CE - Sentencia 11001031500020250456300 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04563-00

Demandante: Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A.S. E.S.P.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-04563-00

Demandante: Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A.S. E.S.P.

Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera

Temas:

Contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ( nulidad especial ambiental ). Defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A.S E.S.P. contra la sentencia de 20 de febrero de 2025, proferida por el Consejo de Estado , Sección Primera , por estimar vulnerado s los derechos fundamentales al debido proceso, al buen nombre y a la libertad de empresa , con fundamento en las siguientes pretensiones:

«1. Que se TUTELEN los derechos fundamentales de la sociedad Parque Ecológico

fundamentales al debido proceso, al buen nombre y a la libertad de empresa , con fundamento en las siguientes pretensiones:

«1. Que se TUTELEN los derechos fundamentales de la sociedad Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A.S E.S.P., en su calidad de persona jurídica, a:

El debido proceso (art. 29 de la Constitución Política), El buen nombre (art. 15), La libertad de empresa y la libre iniciativa privada (art. 333),

Y, por conexidad, los derechos fundamentales y colectivos inherentes a la prestación del servicio de:

▪ Saneamiento básico y la salubridad pública (arts. 49 y 366) ▪ Un ambiente sano (art. 79) ▪ El acceso continuo y eficiente a los servicios públicos esenciales (arts. 365 y 366)

2. Que se DECLARE que dichos derechos fundamentales fueron vulnerados por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado mediante la sentencia del 20 de febrero de 2025, al anular la Resolución 363 de 2018 expedida por la ANLA, incurriendo varias causales específicas de procedencia de tutela contra providencias judiciales.

3. Que, en consecuencia, se DEJE SIN EFECTOS la providencia judicial proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, del 20 de febrero de 2025, dentro del expediente 11001-03-24-000-2018-00393-00.

4. Que se RESTABLEZCA la validez y plenos efectos jurídicos de la Resolución 363 de 2018 expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA–, por haber sido adoptada dentro del marco de su competencia legal y con base en una ponderación

4. Que se RESTABLEZCA la validez y plenos efectos jurídicos de la Resolución 363 de 2018 expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA–, por haber sido adoptada dentro del marco de su competencia legal y con base en una ponderación técnica, jurídica y constitucionalmente ajustada»

1. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:Radicado: 11001-03-15-000-2025-04563-00

Demandante: Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A.S. E.S.P.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Antecedentes administrativos: concesión de la licencia ambiental por parte de

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

El 11 de marzo de 2014, la sociedad comercial Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A. E.S.P. solicitó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) licencia ambiental para la construcción y operación de un relleno sanitario a desarrollarse en el predio Fute del municipio de Bojacá (Cundinamarca).

El 29 de abril de 2014, por Auto 0372, la CAR declaró el inicio del trámite administrativo de obtención de licencia ambiental.

El 7 de septiembre de 2015, mediante Auto 1022, la CAR requirió a la sociedad Parque Ecológico Praderas del Antelio para que, con base en las recomendaciones contenidas en los Informes Técnicos Sociales DRSO núm. 229 del 5 de febrero de

Ecológico Praderas del Antelio para que, con base en las recomendaciones contenidas en los Informes Técnicos Sociales DRSO núm. 229 del 5 de febrero de 2015 y 963 del 31 de agosto de 2015, ajustara el estudio de impacto ambiental (EIA) en los 29 puntos allí indicados.

Por medio de Auto 0006 de 7 de enero de 2016, la CAR realizó nuevos requerimientos de ajuste del estudio de impacto ambiental, con fundamento en los Conceptos Técnicos 370 del 4 de septiembre de 2015 y 1136 del 3 de diciembre de 2015, en los cuales se incl uyeron aspectos relacionados con el componente social y la caracterización socioeconómica del proyecto.

Mediante informe técnico DESCA núm. 570 del 15 de julio de 2016, la CAR evaluó la documentación allegada por la sociedad solicitante.

En Auto DRSO núm. 0423 del 8 de mayo de 2017, declaró reunida la información para decidir la solicitud de licencia ambiental.

En consideración a que la sociedad solicitante no aportó la información referente al plan de manejo ambiental a efecto de complementar el estudio de impacto ambiental (requisito indispensable para el inicio de actividades), la CAR profirió la Resolución 2364 del 31 de agosto de 2017, en la que resolvió negar la licencia ambiental.

El 28 de septiembre de 2017, el apoderado de la sociedad comercial interpuso recurso de reposición contra esa decisión. Además, el día siguiente, presentó recusación invocando dos causales, a saber: (i) la primera de ellas en contra del director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca de «tener interés particular y directo»;

de reposición contra esa decisión. Además, el día siguiente, presentó recusación invocando dos causales, a saber: (i) la primera de ellas en contra del director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca de «tener interés particular y directo»; (ii) de otra parte, la que denominó «existencia de conflictos de interés institucional» de la CAR.

El argumento central fue que la CAR no podía actuar con imparcialidad para decidir sobre la licencia del proyecto, porque es un actor directo en el mercado de disposición de residuos y un competidor. Advirtió que la CAR es cofinanciadora y propietaria de los terrenos del Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo, un competidor directo del proyecto de la recusante.

El Procurador General de la Nación , mediante auto de 8 de noviembre de 2017, concluyó que existía un conflicto de interés que afectaba la imparcialidad de la CAR. Sobre el particular, señaló que la entrada de un nuevo actor en el mercado de disposición de residuos sólidos afectaría la actividad económica del Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo, dado que la CAR es una de las entidades que originaron y cofinanciaron el proyecto Nuevo Mondoñedo, su rol como autoridad decisoria en el licenciamiento de un competidor directo vulneraba los principio s de imparcialidad y transparencia. En consecuencia, resolvió designar a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales – ANLA para que continuara con el referido trámite administrativo, así como para resolver el recurso de reposición.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04563-00

Demandante: Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A.S. E.S.P.

administrativo, así como para resolver el recurso de reposición.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04563-00

Demandante: Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A.S. E.S.P.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

El 13 de marzo de 2018, la ANLA dictó la Resolución 363, mediante la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto por el apoderado de la sociedad comercial solicitante y consideró que el proyecto «Relleno Sanitario Parque Ecológico Praderas del Antelio» cumplía con los requerimientos ambientales para su ejecución. E n consecuencia, resolvió:

«ARTÍCULO PRIMERO: Reponer en el sentido de revocar en todas sus partes la Resolución 2364 del 31 de agosto de 2017 proferida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR (…).

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a la sociedad Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A.

E.S.P. (…) licencia ambiental para el proyecto “Relleno Sanitario Parque Ecológico Praderas del Antelio” en el predio denominado Finca Fute […] del municipio de Bojacá, departamento de Cundinamarca (…)».

Del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

a) De la demanda:

El municipio de Bojacá presentó demandada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , consagrado en el artículo 138 del CPACA, contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en la que solicitó se

El municipio de Bojacá presentó demandada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , consagrado en el artículo 138 del CPACA, contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en la que solicitó se declare la nulidad la Resolución 363 de 13 de marzo de 2018.

A título de restablecimiento del derecho, el municipio solicitó que se «(…) recupere la ejecutividad y ejecutoriedad del acto administrativo expedido por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, contenido en la Resolución número 2364 de agosto 31 de 2017 (…)», que había negado la concesión de la licencia ambiental.

Concretamente, la parte actora formuló como cargos de violación los relacionados con: (i) desconocimiento de las normas de orden superior en las que debió fundarse el acto administrativo; (ii) falta de competencia; (iii) desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa; (iv) expedición irregular del acto administrativo y; (v) falsa motivación.

Se procede a sintetizar los argumentos expuestos en cada cargo, así:

1.1. Violación de derechos subjetivos de aplicación inmediata:

1.1.1 Violación del derecho a la igualdad, en relación con lo dispuesto en el artículo 40 del CPACA y los artículos 228, 230 y 231 del C.G.P. en tanto omitió:

1. notificar el auto por medio del cual avocó conocimiento del recurso de reposición interpuesto por la sociedad comercial solicitante de la licencia ambiental en contra de la Resolución 2354 de 31 de agosto de 2017, mediante la cual la CAR negó la licencia solicitada.

1. dictar un auto de pruebas mediante el cual se decretara y, posteriormente,

de la Resolución 2354 de 31 de agosto de 2017, mediante la cual la CAR negó la licencia solicitada.

1. dictar un auto de pruebas mediante el cual se decretara y, posteriormente, practicara la inspección ocular que fuere realizada el 27 de diciembre de 2017.

1. notificar la celebración de dicha inspección ocular a los terceros intervinientes en el trámite, en especial, al municipio de Bojacá.

1.1.2. Violación del artículo 9 de la Ley 489 de 1998 y del artículo 2.2.2.3.9.6. del Decreto 1076 de 2015, en tanto que el Grupo Técnico de la Subdirección de

Evaluación de la ANLA:

1. Actuó sin competencia para practicar la inspección ocular realizada el 27 de diciembre de 2017, toda vez que no existió acto administrativo mediante el cual la Dirección General de la ANLA la comisionara o delegara para tal efecto.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04563-00

Demandante: Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A.S. E.S.P.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

1. No corrió traslado al municipio de Bojacá del contenido del acta de la inspección ocular realizada el 27 de diciembre de 2017, a pesar de mediar petición expresa al respecto, radicada el 7 de febrero de 2018.

1. No garantizó que el municipio de Bojacá pudiera controvertir el plano de cuerpos

ocular realizada el 27 de diciembre de 2017, a pesar de mediar petición expresa al respecto, radicada el 7 de febrero de 2018.

1. No garantizó que el municipio de Bojacá pudiera controvertir el plano de cuerpos hídricos y de cuencas hidrográficas, por cuanto este no estaba en óptimas condiciones de legibilidad. Además, dicho documento carecía de características descriptivas de los presuntos cuerpos de agua y humedales a representar.

1. Otorgó licencia ambiental para desarrollar el proyecto de construcción y operación del Relleno Sanitario Parque Ecológico Praderas del Antelio sin tener certeza acerca de si dicha actividad era compatible con el respectivo uso del suelo de conformidad con el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Bojacá.

1.1.3. Violación de lo dispuesto en los artículos 3 numeral 11; 41 y 42 del CPACA, toda vez que la entidad demandada consideró que la inspección ocular era un mero procedimiento interno , que no requería auto previo que la decretara, aun cuando su resultado sí era indispensable para tomar la decisión administrativa.

1.1.4. Violación del artículo 107 de la Ley 99 de 1993 y el numeral 4º del artículo 2.2.3.3.5.2. del Decreto 1076 de 2015, en la medida que no exigió a la sociedad solicitante de la licencia ambiental la autorización de los propietarios de los predios resp ectivos a efectos de obtener el correspondiente permiso de vertimientos de los lixiviados provenientes de la descomposición de los residuos sólidos. Aunado a que no tuvo en cuenta el dislate del área del predio de mayor

predios resp ectivos a efectos de obtener el correspondiente permiso de vertimientos de los lixiviados provenientes de la descomposición de los residuos sólidos. Aunado a que no tuvo en cuenta el dislate del área del predio de mayor extensión, como del área habilitada para la ejecución de la infraestructura del proyecto.

1.1.5. Violación del artículo 70 de la Ley 99 de 1993, así como de los artículos 15 del Decreto 2820 de 2010 y 3, numerales 1 y 6; 37 y 38 del CPACA, al: (i) pretermitir a los terceros oponerse a la servidumbre con posterioridad a la expedición del licenciamiento ambiental ; y (ii) omitir la comunicación de la existencia del trámite administrativo en sede del recurso de reposición a los miembros del Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá y a los municipios de Mosquera y Soacha, dado que , en atención al ajuste del Estudio de Impacto Ambiental elaborado por la sociedad mercantil solicitante, indefectiblemente, el lixiviado resultante del proceso de descomposición de los residuos sólidos sería transportado por tubería hasta el cauce del Río Bogotá.

1.2. Asunción de competencias por parte de la ANLA sin habilitación legal para el efecto: Se vulneraron los artículos 1, 3, 15, 21, 24 y 25 del Decreto 2820 de 2010 y

los artículos 2.2.2.3.3.3., 2.2.2.3.5.1., 2.2.2.3.6.2. y 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de 2015, al incumplir el deber de informar a la comunidad sobre el alcance del proyecto con la finalidad de que se garantizara la participación de las comunidades y se incorporara en el estudio de impacto ambiental los aportes, ajustes y requerimientos correspondientes, así como la caracterización de las áreas de influencia directa e indirecta en su aspecto socioeconómico.

1.3. Pretermisión de valoración y motivación del acto acusado , respecto de: (i) la capacidad de recepción de residuos sólidos provenientes del Distrito Capital e impactos ambientales acumulativos y sinérgicos; y (ii) de acuíferos y zona de recarga de acuíferos, para efectos de la expedición de la Resolución 00393 de 2018.

1.3.1. La ANLA desconoció el artículo 42 del CPACA, en tanto que el acto administrativo cuestionado está desprovisto de la motivación relativa a su habilitación para otorgar la licencia ambiental solicitada.

1.3.2. No se tuvo en cuenta que el Concepto Técnico núm. 00922, expedido por la Subdirección de Evaluación y Seguimiento de la ANLA el 9 de marzo de 2018,Radicado: 11001-03-15-000-2025-04563-00

Demandante: Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A.S. E.S.P.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

mediante del cual se advirtió que la realización del proyecto licenciado no es funcional ante un servicio regional que incluya a la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta la población de 200.000 habitantes con la cual fue planificada la vida útil y capacidad de relle no. No se explicó las razones por las cuales se apartó del referido concepto técnico.

1.3.3. La autoridad ambiental no expuso los motivos por los cuales determinó que el ecosistema de la zona, a pesar del referido impacto acumulativo y sinérgico, es resiliente a una nueva carga ambiental generada por un tercer titular del licenciamiento ambiental bajo examen.

1.3.4. Violación de los artículos 21, 22, 25, 28 y 39 numeral 4 del Decreto 2820 de 2010 y los principios 3, 4, 15 y 25 de la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, al omitir revisar y valorar aquella parte del Conce pto Técnico número 00922, según el cual, aunque la implementación del proyecto Praderas de Antelio no introduciría impactos nuevos al medio ambiente, sí ocasionará impactos acumulativos y sinérgicos análogos a los generados por Sabrisky Point S.A. E.S.P. y por el Consorcio Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo.

1.3.5. Violación del numeral 1 del inciso 3 del artículo 6 del Decreto 838 de 2005,

Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo.

1.3.5. Violación del numeral 1 del inciso 3 del artículo 6 del Decreto 838 de 2005, el artículo 2.3.2.3.2.2.5. del Decreto 1077 de 2015, el numeral 4 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1784 de 2017, al no tener en cuenta que, de conformidad con el Concepto Técnico número 00922 de 9 de marzo de 2018, el proyecto autorizado se desarrollará en zona de recarga de acuíferos, lo cual está expresamente prohibido por la ley. No podía otorgar licencia ambiental sin haber verificado la compatibilidad o no en materia de uso de suelo.

1.3.6. Desconocimiento del contenido del documento denominado «Informe Final de Identificación de Áreas Potenciales en el Distrito Capital y Municipios Aledaños para la Disposición Final con Alternativas Tecnológicas de Aprovechamiento y/o Tratamiento de Residuos Sólidos», elaborado por la Universidad Nacional de Colombia, en el cual se concluyó, entre otras cosas, que en la zona donde se autorizó la construcción del relleno sanitario Praderas de Antelio se encuentra un área de recarga de acuíferos, ecosistema en el que se prohíbe el desarrollo de ese tipo de proyectos.

1.4. Desatención de la autoridad ambiental en relación con la existencia de verdaderos humedales ubicados en las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto de relleno sanitario licenciado por la ANLA, porque:

1.4.1. Desconoció la existencia de cuerpos de agua cercanos a la parte sur del proyecto, humedales identificados como Chicaque y Tingüa Moteada; los cuales

relleno sanitario licenciado por la ANLA, porque:

1.4.1. Desconoció la existencia de cuerpos de agua cercanos a la parte sur del proyecto, humedales identificados como Chicaque y Tingüa Moteada; los cuales se encuentran dentro del área de influencia indirecta del proyecto.

Los resultados de la visita explicados en el Informe Técnico 922 de 2018 y en la Resolución 363 expedida por la ANLA, se resumen en unas tablas contentivas de datos sobre la existencia de unos cuerpos de agua, sin relacionar las características bióticas de las zonas de influencia directa e indirecta del proyecto.

1.4.2. La ANLA al considerar que no existía certeza respecto de la presencia de humedales en el sector, debió aplicar el principio de precaución , el cual, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, opera ante la mera amenaza de violación.

1.5. Falta de competencia porque la actuación de la autoridad ambiental implicó el ejercicio ilegal de competencia creadora legislativa y/o reglamentaria, en el sentido deRadicado: 11001-03-15-000-2025-04563-00

Demandante: Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A.S. E.S.P.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

que transformó un requisito previo y sine qua non para la expedición de la licencia ambiental, en una mera condición de ejercicio posterior a la expedición de la misma.

1.6. Desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa , por cuanto: (i) la

que transformó un requisito previo y sine qua non para la expedición de la licencia ambiental, en una mera condición de ejercicio posterior a la expedición de la misma.

1.6. Desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa , por cuanto: (i) la ANLA pretermitió la expedición del auto de pruebas y no notificó a los terceros interesados dicha decisión; (ii) omitió comunicar el acta de visita de diciembre de 2017 y, no corrió traslado de la misma; (iii) «la autoridad ambiental pretermitió el procedimiento probatorio que garantizaba la habilitación procesal de contradicción de la prueba por parte del Municipio de Bojacá »; (iv) omitió advertir a los terceros residentes y/o titulares del derecho real de dominio sobre las áreas de influencia directa e indirecta al proyecto para efectos de que hubiesen ejercido sus derechos de defensa en el trámite del mismo; (v) omitió comunicar el trámite de licenciamiento ambiental en sede del recurso de reposición a los terceros con interés directo e indirecto.

1.7. Expedición irregular , toda vez que no explicó los motivos que habilit en el otorgamiento de la licencia ambiental y tampoco «las temáticas de impactos ambientales acumulativos y de presencia o no de acuíferos y de zona de recarga de los mismos», aunado al hecho de que no valoró y no revisó los impactos acumulativos y sinérgicos generados por el proyecto, siendo que la zona del proyecto no se encuentra habilitada para la actividad del servicio de aseo.

1.8. Falsa motivación porque «existe una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica entre la producción del acto administrativo y el motivo tomado como fuente por la

para la actividad del servicio de aseo.

1.8. Falsa motivación porque «existe una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica entre la producción del acto administrativo y el motivo tomado como fuente por la administración a efectos de otorgar el licenciamiento ambiental».

b) De la medida de suspensión provisional

Con fundamento en similares argumentos expuestos en la demanda, la parte demandante, en escrito aparte, solicitó la suspensión provisional del acto administrativo demandado.

El despacho del consejero Roberto Augusto Serrato Valdés, perteneciente a la Sección Primera del Consejo de Estado, avocó conocimiento del asunto y realizó traslado de la medida cautelar a la ANLA.

La ANLA pidió que se n egara la suspensión provisional de la Resolución 00363 de 2018, con fundamento en lo siguiente:

(i) No se cumplen los requisitos para decretar la medida cautelar, pues la parte demandante no demostró que negar la suspensión cause un perjuicio irremediable o un daño grave al interés público. Tampoco se argumentó por qué la futura sentencia podría perder sus efectos si el acto administrativo sigue vigente.

(ii) La ejecución del proyecto no es automática, pues la resolución no autorizó el inicio inmediato del proyecto; su ejecución depende de que el municipio de Bojacá certifique que es compatible con el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT). Si el municipio determina que no hay compatibilidad, el proyecto no se puede realizar, independientemente de la licencia ambiental.

(iii) Explicó que la visita técnica realizada al área del proyecto no fue una prueba pericial, sino una diligencia opcional para verificar las condiciones ambientales. Por ello, no

independientemente de la licencia ambiental.

(iii) Explicó que la visita técnica realizada al área del proyecto no fue una prueba pericial, sino una diligencia opcional para verificar las condiciones ambientales. Por ello, no era obligatorio citar a terceros.

(iv) Afirmó que notificó debidamente al municipio de Bojacá sobre la localización de cuerpos de agua ; s i el municipio tenía alguna objeción, debió manifestarla en el término legal de cinco días previsto en la norma aplicable al caso.

(v) La socialización del proyecto fue «insuficiente». Sin embargo, el Estudio de Impacto Ambiental (en adelante EIA) sí incluyó una caracterización socioeconómica. Para subsanar las deficiencias en la socialización, se impusieron obligaciones a la empresa titular de la licencia para que ajuste y complemente este componente antes de iniciar el proyecto.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04563-00

Demandante: Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A.S. E.S.P.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

(vi) Concluye que un mero «riesgo ambiental» no es un daño cierto, porque la resolución obliga a la empresa a implementar un Plan de Manejo Ambiental, con su respectivo seguimiento y monitoreo, para prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles impactos.

Mediante auto de 28 de febrero de 2020, el despacho del consejero Roberto Augusto Serrato Valdés decretó la suspensión provisional del acto acusado , con fundamento en los siguientes argumentos:

impactos.

Mediante auto de 28 de febrero de 2020, el despacho del consejero Roberto Augusto Serrato Valdés decretó la suspensión provisional del acto acusado , con fundamento en los siguientes argumentos:

(i) La visita técnica, aunque es una actuación potestativa según el artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015, una vez realizada se convierte en un medio de prueba fundamental para la decisión. Al tratarla como una simple etapa administrativa y no como una prueba, la ANLA vulneró el Artículo 40 del CPACA, que garantiza el derecho de los interesados a controvertir las pruebas aportadas o practicadas dentro de una actuación administrativa antes de que se tome una decisión de fondo; y los artículos 13 y 29 de la Constitución Política al negarle al municipio la oportunidad de participar y defender sus intereses frente a una prueba que fue clave para la decisión de otorgar la licencia.

(ii) La ANLA desconoció el ordenamiento jurídico al flexibilizar un requisito obligatorio para el permiso de vertimientos, pues no tuvo en cuenta que el artículo 2.2.3.3.5.2, numeral 4, del Decreto 1076 de 2015, exige, sin excepción, que, si el solicitante de un permiso de vertimiento es un « mero tenedor » del predio, debe presentar la autorización del propietario o poseedor. La ANLA interpretó erróneamente que esto era una «situación externa de carácter civil» que podía resolverse con posterioridad, lo que es contrario a la norma.

Además, no se aplicó el artículo 107 de la Ley 99 de 1993, el cual establece que las

era una «situación externa de carácter civil» que podía resolverse con posterioridad, lo que es contrario a la norma.

Además, no se aplicó el artículo 107 de la Ley 99 de 1993, el cual establece que las leyes ambientales son de orden público, de estricto cumplimiento y no pueden ser objeto de renuncia, negociación o flexibilización por parte de las autoridades o los particulares.

(iii) Consideró incoherente y contrario a la ley que la ANLA otorgara la licencia ambiental reconociendo que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) era deficiente, para luego imponerle al licenciatario la obligación de completarlo. Dicha actuación violó:

El artículo 15 del Decreto 2820 de 2010 (compilado en el Decreto 1076 de 2015) , norma obliga a que se informe a las comunidades sobre el proyecto y que sus aportes, de ser pertinentes, se valoren e incorporen en el EIA antes de tomar la decisión. La propia ANLA admitió que el proceso de socialización fue «insuficiente» y no incluyó a todos los actores sociales.

El artículo 70 de la Ley 99 de 1993 y los artículos 3, 37 y 38 del CPACA , que consagran el principio de participación ciudadana en los procedimientos administrativos ambientales. Al conceder la licencia con la promesa de que la socialización y la caracterización socioeconómica se completarían a futuro, la ANLA convirtió un requisito previo y esencial en una obligación posterior, vaciando de contenido el derecho a la participación efectiva de la comunidad.

Por ello, concluyó que la actuación de la ANLA presenta una «apariencia de ilegalidad»

convirtió un requisito previo y esencial en una obligación posterior, vaciando de contenido el derecho a la participación efectiva de la comunidad.

Por ello, concluyó que la actuación de la ANLA presenta una «apariencia de ilegalidad» y que permitir el inicio del proyecto constituye una amenaza al interés público. De ahí que, se consideró más razonable y ajustado al interés general decretar la suspensión provisional de la licencia ambiental para proteger los derechos e intereses colectivos.

Contra dicha decisión, los apoderados judiciales de la ANLA y de la sociedad Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A. E.S.P., interpusieron recurso de súplica , del siguiente modo:

• La ANLA señaló que la resolución acusada no ignoró el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de Bojacá, pues la indeterminación sobre un 7.05 % del área del predio se debió a que la Alcaldía remitió una cartografía desactualizada

(del año 2009 en lugar d e la vigente de 2015), lo cual no es imputable a la entidad, pues solicitó la información correcta mediante Auto 421 del 7 de febrero de 2018.

Como salvaguarda de la autonomía territorial y el debido proceso, destacó que supeditó la ejecución del proyecto a una condición explícita contenida en el parágrafo del artículo segundo de la resolución demandada. Dicha condición exige que, previoRadicado: 11001-03-15-000-2025-04563-00

Demandante: Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A.S. E.S.P.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia

Demandante: Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A.S. E.S.P.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

al inicio de cualquier actividad, el titular de la licencia debe obt