CE - Sentencia 11001032500020230041700 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2023-00417-00 (5562-2023)

Demandante: Andrés Mauricio Arias Acevedo

Providencia recurrida: Sentencia del 24 de agosto de 20 23 proferida por el Tribunal

Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B

Tema:

Causal 5 de revisión del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1. Nulidad originada en la sentencia. Congruencia

Sentencia de revisión

Asunto

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Andrés Mauricio Arias Acevedo contra la sentencia del 24 de agosto de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda, Subsección B , dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional.

1. Antecedentes

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho2

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto

Ministerio de Defensa, Ejército Nacional.

1. Antecedentes

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho2

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA, Andrés Mauricio Arias Acevedo presentó una demanda en orden a que se declarara la nulidad del acto administrativo 20183110331871:MDN-CGFM-COEJC-SEJECJEMGF-COPER-DIPER-1-10 del 22 de febrero de 2018, que le negó el otorgamiento del subsidio familiar, y del acto ficto negativo o producto presunto por la falta de respuesta de la parte demandada a su petición del 10 de febrero de 2018 con radicado PGJMM42BC2, mediante la cual solicitó el reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20%.

2. A título de restablecimiento del derecho , solicitó (i) la declaración de que realizó iguales funciones que un soldado profesional que fue voluntario; (ii) el pago de la diferencia salarial del 20% dejada de percibir, como salario básico mensual o asignación salarial mensual, conforme con la Ley 131 de 1985 y el Decreto 1794 de 2000; (iii) el reconocimiento del subsidio familiar según el artículo 11 del Decreto ibidem; (iv) la reliquidación de todas las prestaciones sociales y factores salariales,

1 En adelante CPACA. 2 Samai, índice 19, «RECIBE MEMORIALES ONLINE », documento «20_MemorialWeb_OtroRespuestaOficioConse(.pdf) NroActua 19 », archivo «20_110010325000202300417002MemorialWeb20241119222917», link

2 Samai, índice 19, «RECIBE MEMORIALES ONLINE », documento «20_MemorialWeb_OtroRespuestaOficioConse(.pdf) NroActua 19 », archivo «20_110010325000202300417002MemorialWeb20241119222917», link «11001333502220200018100NYR», archivo «01EscritoDemanda.pdf».2

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así como de aquellos que no tienen tal carácter, con base en un salario básico equivalente al mínimo legal incrementado en un 60%; (v) la actualización de los valores adeudados conforme con el IPC; (vi) la condena en costas a la entidad demandada; y (vii) el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 y siguientes del CPACA.

3. En caso de que lo anterior no fuera procedente, pidió la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad y de convencionalidad, de conformidad con los artículos 13, 25, 53 y 209 de la Constitución Política y 1, 2, 23 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, respectivamente.

1.1.1. Fundamentos fácticos

4. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

4.1. Andrés Mauricio Arias Acevedo se vinculó al Ejército Nacional y fue incorporado al régimen de carrera del personal de soldados profesionales previsto por el Decreto 1793 de 2000, sin haber sido soldado voluntario.

4.1. Andrés Mauricio Arias Acevedo se vinculó al Ejército Nacional y fue incorporado al régimen de carrera del personal de soldados profesionales previsto por el Decreto 1793 de 2000, sin haber sido soldado voluntario.

4.2. Desde su ingreso a la institución, realizó iguales funciones a las desempeñadas por los soldados profesionales que fueron soldados voluntarios.

4.3. A pesar de lo anterior, recibió una remuneración equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente incrementado en un 40%, mientras que el salario de los soldados voluntarios que pasaron a ser profesionales era de un salario mínimo mensual legal vigente incrementado en un 60%. Por lo tanto, sufrió una discriminación en materia salarial.

4.4. El 10 de febrero de 2018 le solicitó al Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, el reconocimiento de la diferencia salarial del 20% y el reajuste del subsidio de familiar.

4.5. En lo que respecta a la solicitud del reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20% la entidad demandada guardó silencio, configurándose así un silencio administrativo negativo.

4.6. En relación con la solicitud del reconocimiento y pago del subsidio familiar con base en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, mediante el acto administrativo: 20183110331871:MDN-CGFM-COEJC-SEJEC-JEMGF-COPER-DIPER-1-10 del 22 de febrero de 2018 la entidad manifestó que «no es viable jurídicamente hacer el reconocimiento del subsidio familiar bajo los parámetros del decreto 1794 de 2000».

1.2. Sentencia de primera instancia3

de febrero de 2018 la entidad manifestó que «no es viable jurídicamente hacer el reconocimiento del subsidio familiar bajo los parámetros del decreto 1794 de 2000».

1.2. Sentencia de primera instancia3

5. Mediante sentencia proferida el 24 de marzo de 2022 el Juzgado 22 Administrativo de Bogotá negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas

a la parte vencida. Para el efecto, consideró:

3 Samai, índice 19, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE », documento «20_MemorialWeb_Otro-RespuestaOficioConse(.pdf) NroActua 19 », archivo «20_110010325000202300417002MemorialWeb20241119222917», link «11001333502220200018100NYR», archivo «38.VideoGrabacion.mp4».3

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5.1. La Constitución Política y la ley le asignaron al Legislativo y al Ejecutivo, como únicas autoridades competentes, la facultad para reconocer, modificar o suprimir derechos en materia salarial y prestacional de todos los servidores públicos, sin excepción alguna. En ese orden de ideas, cualquier modificación en esta materia debía emanar exclusivamente de dichas ramas del poder público.

5.2. No resultaba procedente invocar normas constitucionales o tratados internacionales para reclamar el incremento salarial o el reconocimiento del subsidio

debía emanar exclusivamente de dichas ramas del poder público.

5.2. No resultaba procedente invocar normas constitucionales o tratados internacionales para reclamar el incremento salarial o el reconocimiento del subsidio familiar, toda vez que no exist ían disposiciones en esos niveles que defin ieran expresamente tales beneficios. Por consiguiente, la solución del caso no se encontraba en el ámbito constitucional y, en esa medida, no se configuraba un error de derecho frente a los actos administrativos, expresos o fictos, relacionados con el reajuste del 20%.

5.3. Su situación debía regirse por las disposiciones vigentes al momento de su vinculación, razón por la cual no resultaba procedente aplicar de manera ultractiva una norma derogada.

5.4. El demandante ingresó directamente como soldado profesional y nunca ostentó la condición de soldado voluntario y, en consecuencia, le resultaban aplicables las normas correspondientes a la categoría de soldado profesional, sin que fuera posible invocar las disposiciones previstas para los voluntarios.

5.5. En relación con el subsidio familiar, el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 establecía que el trabajador debía informar a la entidad cualquier cambio en su estado civil. Esta obligación, impuesta por el legislador, nunca fue declarada inconstitucional. Posteriormente, di cha norma fue derogada y, tiempo después, el Consejo de Estado declaró su nulidad, decisión que produjo los efectos jurídicos correspondientes.

5.6. El decreto que reemplazó al anterior , aplicable al caso del demandante, dispuso que las personas que no habían recibido el subsidio familiar bajo el régimen previo podían acceder a él conforme con las nuevas reglas. Por ello, se tuvo en cuenta la

5.6. El decreto que reemplazó al anterior , aplicable al caso del demandante, dispuso que las personas que no habían recibido el subsidio familiar bajo el régimen previo podían acceder a él conforme con las nuevas reglas. Por ello, se tuvo en cuenta la fecha en que el trabajador modificó su estado civil y la norma vigente en ese momento, reiterándose que debía informar oportunamente dicho cambio a la entidad competente.

1.3. El recurso de apelación4

6. El demandante interpuso recurso de apelación, en el cual solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se accediera a las súplicas del escrito inicial, con sustento en extensos argumentos que se sintetizan a continuación:

6.1. La sentencia de prime ra instancia incurrió en omisiones , por falta de aplicación de la ley procesal , en particular de los artículos 55 de la L ey Estatutaria de

4 Samai, índice 19, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE », documento «20_MemorialWeb_Otro-RespuestaOficioConse(.pdf) NroActua 19 », archivo «20_110010325000202300417002MemorialWeb20241119222917», link «11001333502220200018100NYR», archivo «45RecursoApelacion.pdf».4

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Administración de Justicia 5, 280 y 281 del C ódigo General del Proceso 6 y 187 del

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Administración de Justicia 5, 280 y 281 del C ódigo General del Proceso 6 y 187 del CPACA. Por ende, el a quo transgredió el principio de congruencia.

6.2. En efecto, dejó de analizar las premisas fácticas expuestas en los hechos «8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 21» del escrito inicial, que eran relevantes para analizar el juicio de igualdad en la modalidad «TRABAJO IGUAL – SALARIO IGUAL», en atención a la diferencia del 20% que afecta a la remuneración de los soldados profesionales. Con ello dejó la «questio facti de la sentencia sin motivación».

6.3. La providencia no resolvió de forma completa, exhaustiva y rigurosa cada uno de los siguientes cargos:

- «SITUACIÓN HISTÓRICA DE DISCRIMINACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS

DERECHOS LABORALES DE LOS SOLDADOS PROFESIONALES EN

COLOMBIA» [sic].

- «AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO DE NO HABERSE

FUNDAMENTADO EN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, ART 13 DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y POR TANTO SER VIOLATORIO DEL MISMO»

[sic].

- «AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO DE NO HABERSE

FUNDAMENTADO EN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, ART 13 DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA, EN LA MODALIDAD DE IGUALDAD SALARIAL

COMO DERECHO FUNDAMENTAL» [sic].

- «AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO DE NO HABERSE

CONSTITUCIÓN POLÍTICA, EN LA MODALIDAD DE IGUALDAD SALARIAL

COMO DERECHO FUNDAMENTAL» [sic].

- «AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO DE NO HABERSE

FUNDAMENTADO EN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, ART 13 DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y POR TANTO SER VIOLATORIO DEL MISMO, EN

LA MODALIDAD DE TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL. REALIDAD SOBRE LAS

FORMAS» [sic].

• «AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO DE NO HABERSE FUNDAMENTADO EN LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ART 209 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y POR TANTO SER VIOLATORIO DEL MISMO, EN LA MODALIDAD DE VIOLACIÓN DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA

CARRERA ADMINISTRATIVAY DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA EN LAS

FUERZAS MILITARES PARA LOS SOLDADOS PROFESIONALES» [sic].

• «AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDO DE NO HABERSE FUNDAMENTADO EN EL PRINCIPIO DE SALARIO JUSTO Y PROPORCIONAL A LA CANTIDAD Y CALIDAD DE TRABAJO, ARTÍCULOS 25 y 53 DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y POR TANTO SER VIOLATORIO DEL MISMO, EN

LA MODALIDAD DE ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL

ESTADO EN DESMEDRO DEL PATRIMONIO DEL TRABAJADOR» [sic].

- «ACUSO AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDO DE NO HABERSE

FUNDAMENTADO EN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, ART 13 DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y POR TANTO SER VIOLATORIO DEL MISMO, EN

- «ACUSO AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDO DE NO HABERSE

FUNDAMENTADO EN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, ART 13 DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y POR TANTO SER VIOLATORIO DEL MISMO, EN

LA MODALIDAD DERECHO FUNDAMENTAL A LA NO DISCRIMINACION» [sic].

• «pidió el amparo de las garantías mínimas del artículo 53 de la Constitución, esto es: a. Igualdad de oportunidades para los trabajadores; b. remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; c. primacía de la realidad sob re formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, y demás garantías allí consignadas» [sic].

5 En lo sucesivo Lea. 6 En adelante CGP.5

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6.4. El juzgado tampoco abordó lo relacionado con la pretensión declarativa dirigida a que se declarara que desempeñó iguales funciones de un soldado profesional que fue voluntario. También dejó de pronunciarse sobre los hechos «22, 23, 24» relativos a la reclamación de la prima de actividad.

6.5. Además, el juez de instancia planteó una solución al problema jurídico sin haber analizado la totalidad de los hechos ni la validez de los argumentos del actor ,

a la reclamación de la prima de actividad.

6.5. Además, el juez de instancia planteó una solución al problema jurídico sin haber analizado la totalidad de los hechos ni la validez de los argumentos del actor , solamente abordó los que eran útiles a la tesis del despacho.

6.6. En consideración a «tantas omisiones prohibidas por el ordenamiento jurídico, en las cuales el aquo ha incurrido al momento de dictar la sentencia de este proceso, le ruego encarecidamente que proceda a declarar la nulidad de lo actuado, a fin de seguir agraviando el ordenamiento jurídico vigente» [sic].

6.7. No era cierto que existieran regímenes salariales y prestacionales diferentes para los soldados voluntarios que pasaron a ser profesionales y para los incorporados directamente. Todos los soldados quedaron sometidos al mismo régimen de conformidad con los decretos 1793 y 1794 de 2000.

6.8. Era incorrecto supo ner que existía un régimen de transición laboral para los soldados voluntarios que posteriormente fueron incorporados como profesionales.

6.9. La sentencia de unificación del 25 de agosto de 2015 del Consejo de Estado no era aplicable al presente asunto.

6.10. No existía un criterio objetivo que justificara la diferencia salarial que afectaba al demandante respecto de la remuneración de los soldados profesionales que fueron voluntarios.

1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión7

7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 24 de agosto de 2023 confirmó parcialmente la de primera instancia, pues accedió a la pretensión del reconocimiento del subsidio familiar. Por su parte,

7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 24 de agosto de 2023 confirmó parcialmente la de primera instancia, pues accedió a la pretensión del reconocimiento del subsidio familiar. Por su parte, se abstuvo de condenar en costas.

8. Para el efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al

asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente:

8.1. En relación con el subsidio familiar, se estableció que Andrés Mauricio Arias Acevedo y Carolina Noreña Sepúlveda formalizaron su unión marital de hecho mediante escritura pública 856 del 9 de mayo de 2013, otorgada en la Notaría Quinta del Círculo de Armen ia (Quindío). Aunque en el documento se indicó que la convivencia había comenzado el 25 de diciembre de 2009, la comunicación oficial de dicha unión a la entidad se realizó el 17 de julio de 2014, conforme con el formato de solicitud correspondiente.

7 Samai, Índice 2, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUA L», documento «1_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3», folios 158 a 184.6

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8.2. Aunque la unión se formalizó poco antes de la entrada en vigor del Decreto 1161

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8.2. Aunque la unión se formalizó poco antes de la entrada en vigor del Decreto 1161 de 2014, resultaba aplicable el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, norma que imponía al trabajador el deber de informar cualquier cambio en su estado civil. Sin embargo, pre cisó que la falta de notificación oportuna no podía desvirtuar la existencia real de la unión, en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las formas, el cual prevalece en el ámbito laboral para garantizar la protección de los derechos sustanciales.

8.3. En ese sentido, aunque la entidad actuó conforme con la ley y no podía considerarse negligente, lo cierto es que el demandante tenía derecho al reconocimiento del subsidio familiar, conforme al Decreto 1794 de 2000, en un porcentaje del 4% sobre el salario básico, más la prima de antigüedad.

8.4. Asimismo, se verificó que el actor había ingresado al Ejército Nacional el 1 de agosto de 2006 como soldado profesional, sin haber sido soldado voluntario, por lo que su situación se encontraba regulada por el Decreto 1794 de 2000, que determina el régimen salarial y prestacional aplicable a dicho personal.

8.5. Las diferencias en materia salarial entre soldados profesionales y demás funcionarios del Ministerio de Defensa tenían fundamento en la jerarquía, la naturaleza de las funciones y la disponibilidad de los recursos públicos, razones objetivas que justificaban un trato diferenciado sin vulnerar el derecho a la igualdad.

funcionarios del Ministerio de Defensa tenían fundamento en la jerarquía, la naturaleza de las funciones y la disponibilidad de los recursos públicos, razones objetivas que justificaban un trato diferenciado sin vulnerar el derecho a la igualdad.

8.6. Resultaba improcedente el incremento salarial del 20% y la inclusión de la prima de actividad, al no existir disposición legal que las contemplara dentro del régimen especial aplicable al actor. Por lo tanto, las prestaciones reconocidas se ajustaban a lo previsto en la normativa vigente y correspondían a lo que legalmente tenía derecho a percibir.

8.7. En consecuencia, se debía confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia, reconocer el subsidio familiar conforme con lo dispuesto en el Decreto 1794 de 2000 y negar las demás pretensiones de la demanda.

1.5. Recurso extraordinario de revisión8

9. Andrés Mauricio Arias Acevedo interpuso recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia del 2 4 de agosto de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda, Subsección B . Lo anterior con fundamento en la causal establecida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA «[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».

10. El demandante solicitó la revisión de la providencia objeto del recurso y que se declarara la nulidad parcial de las sentencias de primera y segunda instancia y «[c]omo consecuencia de loa anterior, se envíe el expediente al JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA para que dicte una nueva sentencia, donde se resuelva de fondo lo planteado

«[c]omo consecuencia de loa anterior, se envíe el expediente al JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA para que dicte una nueva sentencia, donde se resuelva de fondo lo planteado en la demanda, desde el punto de vista fáctico como lo jurídico» [sic].

8 Samai, Índice 2, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUA L», documento «1_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3», folios 1 a 157.7

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11. Como pretensión subsidiaria , pidió: «[d]ebido al parecido que existen entre la figura jurídica de la incongruencia y la decisión judicial motivada de forma incompleta y deficiente, le ruego al Despacho que estudie el presente proceso como violación del derecho fundamental del debido proceso a la luz de la institución de la decisión judicial motivada de forma incompleta y deficiente» [sic].

12. Las pretensiones se sustentaron en los siguientes argumentos:

12.1. La sentencia objeto del recurso desconoció el principio de congruencia pues no resolvió los planteamientos expuestos en el recurso de apelación.

12.2. Respecto de la reclamación de ajuste salarial por la diferencia del 20%, l a providencia que puso fin a la primera instancia no se pronunció respecto de los

resolvió los planteamientos expuestos en el recurso de apelación.

12.2. Respecto de la reclamación de ajuste salarial por la diferencia del 20%, l a providencia que puso fin a la primera instancia no se pronunció respecto de los hechos «8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 21» de la demanda que eran relevantes para « la aplicación de la consecuencia jurídica emanada del derecho fundamental a la igualdad en materia salarial y las consecuencias jurídicas establecidas en los principios básicos del artículo 53 de la Constitución » [sic]. Esta situación se puso de presente en el recurso de apelación.

12.3. En cuanto a la pretensión de reconocimiento de «la prima de actividad », en la sentencia no se analizaron los hechos «22, 23, 24» que sustentaron aquella reclamación.

12.4. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no se refirió a la motivación de aquellos hechos ni mencionó la petición de adición. Lo anterior, a pesar de que tenía el deber de efectuar un pronunciamiento exhaustivo sobre todos los hechos de la demanda.

12.5. Al considerar l os planteamientos del recurso de apelación , era posible advertir que la sentencia de primera instancia estaba afectada por incongruencia « en la modalidad de cifra petita » al dejar de resolver sobre los puntos identificados por el apelante.

12.6. En el recurso de apelación, expuso 18 cargos contra la decisión de primera instancia, en atención a las omisiones anunciadas. Sin embargo, el tribunal no los resolvió ni justificó la razón de su omisión.

12.6. En el recurso de apelación, expuso 18 cargos contra la decisión de primera instancia, en atención a las omisiones anunciadas. Sin embargo, el tribunal no los resolvió ni justificó la razón de su omisión.

12.7. Con lo anterior, la providencia recurrida desconoció las formas de cada juicio, pues según los artículos 55 de la LEA, 280 y 281 del CGP y 187 del CPACA debía «referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales». Por ende, al dejar de referirse a cada uno de los argumentos expuestos, la sentencia fue incompleta.

12.8. La sentencia del T ribunal Administrativo de Cundinamarca no agotó «el debate jurídico planteado en la demanda y en el recurso de apelación, el cual debe ser superado, incluso para desestimarlo, razón por la cual, se hace necesario el remedio de la nulidad, para que dicho debate sea realizado, y quede zanjado» [sic].8

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1.6. Contestación del recurso extraordinario de revisión9

13. La Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional , contestó el recurso extraordinario de revisión, para solicitar que no se infirmara la sentencia del 2 4 de agosto de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección

extraordinario de revisión, para solicitar que no se infirmara la sentencia del 2 4 de agosto de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda, Subsección B, con sustento en el siguiente razonamiento:

13.1. En el proceso adelantado ante el Tribunal se respetaron plenamente los derechos al debido proceso, contradicción y defensa del demandante.

13.2. De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el recurso extraordinario de revisión es un mecanismo excepcional de carácter rescisorio, que busca preservar la justicia material y el orden jurídico frente a sentencias erróneas o contrarias a derecho. Su procedencia se limita estrictamente a las causales taxativas del artículo 250 del CPACA.

13.3. Este recurso no constituye una tercera instancia ni permite replantear aspectos de hecho o de derecho ya decididos, ni corregir errores de interpretación o de valoración probatoria. Su alcance se restringe a examinar vicios graves o hechos procesales externos a la función jurisdiccional que puedan afectar la justicia material.

13.4. En el caso concreto, el demandante invocó la causal prevista en el artículo 250 del CPACA, relativa a la nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la cual no procedía apelación. Sin embargo, no demostró ni la existencia de una nulidad procesal ni que esta tuviera origen en la sentencia cuestionada.

13.5. El Consejo de Estado ha precisado que la nulidad alegada debe configurarse al momento de dictarse la sentencia o, excepcionalmente, provenir de actuaciones previas no advertidas oportunamente, siempre que el recurrente pruebe que no tuvo

13.5. El Consejo de Estado ha precisado que la nulidad alegada debe configurarse al momento de dictarse la sentencia o, excepcionalmente, provenir de actuaciones previas no advertidas oportunamente, siempre que el recurrente pruebe que no tuvo posibilidad de alegarlas en su momento. De lo contrario, el recurso se desnaturaliza y se convierte en una tercera instancia.

13.6. También se ha admitido que la causal de nulidad puede fundarse en la vulneración del derecho al debido proceso, aun cuando no esté expresamente prevista en el artículo 133 del C GP. No obstante, corresponde al juez valorar si la irregularidad alegada tiene la entidad suficiente para invalidar la sentencia.

13.7. En este asunto, el recurrente reiteró las mismas pretensiones y argumentos formulados en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho , relacionados con el incremento del 20% y el subsidio familiar del Decreto 1794 de 2000, con lo cual pretendió reabrir un debate ya concluido.

13.8. Las sentencias de primera y segunda instancia fueron coherentes, motivadas y ajustadas a derecho. El Tribunal analizó el principio de igualdad y concluyó que no era aplicable al caso, dado que el actor ingresó directamente como soldado profesional y no como voluntario, lo que justificaba un trato diferenciado.

9 Samai, Índice 11, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE », documento «10_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-CONTESTACIONANDRES(.pdf) NroActua 11».9

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00417-00 (5562-2023)

Demandante: Andrés Mauricio Arias Acevedo

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00417-00 (5562-2023)

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13.9. La providencia del Tribunal se sustentó en las Leyes 131 de 1985 y 578 de 2000, así como en el Decreto 1793 de 2000. También citó la jurisprudencia relevante, entre ellas, la sentencia SU-225 de 1997 de la Corte Constitucional y la de unificación del 25 de agosto de 2016 del Consejo de Estado, y desarrolló un juicio de igualdad debidamente motivado.

13.10. El Tribunal examinó todos los argumentos planteados en la demanda y en la apelación y concluyó que no existía vulneración del principio de igualdad ni nulidad alguna. Además, explicó por qué no procedía el reconocimiento del incremento del 20%, al no ser el actor soldado voluntario.

13.11. En consecuencia, los cargos de nulidad carecieron de fundamento, pues los temas ya habían sido debatidos y resueltos en las sentencias de instancia. El recurso extraordinario de revisión se presentó como una nueva apelación, sin respaldo en las causales legales del artículo 250 del CPACA.

13.12. Por lo anterior, se debía declarar infundado el recurso extraordinario de revisión y negar las pretensiones, al no acreditarse irregularidad procesal ni vulneración de derechos fundamentales que afectara la validez de las decisiones judiciales impugnadas.

1.7. Intervención del Ministerio Público

y negar las pretensiones, al no acreditarse irregularidad procesal ni vulneración de derechos fundamentales que afectara la validez de las decisiones judiciales impugnadas.

1.7. Intervención del Ministerio Público

14. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto10.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

15. Esta Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de revisión de conformidad con lo regulado en los artículos 249 del CPACA y 13 numeral 3 del Reglamento Interno del Consejo de Estado 11, expedido por la Sala Plena de esta corporación , que estableció «[d]e l os recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».

2.2. Oportunidad

16. En e