CE - Sentencia 11001032400020150000600 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001032400020150000600

Referencia: Acción de nulidad relativa

Demandante: Industrias de Aceite S.A. - IASA Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés directo en las resultas del proceso: Alexander Benavides Alvis

Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de

Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Industrias de Aceite S.A. - IASA contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 32973 de 29 de mayo de 2012 y 29863 de 30 de abril de 2014.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii ) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve, las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La sociedad Industrias de Aceite S.A. - IASA, en adelante la parte demandante1, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad

1 Actuando por intermedio de apoderado.2

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Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad

1 Actuando por intermedio de apoderado.2

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relativa2, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 32973 de 29 de mayo de 2012, “Por la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la directora de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y 29863 de 30 de abril de 2014, “ Por la cual se resuelve un recurso de apelación” , emanada del superintendente delegado para la propiedad industrial de dicha entidad.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta “FINISOYA”, que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el señor Alexander Benavides Alvis, en adelante, el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones:

“[…] 2.1. Solicito al honorable Consejo de Estado que, mediante sentencia, declare la nulidad de la Resolución No 29863 del 30 de abril de 2014, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que resolvió el recurso de apelación presentado por la sociedad Industrias de Aceite en contra de la Resolución No 32973 del 29 de mayo de 2012, confirmándola y, por tanto,

por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que resolvió el recurso de apelación presentado por la sociedad Industrias de Aceite en contra de la Resolución No 32973 del 29 de mayo de 2012, confirmándola y, por tanto, declarando infundada la oposición presentada por la sociedad Industrias de Aceite en la clase internacional 29 y, a su vez, concediendo el registro de la marca que en la solicitud denominaron indebidamente FINISOYA (mixta), en la clase 29, solicitada por ALEXANDER BENAVIDES ALVIS.

2.2. Solicito al honorable Consejo de Estado que, mediante sentencia, declare la nulidad de la Resolución No 32973 del 29 de mayo de 2012, que declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Industrias de Aceite en la clase internacional 29 y, a su vez, concedió el registro de la marca que en la solicitud denominaron indebidamente FINISOYA (mixta), en la clase 29, solicitada por ALEXANDER BENAVIDES ALVIS.

2.3. Que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio declarar fundada la oposición presentada por Industria de Aceite en la clase internacional 29 y, a su vez, negar el registro de la marca que en la solicitud denominaron indebidamente FINISOYA (mixta), en la clase 29, solicitado por ALEXANDER BENAVIDES ALVIS, con fundamento en dicha oposición.

2.4. Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en este proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

2 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.3

en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

2 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.3

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2.5. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia, tal como se establece en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones:

4.1. Que el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó el 6 de julio de 2011 el registro como marca del signo mixto “FINISOYA”, para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. Que la referida solicitud se publicó el 28 de febrero de 2018 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 819, siendo objeto de oposición por la parte demandante, con base en sus registros marcarios “FLACOFINO”, “FINOLIGHT”, “FINO”, “FINOL”, “FINOSOL” y “FINISIMO”.

4.3. Que la directora de signos distintivos, por medio de la Resolución núm. 32973 de 29 de mayo de 2012, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la

“FINOSOL” y “FINISIMO”.

4.3. Que la directora de signos distintivos, por medio de la Resolución núm. 32973 de 29 de mayo de 2012, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca mixta “FINISOYA”, que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.4. Que la parte demandante presentó recurso de apelación contra la Resolución núm. 32973 de 29 de mayo de 2012.

4.5. Que el superintendente delegado para la propiedad industrial, por medio de la Resolución núm. 29863 de 30 de abril de 2014, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 32973 de 29 de mayo de 2012.

Normas violadas

5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

5.1. El artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000.4

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Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de

violación, así:

6.1. Adujo que la parte demandada incurrió en un error al apreciar la marca reprochada como una expresión unitariamente considerada “FINISOYA”, cuando en realidad está compuesta por dos palabras, como lo son las expresiones FINI y SOYA.

6.2. Indicó que la expresión SOYA debió ser excluida del cotejo marcario, por ser genérica respecto de los productos que ampara la marca cuestionada.

realidad está compuesta por dos palabras, como lo son las expresiones FINI y SOYA.

6.2. Indicó que la expresión SOYA debió ser excluida del cotejo marcario, por ser genérica respecto de los productos que ampara la marca cuestionada.

6.3. Mencionó que el elemento distintivo de las marcas opositoras es la expresión FINO, pudiéndose afirmar que se ha construido una familia de marcas alrededor de esa expresión.

6.4. Argumentó que el hecho que la marca cuestionada incluya el término FINI, que es una variación de la expresión FINO, genera un riesgo de confusión entre los consumidores debido a la gran similitud entre esas dos palabras.

6.5. Sostuvo que al incluir la palabra FINI en el signo distintivo solicitado, respecto de la cual recae su fuerza distintiva, da lugar a que se presenten evidentes semejanzas con las marcas previamente registradas y sobre las cuales ostenta derechos adquiridos.

6.6. Manifestó que las marcas confrontadas amparan los mismos productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente, aceites y grasas comestibles, por lo que el consumidor se confundiría respecto del origen empresarial de estos o el vínculo de los titulares de los productos ofrecidos.

Contestación de la demanda

7. La parte demandada contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente:5

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7.1. Afirmó que los actos acusados no incurren en infracción o violación alguna de

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7.1. Afirmó que los actos acusados no incurren en infracción o violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000.

7.2. Adujo que la marca cuestionada no consiste exclusivamente en un término que describa las características de los productos a identificar, ya que si bien es cierto que utiliza calificativos, también lo es que se muestra como una combinación nueva, que se aparta de las características esenciales del signo, por la manera que se presenta al consumidor.

7.3. Indicó que, en relación con la similitud ortográfica, a pesar de que existen coincidencias entre las marcas cotejadas, la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o las palabras, el número de silabas y las terminaciones las hacen claramente diferenciables.

7.4. Sostuvo que desde el punto de vista fonético, al ser pronunciadas las marcas cotejadas, el sonido generado por cada una de sus palabras difiere, debido a que solo se presenta una coincidencia vocálica, la cual no es suficiente para determinar que existan semejanzas susceptibles de generar confusión.

7.5. Anotó que frente al punto de vista conceptual o ideológico, la marca posteriormente registrada no hace referencia a un concepto concreto, evidenciando la imposibilidad de confusión entre los signos distintivos cotejados.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso

8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso, no se pronunció en esta etapa procesal.

Interpretación Prejudicial

Tercero con interés directo en las resultas del proceso

8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso, no se pronunció en esta etapa procesal.

Interpretación Prejudicial

9. Este Despacho, mediante auto de 18 de abril de 2018 , suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000; y este profirió la interpretación prejudicial 429-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018 , en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró:6

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“[…] La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. […]”.

Audiencia Inicial

10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 7 de junio de 2019: i) reanudó el proceso y convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) la audiencia inicial se efectuó el día 2 5 de junio de 2019 , se declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; realizó el respectivo control de legalidad.

fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; realizó el respectivo control de legalidad.

Alegatos de conclusión

11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 14 de enero de 2015, consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía.

11.1. La parte demandante guardó silencio en esta etapa procesal.

11.2. La parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda.

11.3. El tercero con interés directo en l as resultas del proceso guardó silencio en esta etapa procesal.

Concepto del Ministerio Público

12. El agente del Ministerio Público consideró que el cargo de nulidad propuesto por la parte demandante no posee vocación de prosperidad, lo que obliga a que las7

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súplicas de la demanda deban ser despachadas desfavorablemente , dadas las diferencias ortográficas y fonéticas presentadas entre las marcas cotejadas.

Otras actuaciones

13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 21 de febrero de 2025, ordenó a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación descargar del Sistema de

Otras actuaciones

13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 21 de febrero de 2025, ordenó a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPIde la parte demandada, el reporte del estado actual de los registros marcarios núms.: i) 491174 de la marca mixta “FINISOYA”; ii) 236324 y 224223 de las marcas nominativas “FINOL”; iii) 195242 de la marca mixta “FINOL”; iv) 271969 de la marca nominativa “FINISIMO”; v) 247727 de la marca mixta “FINOSOL”; vi) 259754 y 221359 de las marcas mixtas “FINO”; vii) 256423 y 224234 de las marcas mixtas “FINOLIGHT”; y vii) 253777 de la marca nominativa “FLACOFINO”, que identifican productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y cuyo titular es la parte demandante.

14. La Secretaría de la Sección Primera de la Corporación, el día 7 de marzo de 2015, dio cumplimiento a lo ordenado supra, los incorporó al expediente y corrió traslado de los reportes a las partes e intervinientes por el término de tres (3) días.

Las partes guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad

competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 429-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018; vii) marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

16. De conformidad con el artículo 149, numeral 8 º, de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y el artículo 13 del Acuerdo8

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núm. 80 de 12 de marzo de 2019 3, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

17. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación.

Los actos acusados

18. Los actos acusados son los siguientes:

18.1. La Resolución núm. 32973 de 29 de mayo de 2012 , mediante la cual la directora de signos distintivos concedió el registro de la marca mixta “FINISOYA” para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

18.2. La Resolución núm. 29863 de 30 de abril de 2014 , mediante la cual el

para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

18.2. La Resolución núm. 29863 de 30 de abril de 2014 , mediante la cual el superintendente delegado para la propiedad industrial resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 32973 de 29 de mayo de 2012.

El problema jurídico

19. De acuerdo con la demanda, la contestación de la misma y la interpretación prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar:

19.1. Si las resoluciones núms. 32973 de 29 de mayo de 2012 y 29863 de 30 de abril de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta “FINISOYA”, solicitada para identificar "carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles ", productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.

3 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.9

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19.2. En este sentido, se analizará, si existe o no riesgo de confusión o de

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19.2. En este sentido, se analizará, si existe o no riesgo de confusión o de asociación entre la marca mixta “FINISOYA” y las siguientes marcas registradas cuyo titular es la parte demandante:

1. Marca nominativa “FINOL”, con registro núm. 236.324, que identifica productos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y, registro núm. 224.223, que identifica productos en la misma Clase de la mencionada Clasificación.

1. Marca mixta “FINOL”, con registro núm. 195.242, que identifica productos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza;

1. Marca nominativa “FINISIMO”, con registro núm. 271.969, que identifica, productos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza;

1. Marca mixta “FINOSOL”, con registro núm. 247.727, que identifica productos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza;

1. Marca mixta “FINO”, con registro núm. 259.754, que identifica productos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y, registro núm. 221.359 ,que identifica productos en la misma Clase de la mencionada Clasificación,

1. Marca mixta “FINOLIGHT”, con registro núm. 256.423, que identifica productos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y, registro núm. 224.234, que identifica productos en la misma Clase de la mencionada Clasificación;

en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y, registro núm. 224.234, que identifica productos en la misma Clase de la mencionada Clasificación;

1. Marca nominativa “FLACOFINO”, con registro núm. 253.777, que identifica productos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

20. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto acusado.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

21. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de10

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Cartagena4, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 20005 de la Comisión de la Comunidad Andina6.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina7

22. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina8.

4 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del

4 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 5 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licenc ias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre p ropiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y, v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industri al previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y

sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 6 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 7 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C -227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “ Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 8 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.11

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aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.11

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23. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad A ndina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de

los Estados Miembros.

24. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.

25. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de d ichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”.

26. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere

Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”.

26. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal

[…]”.

27. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”.

28. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 429-IP-2018 de 3 de diciembre de 201812

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29. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este

caso9:

“[…] 1 . Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo FINISOYA (mixto) y las marcas FLACOFINO (mixta), FINOLIGHT (mixta), FINO (mixta), FINOL

el cotejo de signos distintivos.

1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo FINISOYA (mixto) y las marcas FLACOFINO (mixta), FINOLIGHT (mixta), FINO (mixta), FINOL (denominativa), FINOSOL (mixta) y FINISIMO denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:(…)

[…]

1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el con sumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación.

1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por l os signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos

2.1 Como la controversia radica en una supuesta confusión - entre el signo FINISOYA (mixto) y las marcas FLACOFINO (mixta), FINOLIGHT (mixta), FINO (mixta), FINOSOL (mixta), es necesari