CNDJ - 11001080200020250140500

Comisión Nacional de Disciplina Judicial

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Título
CNDJ - 11001080200020250140500
Autor
Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Bogotá D.C., cuatro (04) de agosto de dos mil veintiséis (2026) Magistrada Ponente: MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS Radicación No. 110010802000202501405 00 Aprobado según Acta No. 13 de la fecha Subsala N° 01

ASUNTO

La Sala Dual de Decisión de Instrucción procede a pronunciarse sobre la solicitud de nulidad y el recurso de reposición 1 radicados por el quejoso , señor Jorge Alexander Velásquez Franco , contra la providencia de terminación del procedimiento aprobada mediante acta No. 09 del 21 de mayo de 2026 2, dentro de las presentes diligencias adelantadas en contra del doctor ÁLVARO AUGUSTO NAVIA MANQUILLO , en condición de Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Dis trito Judicial de Buga.

ANTECEDENTES

El 10 de noviembre de 2025 3, se recibió en este despacho la remisión de competencia ordenada el 27 de agosto de ese año por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Valle del Cauca 4, mediante la cual remitió la queja presentada el 14 de febrero anterior, por el señor Jorge Alexander Velásquez Franco, en contra del doctor Álvaro Augusto Navia

1 Archivo digital 030. 2 Archivo digital 026. 3 Archivo digital 002. 4 Archivo digital 001.República de Colombia Rama Judicial

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2 Archivo digital 026. 3 Archivo digital 002. 4 Archivo digital 001.República de Colombia Rama Judicial

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Manquillo, en condición de Magi strado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, por presunt as irregularidades cometidas dentro del proceso penal adelantado en su contra5.

ACONTECER PROCESAL

1. De conformidad con lo consagrado en el acta individual de reparto del 10 de noviembre de 2025 6, le correspondió el conocimiento de las presentes diligencias a quien aquí funge como ponente.

2. En auto del 24 de noviembre de 2025 7, se dispuso la apertura de investigación disciplinaria contra el doctor ÁLVARO AUGUSTO NAVIA MANQUILLO, en condición de Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga y se allegaron las respectivas pruebas documentales.

-En correo electrónico del 15 de enero de 2026 8, el área de Asuntos Laborales de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali , Valle del Cauca remitió certificado de salarios percibidos por el inculpado, como magistrado de la Sala Penal del Tribunal Sup erior del Distrito Judicial de Buga, desde diciembre de 2022 a la fecha, e informó sobre el número de cédula y los datos de identificación del investigado.

-En Oficio SJ_00123_GABD fechado el 19 de enero de 2026 9, la secretaria

Buga, desde diciembre de 2022 a la fecha, e informó sobre el número de cédula y los datos de identificación del investigado.

-En Oficio SJ_00123_GABD fechado el 19 de enero de 2026 9, la secretaria general de la Corte Suprem a de Justicia remitió copia del acuerdo y acta de posesión correspondientes al nombramiento del doctor Álvaro Augusto Navia Manquillo, en calidad de Magistrado del Tribun al Superior del Distrito Judicial de Buga.

5 Proceso penal radicado 76895600019220210000201, seguido co ntra Jorge Alexander Velásquez Franco, tramitado en primera instancia por el Juzgado Penal del Circuito de Roldanillo y en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga. 6 Archivo digital 002. 7 Archivo digital 008. 8 Archivo digital 011. 9 Archivo digital 017.República de Colombia Rama Judicial

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-En constancia secretarial del 22 de enero de 2026 10, la Secretaría Judicial de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial indicó que al parecer cursó otra actuación disciplinaria por los mismos hechos, así:

-En correo electrónico del 26 de enero de 2026 11, el secretario de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga informó sobre el trámite impartido al proceso penal No. 11001080200020250140500, así:

-En correo electrónico del 26 de enero de 2026 11, el secretario de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga informó sobre el trámite impartido al proceso penal No. 11001080200020250140500, así:

“a) El reparto del asunto fue realizado en dos oportunidades primero el 16/02/2022 y el segundo 06/12/2022.

10 Archivo digital 018. 11 Archivo digital 021 y 22.República de Colombia Rama Judicial

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b) El magistrado a cargo en las dos oportunidades fue el Magistrado Álvaro Augusto Navia Manquillo. c) El reparto realizado el 16/02/2022 se trató de la apelación en contra del auto int erlocutorio del catorce (14) de febrero de dos mil veintidós (2022), a través del cual, la Juez Penal del Circuito de Roldanillo inadmitió la prueba sobreviniente reclamada en desarrollo de la audiencia de juicio oral; y el reparto del 06/12/2022 fue la ap elación contra en contra de la sentencia No. 080 del veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2.022), a través de la cual la Juez Penal del Circuito de Roldanillo lo condenó en calidad de autor del delito de acceso carnal abusivo con menor de cato rce años agravado en concurso homogéneo y sucesivo a la pena principal de doscientos

Penal del Circuito de Roldanillo lo condenó en calidad de autor del delito de acceso carnal abusivo con menor de cato rce años agravado en concurso homogéneo y sucesivo a la pena principal de doscientos cuarenta (240) meses de prisión, a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un plazo igual, le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. d) Se dictó sente ncia el día 26/07/2023.Confirmando la sentencia apelada. e) La Corte Suprema de Justicia emitió auto el 15 de marzo de 2025, en el que declaró la nulidad de la notificación de la senten cia debido a la falta de lectura de sentencia en audiencia. (falta de publicidad) f) La audiencia de lectura de sentencia se realizó el 22 de abril de 2025, y en ella participaron la Fiscalía 29 Seccional de Roldanillo el Dr. CARLOS HUMBERTO POSADA ARISTIZ ABAL, el abogado defensor Dr. LEONEL SALAZAR TOBON, representante de vi ctimas la Dr. DIEGO PAÚL TAMAYO GUEVARA, los procuradores DANIEL GERARDO LÓPEZ NARVAEZ y NORBERTO GÓMEZ BONILLA, ministerio público primera instancia. g) El recurso de casación fue inte rpuesto el día 22 de abril de 2025, el mismo día de la audiencia y el e xpediente fue remitido a la Honorable Corte Suprema de Justicia el 19/06/2025. h) El expediente se encuentra activo surtiendo el recurso de Casación en la Corte Suprema de Justicia.”República de Colombia Rama Judicial

Corte Suprema de Justicia el 19/06/2025. h) El expediente se encuentra activo surtiendo el recurso de Casación en la Corte Suprema de Justicia.”República de Colombia Rama Judicial

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-En certificado del 6 de febrero de 2026 12, la Procuraduría General de l a Nación indicó que no hay registro de sanciones o inhabilidades en contra del investigado. En este mismo sentido, en certificado del 5 de febrero de 2026, el secretario judicial de la C omisión Nacional de Disciplina Judicial indicó que no se registraron s anciones disciplinarias en contra del inculpado.

  • En memorial fechado —equivocadamente— el 5 de febrero de 2025 y remitido el 5 de febrero de 2026 13, el disciplinable presentó versión l ibre, en la que indicó que, mediante sentencia aprobada el 26 de julio de 2023, la Sala de Decisión, integrada por los magistrados Juan Carlos Santacruz López, José Jaime Valencia Castro y él, en calidad de ponente, confirmó la sentencia del 21 de noviembr e de 2022 , a través de la cual la Juez Penal del Circuito de Rold anillo condenó al señor Jorge Alexander Velásquez Franco en calidad de autor del delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años agravado en concurso homogéneo y sucesivo, a la pena principal de 240 meses de prisión, y a la accesoria de inhabilit ación para el

Franco en calidad de autor del delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años agravado en concurso homogéneo y sucesivo, a la pena principal de 240 meses de prisión, y a la accesoria de inhabilit ación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un plazo igual.

Explicó que, en contra de esa decisión, la defensa del acusado interpuso recurso extraordinario de casación, y un a vez recibida la demanda, el asunto se remitió a la Sala de Casa ción Penal de la Corte Suprema de Justicia, corporación que, mediante providencia del 19 de marzo de 2025, con ponencia del magistrado Hugo Quintero Bernate , declaró la nulidad de la actuación procesal a partir de los trámites de notificación de la sentenc ia emitida el 26 de julio de 2023 y devolvió las diligencias.

Lo anterior, con el fin de convocar a las partes e intervinientes a la audiencia de lectura de fallo de segunda instancia, de co nformidad con lo previsto en

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el inciso final del artículo 179 de la Ley 906 de 2004, para lo cual se otorgó un plazo de 15 días contados a partir de la comunicación de esa decisión.

Advirtió que, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia, la sentencia de segunda instancia fue leída el 22 de abril de 2025,

un plazo de 15 días contados a partir de la comunicación de esa decisión.

Advirtió que, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia, la sentencia de segunda instancia fue leída el 22 de abril de 2025, fecha en la cual empezó a correr el término para interponer el recurso extraordinario de casación.

Aseguró que la defensa interpuso y presentó la demanda de casación, recurso extraordinario que fue concedido en auto del 15 de junio de 2025, razón por la cual las diligencias fueron remitidas nuevamente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 19 del mismo mes y año.

Concluyó que, del recuento anterior, se pudo e stablecer que no era cierto que en el asunto seguido en contra de l quejoso se hubieran proferido dos sentencias por los mismos hechos y delitos; pues la decisión leída el 22 de abril de 2025 corresponde a la que se aprobó en acta 240 del 26 de julio de

2023. Explicó que esa decisión se adoptó con fundamento en las prueb as debidamente practicadas y debatidas en el juicio oral, y con respeto al debido proceso y derecho de defensa del ciudadano Jorge Alexander Velásquez Franco, quien incluso a través de su def ensor, interpuso los recursos ordinarios y extraordinarios que tuvo a su alcance.

-Mediante providencia de l 21 de mayo de 2026 14, esta Sala Dual de Decisión de instrucción decretó la terminación del procedimiento y su consecuente archivo, en favor del disciplinable.

La providencia fue notificada al Ministerio Público 15 y al disciplinable 16, y

Decisión de instrucción decretó la terminación del procedimiento y su consecuente archivo, en favor del disciplinable.

La providencia fue notificada al Ministerio Público 15 y al disciplinable 16, y comunicada al quejoso 17 mediante oficios del 3 de junio de 2026. Este último interpuso recurso de reposición vía correo electrónico el 16 de junio

14 Archivo digital 026. 15 Archivo digital 027. 16 Archivo digital 028. 17 Archivo digital 029.República de Colombia Rama Judicial

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de 202618, escrito en e l que también solicitó que se declarara la nulidad de la comunicación del auto de terminación.

PROVIDENCIA OBJETO DE INCONFORMIDAD

La Sala Dual de Decisión de Instrucción dispuso, en providencia aprobada mediante acta No. 09 del 21 de mayo de 2026 , DECRETAR la TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO y, en consecuencia, el ARCHIVO DEFINITIVO de la actuación adelantada contra el doctor ÁLVARO AUGUSTO NAVIA MANQUILLO, en condición de Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga.

En resumen, la Sala Dual expuso los siguientes fundamentos fácticos, probatorios y jurídicos:

Cuestión previa relacionada con la existencia de otra actuación disciplinaria

En primer lugar, la Sala examinó la constancia secretarial del 22 de enero

probatorios y jurídicos:

Cuestión previa relacionada con la existencia de otra actuación disciplinaria

En primer lugar, la Sala examinó la constancia secretarial del 22 de enero de 2026, según la cual aparentemente había cursado otra actuación disciplinaria contra el doctor Álvaro Augusto Navia Manquillo por hechos relacionados con la confirmación de la sentencia condenatoria proferida contra el quejoso.

Al revisar el expediente No. 1100 1080200020250102200, advirtió que, mediante auto del 21 de octubre d e 2025, otro despacho se había inhibido de plano de iniciar actuación disciplinaria, al considerar que los hechos se circunscribían a inconformidades procesales y sustanciales con las decisiones adoptadas dentro del proceso penal.

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No obstante, explicó que, conforme al artículo 209 de la Ley 1952 de 2019 y a la jurisprudencia de esta Corporación, la decisión inhibitoria se adopta sin actuación procesal previa, no contiene un pronunciamiento material de fondo y, por tanto, no hace tránsito a cosa juzgada. En consecuencia, concluyó que resultaba procedente examinar el fondo de los hechos denunciados con fundamento en las pruebas recaudadas durante la investigación disciplinaria.

fondo y, por tanto, no hace tránsito a cosa juzgada. En consecuencia, concluyó que resultaba procedente examinar el fondo de los hechos denunciados con fundamento en las pruebas recaudadas durante la investigación disciplinaria.

Inconformidades relacionadas con la sentencia del 26 de julio de 2023

La Sala identificó que el primer núcleo de la queja se dirigía contra la sentencia de segunda instancia del 26 de julio de 2023, mediante la cual la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Jud icial de Buga confirmó la condena impuesta al señor Jorge Alexander Velásquez Franco.

En particular, el quejoso cuestionó que el magistrado investigado hubiera confirmado esa decisión sin advertir la supuesta falta de competencia del funcionario que profi rió la sentencia de primera instancia, la presunta valoración de pruebas previamente excluidas y el alegado aumento de la pena a veinte años de prisión.

Para resolver esos señalamientos, la Sala reconstruyó el trámite surtido dentro del proceso penal. Est ableció que el 21 de noviembre de 2022 el Juzgado Penal del C ircuito de Roldanillo condenó al señor Jorge Alexander Velásquez Franco, como autor del delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años agravado, en concurso homogéneo y sucesivo, a la pena principal de 240 meses de prisión. También constató que el juzgado sustentó su competencia en los artículos 36, numeral 2º, y 43 de la Ley 906 de 2004.

Asimismo, verificó que el recurso de apelación interpuesto el 28 de noviembre de 2022 se encaminó a controvertir la existencia de los abusosRepública de Colombia

de 2004.

Asimismo, verificó que el recurso de apelación interpuesto el 28 de noviembre de 2022 se encaminó a controvertir la existencia de los abusosRepública de Colombia Rama Judicial

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sexuales y la valoración de los elementos de convicción relacionados con la responsabilidad penal, sin que en ese escrito se hubiese planteado la falta de competencia de la primera instancia ni la valoración de pr uebas previamente excluidas.

Competencia de las autoridades judiciales

Frente a la competencia del funcionario que profirió la sentencia condenatoria, la Sala consideró, en primer lugar, que dicha inconformidad no había sido formulada en el recurso de ap elación, por lo que el magistrado investigado se encontraba sujeto al principio de limitación, conforme al cual la competencia material del superior se circunscribe, en principio, a los asuntos propuestos por el apelante.

En segundo lugar, señaló que el J uzgado Penal del Circuito de Roldanillo había sustentado razonablemente su competencia, pues la formulación de imputación y la acusación se llevaron a cabo en ese municipio y los artículos 36 y 43 de la Ley 906 de 2004 permitían que el juzgamiento fuera conocido por esa autoridad. Añadió que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga contaba con competencia funcional para resolver la apelación contra la sentencia

artículos 36 y 43 de la Ley 906 de 2004 permitían que el juzgamiento fuera conocido por esa autoridad. Añadió que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga contaba con competencia funcional para resolver la apelación contra la sentencia proferida por un juez penal del circuito perteneciente a ese distrito judicial, de conformidad con el numeral 1º del artículo 34 de la Ley 906 de 2004.

Por lo anterior, concluyó que el magistrado investigado no había confirmado una providencia proferida por una autoridad manifiestamente incompetente ni adoptado una decisión abiertamente contraria a la ley.

Pruebas presuntamente excluidas

En cuanto a la afirmación según la cual el fallo condenatorio habría valorado elementos probatorios excluidos previamente, la Sala reiteró que eseRepública de Colombia Rama Judicial

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aspecto tampoco fue planteado en el recurso de apelación p resentado por la defensa. Por esa razón, estimó q ue, en virtud del principio de limitación, el magistrado investigado no podía extender el estudio de la segunda instancia a materias distintas de las propuestas por el recurrente.

Sin perjuicio de lo anteri or, examinó la valoración realizada en la sentenc ia del 26 de julio de 2023 y concluyó que esta fue integral, razonada y acorde con las reglas de la sana crítica. Destacó que el Tribunal relacionó y analizó

del 26 de julio de 2023 y concluyó que esta fue integral, razonada y acorde con las reglas de la sana crítica. Destacó que el Tribunal relacionó y analizó conjuntamente los diferentes testimonios y declar aciones técnicas practicados en el juicio oral.

Precisó que la declaración de responsabilidad se sustentó, entre otros elementos, en el relato de la víctima, la declaración rendida por su madre, la valoración practicada por una trabajadora del Instituto N acional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el examen corporal efectuado por una médica del Hospital de Zarzal, la intervención de una psicóloga de esa institución y el testimonio aportado por la propia defensa.

Así, la Sala consideró que la decisión c onfirmatoria no obedeció a una apreciación aislada o arbitraria de un elemento probatorio, sino al análisis conjunto del material incorporado al juicio.

Supuesto aumento de la pena

Respecto del señalamiento conforme al cual el magistrado investigado habría aumentado la pena impuesta a l quejoso, la Sala estableció que la condena de 240 meses de prisión había sido fijada por el Juzgado Penal del Circuito de Roldanillo en la sentencia de primera instancia del 21 de noviembre de 2022.

Por consiguiente, concl uyó que el Tribunal no incremen tó la sanción, sino que se limitó a confirmar la pena impuesta por el juzgado de primeraRepública de Colombia Rama Judicial

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instancia, motivo por el cual tampoco encontró acreditada una irregularidad disciplinariamente relevante en ese aspecto.

En suma, estim ó que la sentencia de segunda i nstancia se encontraba sustentada en el material probatorio incorporado al proceso y en las normas aplicables, sin que se advirtiera que el magistrado investigado hubiera actuado de manera abiertamente contraria al ordenamiento jurídico.

Supuesta expedición de una segunda sentencia el 22 de abril de 2025

El segundo núcleo de inconformidad consistió en que, según el quejoso, el magistrado investigado profirió una nueva sentencia el 22 de abril de 2025, pese a que ya existía l a decisión adoptada el 26 de ju lio de 2023, con lo cual habría vulnerado la cosa juzgada y la garantía del non bis in idem.

Al respecto, la Sala estableció que, contra la sentencia de segunda instancia, la defensa interpuso recurso extraordinario de casac ión y que, mediante auto del 19 de marzo de 2025, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de la actuación únicamente a partir de los trámites de notificación de aquella providencia.

Indicó que la Corte no dejó sin efec tos la sentencia del 26 de juli o de 2023, sino que devolvió las diligencias para que el Tribunal convocara a las partes e intervinientes a la audiencia de lectura del fallo de segunda instancia, de

Indicó que la Corte no dejó sin efec tos la sentencia del 26 de juli o de 2023, sino que devolvió las diligencias para que el Tribunal convocara a las partes e intervinientes a la audiencia de lectura del fallo de segunda instancia, de conformidad con el inciso final del artículo 179 de la Ley 906 de 2004.

La decisión de la Corte Suprema fue comunicada al Tribunal el 8 de abril de 2025 y, en auto de esa misma fecha, el magistrado investigado convocó la audiencia para el 22 de abril siguiente. En esa diligencia fue leída la sentencia previament e aprobada, momento a partir de l cual comenzó a correr nuevamente el término para interponer el recurso extraordinario de casación.República de Colombia Rama Judicial

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Con fundamento en esa secuencia procesal, la Sala concluyó que el 22 de abril de 2025 no se profirió una segunda sentencia ni se volvió a juzgar al quejoso por los mismos hechos. Lo que ocurrió fue la lectura de la decisión adoptada el 26 de julio de 2023, en cumplimiento de lo ordenado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, razón por la cual descartó la vulneración de la cosa juzgada y del non bis in idem.

Solicitudes de acceso a las grabaciones

Finalmente, la Sala examinó la afirmación del quejoso relativa a que había

descartó la vulneración de la cosa juzgada y del non bis in idem.

Solicitudes de acceso a las grabaciones

Finalmente, la Sala examinó la afirmación del quejoso relativa a que había solicitado copia de la audiencia de sentido de fallo, sin obtener respuesta ni acceso a las grabaciones.

Sobre este aspecto, verificó que el 9 de mayo de 2025 el defensor del señor Jorge Alexander Velásquez Franco solicitó los audios de las audiencias y que el 13 de mayo siguiente, la Secretaría del Tribunal le remitió el enlace de acceso al expediente virtual.

También encontró una solicitud fechada el 21 de agosto de 2025, mediante la cual el quejoso pidió copia de la grabación de una audiencia; no obstante, determinó que ese escrito no pasó al despacho del magistrado investigado.

Por tanto, concluyó que no podía atribuirse al doctor Álvaro Augusto Navia Manquillo la falta de respuesta denunciada, pues la solicitud presentada por el defensor había sido atendida por la Secretaría y aquella formulada directamente por el quejoso no fue puesta en conocimiento de su despacho.

Autonomía e independencia judicialRepública de Colombia Rama Judicial

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Después de resolver individualmente los hechos denunciados, la Sala precisó que la jurisdicción disciplinaria no constituye una instancia adicional para revisar las decisiones adoptadas por el juez natural de la causa.

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Después de resolver individualmente los hechos denunciados, la Sala precisó que la jurisdicción disciplinaria no constituye una instancia adicional para revisar las decisiones adoptadas por el juez natural de la causa.

Explicó que la responsabilidad disciplinaria derivada del contenido de una providencia judicial solo puede edificarse cuando se advierta una actuación carente de objetividad, caprichosa o manifiestamente desconocedora de la normatividad aplicable. Consideró que tales circunstancias no se presentaron en el caso concreto, pues resultaba jurídicamente plausible confirmar la sentencia condenatoria con fundamento en las pruebas y normas examinadas, así como realizar su lectu ra en cu mplimiento de la orden impartida por la Corte Suprema de Justicia.

La Sala fundamentó esa conclusión en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política y 5º de la Ley 270 de 1996, relativos a la autonomía e independencia de la Rama Judicial, a sí como en la jurisprudencia constitucional que proscribe el inicio de actuaciones disciplinarias dirigidas únicamente a cuestionar los criterios jurídicos empleados por los funcionarios judiciales al interpretar y aplicar el ordenamiento.

No obstante, reconoció que la autonomía judicial no tiene carácter absoluto. Aun así, estimó que las decisiones adoptadas por el magistrado investigado se derivaron del examen del material probatorio y de una interpretación razonable de las normas aplicables, sin que se demostrara una actuación arbitraria o manifiestamente separada del ordenamiento jurídico.

Fundamento de la terminación

Como conclusión, la Sala determinó que no se acreditó irregularidad

razonable de las normas aplicables, sin que se demostrara una actuación arbitraria o manifiestamente separada del ordenamiento jurídico.

Fundamento de la terminación

Como conclusión, la Sala determinó que no se acreditó irregularidad disciplinariamente reprochable en las conductas atribuidas al docto r Álvaro Augusto Navia Manquillo.República de Colombia Rama Judicial

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En particular, estableció que la sentencia de segunda instancia fue adoptada dentro del ámbito funcional del investigado y con fundamento en una valoración probatoria y jurídica razonada; que no se profirió una segunda se ntencia el 22 de abril de 2025, sino que se dio lectura a la decisión de 2023 en cumplimiento de una orden de la Corte Suprema de Justicia; y que no podía atribuírsele personalmente la omisión de responder las solicitudes relacionadas con el acceso a las grabaciones.

Por consiguiente, con fundamento en los artículos 90 y 250 de la Ley 1952 de 2019, decretó la terminación del procedimiento y el archivo definitivo de las diligencias.

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN

En escrito del 16 de junio de 20 26, el señor Jorge Alexander Velásquez Franco solicitó declarar la nulidad de la comunicación de la providencia del 21 de mayo anterior, efectuada mediante Oficio S.J. -17613-MCAR del 3 de

En escrito del 16 de junio de 20 26, el señor Jorge Alexander Velásquez Franco solicitó declarar la nulidad de la comunicación de la providencia del 21 de mayo anterior, efectuada mediante Oficio S.J. -17613-MCAR del 3 de junio siguiente. Señaló que la decis ión fue remitida al correo elect rónico de una persona de confianza y no a una dirección propia ni a la de quien identificó como su apoderado, doctor Leonel Salazar Tobón. Agregó que, por encontrarse privado de la libertad, no tiene acceso directo a medios electrónicos y solo conoció mate rialmente la decisión durante una visita realizada los días 12 o 13 de junio de 2026.

Por ello, pidió que se invalidara la comunicación y se efectuara nuevamente tanto a él como al referido abogado. Subsidiariamente, solicitó que el recurso se tuviera por oportuno, contabilizando el término desde la fecha en que conoció la providencia. En cuanto a la reposición, pretendió que se revocara la decisión de terminación y se reabriera la investigación disciplinaria, con fundamento en los siguientes reparos:República de Colombia Rama Judicial

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Cambio de juez, pena y circunstancia de agravación

El recurrente sostuvo que la providencia no examinó conjuntamente que la doctora Luz Nelly Gutiérrez Arizabaleta presidió el juicio y anunció el sentido

Cambio de juez, pena y circunstancia de agravación

El recurrente sostuvo que la providencia no examinó conjuntamente que la doctora Luz Nelly Gutiérrez Ariza

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