CE - Sentencia 11001031500020250398800 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03988-00

Accionante: Jeremías Sandoval y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ D.C., primero (1°) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03988-00

Accionante: Jeremías Sandoval y otros

Accionados: Tribunal Administrativo del Cauca y el Juzgado DØcimo Administrativo del Circuito de PopayÆn Referencia: Acción de tutela

Tutela contra providencia judicial. Requisitos de procedencia. Relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela promovida por Je remías Sandoval, Martha Cecilia Sandoval Larrahondo, Jeremías Sandoval Sando val, Duberley Sandoval Sandoval y Yeider Sandoval Sandoval, en contra d el Tribunal Administrativo del Cauca y el Juzgado DØcimo Administrativo del Circuito de PopayÆn.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Jeremías Sandoval, Martha Cecilia Sandoval Larrahondo, Jeremías Sandova l Sandoval, Duberley Sandoval Sandoval y Yeider Sandoval Sandoval, en nombre propio1, presentaron escrito de tutela en el que solicitaron el amparo de s us derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, los cu ales

propio1, presentaron escrito de tutela en el que solicitaron el amparo de s us derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, los cu ales consideraron vulnerados por el Tribunal Administrativo del Cauca y el Juzgado DØcimo Administrativo del Circuito de PopayÆn, con ocasión de las sentencias proferidas el 20 de marzo de 2025 y 25 de agosto de 2021, respectivam ente, en el trÆmite del medio de control de reparación directa identificado con el radicado nœmero 19001-33-33-006-2017-00193-00/01.

2. Hechos

La causa petendi del escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fÆctica 2:

1˝ndice 00002 aplicativo SAMAI, con certificado nœm. 62DDCB02A 3E1E387 6B1E048B044CD590 2F035FB99201CDB5 759D3C33EA4DCD46. 2 Ibídem. / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=19001333300620170019301190 0123Radicado: 11001-03-15-000-2025-03988-00

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2.1. La parte actora promovió demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial y la Nación – Fiscalía General de la Nación, con la pretensión declarar su responsabilidad extracontractual con ocasión de la privación de la libertad del seæor Jeremías Sandoval y, como

reparación directa contra la Nación – Rama Judicial y la Nación – Fiscalía General de la Nación, con la pretensión declarar su responsabilidad extracontractual con ocasión de la privación de la libertad del seæor Jeremías Sandoval y, como consecuencia de ello, ordenar el pago de los perjuicios de orden material y moral que correspondan.

2.2. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de PopayÆn y, posteriormente, avocó conocimiento el Juzgado DØcimo Administrativo del Circuito de PopayÆn, autoridad que profirió sentencia e l 25 de agosto de 2021 en la que negó las pretensiones de la demanda.

2.3. Contra dicha decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación. En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Cauca en providencia del 20 de marzo de 2025, confirmó la orden impartida por el a quo.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional amparar sus derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Como consecuencia de ello, pidió que se le ordene al Tribunal Administrativo del Cauca que , dentro del tØrmino de diez (10) días contados a partir de la notificación del fallo que a sí lo disponga, profiera una nueva sentencia de segunda instancia en la que acceda a las pretensiones de la demanda.

3.2. Como fundamento de la acción de tutela manifestó, en síntesis, que la autoridad accionada incurrió en un defecto fÆctico , en razón a que el juez careció de sustento probatorio que permitiera la aplicación del supuesto legal en el que suste ntó la

accionada incurrió en un defecto fÆctico , en razón a que el juez careció de sustento probatorio que permitiera la aplicación del supuesto legal en el que suste ntó la decisión, al no dar un debido valor probatorio a las pruebas aportadas al plenario.

3.3. Consideró que se dio un desconocimiento del precedente ya que, la parte accionada ejerció un indebido anÆlisis probatorio con base en la sentencia de unificación S-072 de 2018 y la sentencia del 6 de agosto de 2020 proferida por esta Corporación, se apartó de la jurisprudencia de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 proferida dentro del radicado 68001-23-31-000-2 002-02548-01 (36149), la cual precisó que en casos como el aquí planteado existe “…la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aq uellos eventos en los cuales se causa al individuo un daæo antijurídico aunque e l mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal in dubio pro reo, por manera que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere profe rido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales (…)” .Radicado: 11001-03-15-000-2025-03988-00

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4. TrÆmite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 2 de julio de 20253, se admitió la acción de tutela, se dispuso

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4. TrÆmite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 2 de julio de 20253, se admitió la acción de tutela, se dispuso la vinculación como terceros con interØs de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de PopayÆn y de la Fiscalía General de la Nación; asimismo, se ofició al Tribunal Administrativo del Cauca y al Juzgado DØcimo Administrativo del Circuito de PopayÆn para que remitieran al trÆmite constitucional el expediente identificado bajo el radicado nœm. 19001-33 -33-0062017-00193-00/01.

4.2. El Juzgado DØcimo Administrativo del Circuito de PopayÆn 4 aportó las actuaciones del proceso ordinario, no obstante, no se pronunció frente a los hechos de la presente acción.

4.3. La Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva Sección de Administración Judicial de PopayÆn 5 consideró que en el presente caso particular el escrito de tutela no cumplió con los requisitos establecidos para atacar una providencia judicial, en razón a que no demostró una falta de anÆlisis jurídico y probato rio de la autoridad judicial accionada, solo una inconformidad respecto del sentido de la sentencia objeto de censura.

Por lo anterior, solicitó negar las pretensiones expuestas y disponer su desvinculación del presente trÆmite.

4.4. La Nación, Fiscalía General de la Nación 6 solicitó declarar su falta de

sentencia objeto de censura.

Por lo anterior, solicitó negar las pretensiones expuestas y disponer su desvinculación del presente trÆmite.

4.4. La Nación, Fiscalía General de la Nación 6 solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a que la parte actora atacó las actuaciones de un despacho judicial, sin que demostrara alguna acción u omisión por parte de la entidad, que conllevara a la vulneración de las garantías constitucionales mencionadas.

4.5. Si bien, la Nación, Presidencia de la Repœblica7 presentó escrito dentro del presente trÆmite, no se tendrÆ en cuenta en razón a que no hace parte del e xtremo pasivo.

3 ˝ndice 00004 del aplicativo SAMAI, con certificado nœm . F4583AAA5D17F2C6 47B66873E363A666 5A33D7784B30C398 34459B5DF7F5C549 4 ˝ndice 00010 del aplicativo SAMAI, con certificado nœm. 7AAD800C30305525 D05B262F50B27BEC 3A5D22C7AC03C266 5EAC88021BB338C3. 5 ˝ndice 00011 del aplicativo SAMAI, con certificado nœm. 8553A5C811752CED 2945310708A12E0E 9A095827A6EB9915 CD75D6F6DADBC2C2. 6 ˝ndice 00012 del aplicativo SAMAI, con certificado nœm. D72105CC190AB661 4C774BEBE004CC78

F69596DF60BF94B2 1ED956C1E2E1C8EF.

6 ˝ndice 00012 del aplicativo SAMAI, con certificado nœm. D72105CC190AB661 4C774BEBE004CC78 F69596DF60BF94B2 1ED956C1E2E1C8EF. 7 ˝ndice 00013 del aplicativo SAMAI, con certificado nœm. 0455AB7D4CD90863 AD556987766F1D1C 73717B4B8B877DF9 D21D354A0C6764E9.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03988-00

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II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de c onformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Jeremías Sandoval, Martha Cecilia Sandoval Larrahondo, Jeremías Sandova l Sandoval, Duberley Sandoval Sandoval y Yeider Sandoval Sandoval a l ser los titulares de los derechos que afirman fueron vulnerados, dado que actuaro n como demandantes en el trÆmite del medio de control de reparación directa adelan tado bajo el radicado nœm. 19001-33-33-006-2017-00193-00/01.

2.2. TambiØn estÆ probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal Administrativo del Cauca y el Juzgado DØcimo Administrativo del Circuito de PopayÆn por cuanto actuaron como jueces dentro del proceso mencionado , y fue

2.2. TambiØn estÆ probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal Administrativo del Cauca y el Juzgado DØcimo Administrativo del Circuito de PopayÆn por cuanto actuaron como jueces dentro del proceso mencionado , y fue su actuación a la que la parte accionante atribuyó la vulneración de su garantía constitucional.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. En caso afirmativo, se procederÆ a realizar el estudio de fondo fren te a los argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preli minar, realizar un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento d e fondo sobre la problemÆtica jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratÆndose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional a travØs de la sentencia C-590 de 2005 8 indicó que estas proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de

Corte Constitucional a travØs de la sentencia C-590 de 2005 8 indicó que estas proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de

8 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviæo.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03988-00

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carÆcter general, que habilitan la interposición de la tutela 9 y otros de carÆcter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto10.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento jud icial que se cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración d e justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”11.

4.1. Relevancia constitucional

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controve rtir las decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuy o objeto exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por

juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”12.

9 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial estÆ sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor ha ya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la pe tición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundam entales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, d e ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela 10 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en

hechos que generan la vulneración de los derechos y, d e ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela 10 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cu estionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrÆ se r razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgÆnico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fÆctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prue ba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el e vento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaæo por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta dere chos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciale s de dar cuenta de los fundamentos fÆcticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley l imitando sustancialmente dicho alcance y h) violación

g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley l imitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4” de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados. 11 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004. 12 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03988-00

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En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un de recho fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

AdemÆs, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el estudio de procedibilidad debe ser mucho mÆs estricto, lo que impli ca verificar la existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el anÆlisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad imp lica la

existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el anÆlisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad imp lica la necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas ; iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derecho s fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del ju ez constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de proced ibilidad relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interØs pœblico, ya que el asunto debe trascender el interØs particular de las partes y generar un efecto mÆs amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta œltima, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir

y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta œltima, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho trÆnsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en tØrminos de los defectos definidos por la jurisprudencia como œnicas causales que habilitan el control constitucional concreto13.

13 Cfr. sentencia C-590 de 2005.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03988-00

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5. Caso concreto

La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con el requisito de relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación:

5.1. Al revisar el escrito de tutela, se advierte que el actor argumentó que la parte accionada incurrió en un defecto fÆctico, al no efectuar un adecuado a nÆlisis del material probatorio obrante en el proceso, lo que conllevó a una interpret ación errónea del contenido de la sentencia SU-072 de 2018 y la sente ncia del 06 de agosto de 2020, por lo que desconoció el precedente fijado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 proferida dentro del radicado 680 01-23-31000-2002-02548-01 (36149).

agosto de 2020, por lo que desconoció el precedente fijado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 proferida dentro del radicado 680 01-23-31000-2002-02548-01 (36149).

5.2. Ahora bien, del anÆlisis de los aspectos abordados en la sentencia del 20 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, la cual pus o fin a la actuación ordinaria, así como de las pruebas incorporadas al proceso, se advierte que el ad quem arribó a las siguientes conclusiones:

“(…) Por tanto, hay que verificar si las entidades incurrieron en una falla del servicio al imponer la medida restrictiva de libertad, o sea, si la decisión con la que se restringió preventivamente la libertad fue inapropiada, irrazonable o desproporcionada.

a) De la imposición de medida de aseguramiento.

En primer lugar, es del caso precisar que, segœn el acervo probatorio obrante en el expediente, se constató que reposa proceso penal No. 7600160001932201335196, que dan cuenta de:

(…)

De esta manera con las pruebas obtenidas, la Fiscalía formuló imputación, bajo el punible de por el delito de homicidio en grado de tentativa (art 103104 #7 del Código Penal) y solicitó ademÆs la imposición de una medida de aseguramiento por considerar que el delito tenía una condena superior a los 4 aæos y buscaba proteger la vida del lesionado, a lo cual accedió el juez de control de garantías.

b) De la legalidad de la medida privativa de la libertad.

4 aæos y buscaba proteger la vida del lesionado, a lo cual accedió el juez de control de garantías.

b) De la legalidad de la medida privativa de la libertad.

Surtidas las actuaciones preliminares, la decisión de imponer medida de aseguramiento por parte del juzgador, estuvo fundamentada en el numeral 2° del artículo 313 y el artículo 315 de la Ley 906 de 2004, que seæalan lo siguiente:

(…)

En efecto, encuentra la Sala que, al tenor de lo considerado por el Juez de Control de Garantías, la medida privativa de la libertad resultaba procedente respecto del punible de homicidio en grado de tentativa, que encuentra sustento en los artículos 103 y 104 #7 del Código Penal, que establece una pena de 400 a 600 meses de prisión, exigidos por la norma para ese cometido.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03988-00

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Por lo tanto, como el delito fue investigado de oficio y superaba la pena de los 4 aæos, se requería que la medida de aseguramiento se cumpliera en centro carcelario.

En consecuencia, el juez de control de garantías hizo una inferencia razonable de participación ya expuesta, la cual resultó satisfecha, porque se cumplieron con los requisitos que el estatuto procesal penal exigía.

c) De la razonabilidad y proporcionalidad de la medida privativa de la libertad.

Este Tribunal considera que estos requisitos se encuentran satisfechos, pues para la etapa en que esta fue impuesta, el material probatorio indicaba que

c) De la razonabilidad y proporcionalidad de la medida privativa de la libertad.

Este Tribunal considera que estos requisitos se encuentran satisfechos, pues para la etapa en que esta fue impuesta, el material probatorio indicaba que el seæor Jeremías Sandoval era el presunto determinador del homicidio en grado de tentativa del seæor Aníbal AponzÆ Moreno, debido a que la propia víctima fue quien lo denunció; ademÆs afirmó que no era la primera vez que lo intentaba matar. Todo esto comportaba un posible escenario de responsabilidad penal, que conllevó a una inferencia razonable de participación del actor en la comisión del delito.

Igualmente, en los tØrminos de la norma aplicable, como es el artículo 3 13 del Código de Procedimiento Penal, referentes a la detención preventiva, el delito por el cual se investigó al seæor Sandoval debía cumplirse en un centro carcelaria, ademÆs por las circunstancias de agravación punitiva, debía protegerse el bien jurídico de la vida del seæor AponzÆ Moreno.

Por lo tanto, para esta Sala, la medida de aseguramiento adoptada en una etapa primigenia del proceso penal se ajustó a los parÆmetros de razonabilidad y proporcionalidad frente al delito imputado, basÆndose en el material probatorio disponible que permitía inferir la comisión de la conducta penal.

5.3. De la ausencia de antijuridicidad del daæo sobre el caso concreto.

Una vez estudiada la legalidad de la medida de aseguramiento, la Sala acudirÆ a los considerandos concernientes a la providencia de primera

5.3. De la ausencia de antijuridicidad del daæo sobre el caso concreto.

Una vez estudiada la legalidad de la medida de aseguramiento, la Sala acudirÆ a los considerandos concernientes a la providencia de primera instancia proferida en el proceso penal, donde se absolvió al actor bajo, los siguientes argumentos:

(…)

Así las cosas, en criterio de la Sala, si bien el procesado fue absuelto, no es de menor consideración que ante las circunstancias acaecidas, confluyen hallazgos no solamente derivados de la versión de la víctima, sino apoyados en otras fuentes, aspectos que efectivamente motivaban para el ente investigador en su oportunidad desplegara la actividad investigativa, pero a su vez la imposición de la medida de aseguramiento buscaba la protección de la víctima. Así mismo, como se estudió, la medida no se advierte il egal, desmesurada o desproporcionada.

Este aspecto, para lo que interesa al proceso contencioso administrativo, reporta que, bajo la óptica de la falla en el servicio, en sede de la imposición de la medida de aseguramiento, como actuación propia de la etapa primigenia del proceso penal, no había lugar a evidenciar que la conducta hubiese estado desprovista de los elementos constitutivos del tipo penal que se le endilgaba al seæor Sandoval.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03988-00

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Así, segœn el estudio antecedente, no se advierte la configuración de la falla en el servicio respecto de la medida privativa de la libertad a que se sometió

Accionante: Jeremías Sandoval y otros

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Así, segœn el estudio antecedente, no se advierte la configuración de la falla en el servicio respecto de la medida privativa de la libertad a que se sometió el seæor Jeremías Sandoval en el proceso penal, a su vez, las circunstancias expuestas, no permitían advertir que en el curso del proceso penal hubiese tenido lugar alguna actuación arbitraria frente al derecho a la libertad del demandante.

(…)

Por otro lado, la Sala no comparte el argumento expuesto por el recurrente, referente a que no se aplicó la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2014, debido a que como ya se indicó con antelación, se estÆ aplicando la sentencia de unificación SU-072 de 2018 y la sentencia del 06 de agosto del 2020 del Consejo de Estado y la sentencia unificación de la Corte Constitucional SU 363 de 2021, que seæalan que en el caso de la privación injusta de la libertad, el rØgimen de responsabilidad es el subjetivo de falla en el servicio y para atribuir responsabilidad se debe demostrar que la privación de la libertad fue irrazonable y desproporcionada, lo cual a todas luces no ocurrió en el presente caso.

Así mismo, debe indicarse que el juez penal absolvió al seæor Jeremías Sandoval por duda y cuando se presenta esta situación, el rØgimen de responsabilidad a aplicar es el de falla en el servicio.

En suma, una vez revisados los argumentos expuestos en la sentencia atacada, la Sala avizoró que el Tribunal arribó a la conclusión que la medida de aseguramiento

responsabilidad a aplicar es el de falla en el servicio.

En suma, una vez revisados los argumentos expuestos en la sentencia atacada, la Sala avizoró que el Tribunal arribó a la conclusión que la medida de aseguramiento revistió razonabilidad con cargo en las circunstancias de la conducta punible. Frente a la necesidad de la imposición de la medida, el sustento de esta permitía advertirse bajo la gravedad de las circunstancias que involucraban presuntos actos violentos con antelación del seæor Jeremías Sandoval en contra de su víctima, id entificables en las heridas que le propinó, tal como se vislumbra en el proceso penal a llegado como prueba.

Los elementos seæalados en precedencia le permiten a la Sala inferir, con claridad, que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examin ado por el juez competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de f orma arbitraria, sin respaldo o anÆlisis de los hechos y fundamentos normativos, ni que se hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora du rante el desarrollo del proceso ordinario.

Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar l a protección a travØs del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional,

manera clara que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el requisito general de procedencia de relevancia co