CE - Sentencia 11001031500020250678400 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., nueve (09) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06784-00

Accionante: Andrea Marulanda Mondragón

Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DECLARA IMPROCEDENCIA – Falta de cumplimiento de requisito de relevancia constitucional – Se pretende emplear la tutela como una instancia adicional al proceso ordinario

Surtido el trámite de ley 1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de amparo constitucional de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 28 de octubre de 20252, la señora Andrea Marulanda Mondragón, por conducto de apoderado judicial, instauró acción de tutela en busca de que se dejara sin efectos la sentencia del 9 de abril de 20253.

2. Dicha providencia fue proferida por el Tribunal accionado dentro del proceso de reparación directa4 que promovió en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional , con el propósito de que se les declarara administrativamente responsables por la muerte de su compañero permanente, el señor Edwin Fabián

reparación directa4 que promovió en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional , con el propósito de que se les declarara administrativamente responsables por la muerte de su compañero permanente, el señor Edwin Fabián Fernández Ortiz, cuando se desempeñaba como patrullero de tránsito en zona rural del municipio de Timbío, Cauca, vía Panamericana Popayán – Mojarras.

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 2 Se precisa que la parte actora presentó nuev amente escrito de tutela el 31 de octubre de 2025 (índice 4, SAMAI). Este despacho procedió a admitir la solicitud de amparo en auto del 4 de noviembre del año en curso (índice 6, SAMAI). Empero, el 13 de noviembre siguiente, la demandante allegó oficio en el que mencionó que “desistía” del escrito de tutela presentado inicialmente el 28 de octubre de 2025 y solicitaba te ner en cuenta la segunda solicitud de amparo. Acorde a dicha petición, se precisa que el escrito de tutela que se analiza en esta providencia es el que la parte accionante pidió que fuera tenido en cuenta, es decir, el que presentó el 31 de octubre de 2025. 3 Comunicada a las partes por correo electrónico el 28 de abril del año en curso.

providencia es el que la parte accionante pidió que fuera tenido en cuenta, es decir, el que presentó el 31 de octubre de 2025. 3 Comunicada a las partes por correo electrónico el 28 de abril del año en curso. 4 Identificado con número de radicado 19001-33-33-001-2017-00175-01.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06784-00

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3. A través de aquella, el Tribunal Administrativo del Cauca confirmó la decisión de primera instancia5, que negó las pretensiones de la demanda. La autoridad judicial encontró acreditado que el daño estaba ligado al riesgo propio al que se encuentran sometidos los miembros voluntarios de la fuerza pública . La muerte del señor Fernández tuvo como causa un ataque terrorista sorpresivo e imprevisible por parte de miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) contra él y otros dos compañeros, mientr as se desplazaban en motocicletas oficiales para adelantar labores de patrullaje y vigilancia en vía ubicada en zona rural. A juicio del Tribunal, l a parte actora no logró acreditar que el grupo policial tuviera orden de servicio orientada a montar un puesto de control, por lo que los argumentos dirigidos a denotar que la Policía Nacional desconoció los parámetros de seguridad aplicables para adelantar esta específica actividad carecían de fundamento. Tampoco se probó que los policiales fallecidos no contaran con el adiestramiento y armamento básico necesario para el desarrollo de su misión o que hubieran recibido amenazas previas

para adelantar esta específica actividad carecían de fundamento. Tampoco se probó que los policiales fallecidos no contaran con el adiestramiento y armamento básico necesario para el desarrollo de su misión o que hubieran recibido amenazas previas por grupos insurgentes.

4. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante sostuvo que la autoridad accionada vulneró sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso e igualdad 6, al incurrir en los siguientes

defectos:

5. Fáctico, por valoración defectuosa de la orden de servicio 000027 del 11 de junio de 2015, los informes elaborados de forma posterior al ataque terrorista, algunos polígramas, minutas de servicio y vigilancia, entre otros elementos probatorios, con los que se desvirtuaba la declaración del capitán, superior del occiso, quien aseveró que la misión encomendada era de simple patrullaje. Acorde a las funciones y elementos brindados ese día al uniformado, era evidente que debía haber instaurado un puesto de control en la vía Mojarras – Popayán.

6.En consecuencia, tampoco analizó debidamente el incumplimiento de los protocolos de seguridad y de instalación de puestos de control obligatorios para la entidad demandada, desvirtuando sin justificación alguna, que la Policía Nacional incurrió en falla en el servicio que devino en el asesinato del compañero permanente de la actora. Sumado a que, se acreditó que en el Cauca el orden público se ha visto alterado durante muchos años, especialmente en la zona rural, por lo que, era previsible y evitable el ri esgo al que fue sometido el uniformado. Además, se

de la actora. Sumado a que, se acreditó que en el Cauca el orden público se ha visto alterado durante muchos años, especialmente en la zona rural, por lo que, era previsible y evitable el ri esgo al que fue sometido el uniformado. Además, se evidenció la falta de diligencia de la entidad policial, al haberse ordenado instalar el puesto de control en un mismo punto durante varios días, lo que facilitó a la guerrilla la ubicación y planeación de la emboscada.

7. De otro lado, la Policía Nacional tampoco cumplió con proveer a los agentes policiales de chalecos antibalas, armamento de largo alcance y munición suficiente para afrontar la emboscada, tal como lo estipula el Manual de Patrullaje Urbano ,

5 El fallo del 17 de febrero de 2023 dictado por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán. 6 También invocó la protección del principio de seguridad jurídica.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06784-00

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además que la víctima no reporta en su historia laboral certificación de idoneidad en manejo del arma que se le asignó (pistola calibre 9 MM).

8.Sobre este punto enlistó diversas pruebas recaudadas en el proceso penal 7 adelantado contra los perpetradores del ataque8, con los que a su juicio se evidencia no solo la improvisación en la planificación operativa, la naturaleza de la orden dada a los policías asesinados y la desventaja numérica y armamentística al momento del ataque, sino también que se les expuso a un riesgo que era previsible y evitable, por

no solo la improvisación en la planificación operativa, la naturaleza de la orden dada a los policías asesinados y la desventaja numérica y armamentística al momento del ataque, sino también que se les expuso a un riesgo que era previsible y evitable, por cuanto se acreditó que en la noche anterior a la emboscada, esa misma vía fue atacada con explosivos, e incluso, en la respectiva orden de servicios se pidió expresamente reforzar toda medida de seguridad. Además, enfatizó en que -a diferencia de lo afirmado por el Tribunal accionado - se probó que el ataque no se perpetró mientras los uniformados se desplazaban en la vía sino cuando estos descendieron de las motos a fin de iniciar sus tareas de control.

9. Desconocimiento del precedente judicial , al omitir que en un caso similar la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado9 declaró responsable al Estado por la muerte de un uniformado por inaplicar la norma que ordenaba a la institución demandada que para realizar un servicio de patrullaje se debía contar con un número preciso de agentes en el sitio, sumado a que la víctima no portaba casco ni chaleco antibal as. Tampoco se tuvo en cuenta que esta Corporación 10 ha considerado que no son un riesgo propio del servicio de los miembros de la Fuerza Pública aquellos daños sufridos como consecuencia de los errores tácticos o desconocimiento y omisión de la adopción de medidas de seguridad, inclusive, las especiales circunstancias de orden público en la zona de operación por parte de grupos armados al margen de la ley.

7 Radicado 190016000602201504048, 8 Mencionó que de la fijación fotográfica del lugar por parte de los integrantes de la Policía Judicial que atendieron

grupos armados al margen de la ley.

7 Radicado 190016000602201504048, 8 Mencionó que de la fijación fotográfica del lugar por parte de los integrantes de la Policía Judicial que atendieron los actos urgentes se puede deducir que las motocicletas estaban debidamente estacionadas. Según el dueño de una vulcanizadora ubicada donde ocurrió el ataque, detrás de sitio estaban los guerrilleros esperando desde el día anterior a los policías para darles de baja. Además: a) dentro del formato de inspección a lugar, las imágenes 67, 68 85 y 86, muestran una panorámica donde los policiales estaban instalando el puesto de control y se evidenció lago hemático in situ, lo que hace decaer el argumento que los policiales fueron atacados en trayecto al punto donde iban a realizar patrullaje, b) en las imágenes 71 y 72, se observan dos motocicleta s debidamente parqueadas con los cascos ubicados en los manubrios de la moto, c) dentro de los implementos de trabajo y cosas personales que le fueron encontradas al señor agente Fabio Morales, se encontró un manual de infracciones de tránsito y un alcosen sor, implementos para la realización de control vehicular, d) el señor Jorge Eliecer Moran Guerrero, propietario del vehículo en el que huyeron los guerrilleros, indicó que se habían presentado atentados en el Patía, lo cual, era ya una alerta de que algo está sucediendo en el sur del Cauca, versión corroborada por los medios de información de la fecha, destacándose de esta declaración que había instalados otros puestos de control por los hechos de violencia ocurridos , e) el perpetrado r Fabian Gonzales

versión corroborada por los medios de información de la fecha, destacándose de esta declaración que había instalados otros puestos de control por los hechos de violencia ocurridos , e) el perpetrado r Fabian Gonzales Agredo, refirió que la guerrilla ya sabía donde se hacía siempre el retén policial, lo que facilitó la emboscada, prueba que se relaciona con lo dicho por el Presidente de la JAC de la Vereda El Uvo en el municipio de Timbío, f) la señora Edilma Castillo, fue testigo de los hechos, y mencionó que los subversivos estaban esperando a los servidores de policía, según los informes de inspección a lugares que obran en la Carpeta 1 de la investigación penal, y g) noticias de El Espectador y Caracol que dan cuenta de las situaciones que pudieron hacer previsible el ataque. 9 C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sentencia del 31 de julio de 2020, radicado 18001-23-31000-2010-0011401(56754), 10 Cita original: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de enero de 2011, Exp. 18429, C.P. Gladys Agudelo OrdóñezRadicación: 11001-03-15-000-2025-06784-00

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10.Defecto sustantivo , por no haber efectuado el respectivo control de convencionalidad al analizar el caso y con ello, no valorar las pruebas aportadas al proceso a la luz de lo dispuesto en la normatividad y jurisprudencia internacional sobre los deberes de especial cuidado, seguridad y protección que tiene el Estado

convencionalidad al analizar el caso y con ello, no valorar las pruebas aportadas al proceso a la luz de lo dispuesto en la normatividad y jurisprudencia internacional sobre los deberes de especial cuidado, seguridad y protección que tiene el Estado colombiano respecto de los civiles y el personal de la Fuerza Pública, en el contexto del conflicto armado interno. Enviar policías sin protección mínima, incumpliendo los parámetros y protocolos de seguridad a zonas rurales del departamento del Cauca, constituye un riesgo que supera lo ordinario y creado por la propia omisión del Estado. Esto conecta directamente con el principio del ius in bellum, por lo que, el DIH debió servir de criterio orientador para la interpretación de los supuestos fácticos descritos en la demanda.

11.El Tribunal accionado debió analizar si la Policía Nacional, al ser una fuerza de carácter civil que, en el contexto de un puesto de control, no participaba directamente en las hostilidades, fue tratada como persona protegida, y si se expuso a un agente a un riesgo superior y excepcional (indefensión, falta de personal, armamento inadecuado), toda vez que el ataque no cumple con el principio de proporcionalidad.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

12. Mediante auto del 4 de noviembre de 2025 se admitió la acción de tutela, se ordenó notificar a la autoridad demandada y se vinculó al Ministerio de Defensa – Policía Nacional, en calidad de tercero con interés. De igual modo, se ordenó comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo y se requirió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán

Policía Nacional, en calidad de tercero con interés. De igual modo, se ordenó comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo y se requirió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán para que remitiera copia digital del expediente con radicado 19001-33-33001-201700175-00/01.

(i) Policía Nacional11

13. Señaló que no se probó vulneración alguna a los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la parte actora, en atención a que se respetaron las respectivas reglas procesales y acorde a las pruebas allegadas al proceso, estaba debidamente acreditado que la muerte del compañero permanente de la demandante se debió al actuar de un grupo subversivo que impidió una reacción efectiva por parte del uniformado, mas no por una falla en el servicio producto de una conducta negligente e indiferente de la Policía Nacional.

(ii) Tribunal Administrativo del Cauca12

14. Pidió declarar la improcedencia del amparo en razón a que la sentencia acusada se ajusta a derecho, en tanto se fundamentó en las pruebas decretadas y legalmente recaudadas en el trámite contencioso administrativo, las cuales fueron evaluadas en

11 Intervención digital contenida en 5 folios. 12 Intervención digital contenida en 9 folios.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06784-00

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su totalidad. La actora utilizó la acción de tutela a fin de que se surtiera una instancia

Accionante: Andrea Marulanda Mondragón Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

su totalidad. La actora utilizó la acción de tutela a fin de que se surtiera una instancia adicional, dada su injustificada inconformidad con la valoración probatoria efectuada y la necesidad de obtener una decisión judicial favorable a sus intereses.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Análisis del caso concreto

15. La Sala advierte que la tutela deviene en improcedente, al no satisfacer el requisito de relevancia constitucional. La parte actora pretende que se acoja la manera como, a su juicio, se debió haber zanjado el litigio. Para cuyo efecto, se limita a presentar inconformidad con la decisión judicial atacada, en cuanto a la valoración probatoria efectuada.

16.Revisado el expediente de reparación directa, la Sala pudo advertir que la forma de valoración probatoria que se propone en la tutela, orientada a denotar las alegadas omisiones de la Policía Nacional, fue propuesta por la parte accionante al presentar recurso de apelación contra el fallo de primera instancia , en el que se negaron las pretensiones al concluirse que la muerte del señor Fernández hizo parte del riesgo propio de la actividad que realizaba, la cual asumió voluntariamente al ingresar a la Policía Nacional más de 13 años antes del atentado.

17.Al respecto, el Tribunal accionado inició el estudio del caso concreto precisando que acorde a la jurisprudencia del Consejo de Estado , por regla general, no hay lugar a declarar la responsabilidad de la Administración por daños sufridos por

17.Al respecto, el Tribunal accionado inició el estudio del caso concreto precisando que acorde a la jurisprudencia del Consejo de Estado , por regla general, no hay lugar a declarar la responsabilidad de la Administración por daños sufridos por agentes de la fuerza pública que ingresaron de forma voluntaria a las Fuerzas Armadas, salvo que se pruebe la falla en el servicio por conducta negligente e indiferente que ponga al personal en situación de indefensión o cuando el daño se origine en un riesgo excepcional, anormal, diferente al que es propio de dicha actividad. La intervención de un tercero en la producción del daño no configura per se una causa extraña, cuando es la falta de diligencia de la administración la que da lugar a esa actuación.

18.Descendiendo a analizar el material probatorio aportado por las partes, encontró acreditado que -contrario a lo expuesto por el apoderado de la parte actorala unidad UNCOS no tuvo en ningún momento la orden de realizar un puesto de control, pues dicha circunstancia no aparece consignada en los documentos de salida ni en la minuta de servicios respectiva.

19.Revisada la orden de servicios No. 000027 de 2015, observó que dicha unidad tenía como primera misión realizar “los respectivos controles que trata la presente orden de servicio como son Exceso de velocidad, adelantamiento en curva, revisión técnico mecánica, licencias de conducción, sobrecupo, la no observación de la s normas establecidas en el Código Nacional de Tránsito”, actividades respecto de las cuales no se enuncia la realización de un puesto de control. Sin embargo, tuvo en cuenta que en aquella orden de servicios se asignaba a los comandantes deRadicación: 11001-03-15-000-2025-06784-00

cuales no se enuncia la realización de un puesto de control. Sin embargo, tuvo en cuenta que en aquella orden de servicios se asignaba a los comandantes deRadicación: 11001-03-15-000-2025-06784-00

Accionante: Andrea Marulanda Mondragón Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

escuadras y cuadrantes de tránsito “realizar los respectivos controles que trata la presente orden de servicio como son puesto de control (…)”. Infirió entonces que la UNCOS 23-02 no tenía como labor la realización de un puesto de con trol, es decir, no resulta dable concluir que el fallecido patrullero Edwin Fernández, al desarrollar labores en la unidad de control y seguridad, ejecutase un puesto de control como el que trata el “Procedimiento para instalar y ejecutar un puesto de cont rol versión 5” vigente para el 11 de junio de 2015 enunciado por la parte actora durante el curso procesal como protocolo presuntamente incumplido.

20.Tampoco se podía siquiera inferir con las pruebas recaudadas que la UNCOS 2302 desarrollara un puesto de control en el instante en que fue atacada por subversivos, pues por el contrario, los registros policiales así como la investigación penal dan cuenta que se produjo una emboscada al paso de los policiales que se movilizaban en dos motocicletas y fueron sorprendidos por parte de miembros de un grupo subversivo. Acorde a los testimonios del Capitán de la Seccional de Tránsito de MEPOY, se verificó que no existían amenazas previas o informes que dieran cuenta de la posibilidad de un ataque sorpresivo.

grupo subversivo. Acorde a los testimonios del Capitán de la Seccional de Tránsito de MEPOY, se verificó que no existían amenazas previas o informes que dieran cuenta de la posibilidad de un ataque sorpresivo.

21.Expuso que el apoderado de la accionante citaba apartes de los poligramas en los que se enunció que los policías fallecidos iban a realizar un puesto de control, aunque en líneas más adelante de esos mismos documentos, se expuso que el ataque se produjo durante la movilización de los policías.

22.Mencionó que en el informe de novedad y en la calificación del informe administrativo por muerte del patrullero Fernández Ortíz se pudo corroborar que el ataque se produjo en modali dad emboscada al paso de los uniformados, además que el mismo fue sorpresivo e inadvertido para estos. Incluso, las investigaciones de la policía judicial vislumbraron que los subversivos esperaban el transitar de la unidad de control para proceder con el ataque, y el bosquejo topográfico de los sucesos da ba cuenta que los disparos y explosiones de granadas de mano se desarrollaron en diversos puntos de la vía Mojarras – Popayán kilómetro 104+500, es decir, no se concentraron en un solo lugar, poniendo en evidencia que los hechos fueron móviles y obedecieron a un patrón de desplazamiento que permitía desechar la teoría de la existencia de un puesto de control estático por parte de los policiales donde recibieran el ataque.

23.Conclusiones que encontraban respaldo en las afirmaciones de Fabián González Agredo, presunto interviniente en el atentado contra los uniformados, quien el día

donde recibieran el ataque.

23.Conclusiones que encontraban respaldo en las afirmaciones de Fabián González Agredo, presunto interviniente en el atentado contra los uniformados, quien el día posterior a los hechos ante unidades de policía judicial de la URI Popayán afirmó que “cuando llegaron al sitio los tres policías en moto y se accionó a bala y a granada contra los policías”, además, el Tribunal resaltó que los otros testimonios practicados en etapa probatoria si bien se refieren a actividades de puestos de control o retenes, en ningún caso permiten acreditar que la unidad atacada desarrollara aquella labor específica el día de los hechos examinados, pues los policiales entrevistados claramente diferenciaron entre un puesto de control y la labor de patrullaje y vigilancia de la unidad que fue emboscada.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06784-00

Accionante: Andrea Marulanda Mondragón Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

24.Por ende, no consideró que se hubiera probado ningún tipo de desconocimiento a los parámetros aplicables para el desarrollo de la labor encomendada al patrullero fallecido. La demandante centró su argumentación en señalar el incumplimiento de la exigencia de haber enviado un grupo policial mayor para el desarrollo de un puesto de control, pero como se advirtió previamente, esa no era la misión encomendada a los oficiales de policía, por ende, no exist ieron pruebas que permit ieran corroborar algún tipo de descon ocimiento u omisión por parte de la entidad demandada que hubiese servido como desencadenante de los hechos suscitados.

los oficiales de policía, por ende, no exist ieron pruebas que permit ieran corroborar algún tipo de descon ocimiento u omisión por parte de la entidad demandada que hubiese servido como desencadenante de los hechos suscitados.

25.Por el contrario, se evidenció que tampoco se allegó prueba fehaciente de que los policiales fallecidos no contar on con el adiestramiento y armamento básico necesario para el desarrollo de su misión, así como que hubieran recibido amenazas previas de grupos insurgentes, por lo que , era evidente que se trató de un ataque imprevisto a partir de maniobras sorpresivas e intempestivas que impidieron alguna reacción efectiva por parte de los policiales.

26.Señaló que dentro de las funciones de la Policía Nacional recae el deber de seguridad respecto de los ciudadanos y, en ejercicio de esta función, le compete adelantar las estrategias correspondientes con el fin de garantizar la seguridad ciudadana para que se puedan desarrollar, lo que denota la legitimidad a la orden de servicios No. 000027 de 2015. De esta forma, determinó que el daño estaba ligado al riesgo propio al que se encuentran sometidos los miembros voluntarios de la fuerza pública, riesgo profesional y generalizado para los uniformados.

27.Además, en atención a la situación de conflicto armado que vive el país, enfatizó en que corresponde a la Policía Nacional, adoptar las medidas tendientes a ejercer vigilancia y control sobre las vías y territorios, como una manera de hacer un control efectivo frente al accionar de los grupos armados irregulares, previniendo así ataques directos en contra de la población civil en general.

28.Precisó que no se niega la posibilidad de que un miembro voluntario de la fuerza

efectivo frente al accionar de los grupos armados irregulares, previniendo así ataques directos en contra de la población civil en general.

28.Precisó que no se niega la posibilidad de que un miembro voluntario de la fuerza pública que sufra un daño derivado del servicio pueda reclamar la responsabilidad administrativa de la institución a la que pertenece ; sino que en el caso concreto no obraban pruebas que llevaran al convencimiento del Tribunal re specto a que se hubieran omitido o prescindido la adopción de las medidas pertinentes de seguridad para el ejercicio de las labores por parte de la UNCOS de la cual hacía parte el patrullero Fernández Ortiz para el día de los hechos . Se acreditó que la entidad dispuso de los elementos de dotación y seguridad necesarios para el desarrollo de la misión.

29.Concluyó que la causa del daño fue un ataque terrorista sorpresivo por parte de miembros de las Farc contra los policiales que se desplazaban en motocicletas oficiales a la altura del kilómetro 104+500 de la vía Mojarras – Popayán, sin que la parte actora hubiera demostrado las presuntas omisiones de la entidad estatal que a su entender contribuyeron a la materialización del hecho dañoso.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06784-00

Accionante: Andrea Marulanda Mondragón Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

30.Esta Sala advierte que lo pretendido por la tutelante bajo la causal de defecto fáctico es imponer la manera como debió valorarse el material probatorio recaudado, al no compartir el modo en que lo hizo el Tribunal accionado, frente a lo cual cabe

30.Esta Sala advierte que lo pretendido por la tutelante bajo la causal de defecto fáctico es imponer la manera como debió valorarse el material probatorio recaudado, al no compartir el modo en que lo hizo el Tribunal accionado, frente a lo cual cabe anotar que la tutela no es el mecanismo idóneo para fijar el grado de certeza que se les debe otorgar a las pruebas obrantes en el proceso ordinario. Tal actuación escapa de la órbita de competencia para la que fue instituida, pues de avalarse ello se usurparía la función del juez natural de la controversia, en particular, los poderes de valoración de las pruebas.

31.Por consiguiente, el hecho de que el juez natural de la causa no haya valorado las pruebas como lo pretendía la tutelante, no la habilita para que acuda a este mecanismo judicial para imponer su tesis probatoria, máxime cuando no se evidencia que en ese ejercicio se hayan contrariado los postulados de la sana crítica. La simple inconformidad de criterios frente a la valoración probatoria, en especial, al grado de certeza otorgado a los elementos de convicción para tener por acreditados los supuestos fácticos que soportan las pretensiones ordinarias, no comporta por sí sola afectación constitucional alguna.

32. La tutela también se torna improcedente respecto al de sconocimiento del precedente alegado por la accionante, quien alegó que el Tribunal desconoció la indemnización ordenada por el Consejo de Estado en un caso de presuntos contornos fácticos similares. Esta Sala considera que dicha sentencia no es precedente aplicable al caso concreto, toda vez que, en el asunto bajo análisis, el

indemnización ordenada por el Consejo de Estado en un caso de presuntos contornos fácticos similares. Esta Sala considera que dicha sentencia no es precedente aplicable al caso concreto, toda vez que, en el asunto bajo análisis, el Tribunal de forma razonable descartó que dada la naturaleza de la orden o misión encomendada a los policías asesinados, la entidad tuviera que cumplir con ciertos protocolos respecto al número de policías que se debieron disponer para adelantar las órdenes, y los elementos de defensa y armamentísticos. En el otro proceso, se partió del hecho de que la orden encomendada implicaba el uso de ciertos elementos específicos de defensa y se requería el despliegue de un número determinado de uniformados.

33.En igual sentido, se descarta que el Tribunal hubiera errado por no haber efectuado un estudio de las pruebas que atendiera normas y jurisprudencia internacional que versa sobre los delitos contra los DD.HH y el DIH,