CE - Sentencia 11001031500020250568200 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., diez (10) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-05682-00

Accionante: Luisa Fernanda Cardona Villanueva Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: tutela contra actuaciones en trámite de tutela . Subtema 2: defectos sustantivo, fáctico y violación directa de la constitución.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la solicitud de amparo interpuesta por Luisa Fernanda Cardona Villanueva contra el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Luisa Fernanda Cardona Villanueva presentó acción de tutela con la pretensión de amparo de su derecho fundamental al debido proceso y los principios de confianza legitima y seguridad jurídica, q ue consideró vulnerados con ocasión de las sentencias del 30 de julio de 2025 y del 2 de septiembre de 2025, proferidas por el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila ,

las sentencias del 30 de julio de 2025 y del 2 de septiembre de 2025, proferidas por el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila , respectivamente, dentro de la acción de tutela identificada con el radicado núm. 4100133-33-006 2025-00172-00.

I. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2. La señora Karen Lizeth Yunda Perdomo presentó acción de tutela, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad,

al acceso a la carrera administrativa y al trabajo, que consideró vulnerados por la

1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05682-00, índice 2, certificado 0ACA1EB626121B83 21717714D3388CAD AB1AEFE24B3A5FED 30CE9795A78D4F66.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05682-00

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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ( DIAN), la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y otros, al no convocarla a la diligencia de escogencia de plaza y al definir los criterios frente a la aplicación de la figura de «movilidad» en los empleos

Servicio Civil (CNSC) y otros, al no convocarla a la diligencia de escogencia de plaza y al definir los criterios frente a la aplicación de la figura de «movilidad» en los empleos ofertados dentro del concurso de méritos «DIAN-2022»

3. El 17 de julio de 2025, el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva profirió auto admisorio dentro de la acción de tutela con radicado núm. 41001-33-33-006 202500172-00.

4. En el numeral octavo de la referida providencia se le ordenó a la CNSC comunicar la existencia de la tutela a las personas que integraron la Resolución núm. 13250 del 5 de julio de 2024 «Por la cual se conforma y adopta la Lista de Elegibles para proveer ochenta y tres (83) vacante(s) definitiva(s) del empleo denominado GESTOR II, Código 302, Grado 2, identificado con el Código OPEC No. 198419, del Nivel Profesional del

Sistema Específico de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Adua nas Nacionales - DIAN, Proceso de Selección DIAN 2022 – Ingreso».

5. El 23 de julio de 2025, la señora Luisa Fernanda Cardona Villanueva presentó memorial dentro de la acción de tutela referida, a través del cual se opuso a las pretensiones e indicó que un eventual amparo podría derivar en una vulneración de sus derechos como integrante de la lista de elegibles.

6. El Juzgado Sexto Administrativo de Neiva, mediante sentencia del 30 de julio de 2025, accedió al amparo de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad

sus derechos como integrante de la lista de elegibles.

6. El Juzgado Sexto Administrativo de Neiva, mediante sentencia del 30 de julio de 2025, accedió al amparo de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad de la señora Karen Lizeth Yunda Perdomo, en los siguientes términos:

«PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso e igualdad de KAREN LIZETH YUNDA PERDOMO, por las razones expuestas en el presente proveído.

SEGUNDO: ORDENAR a la accionada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN, que dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, proceda de conformidad a la convocatoria a agotar el procedimiento del “ARTÍCULO 38. AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA ESCOGENCIA DE VACANTE DE UN EMPLEO OFERTADO CON VAC ANTES LOCALIZADAS EN DIFERENTE UBICACIÓN GEOGRÁFICA” dentro de la lista de elegibles conformada por Resolución No. 13250 del 5 de julio de 2024, OPEC 198419

GESTOR II, Código 302, Grado 2, con la totalidad de vacantes existentes en este momento, excluyendo situaciones particulares ya consolidadas, esto es, que tengan nombramiento y posesión. TERCERO: COMUNICAR a las partes en la forma indicada en el artículo 5 del Decreto 306 de 1992, si no fuere impugnada esta providencia, remítase a la Honorable Corte Con stitucional para su eventual revisión CUARTO: En firme la providencia, archívese el expediente, previa anotación en el software de gestión digital

SAMAI. NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE».

la Honorable Corte Con stitucional para su eventual revisión CUARTO: En firme la providencia, archívese el expediente, previa anotación en el software de gestión digital

SAMAI. NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE».

7. La parte accionada inconforme con la decisión presentó escrito de impugnación en contra del fallo del 30 de julio de 2025.

8. El Juzgado Sexto Administrativo de Neiva, por auto del 11 de agosto de 2025, concedió la impugnación interpuesta por la DIAN y rechazó la intervención de la señora

Luisa Fernanda Cardona Villanueva.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05682-00

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9. La señora Luisa Fernanda Cardona Villanueva, a través de escrito del 19 de agosto de 2025, le solicitó al Tribunal Administrativo del Huila la nulidad del trámite de tutela, al considerar que se le cercenó su derecho a participar en el proceso.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

10. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO (art. 29 constitucional), CONFIANZA LEGÍTIMA y SEGURIDAD JURÍDICA vulnerados por

el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE

constitucional), CONFIANZA LEGÍTIMA y SEGURIDAD JURÍDICA vulnerados por

el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE

NEIVA y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA (SALA SEXTA DE

DECISIÓN).

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de fecha 17 de julio de 2025, proferido por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva y confirmado por el

Tribunal Administrativo del Huila.

TERCERO: ORDENAR a la a quo, hacer un análisis armónico de toda la normatividad aplicable al caso en concreto, una vez vuelva a su despacho la acción para su análisis y resolución […] 2.

11. Como fundamento de sus pretensiones , la parte accionante consideró que la s providencias proferidas por el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila incurrieron en defecto sustantivo porque no efectu aron interpretación integral del artículo 38 del Acuerdo CNT2022AC000008 29 de diciembre de 20223, que regula la procedencia de la «audiencia p ública para la escogencia de vacante de un empleo ofertado con vacantes localizadas en diferente ubicación geográfica» en conjunto con el Acuerdo CNSC-0166 de 2020, adicionado por el Acuerdo No. CNSC-0236 de la misma anualidad y el artículo 10 del Acuerdo 019 de

2024.

12. En este sentido, explicó que las autoridades judiciales accionadas no realizaron un adecuado análisis de las normas que regulan el concurso de méritos, por cuanto le

2024.

12. En este sentido, explicó que las autoridades judiciales accionadas no realizaron un adecuado análisis de las normas que regulan el concurso de méritos, por cuanto le ordenó a la DIAN que mediante audiencia pública se le permitiera a Karen Lizeth Yunda Perdomo escoger plaza dentro las vacantes disponibles del empleo de gestor II, Grado 2, Código 302, dentro del proceso de selección «DIAN 2022», sin tener en cuenta que a la mencionada señora le corresponde una plaza de aquellas de las que desistió uno de los elegibles de las primeras posiciones de la lista (Resolución No. 13250 del 5 de julio de 2024), por virtud de la recomposición de lista.

13. Asimismo, indicó que las decisiones cuestionadas incurrieron en defecto fáctico porque no se pronunciaron sobre su solicitud de nulidad ni analizaron los argumentos de contradicción expuestos por la señora Cardona Villanueva y demás intervinientes en la acción constitucional.

2 Se transcribe incluso con errores. 3 «Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección de Ingreso y Ascenso para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema Específico de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, Proceso de Selección DIAN 2022».Radicado: 11001-03-15-000-2025-05682-00

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14. De igual manera, advirtió que en la providencia de primera instancia se configuró una violación directa de la constitución , por cuanto los motivos y el sentido de la decisión desconoció preceptos constitucionales como el debido proceso y la seguridad judicial.

15. Adicionalmente, refirió que el juzgado accionado le negó la posibilidad de impugnar la decisión, con fundamento en el siguiente argumento: «Del memorial de impugnación presentado por la señora Luisa Fernanda Cardona Villanueva no se dará trámite, teniendo en cuenta que no es parte en el presente trámite de tutela y tampoco solicitó su vinculación, por tanto, carece de legitimación en la causa para actuar en este proceso; de contera, la sentencia no le genera ningún efecto particular en aras de tenerla como un tercero con interés directo».

16. Al respecto, precisó que el trámite de tutela es un procedimiento informal , por lo que no tenía que solicitar de forma expresa que se le vinculara a la actuación, con la simple radicación oportuna del escrito de oposición mediante el cual manifestó que las resultas del proceso afectaban mis intereses, por lo que se debió conceder el recurso.

2.3. Trámite procesal

17. El despacho ponente, mediante auto del 15 de septiembre de 2025 4, i) admitió la demanda; ii) ordenó la notificación a las autoridades accionadas, es decir, al Juzgado

2.3. Trámite procesal

17. El despacho ponente, mediante auto del 15 de septiembre de 2025 4, i) admitió la demanda; ii) ordenó la notificación a las autoridades accionadas, es decir, al Juzgado Sexto Administrativo de Neiva y al Tribunal Administrativo del Huila; iii) reconoció como coadyuvantes a los señores Jose Daniel Sánchez Borrero y Sandra Milena Méndez Quintero; iv) puso en conocimiento el escrito de tutela a la DIAN, a la CNSC, a los señores Karen Lizeth Yunda Perdomo, Magda Elizabeth Vargas Rudes, José Maruth Arroyo y otros5, así como a las demás personas que conforman la lista de elegibles respecto al empleo de gestor II, Código 302, Grado 02, identificado con la OPEC núm. 198419 a quienes actualmente ocupan dicho cargo en condición de provisionalidad o encargo; y v) negó la medida provisional.

2.4. Intervenciones

18. El Juzgado Sexto Administrativo de Neiva 6 remitió, a esta corporación, el expediente de la acción de tutela con radicado núm. 41001-33-33-006 2025-00172-00, sin pronunciarse sobre los hechos y pretensiones del escrito de tutela.

19. El Tribunal Administrativo del Huila7 envió, a esta corporación, las actuaciones en segunda instancia d el expediente de tutela con radicado núm. 41001-33-33-006 2025-00172-01, sin referirse a los hechos y peticiones propuestas en el escrito de tutela.

en segunda instancia d el expediente de tutela con radicado núm. 41001-33-33-006 2025-00172-01, sin referirse a los hechos y peticiones propuestas en el escrito de tutela.

4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05682-00 índice 9, certificado B50DA4F0D22706F 15650E24E97B7E1A 064EF8A94CAA5DA5 89F5E0F88BD4597B. 5 La señora Karen Lizeth Yunda Perdomo y a los señores Magda Elizabeth Vargas Rudes, José Maruth Arroyo, Sandra Marcela Quiroga Pabón, Jazmín Duque Posada, Sandra Lorena Moreno Rodríguez, Luz Elena Álvarez Contreras, Keila Patricia Sarmiento Figueroa, Laura Lizeth Mancera Rodríguez, José Alejandro Macea Monterroza, Ana María Ibáñez Moreno, Farid Elías Orozco Alvarado, Vanessa Villa Restrepo, Liliana Margarita Andrea Pérez Romero, Yina Constanza Pérez Montes, Paola Andrea Calderón Ayala y Nathaly Alejandra Gar zón Cuervo, Mariana Gómez Romero, Nathaly Alejandra Garzón Cuervo, Vanessa Villa Restrepo, Sergio Daniel Salazar Escalante, Mariana Gómez Romero, Germán Yesid Pena Rueda y Alejandra Oviedo Cristancho. 6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05682-00, índice 15 , certificado 4401482678EBC7A4 D32D91FB26C8ED30

B9F095CBAAE3CC6A 06927D2BC0E34A08. 7 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05682-00, índice 18, certificado BA9CEF875A38068D 3E3E307B72730391 D52CEC1E5B92AF31 EF0705707D518771.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05682-00

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20. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)8 solicitó que se acceda a la solicitud de amparo, por cuanto las sentencias de tutela cuestionadas efectuaron una indebida interpretación del artículo 38 del Acuerdo CNT2022AC000008 del 29 de diciembre de 2022, toda vez que no tuvieron en cuenta que en dicha norma se indica que se debe realizar la audiencia pública de escogencia de plaza cuando existe pluralidad de vacantes, situación que para el caso de marras no se configuraba.

21. Asimismo, aclaró que los citados a la audiencia de escogencia de plaza son elegibles que adquirieron el derecho por ampliación de planta (la existencia de vacantes generadas con posterioridad al concurso de méritos), y no por movilidad en la lista como es el caso de la accionante.

22. De este modo, consideró que es procedente dejar sin efectos las decisiones judiciales objeto de tutela, debido a que no se vulneraron los derechos de la entonces

la lista como es el caso de la accionante.

22. De este modo, consideró que es procedente dejar sin efectos las decisiones judiciales objeto de tutela, debido a que no se vulneraron los derechos de la entonces accionante, ya que la DIAN ha obrado de conformidad con la normatividad aplicable al caso, dejando a un lado cualquier tipo de actuación arbitraria o caprichosa, por lo que no era posible jurídicamente incluir a aspirantes en la diligencia de escogencia de plazas, pues de hacerlo, no solamente desconocería lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2015, sino que afectaría los derechos de terceros elegibles.

23. La Comisión Nacional del Servicio Civil ( CNSC)9 pidió que se le desvincule del presente asunto, pues carece de legitimación en la causa por pasiva dentro del presente trámite constitucional, toda vez que el núcleo esencial de las pretensiones de la tutela se orienta exclusivamente a solicitar la nulidad de unas decisiones judiciales, en cuyo trámite no tuvo injerencia alguna.

24. De igual manera precisó que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Constitución y el numeral 7 de la Ley 909 de 2004 la CNSC no tiene facultades para coadministrar las plantas de personal de cada entidad pública, puesto que dicha competencia radica de manera exclusiva y excluyente en los representantes legales de éstas. Es así como, las facultades de la CNSC en los procesos de selección están limitadas a las fases de i) convocatoria, ii) reclutamiento, iii) aplicación de pruebas y iv) conformación de listas de elegibles.

25. Las señoras Paola Andrea Calderón Ayala y Nat haly Alejandra Garzón

limitadas a las fases de i) convocatoria, ii) reclutamiento, iii) aplicación de pruebas y iv) conformación de listas de elegibles.

25. Las señoras Paola Andrea Calderón Ayala y Nat haly Alejandra Garzón Cuervo10 solicitaron que se acceda a las pretensiones de la tutela, pues la DIAN hasta el momento no ha adelantado las acciones pertinentes para efectuar los nombramientos de los elegibles de conformidad con el procedimiento consignado en el Acuerdo CNT2022AC000008 del 29 de diciembre de 2022 y la circular núm. 000005 del 01 marzo de 2024.

26. Por otro lado, refirió que las autoridades judiciales accionadas fueron inducidas en error, por cuanto realizaron una interpretación distorsionada del mencionado acuerdo, en lo que respecta a la norma que regula la «Audiencia pública para la escogencia de vacante de un empleo ofertado con diferentes ubicaciones geográficas».

8 Samai, exp . 11001 -03-15-000-2025-05303-00, índice 14, certificado 8230C0E44D58DA73 65C94288DB65046E B0CEA457DC650840 69E63FE8448D3585. 9 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-05682-00, índice 20, certificado 5317197ECC7B4899 61AA2EC921CC5C50 F05FF453A07CEA23 C6BA864D6985CD78. 10 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-05682-00, índice 21, certificado B79AF50AE393350E 46F4B5071EAFCD95

F05FF453A07CEA23 C6BA864D6985CD78. 10 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-05682-00, índice 21, certificado B79AF50AE393350E 46F4B5071EAFCD95 B77259AE6D7B5DCB 75801A9BD6B04692.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05682-00

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27. En este sentido explicó que el artículo 38 del Acuerdo CNT2022AC000008 de 2022 aplica únicamente cuando existe oferta de vacantes de un mismo empleo para la escogencia en orden de mérito, y remite al régimen de audiencias del Acuerdo 0166 de 2020 (firmezas y audiencias).

28. Resaltó que el artículo 39 regula la recomposición automática de la lista

(movilidad), cuando se retira o excluye un elegible, no se abre una nueva audiencia, sino que corre la lista y se ocupa la plaza específica que quedó vacante, sin generar un derecho nuevo de escogencia . Dicho trámite fue el que se debió surtir en el caso de la señora Karen Lizeth Yonda Perdomo.

29. El señor Sergio Daniel Salazar Escalante11 manifestó que es procedente acceder a la peticiones de la solicitud de amparo, toda vez que las providencias cuestionadas realizaron una interpretación y aplicación indebida de la norma que regula la

29. El señor Sergio Daniel Salazar Escalante11 manifestó que es procedente acceder a la peticiones de la solicitud de amparo, toda vez que las providencias cuestionadas realizaron una interpretación y aplicación indebida de la norma que regula la procedencia de la audiencia para escogencia de plaza , sin tener en cuenta que la situación de la señora Karen Lizeth Yonda Perdomo se encasilla en la figura de recomposición de lista, por lo que permitirle escoger plaza, afecta los derechos de los demás participantes y las expectativas legitimas de optar por las vacantes ofertadas por la DIAN en las ciudades de su interés.

30. La señora Ana María Ibáñez Moreno 12 expuso su interés de acompañar la demanda de tutela promovida por la señora Luisa Fernanda Cardona Villanueva porque, en su criterio, las sentencias emitidas en la acción constitucional con radicado núm. 41001-33-33-006 2025-00172-00 desconocieron los derechos fundamentales de los demás participantes en el proceso de selección «DIAN-2022».

31. De esta manera, afirmó que los jueces de tutela al haber accedido al amparo de la señora Karen Lizeth Yonda Perdomo no tuvieron en cuenta que: i) se afectó a quienes están surtiendo el proceso de asignación de plazas bajo condiciones distintas; ii) se modificaron actos administrativos, que definían previamente la situación de la entonces tutelante y de otros participantes; iii) se desconoció el régimen aplicable a la movilidad en las listas de elegibles ; iv) se desconoció el principio de legalidad en el uso de las listas por recomposición y v) se vulneró el principio de igualdad, en tanto se otorgó un

en las listas de elegibles ; iv) se desconoció el principio de legalidad en el uso de las listas por recomposición y v) se vulneró el principio de igualdad, en tanto se otorgó un trato preferente a una aspirante sin justificación.

32. La señora Luz Elena Álvarez Contreras13 reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela sobre los defectos sustantivo, fáctico y violación directa de la Constitución en los que a su juicio incurrieron las sentencias del 30 de julio de 2025 y del 2 de septiembre de 2025, proferidas por el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila, respectivamente, dentro de la acción de tutela, con radicado núm. 41001-33-33-006 2025-00172-00. En consecuencia, pidió que se acceda a las pretensiones de la tutela.

11 Samai, exp . 11001 -03-15-000-2025-05682-00, índice 24, certificado F710698CCB3C99CB 1B8DE2DB456414B8 AFD7BF462BF8443D 4E207909D74C2F82. 12 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-05682-00, índice 26, certificado 9040697F92667E16 5C01BDF0E0955523 4CE529EDCB755ABB 59F3E46E6CCE1B04. 13 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-05682-00, índice 27, certificado F55AE2BBF5D2FB6B 74B12DDFFCD90CD8

13 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-05682-00, índice 27, certificado F55AE2BBF5D2FB6B 74B12DDFFCD90CD8 1D544FD4D821B468 C19FF01837C2997D.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05682-00

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33. La señora Sandra Milena Domínguez Marín 14 solicitó que se aco jan las peticiones de la tutela porque las decisiones cuestionadas desconocieron el derecho a la igualdad de todos los elegibles que tienen la viabilidad de la DIAN para escoger plaza, cuyo avance en el nombramiento en periodo de prueba está suspendido.

34. El señor Farid Elías Orozco Alvarado 15 afirmó que en el presente asunto es procedente conceder la tutela porque las autoridades judiciales accionadas no efectuaron una interpretación acorde al reglamento del concurso de méritos, pues no tuvieron en cuenta que en el caso de la señora Karen Lizeth Yunda, no le asistía el derecho a escoger plaza, pues la expectativa real de ser nombrada se configuró debido a que algunos elegibles no aceptaron la plaza escogida o asignada, y es aquí donde surge la llamada movilidad «LE o Movilidad ME/EE» de la lista y su oportunidad de ser designada y optar por alguna de las vacantes liberadas como consecuencia de la ocurrencia de alguna de las causales definidas en la ley.

surge la llamada movilidad «LE o Movilidad ME/EE» de la lista y su oportunidad de ser designada y optar por alguna de las vacantes liberadas como consecuencia de la ocurrencia de alguna de las causales definidas en la ley.

35. La señora Yina Constanza Montes 16 pidió que se acceda al amparo de los derechos fundamentales invocados en este asunto , pues , en su criterio, las autoridades judiciales accionadas efectuaron una interpretación inadecuada de la normativa que regula el proceso de selección e incurrieron en un yerro al conceder a Karen Lizeth Yunda Perdomo la posibilidad de participar en la audiencia de escogencia de plazas programada para los ocupantes de las posiciones 240 a 299, lo cual otorgó un trato desigual en comparación con los demás elegibles.

36. La señora Jeimmy Alejandra Oviedo Cristancho 17 manifestó su interés de apoyar las pretensiones de la tutela , por cuanto consideró que las actuaciones desarrolladas por las autoridades judiciales accionadas no respetaron el debido proceso de los involucrados y terceros interesados en la acción constitucional , pues no se tuvieron en cuenta los argumentos de inconformidad expuestos por la hoy accionante y los demás terceros interesados que intervinieron en dicho trámite de tutela.

37. Además, no se realizó un estudio juicioso de las diversas situaciones jurídicas, su origen legal y reglamentario, así como de la ponderación de los derechos de la accionante frente a los demás elegibles y en particular a quienes fueron autorizados por la DIAN, el 4 de julio de 2025 , para escoger plaza , lo cual derivó en una decisión arbitraria.

accionante frente a los demás elegibles y en particular a quienes fueron autorizados por la DIAN, el 4 de julio de 2025 , para escoger plaza , lo cual derivó en una decisión arbitraria.

38. La señora Sandra Marcela Quiroga Pabón solicitó que se nieguen las pretensiones de la tutela interpuesta por Luisa Fernanda Cardona Villanueva porque los argumentos expuestos por la accionante carecen de fundamento, toda vez que no acreditó una situación de fraude que justifique la procedencia de este mecanismo excepcional en contra sentencias expedidas en ejercicio de la acción de tutela.

14 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-05682-00, índice 29, certificado FD80BEE77BA41750 9743CE014AB4CEBB 2645E71B7EBF86B7 2110713F68917C4D. 15 Samai, exp . 11001 -03-15-000-2025-05682-00, índice 30, certificado 10A14D1EA4FFCE6F 0C030E57421DC0F8 CE4A9273858485FD 5C8A7B1BF2656D22. 16 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-05682-00, índice 32, certificado CA1D08863F8276E3 F5496AFCBB1A1334 2729EA005E980311 2DACC0B02A974117. 17 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-05682-00, índice 33, certificado 8BF83C67DB0C86E5 258D019AD2AC2A2C

17 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-05682-00, índice 33, certificado 8BF83C67DB0C86E5 258D019AD2AC2A2C 72BB47C93D1BD678 0E4C4FD108DA3A89.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05682-00

Accionante: Luisa Fernanda Cardona Villanueva Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

39. En este sentido, explicó que en este asunto se encuentra acreditado que la DIAN vulneró los derechos fundamentales de los elegibles ubicados en la posición 222 a la 234 al no llamarlos a la escogencia de la totalidad de las plazas que existen en la actualidad, razón por la cual las sentencias cuestionadas accedieron al amparo de los derechos de la señora Karen Lizeth Yunda.

40. Asimismo, resaltó que: (i) la acción de tutela presentada por Karen Lizeth Yunda ocurrió por una sola vez y esta fue fallada a favor de la solicitante; (ii) la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una evidente violación a los derechos fundamentales de quienes tienen derecho de participar en la elección de plazas; y (iii) no existe otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la flagrante violación de los derechos fundamentales de los elegibles desde la posición 222 a la 234.

41. Afirmó que los elegibles ubicados e n las posiciones 222 a la 234 al igual que la

flagrante violación de los derechos fundamentales de los elegibles desde la posición 222 a la 234.

41. Afirmó que los elegibles ubicados e n las posiciones 222 a la 234 al igual que la accionante, pretenden ser llamados a escoger plaza en la totalidad de vacantes existentes a la fecha. No obstante, es diferente que la señora Luisa Fernanda Cardona pueda pretender una plaza con pocas vacantes y al estar en una posición menos meritoria, (ubicación en la lista de elegibles por debajo de la posición 340) no le sea asignada la que quiere y por ello su actuar en esta tutela.

42. Aseveró que la actora ocupa una posición posterior a la de la señora Karen Lizeth Yunda y su pretensión es que se le excluya de la posibilidad de escoger plaza , sin tener en cuenta que lo que prima es el orden del mérito.

43. Destacó que los elegibles ubicados en los puestos 222 al 234 han sido atacados por las personas que ocupan otras posiciones más lejanas con argumentos falsos, allegando una infinidad de escritos y videos en los que manifiestan que aquellos que se encuentran en las ubicaciones 222 al 234 tienen acto administrativo que asigna plazas, lo cual es contrario a la realidad y carente de prueba, por lo que confunden a algunos jueces, que fallaron las acciones constitucionales como improcedentes.

44. Los señores Karen Lizeth Yunda Perdomo, Magda Elizabeth Vargas Ruales, Jose Maruth Arroyo Escudero y Jazmín Duque Posada manifestaron que lo pretendido por la señora Luisa Fernanda Cardona Villanueva es desconocer el derecho al mérito que le asiste tanto a ella como a los demás integrantes de la lista de

Jose Maruth Arroyo Escudero y Jazmín Duque Posada manifestaron que lo pretendido por la señora Luisa Fernanda Cardona Villanueva es desconocer el derecho al mérito que le asiste tanto a ella como a los demás integrantes de la lista de elegibles de la OPEC núm. 198419 , que se encuentran en mejores puestos en comparación a la tutelante, dentro de un concurso en el que se han presentado dilaciones injustificadas.

45. Asimismo, indicaron que