CNDJ - 11001250200020220528901
Detalles
- Título
- CNDJ - 11001250200020220528901
- Autor
- Comisión Nacional de Disciplina Judicial
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- —
F 16150
COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026) Magistrado Ponente: CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ Radicación: 11001250200020220528901 Aprobado según Acta No. 027 de la misma fecha.
ASUNTO
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial resolverá el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la disciplinable MAGNOLIA HOYOS OCORÓ, jueza 27 de Familia de Bogotá para la época de los hechos, contra la sentencia proferida el 13 de mayo de 2 026 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá1, donde le impuso sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de tres (3) meses, tras declararla responsable por la incursión en falta disciplinaria2 con ocasión del incumplimiento del deber consagrado en el numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los artículos 129 y 131 numeral 8 ibidem, y con los Acuerdos PCSJA17-10780 del 25 de septiembre de 2017 y CSJBTA17-556 del 6 de octubre de 2017, al haber nombrado en provisionalidad, mediante Resolución No. 019 del 24 de junio de 2022, a Deisy Johanna García Zapata como oficial mayor o sustanciadora del despacho a su cargo, sin que acreditara el requisito académico exigido para el desempeño de dicho empleo.
1 Expediente11001250200020220528901, carpeta de primera instancia, archivo 41SentenciaDePrimeraInstancia, en Sala
sustanciadora del despacho a su cargo, sin que acreditara el requisito académico exigido para el desempeño de dicho empleo.
1 Expediente11001250200020220528901, carpeta de primera instancia, archivo 41SentenciaDePrimeraInstancia, en Sala integrada por los magistrados Luis Wilson Báez Salcedo -ponente-, Edgar Ricardo Castellanos Romero -con aclaración de voto-, y Paulina Canosa Suárez -con salvamento de voto. En la misma carpeta, archivos 42AcalaracionDeVoto y 43SalvamentoDeVoto. 2 De acuerdo con la cláusula establecida por el artículo 242 del CGD.F 16150
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SITUACIÓN FÁCTICA
La presente actuación se origina en la conducta disciplinariamente relevante relacionada con el nombramiento provisional efectuado por Magnolia Hoyos Ocoró, en su condición de jueza 27 de Familia de Bogotá, mediante Resolución No. 019 del 24 de junio de 2022, acto con el cual vinculó a Deisy Johanna García Zapata como oficial mayor o sustanciadora del despacho a su cargo.
El cuestionamiento se centra en que, para ese momento, la designada no habría acreditado el requisito académico exigido para el desempeño del empleo, circunstancia que constituye el núcleo fáctico de las diligencias.
ANTECEDENTES PROCESALES
habría acreditado el requisito académico exigido para el desempeño del empleo, circunstancia que constituye el núcleo fáctico de las diligencias.
ANTECEDENTES PROCESALES
Por auto del 24 de octubre de 2022 se dispuso adelantar indagación previa3, luego, mediante proveído del 12 de diciembre del mismo año, se ordenó la apertura de investigación disciplinaria4 contra Magnolia Hoyos Ocoró, en calidad de jueza 27 de Familia de Bogotá , etapa en la que, con decisión del 15 de mayo de 2023 se resolvió incorporar a la p resente actuación el radicado 2022-06258 y se decretaron pruebas de oficio5, y el 31 de julio de 2023 se accedió a petitum probatorio del defensor que se complementó con otros medios dispuestos por iniciativa de la autoridad instructora6, el cierre de la investigación se dispuso mediante auto del 5
3Exp:001PrimeraInstancia/02CarpetaInstruccion/110012502000020220528900004AutoIndagacionPreviaProceso2022-05289 4Exp:001PrimeraInstancia/02CarpetaInstruccion/1100125020000202205289000/014AutoAperturaInvestigacionProceso202205289. 5Exp:001PrimeraInstancia/02CarpetaInstruccion/1100125020000202205289000/033AutoCenxidadDecretaPruebas202205289. 6Exp:001PrimeraInstancia/02CarpetaInstruccion/1100125020000202205289000/056AutoResuelveSolicitudDecretaPruebasP roceso2022-05289.F 16150
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roceso2022-05289.F 16150
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de marzo de 2024 7, y dentro del término de traslado el defensor contractual de la disciplinable presentó alegatos8.
El 23 de mayo de 2024 la primera instancia evaluó el mérito de la investigación9, providencia en la que, de una parte, estimó que “ no se formular[ían] cargos” respecto de los hechos relativos a las empleadas Leidy Maricela Burbano Mejoy, Maribel Danghely Gómez Mejoy y los supuestos nombramientos sin el lleno de requisitos legales de aquellas dos empleadas -como escribiente y sustanciadora u oficial mayor, respectivamente-.
De otra, formuló cargo único contra la funcionaria, con ocasión de la designación de Deisy Johanna García Zapata como sustanciadora mediante la Resolución No. 019 del 24 de junio de 2022, toda vez que en su calidad de jueza 27 de Familia de Bogotá, habría cometido falta disciplinaria, en los términos del artículo 242 de la Ley 1952 de 2019, por la presunta desatención del deber previsto en el numeral 1° del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los artículos 129 y 131 numeral 8 ibidem, y con los Acuerdos PCSJA17 -10780 del 25 de
la presunta desatención del deber previsto en el numeral 1° del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los artículos 129 y 131 numeral 8 ibidem, y con los Acuerdos PCSJA17 -10780 del 25 de septiembre de 2017 -artículo 8°- y CSJBTA17-556 del 6 de octubre de 2017 -numeral 2, requisitos específicos 2.2-, al haber nombrado como oficial mayor o sustanciadora del despacho a su cargo a Deisy Johanna García Zapata, pese a que no acreditaba el requisito académico exigido para ese empleo, esto es, la terminación y aprobación de todas las materias que integran el pénsum de Derecho, o la aprobación de 3 años de estudios superiores en esa disciplina.
7Exp:001PrimeraInstancia/02CarpetaInstruccion/1100125020000202205289000/077AutoOrdenaCierreInvestigacionProceso 2022-05289. 8Exp: 001PrimeraInstancia/02CarpetaInstruccion/1100125020000202205289000/081CorreoAlegatosPrevios. 9Exp:001PrimeraInstancia/02CarpetaInstruccion/1100125020000202205289000/083AutoPliegodeCargosProceso202205289. Providencia suscrita por el magistrado Martín Leonardo Suárez Varón.F 16150
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Se planteó que el comportamiento revestía ilicitud sustancial, comoquiera que la inobservancia atribuida no se agotaba en una irregularidad meramente formal, sino que comprometía la prestación del servicio público de administración de justicia, en tanto la provisión del empleo de oficial mayor o sustanciadora del despacho recayó en quien no acreditaba el requisito académico previsto en la reglamentación aplicable, instituida para asegurar la idoneidad mínima de quienes concurren al apoyo de la función judicial y la regularidad en la conformación de la planta de personal, sin que la disciplinable hubiera ofrecido justificación alguna.
La falta fue calificada provisionalmente como grave, con apoyo en los artículos 47 y 48 de la Ley 1952 de 2019, considerando que la administración de justicia, en cuyo contexto se ejecutó, es un servicio de naturaleza esencial, la jerarquía de la funcionaria, la afectación que con el nombramiento pudo causarse a la administración de justicia y el carácter contrario a las normas del comportamiento adoptado sin justificación, mientras que la atribución subjetiva se hizo a título de dolo, bajo el entendido de que la formación académica de la disciplinable y su amplia experiencia en la Rama Judicial le imponían conocer la ley y, en su condición de jueza, la obligaban a respetarla y cumplirla, de modo que, teniendo conocimiento de que su conducta era contraria a aquella, orientó su voluntad a consumarla.
su condición de jueza, la obligaban a respetarla y cumplirla, de modo que, teniendo conocimiento de que su conducta era contraria a aquella, orientó su voluntad a consumarla.
Surtida la notificación del pliego y remitido el expediente al funcionario de juzgamiento, mediante auto del 14 de junio de 2024 se resolvió adelantar el juicio por la vía ordinaria y se ordenó el traslado de que trata el artículo 225B del Código General Disciplinario10, y, después de que la defensa promoviera nulidad y solicitara pruebas, por interlocutorio del 25 de
10Exp:11001250200020220528901/001PrimeraInstancia/07AutoFijaJuzgamientoOrdinario.F 16150
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octubre de 2024 se negó aquella y se decretó el recaudo de probanzas, decisión frente a la cual no se interpuso recurso11, una vez acopiados los elementos suasorios, en decisión del 11 de diciembre de 2024 se concedió el término para la presentación de los argumentos conclusivos12, oportunidad en la que el defensor los allegó en escritos de los días 18 de diciembre de 2024 y 22 de enero de 202513, exponiendo lo que a continuación se sintetiza:
Solicitó la terminación del proceso, su archivo y, en todo caso, la
los días 18 de diciembre de 2024 y 22 de enero de 202513, exponiendo lo que a continuación se sintetiza:
Solicitó la terminación del proceso, su archivo y, en todo caso, la absolución de Magnolia Hoyos Ocoró frente al cargo relacionado con el nombramiento provisional de Deisy Joh anna García Zapata como sustanciadora del Juzgado 27 de Familia de Bogotá, por el presunto incumplimiento de los requisitos académicos exigidos para el cargo, conducta calificada como falta grave cometida a título de dolo.
En punto de tipicidad, sostuvo que la imputación integraba disposiciones dirigidas a funcionarios, empleados y aspirantes, pese a que la investigada tenía la condición de jueza, además, afirmó que el numeral 1.º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 constituía una norma abierta, que deb ía complementarse con un deber concreto exigible a la funcionaria, inexistente a su juicio, y señaló que la exigencia de 3 años de estudios superiores en Derecho debía interpretarse conforme a las distintas modalidades y estructuras de los programas académicos, por lo que la aprobación de 84 de los 165 créditos cursados por parte de Deisy Johanna García Zapata, junto con su experiencia laboral desde 2016, permitía considerar satisfecho el perfil requerido.
11Exp:11001250200020220528901/001PrimeraInstancia/15AutoResuelveNulidadyDecretaPruebas. 12Exp:11001250200020220528901/001PrimeraInstancia/27CorreTrasladoAlegatos. 13Exp:11001250200020220528901/001PrimeraInstancia/31AlegatosConclusionDefensor y 32Alegatos.F 16150
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13Exp:11001250200020220528901/001PrimeraInstancia/31AlegatosConclusionDefensor y 32Alegatos.F 16150
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La defensa afirmó que el nombramiento obedeció a razones de necesidad y responsabilidad funcional, derivadas de la renuncia de Laura Figueroa, la posterior desvinculación de Dayana Katherine Sierra Fandiño, la urgencia de preservar el funcionamiento del despacho y la ausencia de certeza sobre la provisión inmediata del cargo mediante las listas de elegibles, a lo que sumó la experiencia de la susodicha, su conocimiento de las labores judiciales y la situación de violencia intrafamiliar que afrontaba junto con su hijo menor, circunstancia que también fue considerada por la jueza desde un enfoque de género.
En relación con la ilicitud sustancial, adujo que no se acreditó una afectación real del servicio de justicia, pues después de la designación se mantuvieron los indicadores del juzgado, se evacuaron 674 p rocesos durante 2022, con un inventario inicial de 560 expedientes y 1.104 ingresos efectivos, y se conservaron resultados favorables en términos cuantitativos y cualitativos, por lo que reprochó que el cargo se sustentara en una afectación meramente hipot ética, expresada en que la designación “podía afectar” el servicio, y planteó, en gracia de discusión,
cuantitativos y cualitativos, por lo que reprochó que el cargo se sustentara en una afectación meramente hipot ética, expresada en que la designación “podía afectar” el servicio, y planteó, en gracia de discusión, que la conducta no podía calificarse como grave ni atribuirse a título de dolo, dado que no se demostró perturbación, perjuicio ni intención de desconocer el ordenamiento.
Finalmente, destacó la hoja de vida, la experiencia y las providencias proyectadas por Deisy Johanna García Zapata, las estadísticas del despacho, las resoluciones relacionadas con la provisión del cargo, la documentación sobre la viole ncia intrafamiliar y las declaraciones rendidas, en particular, la manifestación de la designada acerca del cumplimiento de los requisitos para resaltar que la investigada habría confiado de buena fe, además, sostuvo que el quejoso actuó motivadoF 16150
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por animadversión y que habría utilizado una cuenta falsa para formular denuncias anónimas con el propósito de causar daño.
SENTENCIA APELADA
Mediante sentencia del trece (13) de mayo de 2026, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá declaró disciplinariamente responsable a Magnolia Hoyos Ocoró , en condición de jueza 27 de
SENTENCIA APELADA
Mediante sentencia del trece (13) de mayo de 2026, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá declaró disciplinariamente responsable a Magnolia Hoyos Ocoró , en condición de jueza 27 de Familia de Bogotá, por haber designado a Deisy Johanna García Zapata como sustanciadora del despacho a su cargo, mediante Resolución 019 del 24 de junio de 2022, pese a que no acreditaba el requisito académico previsto para ese empleo.
La autoridad de primer grado tuvo por demostrado que, aunque la aludida universitaria contaba con experiencia previa en la Rama Judicial, no había culminado y aprobado la totalidad de las asignaturas del programa de Derecho ni acreditaba 3 años de estudios superiores en dicha disciplina, conforme a las exigencias aplicables al cargo de oficial mayor o sustanciador de Juzgados del Circuito , por lo cual concluyó que la nominadora inobservó el deber previsto en el numeral 1.º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los artículos 129 y 131, numeral 8.º ibidem, además de los Acuerdos PCSJA17 -10780 y CSJBTA17-556 de 2017.
Al examinar los planteamientos defensivos, se descartó la falta de claridad en la integración normativa, al considerar que las disposiciones citadas en la decisión de cargos conformaban el marco jurídico aplicable al ejercicio de la facultad nominadora, asimismo, se rechazó la equiparación entre el porcentaje de créditos aprobados y los 3 años deF 16150
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al ejercicio de la facultad nominadora, asimismo, se rechazó la equiparación entre el porcentaje de créditos aprobados y los 3 años deF 16150
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estudios superiores en Derecho, porque dicha equivalencia no estaba prevista en las normas pertinentes ni podía establecerse mediante una operación aritmética construida con posterioridad.
De igual forma, el a quo negó que la vacancia del cargo, la experiencia previa de Deisy Johanna García Zapata y la situación de violencia intrafamiliar que esta afrontaba permitieran prescindir de las exigencias académicas, pues tales circunstancias no desplazaban el deber de verificar las condiciones reglamentarias del empleo ni convertían la trayectoria laboral de la designada en un factor sustitutivo del requisito formativo.
En cuanto a la ilicitud sustancial, la primera instancia consideró que la designación de una persona que no reunía las condiciones académicas comprometía la legalidad de la función nominadora, la igualdad en el acceso a los cargos de la Rama Judicial y la finalidad institucional de asegurar la idoneidad de quienes prestan sus servicios a la administración de justicia; sostuvo la calificación de la falta como grave, con fundamento en la naturaleza esencial del servicio, la jerarquía de la funcionaria y la trascendencia de la infracción; y en el análisis de culpabilidad, reafirmó
de justicia; sostuvo la calificación de la falta como grave, con fundamento en la naturaleza esencial del servicio, la jerarquía de la funcionaria y la trascendencia de la infracción; y en el análisis de culpabilidad, reafirmó que la conducta fue desplegada a título de dolo, lo que coligió a partir de la formación jurídica de la disciplinada, su prolongada experiencia funcional, el conocimiento de las reglas aplicables, el carácter voluntario del nombramiento y la posibilidad concreta de verificar los requisitos antes de efectuarlo.
Finalmente efectuó la dosificación valorando en su favor la diligencia y eficiencia demostradas en el desempeño del cargo junto con la ausencia de antecedentes disciplinarios, mientras que como aspectosF 16150
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desfavorables ponderó la gravedad y connotación del comportamiento, el perjuicio causado a la administración de justicia y la especial naturaleza del servicio comprometido, por consiguiente impuso a Magnolia Hoyos Ocoró la sanción mínima aplicable, correspondiente a suspensión en el ejercicio del cargo por tres (3) meses.
La decisión de primer grado fue aprobada con una aclaración14 y un salvamento de voto15.
RECURSO DE APELACIÓN
Inconforme con la decisión, mediante mensaje de datos del 15 de mayo del año en curso, el defensor de la investigada interpuso apelación16 que
salvamento de voto15.
RECURSO DE APELACIÓN
Inconforme con la decisión, mediante mensaje de datos del 15 de mayo del año en curso, el defensor de la investigada interpuso apelación16 que fue concedido con auto del pasado 10 de junio17.
La defensa solicita revocar la sentencia sancionatoria y absolver a Magnolia Hoyos Ocoró, al considerar que la providencia desconoció los argumentos expuestos durante el trámite, omitió una valoración integral del material probatorio y sustentó la responsabilidad en una lectura formal e insuficientemente motivada del marco normativo.
En materia de tipicidad, cuestiona la integración de los artículos 222 y 242 de la Ley 1952 de 2019 con el numeral 1.º del artículo 153, el artículo 129
14 El magistrado Edgar Ricardo Castellanos Romero acompañó el sentido sancionatorio del fallo, al considerar acreditado que la disciplinada designó a Deisy Johanna García Zapata sin que esta reuniera las condiciones exigidas para el cargo, aunque precisó que la integración normativa debía circunscribirse al numeral 1.º del artículo 153, a los artículos 129 y 131, numeral 8.º, de la Ley 270 de 1996 y al Acuerdo PCSJA17-10780 de 2017, sin incorporar el Acuerdo CSJBTA17-556 de 2017, por cuanto este último regulaba una convocatoria para concurso de méritos.
15 La magistrada Paulina Canosa Suárez se apartó del fallo y sostuvo que procedía absolver porque los artículos 129 y 131,
numeral 8.º, de la Ley 270 de 1996 no configuraban, en los términos empleados, el deber funcional imputado, ni existía una disposición que extendiera esas exigencias a los nombramientos en provisionalidad, además, cuestionó la incorporación del Acuerdo CSJBTA17-556 de 2017, por regular un concurso de méritos, y concluyó que no se acreditó el dolo, pues la designación respondió a la necesidad del servicio, a la experiencia de la empleada y a la convicción de que su vinculación contribuía al funcionamiento del despacho.
16 Exp: 11001250200020220528901/001PrimeraInstancia/46RecursoApelacion. 17 Exp: 11001250200020220528901/001PrimeraInstancia /51AutoConcedeRecursoApelacion.F 16150
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y el numeral 8.º del artículo 131 de la Ley 270 de 1996, así como con los acuerdos PCSJA17-10780 y CSJBTA17-556 de 2017, pues, a su juicio, el fallo confundió las calidades y destinatarios de esas disposiciones al atribuir a una jueza deberes previstos para empleados o aspirantes, mientras el canon 131.8 consagra una facultad nominadora, además, sostiene que el Acuerdo CSJBTA17-556 se circunscribía a un concurso de méritos y a la valoración de la experiencia, por lo que no podía
mientras el canon 131.8 consagra una facultad nominadora, además, sostiene que el Acuerdo CSJBTA17-556 se circunscribía a un concurso de méritos y a la valoración de la experiencia, por lo que no podía constituir la fuente autónoma del deber reprochado, y agrega que, aun si se considerara aplicable el artículo 153.1, se trataría de una norma abierta que requería integración con una obligación concreta, inexistente en el caso, planteamiento que relaciona con la aclaración y el salvamento de voto de la decisión de fondo de primer grado, porque en esas piezas se cuestionó el empleo de esa normativa y se advirtió, especialmente en el segundo, una posible afectación del derecho de defensa.
También objeta que los acuerdos citados definieran con claridad la exigencia académica, puesto que no contemplan las distintas modalidades, duración y organización de los programas de Derecho, particularmente el sistema de créditos, y en ese contexto, afirma que la jueza consideró que la aprobación de 84 de los 165 créditos del programa cursado por Deisy Johanna García Zapata equivalía a los tres años de estudios superiores requeridos, junto con la experiencia relacionada adquirida desde 2016 en el Juzgado 27 de Familia de Bogotá, y reprocha que la sentencia no examinara adecuadamente la certificación académica, la trayectoria de la designada, los testimonios, las actas de seguimiento, la calidad de las decisiones proyectadas ni el alcance funcional de esos elementos.F 16150
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funcional de esos elementos.F 16150
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En un segundo eje, sostiene que la provisión estuvo justificada por la necesidad urgente de preservar la continuidad del despacho, después de la renuncia de Laura Figueroa y de la posterior desvinculación de Dayana Katherine Sierra Fandiño, en un contexto de alta congestión judicial, carga laboral creciente y falta de certeza sobre la fecha de llegada de una persona de las listas de elegibl es, añade que Deisy Johanna García Zapata contaba con experiencia práctica, conocimiento del funcionamiento del juzgado y avances en sus estudios de Derecho, condiciones que, desde la perspectiva de la directora del despacho, ofrecían mejores posibilidades para mantener la oportunidad y calidad del servicio, especialmente ante el riesgo de invertir tiempo en capacitar a personas que luego no permanecieran en el empleo.
La defensa incorpora un enfoque de género, debido a que la mencionada y su hijo menor af rontaban una situación de violencia intrafamiliar que había dado lugar a medidas de protección, mientras la jueza conocía sus dificultades económicas, familiares y laborales, así como la posibilidad de que abandonara el empleo, y la ciudad, así, bajo esa p erspectiva, presenta la provisión temporal como una actuación orientada también a proteger la autonomía económica de la empleada y a permitirle apartarse
que abandonara el empleo, y la ciudad, así, bajo esa p erspectiva, presenta la provisión temporal como una actuación orientada también a proteger la autonomía económica de la empleada y a permitirle apartarse de su agresor, relaciona ese contexto con la hostilidad que, en su criterio, fue generada por Reynaldo Correa Salamanca, con el proceso de acoplamiento del equipo y la sobrecarga laboral, factores que llevaron a la jueza a solicitar acompañamiento de la ARL Positiva y apoyo reiterado de la Unidad de Bienestar de la Dirección Ejecutiva, sin obtener una respuesta institucional suficiente, por lo que invoca las causales de exclusión de responsabilidad previstas en los numerales 3.º y 5.º del artículo 31 del CGD.F 16150
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En cuanto a la ilicitud sustancial, afirma que la sentencia confundió el incumplimiento formal de una regla con la afectación sustancial del deber funcional, al señalar que la provisión irregular podía comprometer el servicio de justicia sin explicar de qué manera ni en qué medida habría ocurrido tal afectación, alega que no se acreditó una perturbació n relevante de la actividad judicial, daño concreto a los usuarios, paralización del servicio ni perjuicio material, y que los indicadores del juzgado, las estadísticas SIERJU, los testimonios, las actas de
relevante de la actividad judicial, daño concreto a los usuarios, paralización del servicio ni perjuicio material, y que los indicadores del juzgado, las estadísticas SIERJU, los testimonios, las actas de seguimiento y la calidad de las decisiones demost raban resultados favorables después de la medida, añade que esta tenía carácter provisional, que se habían agotado las listas de elegibles y que quienes fueron llamados para ocupar el empleo en propiedad no aceptaron o declinaron, de acuerdo con las resolu ciones aportadas, aspecto que, según su planteamiento, desvirtúa tanto la supuesta afectación de las expectativas de otros aspirantes como la necesidad de acudir a una convocatoria abierta.
De manera subsidiaria, cuestiona la calificación de la falta como grave, por estimarla desproporcionada y carente de motivación fáctica y jurídica, pues la sentencia se habría limitado a mencionar la naturaleza esencial de la administración de justicia, la condición de jueza de la investigada y la trascendencia social d e sus decisiones, sin concretar el grado de perturbación del servicio, el perjuicio causado ni la incidencia específica de los criterios previstos en el artículo 47 del CGD, y, en punto de ello, puntualiza que no formula una censura autónoma contra la dosi metría, sino contra la clasificación como grave.
Finalmente, controvierte la atribución dolosa, porque el fallo habría trasladado sin análisis propio la conclusión formulada en el pliego y,F 16150
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además, habría invocado indebidamente el aludido c anon 47 como fundamento de la culpabilidad, pese a que esa disposición regula la gravedad o levedad de la falta, además, niega que hubiera existido un propósito deliberado de infringir el ordenamiento, sostiene que la jueza actuó de buena fe, convencida de que los créditos académicos de Deisy Johanna García Zapata satisfacían la exigencia prevista, y afirma que su actuación respondió a razones funcionales, humanitarias y de servicio, no a una finalidad dañosa, como respaldo, solicita valorar las estadísticas SIERJU correspondientes al periodo 2021-2025, las resoluciones número 2 y 31 de 2022 y número 2 de 2023, dirigidas a demostrar tanto la tesis sobre la motivación del quejoso como el agotamiento de las reglas de carrera para proveer el empleo, el correo remitido a la Un idad de Bienestar sobre la situación laboral del despacho, las demás pruebas incorporadas al expediente y las motivaciones del salvamento de voto que, según afirma, coinciden con sus argumentos.
CONSIDERACIONES
La Comisión es competente, en sede de segunda instancia, para conocer el recurso formulado por el defensor de la disciplinada, con fundamento en las competencias asignadas por el artículo 257A de la Constitución
CONSIDERACIONES
La Comisión es competente, en sede de segunda instancia, para conocer el recurso formulado por el defensor de la disciplinada, con fundamento en las competencias asignadas por el artículo 257A de la Constitución Política y el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 56 de la Ley 2430 de 2024. Bajo dicho marco y en estricta observancia de los límites que prevé el canon 234 -inciso segundodel Código General Disciplinario, corresponde estudiar solo los tópicos que fueron motivo de apelación y aquellos que resu lten inescindiblemente vinculados a esos aspectos.F 16150
REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
M.P. CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ
RADICADO NO. 11001250200020220528901
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Precisado e
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