dictara sentencia de unificación. Para sustentar esta solicitud, en síntesis, se adujo que dicha sección se arrogó la competencia de decidir si debía unificarse la jurisprudencia , incurriendo así en una violación directa de la Constitución12.

51. Lo anterior, claramente, dista de las pretensiones y de los reparos formulados en la demanda de Procura UFPS. En consecuencia, esta no presenta identidad de causa ni

de la Constitución12.

51. Lo anterior, claramente, dista de las pretensiones y de los reparos formulados en la demanda de Procura UFPS. En consecuencia, esta no presenta identidad de causa ni de objeto con la solicitud de amparo identificada con el radicado 11001-03-15-000-202502981-00, de modo que los artículos 2.2.3.1.3.113 y 2.2.3.1.3.214 del Decreto 1069 de 2015 no resultan aplicables y, por ende, no es procedente remitir el presente asunto a la

Sección Cuarta.

E. Problema jurídico

52. La Sala determinará si la solicitud de amparo presentada por la veeduría Procura UFPS cumple los requisitos generales de procedibilidad, en especial el de relevancia constitucional. Solo en caso afirmativo, establecerá si la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en las causales específicas alegadas por , vulnerando así sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso.

12 Extraído de la sentencia de primera instancia del proceso 11001-03-15-000-2025-02981-00, disponible en el índice 31 del expediente respectivo, almacenado en Samai. 13 En este artículo se dispuso lo siguiente:

«Las acciones de tutela que persigan la protección de los mismos derechos fundamentales, presuntamente amenazados o vulnerados por una sola y misma acción u omisión de una autoridad pública o de un particular se asignarán, todas, al despacho judicial que, según las reglas de competencia, hubiese avocado en primer lugar el conocimiento de la primera de ellas.

A dicho Despacho se remitirán las tutelas de igua