CNDJ - 11001250200020230270601
Detalles
- Título
- CNDJ - 11001250200020230270601
- Autor
- Comisión Nacional de Disciplina Judicial
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- —
A - 16226
REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiséis (2026) Magistrado Ponente: ALFONSO CAJIAO CABRERA Radicación No. 110012502000 2023 02706 01 Aprobado según Acta de Sala No.29 de la misma fecha Referencia: Abogado en apelación de sentencia. ASUNTO La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en ejercicio de la competencia conferida en el artículo 257A de la Constitución Política de Colombia1, procede a conocer el recurso de apelación contra la sentencia proferida el 3 de junio de 2025, por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá2, mediante la cual, declaró disciplinariamente responsable al abogado JOSÉ LUIS DUCÓN SAINEA, por la comisión de las faltas previstas en los artículos 34 literal d) y 37 numeral 1 e inobservar los deberes de que trata el artículo 28 numerales 8, 18 literal c) y 10, de la Ley 1123 de 2007 a título de dolo y culpa respectivamente y lo sancionó con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por cuatro (4) meses. HECHOS Y ANTECEDENTES RELEVANTES La presente investigación, se inició por queja presentada por la señora Claudia Tipziana Zamora Terán, en la que manifestó que padecía de una enfermedad de origen laboral y aun así fue “decla rada insubsistente por concurso de méritos en la Gobernación de Cundinamarca”, sin que le otorgaran la reubi cación, encontrándose en proceso de
manifestó que padecía de una enfermedad de origen laboral y aun así fue “decla rada insubsistente por concurso de méritos en la Gobernación de Cundinamarca”, sin que le otorgaran la reubi cación, encontrándose en proceso de calificación por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá. Que en esas condiciones contrató a los abogados, JOSÉ LUIS DUCÓN SAINEA y GERMÁN RICARDO CORTÉS PÉREZ, quienes no presentaron una conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, con el fin de convocar a la Gobernación de Cundinamarca, no promovieron acción de tutela contra la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) con el propósito de reclamar indemnización a su favor y le informaron que ya se había presentado la solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, siendo programada para el 17 de agosto de 2022, y cancelada por la entidad, cuando esto no fue verdad. Por lo tanto, solicitó que fueran investigados.
1 Inciso quinto del artículo 257A C.P. “La Comisión Nacional de Disciplina Judicial será la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley, salvo que esta función se atribuya por la ley a un Colegio de Abogados.” 2 Sala dual integrada por Martín Leonardo Suárez Varón (M.P) y Elka Vanegas Ahumada.COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL A - 16226
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El Registro Nacional de Abogados acreditó que el abogado GERMÁN RICARDO CORTÉS PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 1.057.592.488, es portador de la tarjeta profesional N.º 305868 del Consejo Superior de la Judicatura. De igual forma que el abogado JOSÉ LUIS DUCÓN SAINEA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.057.583.450, es portador de la tarjeta profesional N.º 36 6625 del Consejo Superior de la Judicatura3. El 16 de junio de 20234, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, abrió proceso disciplinario y convocó a audiencia de pruebas y calificación provisional, la que se llevó a cabo, en sesiones del 2 de octubre de 2023, 5 de febrero, 20 de mayo y 21 de noviembre de 2024, dentro de la cual se recaudaron las siguientes pruebas y actuaciones de interés para el presente asunto:
- Ratificación y ampliación de queja de la señora Claudia Tipziana Zamora Terá n, en la que manifestó que estuvo vinculada como servidora de la Gobernación de Cundinamarca del 2015 a diciembre de 2020, que posteriormente su cargo fue provisto medi ante concurso de méritos, que en esas condiciones le indagó a su excompañero Iván Albert o Puerto Garzón sobre la posibilidad de promover una acción judicial con miras a su reintegro a la planta de personal, quien le recomendó al abogado R icardo Cortés Pérez ,
excompañero Iván Albert o Puerto Garzón sobre la posibilidad de promover una acción judicial con miras a su reintegro a la planta de personal, quien le recomendó al abogado R icardo Cortés Pérez , quien rechazó el encargo pero le recomendó al abogado JOSÉ LUIS DUCÓN SAINEA , quien s e comprometió a solicitar una conciliación ante la Procuraduría General de la Nación y posteriormente a presentar una acción de tutela ante la ARL Positiva para el reconocimiento de una indemnización.
También indicó que le comunicó que se había presentado la solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, entidad que había fijado fecha para esta diligencia y que posteriormente esta había sido cancelada, informaciones proporcionadas a través de mensajes de WhatsApp, de junio de 2022 a enero de 2023.
3 Primera Instancia – PDF 07 4 Primera Instancia – PDF 009COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL A - 16226
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- Pantallazos de los mensajes de WhatsApp 5, desde el teléfono de la señora Claudia Tipziana Zamora Terán, aportados por la citada.
Así: 7 de junio de 2022.
14 de junio de 2022:
7 de julio de 2022:
13 de julio de 2022:
5 Primera Instancia – PDF 019COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL A - 16226
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26 de julio de 2022:
15 de agosto de 2022:
17 de enero de 2023:COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL A - 16226
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16 de marzo de 2023:
24 de marzo de 2023:COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL A - 16226
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- Poder otorgado por la señora Claudia Tipziana Zamora Terán 6, al doctor José Luis Ducón Sainea, ante la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que en su representación solicitara y convocara a audiencia de conciliación prejudicial a la Gobernación de Cundinamarca, con fecha de presentación en notar ía del 9 de junio de 2022, por parte de la quejosa.
convocara a audiencia de conciliación prejudicial a la Gobernación de Cundinamarca, con fecha de presentación en notar ía del 9 de junio de 2022, por parte de la quejosa.
- Testimonio del señor Iván Alberto Puerto Garzón, quien señaló que por solicitud de la señora Zamora Terán, contactó a los abogados y acordó con el doctor JOSÉ LUIS DUCÓN SAINEA, los honorarios profesionales, entregándole un anticipo de $500.000.
- Respuesta de la Procuraduría General de la Nación de fecha 22 de junio de 2023 7, en la que se indicó que una vez revisado el aplicativo SIGDEA, el cual registra la radicación de solicitudes de conciliación en materia administrativa, el mismo arrojó que a nombre de los señores C laudia Tipziana Zamora Terán, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.270.330, en calidad de convocante y los abogados JOSÉ LUIS DUCON SAINEA
6 Primera Instancia – Carpeta 003 Anexos Queja 7 Primera Instancia – PDF 013 Respuesta ProcuraduríaCOMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL A - 16226
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y Germán Ricardo Cortés Pérez, en calidad de apoderados, no se registró información alguna radicada en la ciudad de Bogotá, entre la fecha comprendida del 1 de enero del 2019 al 22 de junio del 2023.
- Respuesta del Centro de Servicios Administrativos
registró información alguna radicada en la ciudad de Bogotá, entre la fecha comprendida del 1 de enero del 2019 al 22 de junio del 2023.
- Respuesta del Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados Civiles Laborales y de Familia 8 de fecha 21 de junio de 2023, en el que se indicó que no obraba acción de tutela interpuesta por parte del abogado JOSÉ LUIS DUCÓN SAINEA en nombre de la señora Claudia Tipziana Zamora Terán.
El magistrado sustanciador, en audiencia de pruebas y calificación provisional, llevada a cabo el 20 de mayo de 2024, dispuso la terminación del proceso disciplinario en favor del abogado Germán Ricardo Cortés Pérez, porque se demostró que no fue contratado para ninguna labor profesional, que su única intervención consistió en recomendar al doctor JOSÉ LUIS DUCÓN SAINEA. También formuló cargos en contra del último de los citados por infringir los deberes de diligencia profesional y de lealtad con el cliente. No obstante, lo anterior el 28 de agosto de 2024 se llevó a cabo la audiencia de juzgamiento y encontrándose el proceso al despacho para emitir la sentencia, advirtió la primera instancia que en la calificación jurídica se había omitido incluir un deber de la Ley 1123 de 2007, por lo que se programó audiencia para el 21 de noviembre de 2024. En esa audiencia se declaró la nulidad únicamente de la formulación de cargos y se calificó la actuación nuevamente frente al abogado JOSÉ LUIS DUCÓN SAINEA, por la presunta comisión de las faltas previstas en
los artículos 34 literal d) y 37 numeral 1 e inobservar los deberes de que trata el artículo 28 numerales 8, 10 y 18 literal c), de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo y de culpa respectivamente, normas que disponen lo siguiente:
“Artículo 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado: (…)
8. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales (…)
10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales (…)
8 Primera Instancia – PDF 012 Respuesta Centro de ServiciosCOMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL A - 16226
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18. Informar con veracidad a su cliente sobre las siguientes actuaciones: (…) c) La constante evolución del asunto encomendado y las posibilidades de mecanismos alternos de solución de conflictos” “Artículo 34. Constituyen faltas de lealtad con el cliente: d) No informar con veracidad la constante evolución del asunto encomendado o las posibilidades de mecanismos alternos de solución de conflictos (…)
“Artículo 37. Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:
1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional descuidarlas o abandonarlas (…)
Lo anterior, toda vez, que, de las pruebas allegadas, el magistrado de instancia encontró, que el abogado JOSÉ
diligencias propias de la actuación profesional descuidarlas o abandonarlas (…)
Lo anterior, toda vez, que, de las pruebas allegadas, el magistrado de instancia encontró, que el abogado JOSÉ LUIS DUCÓN SAINEA, presuntamente, demoró la iniciación de las gestiones encomendadas, dado que no promovió la solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría Gene ral de la Nación en nombre de la señora Claudia Tipziana Zamora Terán, con la finalidad de agotar el requisito de procedibilidad para demandar ante la jurisdicción contencioso administrativa a la Gobernación de Cundinamarca y no promovió una acción de tute la en contra de la ARL Positiva para lograr el pago de una indemnización.
Que con esos comportamientos desatendió el deber de diligencia sin justificación alguna y a título de culpa pues faltó al deber objetivo de cuidado.
También indicó que el profesional del derecho, le informó de manera no veraz a la señora Zamora Terán que ya había presentado la solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, que se había fijado una nueva fecha, que la demora se debía a la entidad y que después se canceló, situaciones que no eran verdad, por lo que no informó con veracidad la constante evolución del asunto encomendado , desatendiendo el deber de lealtad con su cliente sin justificación y a título de dolo, porque actuó con conocimiento y voluntad.
La audiencia de juzgamiento tuvo lugar en sesión del 25 de marzo de 2025, oportunidad en la que se recibieron las alegaciones finales del disciplinado, en los que indicó que la quejosa confundió los encargos, toda vez que se
La audiencia de juzgamiento tuvo lugar en sesión del 25 de marzo de 2025, oportunidad en la que se recibieron las alegaciones finales del disciplinado, en los que indicó que la quejosa confundió los encargos, toda vez que se comprometió solo a una asesoría y no a presentar una conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de laCOMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL A - 16226
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Nación. También manifestó que no había recibido honorarios para la ejecución de la labor y que s í le había dado una fecha tentativa de audiencia a la quejosa, había sido para que se tranquilizara.
DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA Mediante sentencia proferida el 3 de junio de 2025, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, declaró disciplinariamente responsable al abogado JOSÉ LUIS DUCÓN SAINEA, por la comisión de las faltas previstas en los artículos los artículos 34 literal d) y 37 numeral 1 e inobservar los deberes de que trata el artículo 28 numerales 8, 10 y 18 literal c), de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo y de culpa respectivamente y lo sancionó con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de cuatro (4) meses. Sustentó la sanción en las pruebas allegadas que demostraron que el disciplinado incurrió en las faltas disciplinarias de falta de diligencia profesional por no solicitar una conciliación prejudicial y no promover una
Sustentó la sanción en las pruebas allegadas que demostraron que el disciplinado incurrió en las faltas disciplinarias de falta de diligencia profesional por no solicitar una conciliación prejudicial y no promover una acción de tutela y falta de lealtad con el cliente, por no informar con veracidad la constante evolución de los asuntos encomendados.
Falta consagrada en el 37 numeral 1 de la Ley 1123 de 2007 Encontró la Sala de primera instancia que el abogado JOSÉ LUIS DUCÓN SAINEA, incurrió en la falta disciplinaria descrita, toda vez que se acreditó que la señora Claudia Tipziana Zamora Terán, estuvo vinculada como servidora pública a la Gobernación de Cundinamarca desde el año 2015 a diciembre de 2020 y que posteriormente su cargo fue proveído mediante concurso de méritos; que en esas condiciones consultó con su compañero Iván Alberto Puerto Garzón sobre la posibilidad de presentar una acción judicial que permitiera su reintegro, razón por la que este le recomendó al abogado Ricardo Cortés Pérez, quien rechazó asumir el caso por no contar con experiencia en esa área y recomendó al disciplinado. Indicó la primera instancia que de las declaraciones de la quejosa y el señor Iván Alberto Puerto Garzón, se estableció que el abogado DUCÓN SAINEA, se comprometió a presentar la solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, con el fin de convocar a la Gobernación de Cundinamarca y, de esta manera, agotar el requisito de procedibilidad exigido para poder instaurar una demanda contra el acto administrativo de insubsistencia ante la jurisdicción contencioso-administrativa, entregándole como anticipo de
manera, agotar el requisito de procedibilidad exigido para poder instaurar una demanda contra el acto administrativo de insubsistencia ante la jurisdicción contencioso-administrativa, entregándole como anticipo de honorarios la suma de $500.000. Asimismo, señaló que el 9 de junio de 2022, el profesional del derecho le envió a su cliente un poder, en el que se indicaba que para que: “en mi nombre y representación solicite y convoque a audiencia de conciliación prejudicialCOMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL A - 16226
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en asuntos laborales ante su despacho a la Gobernación De Cundinamarca” y le indicó que era para que lo autenticara, por lo que procedió a realizar esta diligencia ante la Notaria 40 del Círculo de Bogotá. Que en esas condiciones una vez el abogado recibió el poder autenticado por la señora Claudia Tipziana Zamora Terán, mediante mensaje de WhatsApp le indicó que empezarían el trámite y por ese mismo medio el 14 de junio de 2022, le confirmó que se había radicado la solicitud de conciliación administrativa. Agregó que en marzo de 2023, la quejosa le manifestó al abogado JOSÉ LUIS DUCÓN SAINEA , que tenía un conflicto con la ARL Positiva, señalándole que le habían indicado que debía presentar una acción de tutela para reclamar ese pago, ante lo que el profesional el 7 de marzo del mismo año le respondió también vía WhatsApp, que tenían que interponer “la demanda en forma de acción de tutela”, y al día siguiente le indicó al
tutela para reclamar ese pago, ante lo que el profesional el 7 de marzo del mismo año le respondió también vía WhatsApp, que tenían que interponer “la demanda en forma de acción de tutela”, y al día siguiente le indicó al cliente “envíamelo lo reviso y procedemos a encuadrar la acción de tutela”. Que en esas condiciones el 16 de marzo de 2023, el disciplinado le manifestó: “Doña clau (sic) me he demorado porque cometí un error con sumerce (sic) No se preocupe que no es nada malo ni preocupante (…) Pero por eso me he demorado en la tutela tuvimos un imprevisto en la firma en qué (sic) trabajo y no he alcanzo por eso a enviarla”. Ese mismo día le aclaró: “sí (…) señora ese es el error que he cometido prometerle inmediatez cuando tenemos dos meses para radicar, aunque l.idea (sic) es no demorar todo ese tiempo (…) Mañana en la noche me voy a sentar a terminar lo que me falta y radicar”. De igual forma que el 24 del mismo mes y año, volvió a escribir a su cliente: “disculpe la hora no (sic) he logrado ajustar la tutela.por dos problemas mañana en la mañana la llamo”. Asimismo, indicó que la Procuraduría General de la Nación, certificó que el abogado no presentó solicitud de conciliación alguna en nombre de la señora Claudia Tipziana Zamora Terán. En cuanto a los alegatos del disciplinado, encontró la instancia que se había demostrado, con las declaraciones, el poder y los mensajes de WhatsApp, que el servicio ofrecido a la señora Zamora Terán, por parte del abogado, no fue una simple asesoría, sino el compromiso de presentar una conciliación prejudicial ante la Procuradur ía General
poder y los mensajes de WhatsApp, que el servicio ofrecido a la señora Zamora Terán, por parte del abogado, no fue una simple asesoría, sino el compromiso de presentar una conciliación prejudicial ante la Procuradur ía General de la Nación y una acción de tutela ante la ARL Positiva. Que tampoco estaba llamado a prosperar su argumento de la falta de pago de honorarios, porque advirtió que, si el profesional del derecho tenía algún desacuerdo con su clienta respecto a los honorarios, lo adecuado hubiera sido renunciar al poder conferido y dejar claros los términos de la finalización del contrato. Por lo anterior, consideró la Sala de Primera Instancia que el abogado JOSÉ LUIS DUCÓN SAINEA incurrió en la falta descrita en el numeral 1° del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007 e inobservó el deber del numeral 10° del artículo 28, dado que demoró la iniciación de las gestiones encomendadas, al no presentar la solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación en nombre de la señora Claudia Tipziana Zamora Terán, con el fin de agotar el requisito de procedibilidad necesario para interponer una demanda ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa contra la Gobernación de Cundinamarca. Asimismo, al no promover la acción de tutela contra la ARL Positiva para obtener el pago de una indemnización.COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL A - 16226
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Que con su comportamiento inobservó el deber de atender con celosa diligencia el asunto encomendado,
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Que con su comportamiento inobservó el deber de atender con celosa diligencia el asunto encomendado, demorando la iniciación de las gestiones encomendadas por la quejosa, sin justificación alguna; así mism o que su comportamiento fue a título de culpa, pues faltó al deber objetivo de cuidado exigido en la ejecución de la labor.
Falta consagrada en el Artículo 34, literal d) de la Ley 1123 de 2007. En este punto indicó la sala de instancia, que en ampliación de queja la señora Claudia Tipziana Zamora Terán, manifestó que habló con el abogado DUCÓN SAINEA, entre 40 y 50 veces por teléfono, pero sin decirle la verdad porque no le allegó soporte de los que supuestamente estaba haciendo ante la Procuraduría , que contrario a esto la mencionada aportó imágenes de WhatsApp, en las que se evidenció que el profesional del derecho en diferentes fechas le brindó información de forma contraria a la realidad. Lo anterior porque el 7 de junio de 2022 el disciplinado le dijo a su clienta que ya estaba trabajando en la solicitud de conciliación, que el 14 de junio de 2022, el abogado le informó a la señora Zamora Terán que se había radicado solicitud de conciliación: Que, ante la falta de información, la señora Zamora Terán, se comunicó con el disciplinado, quien el 7 de julio de 2022, le informó que la Procuraduría General de la Nación no había establecido fecha para la audiencia . De igual forma que el 13 de julio de 2022, el doctor DUCÓN SAINEA, le informó a la quejosa que la demora en
2022, le informó que la Procuraduría General de la Nación no había establecido fecha para la audiencia . De igual forma que el 13 de julio de 2022, el doctor DUCÓN SAINEA, le informó a la quejosa que la demora en la fijación de fecha de audiencia de conciliación correspondía a la Procuraduría General de la Nación . Agregó que el 26 de julio de 2022 el doctor DUCÓN SAINEA le dijo a su cliente que la fecha de audiencia era para el 17 de agosto de 2022 y que el 15 de agosto de 2022, el abogado le informó a la quejosa que no había audiencia. Y que finalmente el abogado comenzó a evadir las preguntas de su cliente sobre la solicitud de conciliación y solo le respondió el 17 de enero de 2023, informando que estaba retomando labores y que al otro día le estaría dando razón sobre un oficio que había radicado en la Procuraduría pidiendo celeridad. Por lo anterior, concluyó la primera instancia que el abogado, JOSÉ LUIS DUCÓN SAINEA incurrió en la falta descrita en el literal d) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, por cuanto desconoció los deberes descritos en los numerales 8 y 18 literal c) del artículo 28 del mismo Código, porque no informó con veracidad la constante evolución del asunto encomendado, dado que en numerosos mensajes de WhatsApp enviados desde junio de 2022 hasta enero de 2023 le informó de manera no veraz a su cliente Claudia Tipziana Zamora Terán que había radicado la solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, que esta en tidad no fijaba prontamente la
hasta enero de 2023 le informó de manera no veraz a su cliente Claudia Tipziana Zamora Terán que había radicado la solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, que esta en tidad no fijaba prontamente la fecha de audiencia, que se había programado fecha de audiencia de conciliación para el 17 de agosto de 2022 y, por último, que la audiencia se había cancelado, lo cual no correspondía a la verdad.COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL A - 16226
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Indicó que la falta la cometió a título de dolo, porque el abogado no adelantó gestión alguna ante la Procuraduría y, a pesar de ello, proporcionó información no veraz a su cliente de manera reiterada durante más de seis meses , evitando cumplir sus obligaciones y creando en la señora Zamora Terán una falsa sensación de avance, siendo consciente de que no había adelantado actuación alguna en nombre de ella, opt ando por engañarla, actuando deliberadamente con el propósito de evitar asumir las consecuencias de su comportamiento y utilizó falsa información para tranquilizar a la ahora quejosa, de manera que no iniciara acciones legales y no lo denunciara , desatendiendo el deber de lealtad con su cliente sin justificación alguna. Para la dosificación de la sanción tuvo en cuenta que no concurría ningún criterio de atenuación, dado que el abogado no confesó la comisión de la falta ni procuró resarcir el daño causado . Como criterios generales indicó que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, se
abogado no confesó la comisión de la falta ni procuró resarcir el daño causado . Como criterios generales indicó que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, se encontraban dados los correspondientes a la modalidad de la conducta, porque se le imputó la comisión de dos faltas una a título de culpa y la otra a título de dolo, el perjuicio causado, al no presentar la solicitud de conciliación ante la Procuraduría, por lo que el abogado impidió que se agotara el requisito de procedibilidad necesario para interponer la demanda contra el acto de insubsistencia, lo cual se traduce en la pérdida de oportunidad para acudir a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; que ante su falta de diligencia, contribuyó a que los términos procesales transcurrieran, dejando a la señora Zamora Terán sin posibilidad de reclamar sus derechos por la vía judicial; como tampoco promovió la acción de tutela contra la ARL, impidiéndole a su cliente acceder a una posible compensación económica. Asimismo, que con los múltiples mensajes de WhatsApp informó sin veracidad que había radicado la solicitud de conciliación, induciendo en error a la ahora quejosa, quien confiaba en que su caso estaba en curso y gestionado, impidiendo que buscara a tiempo a otro profesional que la representara con diligencia. También consideró la primera instancia la conducta evasiva del abogado, al dejar contestar llamadas y mensajes, extendiéndose en el tiempo su falta de respuesta; además que recibió $500.000 por unas gestiones que no llevó a cabo. Por lo tanto, en aplicación de los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, impuso
extendiéndose en el tiempo su falta de respuesta; además que recibió $500.000 por unas gestiones que no llevó a cabo. Por lo tanto, en aplicación de los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, impuso SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de cuatro (4) meses.
DE LA APELACION Notificado el fallo sancionatorio el 10 de junio de 2025 , fue apelado y sustentado, por parte d el disciplinado el 13 del mismo mes y año , en los siguientes términos:
Indicó que las obligaciones con la señora Claudia Tipziana Zamora Terán, se encontra ban desdibujadas entre asesoría y obligaciones contractuales, porque se basaron en conversaciones de WhatsApp,COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL A - 16226
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expuestas por la citada , en las que no quedaron claras las primeras conversaciones que demostrarían un panorama diferente antes de la expedición del poder que nunca suscribió o la solicitud de honorarios, teniendo en cuenta que los honorarios recibidos (“$400.000”) demostrarían, que su única labor consistió en asesoría inicial y no por una conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación y acción de tutela contra una ARL con el propósito de reclamar una indemnización, pues según CONALBOS, esa suma por esos encargos sería irrisoria.
Sostuvo que su comportamiento no podía tener la connotación de doloso,
acción de tutela contra una ARL con el propósito de reclamar una indemnización, pues según CONALBOS, esa suma por esos encargos sería irrisoria.
Sostuvo que su comportamiento no podía tener la connotación de doloso, porque hasta la quejosa ya ha bía informado que había retomado el proceso con otro abogado, por lo que no advierte que se le hubiera causado un perjuicio.
Que la primera instancia para la imposición de la sanción no tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo 45 literal b numeral 2 de la Ley 1123 de 2007, que señala: “Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado. En este caso se sancionará con censura siempre y cuando carezca de antecedentes disciplinarios”. Teniendo en cuenta que procuró por iniciativa propia llegar a un arreglo con la quejosa, sin que fuera posible, dada la negativa de esta, que no se podía desconocer esta situación que no fue evaluada dentro de la sentencia como atenuante, dado que no contaba con antecedentes disciplinarios, lo que permitiría que la sanción impuesta no fuera tan severa.
Por lo anterior, solicitó que la sentencia fuera revocada y se re mplazara por una censura o amonestación escrita.COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL A - 16226
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TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA Las presentes diligencias correspondieron por reparto del 2 de julio de 20259, a quien funge como ponente, de
REF. ABOGADO EN APELACIÓN SENTENCIA
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TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA Las presentes diligencias correspondieron por reparto de
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