CE - Sentencia 11001032400020090039800 de 2025
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001032400020090039800 de 2025
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2025
Radicado número: 11001 03 24 000 2009 00398 00
Demandante: Luis Eduardo Leiva Romero
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Bogotá D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) Número de radicación: 11001 03 24 000 2009 00398 00
Demandante: Luis Eduardo Leiva Romero Demandado: Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN Acción: Nulidad simple – Código Contencioso Administrativo Tesis: No prospera la excepción de inepta demanda, si en el libelo introductorio se identificaron debidamente los hechos y el concepto de violación.
No es improcedente la acción de nulidad simple que se instaura en contra del acto administrativo Por medio de la cual se declara la existencia de un área geográfica como Zona Franca Permanente denominada ZONA FRANCA PERMANENTE DE OCCIDENTE y se autoriza como Usuario Operador a la sociedad ZONA FRANCA DE OCCIDENTE S.A. USUARIO OPERADOR NIT 900.224.887-2», si tiene efectos colectivos e impactos a nivel nacional y regional desde el ámbito económico, social, de ordenamiento territorial y ambiental derivados de la importancia de las actividades que se despliegan en el área y de los regímenes cambiarios y aduaneros particulares.
colectivos e impactos a nivel nacional y regional desde el ámbito económico, social, de ordenamiento territorial y ambiental derivados de la importancia de las actividades que se despliegan en el área y de los regímenes cambiarios y aduaneros particulares. No es nulo por violación de norma superior, el acto administrativo Por medio de la cual se declara la existencia de un área geográfica como Zona Franca Permanente denominada ZONA FRANCA PERMANENTE DE OCCIDENTE y se autoriza como Usuario Operador a la sociedad ZONA FRANCA DE OCCIDENTE S.A. USUARIO OPERADOR NIT 900.224.887-2», si el cargo se presenta respecto de una norma que habiendo sido expedida para el momento en el que se identifica el vicio, no ha sido publicada.
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad por el señor Luis Eduardo Leiva Romero para que se declare la nulidad de la Resolución 0001825 del 18 de diciembre de 2008, «Por medio de la cual se declara la existencia de un área geográfica como Zona Franca PermanenteRadicado número: 11001 03 24 000 2009 00398 00
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2 denominada ZONA FRANCA PERMANENTE DE OCCIDENTE y se autoriza como Usuario Operador a la sociedad ZONA FRANCA DE OCCIDENTE S.A. USUARIO OPERADOR NIT 900.224.887-2», proferida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante DIAN).
Usuario Operador a la sociedad ZONA FRANCA DE OCCIDENTE S.A. USUARIO OPERADOR NIT 900.224.887-2», proferida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante DIAN).
I. DEMANDA
1.1. Pretensión
1. Figura como pretensión la siguiente1:
«Se declare la nulidad de la Resolución No. 0001825 de Diciembre 18 de 2008 por medio de la cual se declara la existencia de un área geográfica como Zona Franca Permanente de Occidente y se autoriza como Usuario Operador a la sociedad Zona Franca de Occidente S.A. Usuario Operador NIT 900.224.8872, proferida por el Director General de la DIAN».
1.2. Acto acusado
2. La parte resolutiva de la Resolución 0001825 del 18 de diciembre de 2008
es del siguiente tenor2:
1 Folio 77 del Cuaderno principal. 2 Folios 35 a 36 ibidem.Radicado número: 11001 03 24 000 2009 00398 00
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1.3. Supuestos fácticos
2. Sostuvo que en la resolución impugnada, e l Director General de la DIAN afirma que la sociedad Zona Franca de Occidente S.A. Usuario Operador NIT 900.224.887-2, solicitó a la Comisión Intersectorial de Zonas Francas la aprobación
2. Sostuvo que en la resolución impugnada, e l Director General de la DIAN afirma que la sociedad Zona Franca de Occidente S.A. Usuario Operador NIT 900.224.887-2, solicitó a la Comisión Intersectorial de Zonas Francas la aprobación del Plan Maestro de Desarrollo General del Proyecto mediante escrito radicado bajo el número 1-2007-048982 del 7 de diciembre de 2007 en el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.
3. Adujo que mediante escritura pública número 1685 otorgada el 16 de junio de 2008 en la Notaría 34 del Círculo de Bogotá, se constituyó la sociedad anónima denominada Zona Franca de Occidente S.A. Usuario Operador, lo cual ind ica queRadicado número: 11001 03 24 000 2009 00398 00
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4 para la fecha en que se efectuó la solicitud de aprobación del Plan Maestro, no existía ese usuario operador.
1.4. Concepto de violación
4. El accionante invoc ó como disposiciones vulneradas el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA) y el literal a) del numeral 2 del artículo 8 de la Resolución 01 del 3 de diciembre de 2007 de la Comisión
Intersectorial de Zonas Francas.
5. Señaló que el régimen jurídico de las zonas francas se halla contenido en la
del artículo 8 de la Resolución 01 del 3 de diciembre de 2007 de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas.
5. Señaló que el régimen jurídico de las zonas francas se halla contenido en la Ley 1004 de 2005, en el Decreto 2685 de 1999 (modificado por los Decreto 383 y 4051 de 2007) y en el Decreto 4048 de 2008, según los cuales la declaración de su existencia le compete al Director General de la DIAN, previo el cumplimiento de una serie de requisitos, dentro de los cuales se encuentra la aprobación del Plan Maestro de Desarrollo General del Proyecto por parte de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas (en adelante CIZF).
6. Indicó que el mencionado Decreto 4051 de 2007, en el artículo 8 numeral 3, asignó a la CIZF la función de expedir su propio reglamento.
7. Explicó que e n desarrollo de esa atribución, la Comisión expidió la Resolución 01 del 3 de diciembre de 2007, en cuyo artículo 8 se reguló el contenido mínimo del Plan Maestro, siendo pertinente al caso lo consignado en el numeral 2 que exigía que el plan contara con 6 componentes entre los cuales estaba el siguiente: «a. Identificación de la persona jurídica que presenta la declaratoria de la zona franca, incluyendo Certificado de la Cámara de Comercio»3.
8. Manifestó que en el numeral 2.5.5. del acto censurado se afirma que «La
sociedad ZONA FRANCA DE OCCIDENTE S.A. USUARIO OPERADOR NIT 900.224.8872, mediante escrito radicado bajo en (Sic) No. 1 -2007-048982 de fecha 7 de diciembre de 2007 en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, solicitó a la Comisión Intersectorial de Zonas Francas el concepto sobre la viabilidad de
3 Folio 78 ibidem.Radicado número: 11001 03 24 000 2009 00398 00
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5 declaración y existencia de la ZONA FRANCA PERMANENTE DE OCCIDENTE y la aprobación del Plan Maestro de desarrollo general del proyecto (folio 639)»4.
9. Sin embargo, adujo que la copia auténtica de la escritura pública de constitución de la sociedad que aparece relacionada como peticionaria de la aprobación del Plan Maestro, fue constituida el 16 de junio de 2008, luego para el 7 de diciembre de 2007, mal podría haber efectuado la radicación que la resolución menciona, pues es claro que para esa fecha no existía.
10. Aseguró que si la persona jurídica que pretendía la declaratoria de zona franca no existía para la fecha de solicitud de aprobación del Plan maestro, entonces mal podría la Comisión Intersectorial aprobar tal petición , pues ello implicaba la vulneración directa de una norma proferida por ella misma, en cuya virtud el concepto de viabilidad y aprobación del plan maestro estaba condicionado
entonces mal podría la Comisión Intersectorial aprobar tal petición , pues ello implicaba la vulneración directa de una norma proferida por ella misma, en cuya virtud el concepto de viabilidad y aprobación del plan maestro estaba condicionado a la demostración de la existencia de la persona jurídica peticionaria con la presentación de la respectiva solicitud.
11. En criterio del demandante, ello significa que si el CIZF no podía conceptuar favorablemente sobre la existencia de la zona franca solicitada porque no se acompañó la prueba de la existencia de la persona jurídica interesada , pues la misma se constituyó más de 6 meses después, tampoco podía el Director General de la DIAN declarar la existencia de la zona franca permanente a favor del Usuario Operador identificado con NIT 900.224.887 -2, lo que apareja la declaración de nulidad del acto que así lo declaró, al estar demostrado el incumplimiento de uno de los requisitos esenciales para la aprobación del Plan Maestro, sin el cual, insistió, no es posible la declaración de existencia de zona franca.
II. MEDIDA CAUTELAR
12. Habiendo solicitado la suspensión provisional de la Resolución 0001825 de 2008 que se cuestiona, la Sala de la Sección Primera resolvió negarla mediante proveído del 15 de agosto de 20095.
III. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
4 Ibidem. 5 Folios 86 a 101 del Cuaderno principal.Radicado número: 11001 03 24 000 2009 00398 00
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3.1. Zona Franca de Occidente Usuario Operador
13. Adujo que durante el transcurso del trámite administrativo adelantado no se incurrió en trasgresión del orden jurídico y para ello trajo a colación la normativa aplicable señalando entre ellas el Decreto Ley 2685 de 1999, los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 1004 de 2005, el Decreto 383 de 2007, los artículos 3, 5 y 8 del Decreto 4051 de 2007 y los artículos 8 y 9 de la Resolución 01 del de diciembre de 2007 , para indicar que la exigencia que residía en esas disposiciones para la constitución de la persona jurídica se predicaba de la fase de presentación de la petición de declaratoria de zona franca permanente ante la DIAN, espacio en el cual se debía acompañar además la aprobación del Plan Maestro de Desarrollo General de la Zona y el concepto favorable de la CIZF.
14. Resaltó los artículos 8 y 9 de la Resolución 01 de 2007, para indicar que en aplicación del último, la CIZF había informado que en la solicitud de constitución de zona franca permanente hacía falta la constitución de una nueva persona jurídica , siendo allegado tal documento y entonces subsanada la falencia tal y como lo permiten esos preceptos.
15. En ese orden, destacó que se cumplieron los requisitos para la declaración de la existencia de zona franca de occidente, en tanto que obtuvo la aprobación del
permiten esos preceptos.
15. En ese orden, destacó que se cumplieron los requisitos para la declaración de la existencia de zona franca de occidente, en tanto que obtuvo la aprobación del Plan Maestro y el concepto favorable de la CIZF y también presentó la respectiva petición ante la DIAN , entidad que verificó el cumplimiento de los requisitos y por ello expidió el acto que se ataca.
16. Señaló que el requisito de identificar a la persona jurídica que pretenda la declaratoria de zona franca incluyendo el certificado de cámara de comercio, se introdujo por la Resolución 01 del 3 de diciembre de 2007; no obstante, esa disposición entró a regir el 25 de febrero de 2008, al publicarse en el Diario Oficial
46.913.
17. Entonces, consideró que como la solicitud de aprobación del Plan Maestro fue radicada el 5 de diciembre de 2007, la Resolución 01 de 2007 no le era exigible pero que muy a pesar de ell o, durante la actuación ante la CIZF la accionada seRadicado número: 11001 03 24 000 2009 00398 00
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7 constituyó como persona jurídica en respuesta al requerimiento así presentado por la Comisión.
18. En línea con lo expuesto, expresó que el requerimiento de la anotada resolución solo podría ser exigible a partir del 25 de febrero de 2008, teniendo en cuenta la siguiente secuencia de tiempo: la sociedad Zona Franca de Bogotá S.A.
18. En línea con lo expuesto, expresó que el requerimiento de la anotada resolución solo podría ser exigible a partir del 25 de febrero de 2008, teniendo en cuenta la siguiente secuencia de tiempo: la sociedad Zona Franca de Bogotá S.A. en nombre y representación de la Fiduciaria Colpatria, vocera del patrimonio autónomo de FC Lotes Mosquera, fue la que presentó la solicitud de aprobación del Plan Maestro General de Desarrollo de la Zona Franca antes la CIZF, el 5 de diciembre de 2007.
19. La CIZF la requirió para que acreditara la constitución de la persona jurídica postulada para ser usuario operador, requerimiento que fue atendido el 17 de junio de 2008 y por ello se aprobó el Plan Maestro el 28 de julio de ese año. Fue por ello que la Zo na Franca de Occidente S.A. Usuario Operador radicó ante la DIAN la petición de declaratoria de Zona Franca el 9 de septiembre de la misma anualidad.
20. En consonancia con lo anterior, informó que en el primer párrafo del numeral 2.5.5. del acto que se enjuicia, se incurrió en un error por inadvertencia al establecer que fue la Zona Franca de Occidente S.A. Usuario Operador, quien presentó la solicitud de aprobación del Plan Maestro de Desarrollo General del Proyecto ante la CIZF, cuando en realidad fue la Zona Franca de Bogotá S.A.
21. Advirtió que esa circunstancia imponía la aplicación del artículo 310 del Código de Procedimiento Civil para corregir el yerro.
22. Llamó la atención sobre la omisión en la demanda de fundamentos fácticos y jurídicos.
21. Advirtió que esa circunstancia imponía la aplicación del artículo 310 del Código de Procedimiento Civil para corregir el yerro.
22. Llamó la atención sobre la omisión en la demanda de fundamentos fácticos y jurídicos.
23. También estimó que la acción interpuesta no era la procedente, como quiera que la Resolución 0001825 era un acto administrativo particular cuyo control se efectúa a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho o excepcionalmente en los eventos descritos en el auto del 22 de abril de 1999, identificado con radicación 5484 de la Sección Primera del Consejo de Estado , estos son, cuando se trataba de controlar decisiones electorales, cartas de naturaleza, certificaciones de modelos industriales o dibujos, adjudicación de baldíos, licencias, permisos o autorizaciones en materia ambiental; y que como elRadicado número: 11001 03 24 000 2009 00398 00
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8 caso bajo examen no se enmarcaba en esas hipótesis no era entonces viable dar curso a la demanda de nulidad.
24. Adicionalmente, señaló que, contrario a lo definido en el auto del 28 de junio de 2011, expedido por la Sala de la Sección Primera en asunto de la referencia, la decisión que se impugna no comportaba un interés trascendental o de especial interés para la c omunidad, toda vez que la constitución de la zona franca de
de 2011, expedido por la Sala de la Sección Primera en asunto de la referencia, la decisión que se impugna no comportaba un interés trascendental o de especial interés para la c omunidad, toda vez que la constitución de la zona franca de occidente no tiene la virtualidad de afectar la política de Estado ni tampoco incidencia directa sobre el desarrollo y bienestar social y económico de un gran número de colombianos.
25. Concluyó ese tópico afirmando que la declaratoria de nulidad solamente tendría efectos sobre la zona franca de occidente, es decir, sobre los 328.717,34 m2, no sobre el país en general, invocando para el efecto la sentencia C -426 de 2002 emitida por la Cor te Constitucional y la falta de prueba del daño que podría causarse sobre el interés general, pues no encontró fundamento alguno en la demanda.
26. Arguyó que no se daban los presupuesto s de legitimación en la causa por activa, pues siendo que procede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, observó que no se acreditaba el interés particular frente al acto administrativo acusado.
27. Invocó el fenómeno de caducidad, teniendo en cuenta lo expuesto y haberse impetrado la demanda luego de los 4 meses de expedida la Resolución 0001825 de 2008.
28. Aseveró que la Resolución 0001825 de 2008 impuso una serie de deberes relacionados con el desarrollo de actividades previstas en el Plan Maestro, constitución y entrega de garantía bancaria y el cerramiento del área declarada como zona franca, todo lo cual se traduce en erogaciones económicas que deben ser reconocidas como un daño antijurídico si se declara la nulidad del acto que se
constitución y entrega de garantía bancaria y el cerramiento del área declarada como zona franca, todo lo cual se traduce en erogaciones económicas que deben ser reconocidas como un daño antijurídico si se declara la nulidad del acto que se censura.
29. Sostuvo que el desarrollo de esas acciones y de la celebración de negocios se produjo sobre la base de la autorización otorgada por la DIAN y en aplicación del principio de buena fe y confianza legítima.Radicado número: 11001 03 24 000 2009 00398 00
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30. En el aparte de respuesta a los presupuestos fácticos puso en evidencia un error al indicar que la petición radicada ante la CIZF se dio el 7 de diciembre de 2007, pues aseguró que se había radicado el 5 de ese mes y año.
3.2. DIAN
31. Esta entidad en la contestación de la demanda explicó in extenso el procedimiento previsto en el orden jurídico para la declaración de zonas francas, aduciendo que constaba de 2 etapas: la primera, ante la CIZF y la segunda ante la
DIAN.
32. Para la primera fase, adujo que eran aplicables los artículos 393 -5 del Estatuto Aduanero, el artículo 1 del Decreto 383 de 2007, el literal a) del artículo 2 de la Resolución 01 de 2007 y el artículo 2 de la Ley 1004 de 2005, según los cuales
Estatuto Aduanero, el artículo 1 del Decreto 383 de 2007, el literal a) del artículo 2 de la Resolución 01 de 2007 y el artículo 2 de la Ley 1004 de 2005, según los cuales las funciones de esa Comisión son evaluativas y valorativas, porque conforme a la información entregada (estudios y proyecciones) se debe pronunciar sobre un hecho en potencia que se concreta en la segunda etapa ante una autoridad diferente.
33. Explicó que la necesidad de identificar a la persona jurídica que pretenda la declaratoria de zona franca tenía como propósito establecer la seriedad e idoneidad de quien eleva la solicitud ante la CIZF, pero que no era obligatorio que sea la misma persona jurídica la que presente la petición frente la DIAN, en consideración a que ya existe un estudio de viabilidad aprobado por la CIZF y entonces independientemente de quien solicite la declaratoria de existencia de la zona franca, lo que se debe demostrar e s el cumplimiento de los requisitos particulares cuyos resultados son mesurables y concretos.
34. Para pasar a la segunda fase, aseguró que se debía contar con el Plan Maestro de Desarrollo General de la Zona Franca y el concepto favorable de la Comisión y allí sí es menester que quien presente la petición de declaración de zona franca ante la DIAN sea quien pretende ser el usuario operador esa área.
35. Consideró que es en esa etapa en la cual se debe demostrar la existencia de la persona jurídica, es decir, antes de la petición de declaración de zona franca ante la DIAN. Literalmente expuso: «de lo anterior resulta claro que desde el inicioRadicado número: 11001 03 24 000 2009 00398 00
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ante la DIAN. Literalmente expuso: «de lo anterior resulta claro que desde el inicioRadicado número: 11001 03 24 000 2009 00398 00
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10 de todo el proceso una sola persona jurídica puede intervenir ante la Comisión Intersectorial y la DIAN o diferentes personas jurídicas en cada etapa, lo importante es que quien pretenda ser autorizado como usuario operador eleve solicitud ante la
DIAN»6.
36. En cuanto a los supuestos fácticos precisó que (i) el 7 de diciembre de 2007 se presentó la solicitud de aprobación del Plan Maestro y concepto favorable ante la CIZF, (ii) que el 21 de diciembre siguiente se adicionó la anotada petición, (iii) que el 25 de febrero de 2008 la CIZF en su sesión número 3 no aprobó el plan ni emitió concepto favorable porque no se constituyó una nueva persona jurídica al momento de presentación de la solicitud ante la Comisión, (iv) que el 17 de junio de 2008 Zona Franca de Occidente aporta escritura pública 1685 del 16 de junio de 2008, por medio de la que se constituye la Zona Franca de Occidente S.A. usuario Operador, (v) que el 28 de julio de 2008, en su sesión número 9 la CIZF aprueba el Plan Maestro y dicta concepto favorable, todo lo cual deja ver que el concepto sólo se emitió cuando ya existía la persona jurídica.
IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Plan Maestro y dicta concepto favorable, todo lo cual deja ver que el concepto sólo se emitió cuando ya existía la persona jurídica.
IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
37. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo alegó de conclusión, por haberse aceptado la sucesión procesal respecto de la DIAN mediante auto del 16 de diciembre de 20207, reiterando lo expuesto en la contestación y resaltando que existía de parte del accionante un error en la interpretación de los hechos en atención a que la falencia sobre la persona jurídica que presentó el plan maestro y pidió el concepto favorable ante la CIZF, fue subsanada debidamente y por ende no hay vocación de prosperidad de la pretensión de invalidez del acto que se impugna.
38. El Operador de la Zona Franca de occidente agregó que los testimonios practicados daban cuenta de que era usual que el usuario operador de la zona franca de Bogotá presentara peticiones para otras zonas francas y que , ante una falencia en la solicitud, era viable subsanarla en aplicación de lo dispuesto en el artículo 12 del CCA. En lo demás, reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda.
6 Folio 317 ibidem 7 Folios 458 a 464 del Cuaderno principal.Radicado número: 11001 03 24 000 2009 00398 00
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V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
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V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
39. El agente del Ministerio Público no intervino en el proceso.
VI. CONSIDERACIONES
6.1 Competencia
40. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 8, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia
41. No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub lite, con fundamento en lo que sigue.
6.2. Excepción de inepta demanda
42. Pues bien, la accionada al contestar la demanda indicó que en la demanda se habían omitido los fundamentos fácticos y jurídicos que respaldaran la pretensión de nulidad.
43. Al respecto, lo que halla la Sala es que tal reparo se enmarca en la excepción previa de inepta demanda contemplada en el numeral 5 del artículo 100 del CGP 9, la cual se configura siempre que se presenten dos inconsistencias: i) falta de requisitos formales y/o ii) indebida acumulación de pretensiones.
44. Así las cosas, dicho medio exceptivo tiene la finalidad de advertir que el libelo introductorio no cumple con todas las exigencias mínimas para ser admitida, es decir, que no reúne los requisitos relacionados con el contenido y anexos de la
44. Así las cosas, dicho medio exceptivo tiene la finalidad de advertir que el libelo introductorio no cumple con todas las exigencias mínimas para ser admitida, es decir, que no reúne los requisitos relacionados con el contenido y anexos de la demanda previstos en los artículos 137, 138, 139, 141 y 142 del CCA. Asimismo, hace
8 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 9 “Artículo 100. Excepciones Previas. Salvo disposición en contrario, el demandado podrá proponer las siguientes excepciones previas dentro del término de traslado de la demanda: (…)
5. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones”.Radicado número: 11001 03 24 000 2009 00398 00
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12 referencia a la indebida acumulación de pretensiones que se configura cuando el demandante quebranta o excede la disposición normativa contenida en el artículo 145 del CCA. Se transcribirá la primera disposición por ser la pertinente en atención a la inconformidad de la litisconsorte necesaria:
«Artículo 137. Contenido de la demanda. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá:
1. La designación de las partes y de sus representantes.
2. Lo que se demanda.
3. Los hechos u omisiones que sirvan de fundamento de la acción.
4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la
1. La designación de las partes y de sus representantes.
2. Lo que se demanda.
3. Los hechos u omisiones que sirvan de fundamento de la acción.
4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.
5. La petición de pruebas que el demandante pretende hacer valer.
6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.» (Subrayas de la Sala)
45. La norma anteriormente transcrita, determina los requisitos formales que debe contener la demanda al momento de su presentación. Uno de ellos es el relacionado con la indicación de los fundamentos de derecho, que se orienta a exigir del accionante una carga argumentativa en la cual se identifiquen las normas vulneradas y la explicación de la transgresión; y la otra tiene que ver con la precisión de los aspectos de hecho que pudieran ser necesarios, en algunos casos, para la fijación de la controversia.
46. Sobre el particular, la Sala advierte que contrario a la censura indicada, la demanda sí contiene esos dos aspectos, pues a folio 77 del Cuaderno principal se enuncian los hechos y a folios 78 y 79 ibidem se señalan los fundamentos de derecho, de tal suerte que la excepción no tiene vocación de prosperidad.
6.3. Excepción de improcedencia de la acción de nulidad simple
47. Se procede a dilucidar si es procedente la acción de nulidad simple para enjuiciar el acto mediante el cual se « declara la existencia de un área geográfica como Zona Franca Permanente denominada ZONA FRANCA PERMANENTE DE
47. Se procede a dilucidar si es procedente la acción de nulidad simple para enjuiciar el acto mediante el cual se « declara la existencia de un área geográfica como Zona Franca Permanente denominada ZONA FRANCA PERMANENTE DE OCCIDENTE y se autoriza como Usuario Operador a la sociedad ZONA FRANCA DE OCCIDENTE S.A. USUARIO OPERADOR NIT 900.224.887-2», si para la accionada tal decisión no tiene un impacto que vaya más allá del área en que se despliegan las actividades propias de la actividad permitida por la DIAN.Radicado número: 11001 03 24 000 2009 00398 00
Demandante: Luis Eduardo Leiva Romero
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
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48. No discute la Sala la naturaleza particular del acto que se cuestiona, en atención a que su destinatario es claramente determinado y determinable, consideración que, en principio, haría procedente la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
49. Sin embargo, en aplicación de la Teoría de Móviles y Finalidades, la posibilidad de que ese tipo de actos sean susceptibles de control judicial a través de la acción prevista en el artículo 84 del CCA está abierta siempre que se cumplan las condiciones allí definidas10.
50. Pues bien, desde el primer Código Contencioso Administrativo, esto es, la Ley 130 de 1913, se determinó la existencia de un control contencioso contra los actos de las corporaciones o empleados administrativos, a través de las acciones
50. Pues bien, desde el primer Código Contencioso Administrativo, esto es, la Ley 130 de 1913, se determinó la existencia de un control contencioso contra los actos de las corporaciones o empleados administrativos, a través de las acciones de nulidad y de lesividad, esta última referida a revisar dichos actos «en el concepto de ser lesivos de derechos civiles », caso en el cual se procedía a petición de quienes tuvieran interés en ello. En la Ley 167 de 1941, segundo Código Contencioso Administrativo, se estructuraron de manera más clara las acciones, denominándolas de nulidad y de plena jurisdicción, correspond ientes a los contenciosos objetivo y subjetivo. En el Decreto 01 de 1984, tercer Código Contencioso Administrativo, se regularon las dos acciones llamándolas de nulidad simple y de
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