CE - Sentencia 11001031500020250720200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2025-07202-00

Accionante: Alejandro Jiménez Cortés

Accionados: Alcaldía municipal de ManizalesSecretaría de Desarrollo Social

Tema: Derecho de petición. Solicitud de información. Socialización de proyectos de infraestructura municipal. NIEGA AMPARODECLARA IMPROCEDENTE.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Alejandro Jiménez Cortés, en nombre propio, en contra del municipio de ManizalesSecretaría de Desarrollo Social.

ANTECEDENTES

El actor invoca los derechos fundamentales de petición, «participación en decisiones ambientales », debido proceso administrativo, acceso a información pública y «buena administración pública», considerando que le son vulnerados por la entidad al no darle respuesta a su solicitud de 08 de septiembre de 2025.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Expresa el actor que el Acuerdo de Escazú, ratificado por Colombia mediante la Ley 2273 de 2022, establece en sus artículos 5, 7 y 8, obligaciones estatales imperativas relacionadas con el acceso a la información ambiental de manera efectiva, oportuna y completa; la participación en las decisiones ambientales, especialmente cuando

2273 de 2022, establece en sus artículos 5, 7 y 8, obligaciones estatales imperativas relacionadas con el acceso a la información ambiental de manera efectiva, oportuna y completa; la participación en las decisiones ambientales, especialmente cuando exista «impacto significativo sobre el medio ambiente »; además de g arantizar el acceso a la justicia en estos asuntos.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07202-00 2

Que en el área d el proyecto «Parque de las Mascotas » del barrio La Enea en Manizales, la Corporación CORPOCALDAS mediante radicado 2023-IE-00026659 del 31 de julio de 2025 reconoció la existencia de nacimiento de agua y estableció que se requiere protección especial en dicha zona.

Que debido a una serie de irregularidades detectadas en el «proceso participativo» en el mencionado proyecto, mediante escrito radicado el 08 de septiembre de 2025, el señor Alejandro Jiménez Cortés dirigió a la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía municipal de Manizales, solicit ud de información sobre 17 aspectos fundamentales relacionados con el cumplimiento del Acuerdo de Escazú y a la fecha de presentación de la acción de tutela la autoridad accionada no le ha dado respuesta alguna.

Que ello es particularmente grave por el tema de que se trata y evidencia una desatención sistemática a la preocupación ciudadana; teniendo en cuenta que el actor participó en una mesa de diálogo convocada por la Defensoría del Pueblo, donde la comunidad se presentó y posteriormente abandonó la reunión ante la actitud desidiosa de la administración municipal.

Indica el actor que concurren los elementos para la procedencia de la acción de

donde la comunidad se presentó y posteriormente abandonó la reunión ante la actitud desidiosa de la administración municipal.

Indica el actor que concurren los elementos para la procedencia de la acción de tutela contra acto administrativo aduciendo un perjuicio irremediable que, en criterio suyo, se genera por la ejecución del proyecto sin que se haya garantizado el derecho a la participación efectiva y se compromete el derecho a la participación en decisiones ambientales.

Afirma que los recursos ordinarios en vía administrativa y jurisdiccional carecen de la idoneidad y eficacia; sin referirse a algún acto administrativo que pretenda atacar con el mecanismo constitucional ; sino que relaciona la falta de eficaci a con la obtención de respuesta inmediata al derecho de petición y garantía del derecho a la información de índole ya señalada.

PRETENSIONES

Respetuosamente solicitó al señor juez constitucional se sirva:

• Tutelar los derechos fundamentales invocados, ordenando «a la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía de Manizales que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la sentencia, profiera respuesta de fondo, clara, precisa, congruente y motivada al derecho de petición radicado e l 08 de septiembre de 2025, atendiendo la integralidad de los 17 puntos solicitados » y suministrando la totalidad de la documentación solicitada «salvo aquella que por disposición legal expresa revista carácter reservado, caso en el cual deberá motivar exhaustivamente las razones de la reserva».

suministrando la totalidad de la documentación solicitada «salvo aquella que por disposición legal expresa revista carácter reservado, caso en el cual deberá motivar exhaustivamente las razones de la reserva».

• Que se ordene «a la Alcaldía Municipal (sic) de Manizales, a través de la SecretaríaRadicado: 11001-03-15-000-2025-07202-00 3 de Desarrollo Social, que SUSPENDA temporalmente el proyecto "Parque de las Mascotas" hasta tanto se garantice un proceso de participación ciudadana que cumpla efectivamente con los estándares del Acuerdo de Escazú, esto es: participación previa, libre, informada, efectiva, oportuna y significativa».

• Que se ordene e l diseño e implementación inmediata de un protocolo de participación ciudadana en asuntos ambientales que incorpore los estándares del Acuerdo de Escazú, con los siguientes componentes mínimos: estrategias de convocatoria masiva y accesible, mecanismos de difusión múltiple (medios digitales, físicos, comunitarios), garantía de asesoría técnica especializada , verificación de estudios técnicos , c ronogramas participativos en etapas tempranas de los proyectos, metodologías de registro y evaluación de aportes ciudadanos , sistemas de rendición de cuentas sobre implementación de observaciones.

• Que se ordene a la Secretaría de Desarrollo Social que, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, elabore y publique un informe detallado sobre: evaluación autocrítica del proceso participativo ejecutado , identificación de deficiencias y omisiones, medidas correctivas adoptadas, garantías de no repetición, cronograma de implementación del nuevo proceso participativo.

detallado sobre: evaluación autocrítica del proceso participativo ejecutado , identificación de deficiencias y omisiones, medidas correctivas adoptadas, garantías de no repetición, cronograma de implementación del nuevo proceso participativo.

• Que se ordene la vinculación de CORPOCALDAS al nuevo proceso participativo, en su calidad de autoridad ambiental competente, para que ejerza sus funciones de supervisión y asesoría técnica especializada.

• «ADVERTIR a la entidad accionada sobre las consecuencias disciplinarias, fiscales y penales derivadas del incumplimiento de obligaciones constitucionales, legales e internacionales en materia de participación ciudadana y transparencia administrativa».

• «COMPULSAR COPIAS a la Procuraduría General de la Nación para que investigue la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos que, por acción u omisión, han contribuido a la vulneración de derechos fundamentales aquí denunciada».

• «COMPULSAR COPIAS a la Contraloría General de la República y a la Contraloría Municipal (sic) de Manizales para que se establezca si la deficiente gestión participativa ha generado detrimento patrimonial al erario públic o»; así como a la «Fiscalía General de la República (sic) y a la Fiscalía Seccional Caldas para que se establezca si la deficiente gestión participativa ha generado detrimento patrimonial al erario público o algún delito al medio ambiente».

Solicitó como pretensión subsidiaria que , en el evento de considerarse improcedente la tutela por existencia de otros mecanismos de defensa judicial, se CONCEDA esta «como mecanismo transitorio [...] ordenando la respuesta inmediata al derecho de petición [...] y la suspensión temporal de intervenciones en

improcedente la tutela por existencia de otros mecanismos de defensa judicial, se CONCEDA esta «como mecanismo transitorio [...] ordenando la respuesta inmediata al derecho de petición [...] y la suspensión temporal de intervenciones en el proyecto hasta tanto los mecanismos ordinarios resuelvan de fondo laRadicado: 11001-03-15-000-2025-07202-00 4 controversia».

TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente, donde el 20 de noviembre de 2025 se dispuso su admisió n, se negó la medida provisional solicitada y se ordenó notificar a las entidades accionadas.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

La Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Manizales, por conducto de la secretaria de despacho , informó que recibió la petición del señor Alejandro Jiménez Cortés, que el canal autorizado para suministrar la respuesta a dicha petición era el correo electrónico villafundemos@gmail.com y se la respondió el 30 de septiembre de 2025, con radicado número S -CO-SJ-2025-35091 desde el aplicativo GED.

Que no obstante lo anterior, el 25 de noviembre de 2025 envió nuevamente la respuesta, desde el correo institucional del jefe de Oficina de S ecretaría de Desarrollo Social , laura.hernandez@manizales.gov.co al correo electrónico informado en la acción de tutela.

Con base en lo anterior, solicit ó se declare la carencia actual de objeto por hecho superado y exonerar de responsabilidad a esa Secretaría municipal.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

informado en la acción de tutela.

Con base en lo anterior, solicit ó se declare la carencia actual de objeto por hecho superado y exonerar de responsabilidad a esa Secretaría municipal.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) derecho de petición; III) carencia actual de objeto por hecho superado y IV) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando éstos se vean vulne rados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Derecho de petición

El derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la ConstituciónRadicado: 11001-03-15-000-2025-07202-00 5 Política de Colombia, permite el establecimiento de una comunicación efectiva entre la Administración y los ciudadanos, cuya fluidez y eficacia constituye una exigencia impostergable para los ordenamientos organizados bajo la insignia del Estado democrático de derecho.

Así mismo, las reglas consagradas en la Constitución y la ley y desarrolladas por la jurisprudencia, dan cuenta de la calidad que debe tener la respuesta que se brinde:

impostergable para los ordenamientos organizados bajo la insignia del Estado democrático de derecho.

Así mismo, las reglas consagradas en la Constitución y la ley y desarrolladas por la jurisprudencia, dan cuenta de la calidad que debe tener la respuesta que se brinde: debe resolver el fondo del asunto y debe ser coherente, entendiendo por ello la armonía entre lo solicitado por el peticionario y la decisión adoptada por la peticionada.

Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que «la satisfacción del derecho de petición no depende de la respuesta favorable a lo solicitado, por lo que hay contestación incluso si la respuesta es en sentido negativo y se explican los motivos que conducen a ello. De ahí que se diferencie el derecho de petición del “derecho a lo pedido»1.

En el mismo sentido, ha establecido la jurisprudencia Constitucional el imperativo de que el solicitante conozca el contenido de la contestación emitida, para lo cual, la autoridad debe realizar la efectiva notificación de su decisión, de conformidad con los estándares contenidos en el CPACA y que este deber se mantiene, in cluso, cuando se trate de contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad e informar sobre la remisión a la entidad encargada2.

Ahora, en caso de que no sea posible dar respuesta dentro del término, antes del vencimiento la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se dará la contestación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015, artículo 14.

Así las cosas, la garantía del derecho de petición se entiende cumplida con la respuesta efectiva para la solución del caso y con la oportuna comunicación de esta al interesado.

Ley 1755 de 2015, artículo 14.

Así las cosas, la garantía del derecho de petición se entiende cumplida con la respuesta efectiva para la solución del caso y con la oportuna comunicación de esta al interesado.

Carencia actual de objeto por hecho superado

Ha establecido la Corte, que si durante el trámite de la acción de tutela, la situación que da origen a la misma es superada, desapareciendo los hechos que vulneraban los derechos reclamados, pierde objeto la acción de tutela y debe declararse el hecho superado:

«(…) Cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o

1 Sentencia T-242 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Véanse también, entre otras, las Sentencias T-180 de 2001, T-192 de 2007, T-558 de 2012, T-155 de 2018 y T-051 de 2023. 2 Sentencia T-610 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Véase también, entre otras, las sentencias T -430 de 2017, T-206 de 2018, T-217 de 2018, T-397 de 2018 y T-007 de 2019. Artículo 74 de la Constitución Política: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. (…)” Capítulo V de la Ley 1437 de 2011, sobre PUBLICACIONES, CITACIONES, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2020.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07202-00 6 vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, el amparo constitucional pierde toda razón de ser como mecanismo

6 vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, el amparo constitucional pierde toda razón de ser como mecanismo apropiado y expedito de protección judicial, pues la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua, y por lo tanto, contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción”.

“Frente a estas circunstancias la Corte ha entendido que: el hecho superado se presenta cuando, por la acción u omisión (según sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera que “carece” de objeto el pronun ciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en la tutela (…)»3

Análisis del caso concreto

El accionante reclama como vulnerado su derecho fundamental de petición, por parte de la Secretaría de Desarrollo social a quien le dirigió la solicitud . A su vez hace depender de la falta de respuesta que alega, otros derechos relativos a la participación mediante la socialización del proyecto «Parque de las mascotas» del barrio La Enea de Manizales; considerando que este tiene un impacto ambiental y por ello deben cumplirse en relación con él unos estándares establecidos en el Acuerdo de Escazú.

Aportó como anexos, la petición del 8 de septiembre de 2025 dirigida a la Secretaría de Desarrollo Social, en la que señala como hechos fundamento de su petición las obligaciones que establece dicho acuerdo , resaltando : «[c]ada parte garantizará

de Desarrollo Social, en la que señala como hechos fundamento de su petición las obligaciones que establece dicho acuerdo , resaltando : «[c]ada parte garantizará mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y actividades, así como en otros procesos de autorizaciones ambienta les que puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente » y estableció como peticiones, las que relacionó alfabéticamente, de la A a la R.

A su vez, la autoridad accionada aportó con el informe de tutela, la respuest a otorgada al actor y las constancias de los correos enviados el 30 de septiembre y 25 de noviembre de 2025 , este último al correo veeduria.sostenible@gmail.com suministrado en el escrito de tutela.

En cuanto al contenido de dicha respuesta, se observa que esta atendió una a una las peticiones así:

A la pregunta: «A. Dado que CORPOCALDAS confirmó oficialmente la existencia de nacimiento de agua en el área del proyecto , ¿Reconoce la Secretaría que el “Parque de las Mascotas constituye inequívocamente un “asunto ambiental” sujeto

3 Sentencia SU-047 de 2007. M.P. Álvaro Tafur Galvis. Posición retomada en la sentencia T-047 de 2016. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07202-00 7 a las disposiciones imperativas del del Acuerdo de Escazú?»

Le respondió que esa Secretaría no reconoce que el parque de La Enea constituya «evidentemente un asunto ambiental », en consonancia con el concepto dado por

7 a las disposiciones imperativas del del Acuerdo de Escazú?»

Le respondió que esa Secretaría no reconoce que el parque de La Enea constituya «evidentemente un asunto ambiental », en consonancia con el concepto dado por Corpocaldas, pues esta indicó frente al desaparecimiento del flujo de agua, que ello puede deberse a que haya cambiado de orientación, favor ecido por las características físicas de la formación superficial de la zona que esa altamente permeable y que resaltó que no se encontraron y que no han detectado afloramientos de agua en otros sectores del barrio con cotas inferiores.

A la pregunta «B La Secretaría evaluó ex ante la aplicabilidad del marco normativo del Acuerdo Escazú al proyecto , o admite que la evaluación constituiría una omisión institucional que compromete la legalidad de los procesos desarrollados?»

Le indicó que la Secretarías competentes para evaluar el marco normativo son las de Medio Ambiente e Infraestructura y negó que existiera omisión institucional alguna; pues de acuerdo con lo informado por esas dependencias, al no tener el proyecto un alcance de impacto ambiental, no se encontraban comprometidos principios de legalidad en los procesos desarrollados.

Adicionalmente, le expresó que se trata de una adecuación y mejoramiento a un parque, actividad no enmarcada dentro de proyec tos, obras o actividades que necesiten de una licencia ambiental y o un estudio de impacto ambiental, porque no requiere el uso, demanda y/o aprovechamiento de los recursos naturales; luego no procede un trámite ante la autoridad ambiental, de aprovechamiento forestal, concesión de aguas, ocupación de cauce, o permiso de vertimientos.

requiere el uso, demanda y/o aprovechamiento de los recursos naturales; luego no procede un trámite ante la autoridad ambiental, de aprovechamiento forestal, concesión de aguas, ocupación de cauce, o permiso de vertimientos.

A la pregunta «C. El acuerdo de Escazú establece como obligatorio garantizar “participación Pública (sic), efectiva, oportuna y significativa”. Considerando que los procesos documentales registran participación de únicamente 0.03% de la población afectada , ¿Considera la Secretaría que estos números constituyen “participación significativa”, conforme a estándares internacionales vinculantes?»

Le re iteró que este proyecto, bajo el concepto de CORPOCALDAS conforme al Oficio 2025-IE-00026659 del 31 de julio de 2025, no es de carácter ambiental sino que puede entenderse que es de relevancia social y cultural y que aunque el proyecto se encuentra cobijado por las disposiciones del Acuerdo de Escazú, no existe omisión de «participación significativa» por parte del municipio de Manizales, pues desde las dependencias encargadas del proyecto se hicieron las convocatorias y reuniones comunitarias pertinentes de acuerdo a lo informado por las mismas.

Agregó la relación de diferentes reuniones convocadas y expuso imágenes y enlaces como evidencia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07202-00 8 A la Pregunta «D. ¿La Secretaría diseñó e implementó estrategias técnicas específicas para garantizar participación representativa conforme al Acuerdo de Escazú, o permitió que otras dependencias ejecutaran procesos que no cumplen estándares internacionales sin ejercer su función rectora en participación ciudadana?»

específicas para garantizar participación representativa conforme al Acuerdo de Escazú, o permitió que otras dependencias ejecutaran procesos que no cumplen estándares internacionales sin ejercer su función rectora en participación ciudadana?»

A la pregunta «E. Considerando que la participación ciudadana constituye competencia misional especifica (sic) de la Secretaría, ¿ supervisó y evaluó técnicamente la calidad de los procesos participativos realizados por otras dependencias, o reconoce que esta supervisión constituyó una omisión de sus funciones legales?».

Le respondió aludiendo a las funciones de la Secretaría de Desarrollo Social indicando que se circunscriben a promover la participación comunitaria en torno a lo establecido por la Ley 2166 de 2021 y demás normas reglamentarias realizando acciones de inspección, vigilancia y control de la Junta de Acción Comunal, además brindando acompañamiento a las J untas Admin istradoras Locales en térmi nos logísticos y de asesoría técnica para su operación.

Que además en los proyectos de infraestructura, sirve de enlace entre las diferentes Secretarías intervinientes y los grupos de base comunitaria y que en relación con el proyecto parque de la Enea no es de su competencia implementar estrategias técnicas específicas aludidas por el peticionario.

A la pregunta «F. Una vez evidenciadas las deficiencias cuantitativas y cualitativas en los procesos participativos (0.03% de participación, ausencia de asesoría técnica, convocatoria restrictiva), ¿qué medidas correctivas documentadas ha adoptado la Secretaría para remediar estas fallas y garantizar cumplimiento futuro del Acuerdo de Escazú?»

asesoría técnica, convocatoria restrictiva), ¿qué medidas correctivas documentadas ha adoptado la Secretaría para remediar estas fallas y garantizar cumplimiento futuro del Acuerdo de Escazú?»

Le r eiteró que no tiene obligaciones al respecto, por tratarse de un pro grama a ejecutar entre las Secretarías de Infraestructura y Medio Ambiente. No obstante, expresó que al respecto se han venido realizando múltiples estrategias comunicativas de participación, activa de la comunidad en el desarrollo del proyecto. Reiteró igualmente que no se trata de un asunto ambiental por tratarse de una mejora o modernización del parque existente.

A la pregunta «G. ¿Existió protocolo de coordinación previa documentado entre la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaria (sic) de Infraestructura para diseñar procesos participativos que cumplieran estándares constitucionales e internacionales específicamente aplicables a asuntos ambientales? ¿En que (sic) fecha fue elaborado?»

Reiteró la ausencia de obligaciones de esta Secretaría por tratarse de un proyecto que no hace parte de su competencia misional; s in embargo, expresó que en el trabajo articulado de las distintas dependencias adscritas a la Alcaldía , ha estadoRadicado: 11001-03-15-000-2025-07202-00 9 atenta a las gestiones realizadas por las competentes, constatando que para el caso se adelantaron procesos de socialización y mecanismos de acceso a la información que garantizan el derecho a la participación ciudadana.

Que en consecuencia no existe un protocolo de coordinación previa elaborado por esta Secretaría ni fecha de expedición, por no corresponder a sus funciones legales y administrativas.

que garantizan el derecho a la participación ciudadana.

Que en consecuencia no existe un protocolo de coordinación previa elaborado por esta Secretaría ni fecha de expedición, por no corresponder a sus funciones legales y administrativas.

A la pregunta «H. En ausencia de coordinación técnica adecuada, ¿ Reconoce la Secretaría que permitir la ejecución de procesos participativos deficientes sin ejercer su función rectora constituyó una omisión institucional que compromete el cumplimiento de obligaciones internacionales del Estado colombiano?»

Le reiteró lo expresado en los literales anteriores y añadió que no resulta procedente atribuir a esa dependencia una función rectora en materia de participación vinculada específicamente a un proyecto ambiental o de infraestruc tura ni considerar como omisión institucional la no intervención en procesos que competen a otras. Y le dijo que no es posible afirmar que esa Secretaría haya permitido la ejecución de procesos participativos deficientes ni qu e haya incurrido en una omisión institucional.

La pregunta I es repetitiva de los mismos cuestionamientos y así mismo responde de la Secretaría; por lo que no se encuentra necesario ni útil resumir la respuesta.

«I. El artículo 79 constitucional garantiza específicamente el derecho a la participación en decisiones ambientales y el Acuerdo de Escazú es jurídicamente vinculante para todas las entidades estatales. ¿Considera la Secretaría que los procesos ejecutados cumplieron con estos estándares i mperativos, o reconoce la existencia de incumplimientos institucionales que comprometen la responsabilidad del Estado colombiano?»

A la pregunta «J. ¿La Secretaría cuenta actualmente con protocolos técnicos específicos para garantizar cumplimiento del Acuerdo de Escazú en proyectos

existencia de incumplimientos institucionales que comprometen la responsabilidad del Estado colombiano?»

A la pregunta «J. ¿La Secretaría cuenta actualmente con protocolos técnicos específicos para garantizar cumplimiento del Acuerdo de Escazú en proyectos municipales con componente ambiental? En caso negativo, ¿ cuándo implementará estos protocolos y qué garant ías ofrece de que no se repetirán violaciones a estándares internacionales vinculantes?»

Le dijo la peticionada que no le compete desarrollar protocolos técnicos específicos para garantizar el cumplimiento del Acue rdo de Escazú en proyectos municipales con componente ambiental , toda vez que dicha competencia corresponde a las Secretarías de Medio Ambiente e Infraestructura. Insistió en que en el marco del proyecto parque la E nea la Secretaría de Infraestructura tuvo en cuenta los lineamientos de comunicación necesarios y adoptó metodologías de convocatoria y solicitación acordes con los estándares de part icipación ciudadana y acceso a la información.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07202-00 10 Sobre la pregunta «K. ¿Reconoce la Secretaría como propia la responsabilidad institucional específica de garantizar que todos los proyectos municipales con impacto ambiental cumplan los estándares participativos del Acuerdo de Escazú, o considera que esta responsabilidad internacional corresponde a otras dependencias?»

Insistió la Secretaría en lo expresado anteriormente en el sentido de que no le corresponde dicha función.

Sobre la pregunta «L. En caso de reconocer la responsabilidad institucional , ¿cuáles son las medidas técnicas específicas, con cronograma definido que implementará para: (i) remediar las fallas identificadas, (ii) garantizar procesos

Sobre la pregunta «L. En caso de reconocer la responsabilidad institucional , ¿cuáles son las medidas técnicas específicas, con cronograma definido que implementará para: (i) remediar las fallas identificadas, (ii) garantizar procesos participativos futuros conforme a estándares internacionales, y (iii) prevenir futuras violaciones al Acuerdo de Escazú?»

Dijo la autoridad que no le corresponde a este, sino a otras secretarías.

Acerca de la pregunta «M. La Comuna Tesorito cuenta con presencia de la Universidad Nacional de Colombia y proximidad a la Universidad de Caldas, además de centenares de profesionales especializados. ¿ Explique la Secretaría por qué no se aprovecharon estos recursos técnicos disponibles para garantizar procesos participativos de calidad en un asunto ambiental de relevancia pública?»

Reiteró lo dicho acerca de la competencia, no obstante , indicó que , revisada la información suministrada por las competentes, se advierte que las convocatorias y socializaciones fueron abiertas a la comunidad en general, sin restricción alguna a la participación de profesionales o académicos de las universidades mencionadas.

A la pregunta «N. ¿Reconoce la Secretaría que el desaprovechamiento del capital humano técnico disponible localmente constituye una gestión deficiente de recursos públicos y una renuncia injustificada a la excelencia que debe caracterizar los procesos participativos en asuntos ambientales?»

Expresó la Secretaría que al ser este cuestionamiento una presunción del petente, la pregunta se entiende resuelta mediante los argumentos expuestos en el literal M.

A la pregunta «O. Considerando que la legitimidad de las decisiones públicas se fundamenta en participación genuina, ¿ Considera la Secretaría que decisiones

la pregunta se entiende resuelta mediante los argumentos expuestos en el literal M.

A la pregunta «O. Considerando que la legitimidad de las decisiones públicas se fundamenta en participación genuina, ¿ Considera la Secretaría que decisiones adoptadas con participación del 0.03% de la población afectada gozan de legitimidad democrática suficiente para comprometer recursos públicos y afectar ecosistemas protegidos?»

Le indicó que conforme a