CE - Sentencia 13001233300020160080301 de 2025

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 13001-23-33-000-2016-00803-01 (7079-2023)

Demandante: Juan José Carbonell Torres

Demandado: E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias

Tema: Solicitud de reconocimiento de prestaciones económicas de personal de salud transferido del Servicio Seccional de Salud de

Bolívar a la ESE Hospital Local de Cartagena de Indias

Sentencia de segunda instancia _________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 5 , mediante la cual s e negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Juan José Carbonell Torres presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que se declarara la nulidad del oficio del 11 de abril de 2016, a través del cual la entidad

de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que se declarara la nulidad del oficio del 11 de abril de 2016, a través del cual la entidad demandada le negó el reconocimiento de los derechos establecidos en la sentencia C-241 de 2014, por la cual al pronunciarse sobre la exequibilidad del Decreto Ley 1399 de 1990, protegió a todos los trabajadores escindidos, incorporados, cedidos o reincorporados en el proceso de organización del sector salud territorial.

1 En adelante CPACA.2

Radicado: 13001-23-33-000-2016-00803-01 (7079-2023)

Demandante: Juan José Carbonell Torres

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó i) el reconocimiento de «los siguientes derechos económicos con ocasión del respeto del tipo de vínculo laboral en el sector salud del Departamento de Bolívar, así: prima de vacaciones de 20 días, vacaciones disfrute de días adicionales según el tiempo de servicio, subsidio de transporte si se devenga un máximo de 3 smlmv, prima de navidad de 35 días, prima de servicios de 20 días, bonificación por antigüedad en porcentaje del salario devengado de acuerdo [con el] tiempo de servicio, dotación de uniformes y calzado»; y ii) el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del

CPACA.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se indicaron los siguientes:

3.1. El 16 de febrero de 1991 se suscribió un convenio interadministrativo entre el

CPACA.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se indicaron los siguientes:

3.1. El 16 de febrero de 1991 se suscribió un convenio interadministrativo entre el departamento de Bolívar y el distrito de Cartagena en donde se estableció el respeto por los derechos laborales de los servidores públicos transferidos en el proceso de reorganización del sector salud del Servicio Seccional de Salud de Bolívar, con base en la Ley 10 de 1990 y el Decreto 1399 de 1990.

3.2. Con el Decreto 626 de 14 de agosto de 1991, el distrito de Cartagena – Fondo Distrital de Salud incorporó a Juan José Carbonell Torres, entre otros servidores, y con la Resolución 2217 de 19 91 se les reconoció vacaciones, prima de vacaciones en 20 días, subsidio de transporte superior al establecido para la época, auxilio de alimentación superior al de la época, 20 días de prima de servicios, prima de navidad en 35 y 33 días, según la asignación salarial.

3.3. Por medio de la Resolución 447 de marzo de 1992 se reconoció un beneficio laboral al personal transferido al distrito de Cartagena, consistente en una bonificación de antigüedad.

3.4. Con posterioridad el distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias creó varias empresas sociales del Estado para la prestación de servicios de salud, entre ellas el Hospital Local de Cartagena, ente que el 29 de agosto de 2000 suscribió acta de entrega del personal que había pasado del Servicio Seccional de Salud de Bolívar al distrito, para incorporarlos sin solución de continuidad en la señalada ESE.

acta de entrega del personal que había pasado del Servicio Seccional de Salud de Bolívar al distrito, para incorporarlos sin solución de continuidad en la señalada ESE.

3.5. El 29 de mayo de 2012, la Junta Directiva del sindicato «ANTHOC» Bolívar le solicitó a la ESE, el cumplimiento y aplicación de los beneficios adquiridos de los trabajadores y empleados de la empresa que v enían transferidos sin solución de3

Radicado: 13001-23-33-000-2016-00803-01 (7079-2023) Demandante: Juan José Carbonell Torres continuidad del departamento de Bolívar, Servisalud; Distrito de Cartagena, DADIS; y ESE distritales.

3.6. El 17 de febrero de 2016, Juan José Carbonell Torres entre otros peticionarios, le solicitaron a la ESE Hospital Local de Cartagena «la posibilidad de pago de los derechos laborales pecuniarios, en los términos del orden jurídico constitucional, protegido (sic) a todos los trabajadores escindidos, transferidos, incorporados, cedidos o reincorporados en el proceso de organización del sec tor salud territorial, conforme al precedente judicial de la sentencia C-241 de 2014, que se pronunció sobre la exequibilidad del Decreto Ley 1399 de 1990 ». Esta reclamación se denegó con el acto acusado [oficio del 11 de abril de 2016], al considerar que la entidad no estaba facultada para reconocer y pagar sumas de dinero respecto de las cuales no existía certeza o no estaban determinadas en forma clara al no encontrarse cuantificados, en tanto ello se debía efectuar a través de «conciliación administrativa ante las respectivas

para reconocer y pagar sumas de dinero respecto de las cuales no existía certeza o no estaban determinadas en forma clara al no encontrarse cuantificados, en tanto ello se debía efectuar a través de «conciliación administrativa ante las respectivas procuradurías delegadas y aprobada por el respectivo Juez Administrativo competente».

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 53 y 243 de la Constitución Política; el Código Sustantivo del Trabajo2; 3 y 4 del Decreto 1399 de 1990; y la sentencia C241 de 2014.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente3:

5.1. El acto acusado fue expedido con desviación de poder, bajo una apariencia de legalidad en la respuesta a la petición formulada, toda vez que «dejó de reconocer y aplicar los artículos 3 y 4 de l Decreto Ley 1399 de 1990, al no respetar la forma de vinculación del demandante y los derechos salariales y prestacionales que tenía y fueron cedidos por el Servicio Seccional de Salud de Bolívar, en el proceso de descentralización y organización del sector salud en el Departamento de Bolívar […]» y «desconoc[ió] el orden jurídico laboral de los trabajadores del sector salud a la luz del precedente judicial obligatorio de la sentencia C-241 del 2014».

5.2. Asimismo la decisión acusada fue expedida con infracción de artículos 3 y 4 del Decreto Ley 1399 de 1990, al no querer reconocerle los derechos económicos laborales reconocidos en las resoluciones 276 del 20 de marzo de 1990, 001 del 1

Decreto Ley 1399 de 1990, al no querer reconocerle los derechos económicos laborales reconocidos en las resoluciones 276 del 20 de marzo de 1990, 001 del 1 de octubre del 2001, 447 del 18 de marzo de 1992, el Decreto 626 del 14 de agosto de 1991 y el convenio interadministrativo suscrito entre el distrito de Cartagena y el Servicio Seccional de Bolívar, con ocasión del proceso de descentralización en

2 En lo sucesivo CST 3 Samai, índice 2, actuación «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2 .rar», archivo «01.ExpedienteDigitalizado.pdf», folios 3 a 114

Radicado: 13001-23-33-000-2016-00803-01 (7079-2023) Demandante: Juan José Carbonell Torres el sector salud.

1.2. Contestación de la demanda

6. La ESE Hospital Local de Cartagena de Indias se opuso a las pretensiones de la

demanda, con fundamento en lo siguiente4:

6.1. La solicitud de los derechos a que se refiere la sentencia C -241 de 2014 no constituye una adecuada y específica pretensión, pues el demandante nunca ha determinado ni cuantificado razonablemente lo reclamado, así como tampoco discriminó el monto de cada concepto y si comprendía vigencias pasadas o futuras, máxime cuando no presentó «una estimación razonada de la cuantía, simplemente señaló en “$282.997.897”, tomando como base de liquidación desde el año 2003», sobre un salario de $5.773.389 en 2016, pese a que correspondía al percibido a la fecha de presentación de la demanda.

señaló en “$282.997.897”, tomando como base de liquidación desde el año 2003», sobre un salario de $5.773.389 en 2016, pese a que correspondía al percibido a la fecha de presentación de la demanda.

6.2. La entidad en condición de órgano descentralizado del orden territorial ha cumplido con el reconocimiento y pago de los derechos laborales de Juan José Carbonell Torres, quien tiene la calidad de empleado público y fue incorporado sin solución de continuidad desde el 1º de octubre de 2001, con efectos fiscales desde el 1 º de septiembre de ese año , por lo que a la fecha de presentación de la demanda, e incluso la fecha de respuesta de la petición formulada y la solicitud previa de conciliación, transcurrieron más de 15 años, razón por la cual se configuró la prescripción extintiva de los derechos laborales pretendidos.

6.3. Con fundamento en lo anterior, formuló las excepciones que denominó inepta demanda por falta de requisitos formales – falta de cumplimiento del requisito previo de intento de conciliación ; prescripción extintiva ; carencia de bases razonadas para la determinación de las pretensiones , legalidad, validez y firmeza de los reconocimiento y pagos laborales cumplidos a favor del actor; falta de causa para pedir y a usencia de desviación de poder en el acto que se indica en la demanda.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 5, en sentencia del 13 de diciembre de 2022 negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar

4 Samai, índice 2, actuación «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2 .rar», archivo

diciembre de 2022 negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar

4 Samai, índice 2, actuación «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2 .rar», archivo «01.ExpedienteDigitalizado.pdf», folios 122 a 1365

Radicado: 13001-23-33-000-2016-00803-01 (7079-2023) Demandante: Juan José Carbonell Torres en costas a la parte vencida. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente5:

7.1. De acuerdo con las actas aportadas al proceso del 9 de noviembre de 1987, 21 de agosto de 1991 y 21 de septiembre de 2000, se acreditó que el demandante se posesionó en propiedad como médico en el Centro de Salud de Daniel Lemaitre; pasó de empleado de la Gobernación del Departamento de Bolívar - Servicio Seccional de Salud de Bolívar, al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias - Fondo Distrital de Salud; e incorporado a la ESE demandada.

7.2. Debido a su vinculación por medio de acto administrativo y su incorporación en el sistema de carrera administrativa, era claro que desde el ingreso al servicio seccional de salud de Bolívar se desempeñaba como empleado público, calidad en la que fue transferido al ente distrital en aplicación de la Ley 10 de 1990.

7.3. De ahí que Juan José Carbonell Torres no tenía derecho al reconocimiento de las prestaciones sociales reconocidas en las resoluciones 2217 de 1991 y 447 de 1992 proferidas por el alcalde de Cartagena, toda vez que este no tenía facultades

7.3. De ahí que Juan José Carbonell Torres no tenía derecho al reconocimiento de las prestaciones sociales reconocidas en las resoluciones 2217 de 1991 y 447 de 1992 proferidas por el alcalde de Cartagena, toda vez que este no tenía facultades para fijar el régimen prestacional y salarial de los servidores públicos, toda vez que de conformidad con los artículos 150-19 y 189 constitucionales y 12 de la Ley 4ª de 1992, esta es una atribución del Congreso de la República y en el gobierno nacional, tal y como lo ha considerado el Consejo de Estado 6. Además de lo anterior, quedó demostrado que el actor tiene la condición de empleado público, por lo tanto no p odía beneficiarse de convenciones colectiva s o cualquier otra norma proferida por una autoridad del orden territorial.

1.4. El recurso de apelación

8. El demandante interpuso recurso de apelación con fundamento en los siguientes

argumentos7:

8.1. El a quo desconoció que el sustento de la procedencia de las pretensiones de la demanda es constitucional, en cuanto al respeto de los derechos laborales en el proceso de descentralización en salud regulado por la Ley 10 de 1990. Se trata de «derechos pecuniarios, están directamente vinculados con prestaciones sociales y

5 Samai, índice 2, actuación «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2 .rar», archivo «02.Sentencia.pdf» 6 Al respecto citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, sentencia del 25 de julio de 2013 [sin que señalara número de radiación]; y de la Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1393 del 18 de julio de 2002

sentencia del 25 de julio de 2013 [sin que señalara número de radiación]; y de la Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1393 del 18 de julio de 2002 7 Samai, índice 2, actuación «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2 .rar», archivo «04.RecursoApelacion.pdf»6

Radicado: 13001-23-33-000-2016-00803-01 (7079-2023) Demandante: Juan José Carbonell Torres salariales que, al ser percibidos con anterioridad, por el trabajador, a este debe respetársele la forma de vinculación y el orden salarial y prestacional, incluyendo su forma de vinculación».

8.2. El tribunal solo analizó que «las prestaciones sociales y salariales, no son las fijadas para la generalidad de los trabajadores vinculados al Estado, sin detenerse a analizar que ese marco salarial y prestacional, no es el resultado de atribuciones asumidas por las autoridades administrativas territoriales, sino que son las prestaciones que en razón de la C-241 del 2014, se les debe seguir reconociendo en el vínculo laboral, sin solución de continuidad», en virtud de lo dispuesto en el Decreto Ley 1399 de 1990 y la sentencia de la Corte Constitucional que declaró su exequibilidad que protegió «esa confianza legítima - laboral en cuanto a los derechos percibidos por los servidores públicos que estaban vinculados antes, durante la reorganización del sector salud».

8.3. Así entonces, el sustento del reconocimiento de los derechos económicos señalados en la demanda era la sentencia C -241 de 2014 y con ocasión del proceso de descentralización , más no como resultado de un conflicto de trabajo

8.3. Así entonces, el sustento del reconocimiento de los derechos económicos señalados en la demanda era la sentencia C -241 de 2014 y con ocasión del proceso de descentralización , más no como resultado de un conflicto de trabajo que regulado por el Código Sustantivo de Trabajo conllevara la realización de una convención colectiva de trabajo.

1.5. Trámite en segunda instancia

9. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar en los términos del numeral 5 ibidem8.

1.6. Concepto del Ministerio Público

10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

11. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 9, el problema jurídico consiste en determinar ¿si Juan José Carbonell Torres tiene derecho a que se le reconozcan las prestaciones económicas solicitadas en virtud de lo dispuesto en el Decreto Ley 1399 de 1990 y la sentencia C-241 de 2014?

8 Según se observa en el auto proferido el 14 de febrero de 2024, visible en el índice 4 de Samai 9 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.7

Radicado: 13001-23-33-000-2016-00803-01 (7079-2023)

Demandante: Juan José Carbonell Torres

artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.7

Radicado: 13001-23-33-000-2016-00803-01 (7079-2023)

Demandante: Juan José Carbonell Torres

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sobre la reorganización del Sistema Nacional de Salud en virtud del Decreto Ley 1399 de 1990 y la sentencia C-241 de 2014

12. En aras de la definición del problema jurídico es determinante definir el marco jurídico aplicable a los servidores del sector de la salud, particularmente del orden territorial, con el propósito de identificar el régimen prestacional aplicable. En efecto, conviene señalar que a través del Decreto 2470 de 1968 10 estableció el Sistema Nacional de Salud Pública como el conjunto de organismos encauzados por la finalidad de procurar la salud de la comunidad con tres niveles funcionales: nacional, seccional y local. Este último estaba constituido por recursos tales como hospitales, centros y puestos de salud y demás instituciones encargadas de ejecutar los programas de salud en su respectiva jurisdicción. Luego, el Decreto 621 de 1974 definió las funciones que debía desarrollar el Ministerio de Salud Pública como director del sistema.

13. Posteriormente, el Decreto 56 de 1975 definió el Sistema Nacional de Salud como «el conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades que tengan como finalidad especifica procurar la salud de la comunidad, en los aspectos de promoción, protección, recuperación y rehabilitación ». Esta norma indicó que los servicios seccionales de salud funcionarían como dependencias técnicas del Ministerio de

finalidad especifica procurar la salud de la comunidad, en los aspectos de promoción, protección, recuperación y rehabilitación ». Esta norma indicó que los servicios seccionales de salud funcionarían como dependencias técnicas del Ministerio de Salud Pública [artículo 8], entidad que, al mismo tiempo, velaría por el cumplimiento de sus normas y vigilaría el ejercicio presupuestal, entre otros asuntos. A su vez, el Decreto 706 de 1974 dispuso que los servicios seccionales de salud ser ían creados por contratos suscritos entre la nación, Ministerio de Salud Pública y los departamentos, intendencias, comisarías y Distrito Especial de Bogotá y las correspondientes beneficencias y loterías.

14. En relación con el modelo descrito, la jurisprudencia del Consejo de Estado concluyó que el sistema seccional de salud no podía ser considerado como una organización de la rama ejecutiva del orden nacional. Ello e ra así, en atención a que su creación, organización y funcionamiento se estructuraba a partir de un esquema contractual, fundado en el consentimiento de los prestadores del servicio, el cual se diferenciaba de los organismos que integran la rama ejecutiva descritos por el artículo 1 del Decreto 105 0 de 1968. Así son «servidores departamentales quienes prestan sus servicios en cargos permanentes de los organismos de dirección del Sistema Nacional de Salud, a nivel seccional, como son los Servicios Seccionales de

10 «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Salud Pública»8

Radicado: 13001-23-33-000-2016-00803-01 (7079-2023) Demandante: Juan José Carbonell Torres Salud»11. Este entendimiento ha servido de sustento a esta Sección para llegar a

Radicado: 13001-23-33-000-2016-00803-01 (7079-2023) Demandante: Juan José Carbonell Torres Salud»11. Este entendimiento ha servido de sustento a esta Sección para llegar a la conclusión de que los empleados del sector salud vinculados a una dirección seccional de salud eran servidores departamentales y no nacionales12.

15. Con la expedición de la Ley 10 de 1990 el Congreso de la República reorganizó el Sistema Nacional de Salud, razón por la cual se facultó en los artículos 16 y 22 de la citada ley al presidente para: (i) suprimir dependencias o programas de la nación y entidades descentralizadas del orden nacional, que en virtud de la cesión, no puedan continuar realizando el objeto para el cual fueron creadas y organizadas; y (ii) ceder bienes y rentas a una entidad pública, de cualquier nivel administrativo, o a una fundación o institución de utilidad común o asociación o corporación, sin ánimo de lucro, que preste servicios de salud.

16. El artículo 17 de la Ley 10 de 1990 concerniente a los derechos laborales dispuso lo siguiente: «Artículo 17.- Derechos Laborales. Las personas vinculadas a las entidades que se liquiden, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, serán nombradas o contratadas, según el caso, por las entidades territoriales o descentralizadas, a las cuales, se hayan cedido los bienes, elementos o instalaciones para la prestación de servicios de salud, sin perder la condición específica de su forma de vinculación. A los empleados y trabajadores, se les aplicará el régimen salarial y prestacional, propio de la respectiva entidad, sin que se puedan disminuir los niveles de orden salarial y

servicios de salud, sin perder la condición específica de su forma de vinculación. A los empleados y trabajadores, se les aplicará el régimen salarial y prestacional, propio de la respectiva entidad, sin que se puedan disminuir los niveles de orden salarial y prestacional de que gozaban en la entidad liquidada. Cuando se trate de empleados de carrera administrativa, o que hayan desempeñado cargos de carrera, sin pertenecer a ella, se les reconocerá continuidad en la car rera o el derecho de ingresar a ella, respectivamente.

En lo relativo a los cargos que sean suprimidos se aplicarán en materia laboral las mismas normas previstas en el Decreto 77 de 1987 y sus decretos reglamentarios, en cuanto sean compatibles, y se garantizará, igualmente, la continuidad en la carrera administrativa o su derecho a ingresar a ella.

Parágrafo.- La Nación responderá por el pago de las prestaciones adecuadas a la fecha de la liquidación o supresión de que trata el artículo anterior a las personas vinculadas a las entidades, dependencias o programas que se liquiden o supriman, según el caso, y cuya naturaleza jurídica sea del nivel nacional».

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 4 de mayo de 1993, expediente: C -231 del 4 de mayo de 1993. En este auto se dirimió un conflicto de competencias entre el Ministerio de Salud y la Gobernación del Huila. 12 Al respecto se puede revisar la tesis reiterada contenida entre otras en las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 17 de febrero

competencias entre el Ministerio de Salud y la Gobernación del Huila. 12 Al respecto se puede revisar la tesis reiterada contenida entre otras en las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 17 de febrero de 2011, radicación: 440012331000200300906 -02 (0553 -10); 8 de marzo de 2018 , radicación: 4400123330002014000155-02(0816-17); 22 de marzo de 2018, radicación: 440012331000200300906-02 (0553-10); y de la Subsección A, sentencia del 18 de enero de 2018, radicación: 440012333000201490035-01 (1575-2016).9

Radicado: 13001-23-33-000-2016-00803-01 (7079-2023)

Demandante: Juan José Carbonell Torres

17. El artículo 30 ibidem dispuso que las entidades públicas de cualquier orden que prestaran servicios de salud aplicarían a sus trabajadores oficiales «en cuanto sean

compatibles, los principios y reglas propios del régimen de carrera administrativa, y les reconocerán, como mínimo, el régimen prestacional previsto en el Decreto 3135 de 1968, todo, sin perjuicio de lo que contemplen las convenciones colecti vas de trabajo ». En cuanto a los empleados públicos de ese sector y del orden territorial y sus entes descentralizados, determinó que les era aplicable «el mismo régimen prestacional de los empleados públicos del orden nacional», con la salvedad de que no se les podían disminuir los niveles salariales y prestaciones de que venían gozando en las entidades cuya liquidación se ordenó en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 ibidem.

disminuir los niveles salariales y prestaciones de que venían gozando en las entidades cuya liquidación se ordenó en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 ibidem.

18. En cumplimiento de la ley habilitante, el presidente de la República expidió el 4 de julio el Decreto 1399 de 1990, por medio del cual se reguló la nueva vinculación laboral de empleados oficiales y trabajadores del sector salud en los casos específicos de los artículos 16 y 22 de la Ley 10 de 1990, cuyo ámbito de aplicación se centró en el siguiente objetivo: «El presente Decreto regula la nueva vinculación laboral de empleados públicos y trabajadores oficiales que quedaren cesantes por motivo de la supresión, liquidación o cambio de adscripción a otro nivel administrativo, de entidades o dependencias o programas de la Nación, los departamentos, las intendencias y las comisarías, tanto del sector central como del descentralizado, que en virtud de la cesión de que trata el artículo 16 de la Ley 10 de 1990, no puedan continuar realizando el objeto para el cual fueron creadas y organizadas. También se aplica a la reubicación y redistribución del personal de los servicios seccionales de salud de conformidad con el artículo 18 de la Ley 10 de 1990.

Igualmente regula la nueva vinculación laboral del personal que quedare cesante con ocasión de la liquidación y disolución de las fundaciones o instituciones de utilidad común en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 19 de 1990, y que venían siendo sostenidas y administradas por el Estado.

PARAGRAFO. Para los efectos del presente Decreto son niveles administrativos, el

común en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 19 de 1990, y que venían siendo sostenidas y administradas por el Estado.

PARAGRAFO. Para los efectos del presente Decreto son niveles administrativos, el nacional, el departamental, el municipal, el intendencial y el comisarial».

19. El Decreto Ley 1399 de 1990 recae específicamente sobre la nueva vinculación laboral de empleados oficiales y trabajadores de entidades del sector salud suprimidas, liquidadas o cedidas durante los dos años de facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República en cumplimiento del artículo 16 de la Ley 10 de 1990. Los artículos 3 y 4 previeron que los destinatarios del señalado decreto podían mantener la modalidad de su vinculación, por lo que si era empleado público el vínculo permanece ría sin solución de continuidad y si era trabajador oficial se incorporaría por contrato de trabajo; así como la extensión de las prerrogativas salariales y prestacionales adquiridas en la entidad intervenida10

Radicado: 13001-23-33-000-2016-00803-01 (7079-2023) Demandante: Juan José Carbonell Torres a la entidad receptora de la cesión, incluso si en esta última no est aba previsto determinado factor salarial. Estas garantías se previeron así: « Artículo 3° Obligación de vincular el personal cesante. Las entidades cesionarias están obligadas a vincular el personal cesante al cual se refiere el primer inciso del artículo 1o. del presente Decreto, sin perder la condición específica de su forma de vinculación. Si el empleado oficial estaba vinculado por contrato de trabajo, tendrá la nueva vinculación mediante esta modalidad. Si la vinculación anterior era como

artículo 1o. del presente Decreto, sin perder la condición específica de su forma de vinculación. Si el empleado oficial estaba vinculado por contrato de trabajo, tendrá la nueva vinculación mediante esta modalidad. Si la vinculación anterior era como empleado público, la nueva conservará esta misma modalidad.

Cuando se trate de personal cesante al cual se refiere el inciso final del artículo 1o. del presente Decreto, éste deberá ser incorporado mediante, nuevo contrato de trabajo o nombramiento, según el caso, a las entidades públicas o privadas a las cuales se confíen los bienes y rentas de que trata el parágrafo segundo del artículo 22 de la Ley 10 de 1990.

Parágrafo 1o. Para hacer efectiva la incorporación del personal cesante, las entidades cesionarias procederán de inmediato a tramitar la creación de los cargos respectivos en sus plantas de personal. La liquidación de entidades y la cesión de bienes se subordina a la expedición de la norma que apruebe las nuevas plantas que garanticen la incorporación del personal a que se refiere este Decreto.

Parágrafo 2o. La nueva vinculación debe hacerse sin solución de continuidad.

Artículo 4° Garantía de derechos. A los empleados públicos y a los trabajadores oficiales de que trata el presente Decreto, se les aplicará el régimen salarial y prestacional propio de la entidad a la cual se les hace la nueva vinculación, sin que pueda disminuírseles los niveles de orden salarial y prestacional de que gozaban en la entidad liquidada o suprimida.

Por lo tanto los factores salariales y prestacionales serán los establecidos para la entidad cesionaria, conservando en todo caso las cuantías que recibía la persona en la

entidad liquidada o suprimida.

Por lo tanto los factores salariales y prestacionales serán los establecidos para la entidad cesionaria, conservando en todo caso las cuantías que recibía la persona en la entidad cedente, mientras permanezca vinculada laboralmente a la entidad cesionaria.

Si la entidad cesionaria no tuviere ot