CNDJ - 66001250200020240074901
Detalles
- Título
- CNDJ - 66001250200020240074901
- Autor
- Comisión Nacional de Disciplina Judicial
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- —
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COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Bogotá D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiséis (2026) Magistrado Ponente: JULIO ANDRÉS SAMPEDRO ARRUBLA Radicación No. 660012502000202400749 01 Aprobado según acta No. 029 de la misma fecha
1. ASUNTO POR TRATAR
Sería del caso que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en ejercicio de las competencias asignadas en el artículo 257A de la Constitución Política de Colombia 1 y disposiciones jurídicas complementarias, procediera a resolver el recu rso de apelación interpuesto en contra del fallo proferido el veintinueve (29) de mayo de 2025 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda 2, a través del cual se sancionó al abogado Juan David Sánchez Naar con dos (2) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, por incurrir, a título de culpa, en la falta prevista en el numeral 1° del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, ello como consecuencia de haber
1 (…) La Comisión Nacional de Disciplina Judicial será la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley, salvo que esta función se atribuya por la ley a un Colegio de Abogados. 2 Sala ordinaria compuesta por los magistrados Jorge Isaac Posada Hernández (ponente) y José Duván Salazar Arias.A 16265
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atribuya por la ley a un Colegio de Abogados. 2 Sala ordinaria compuesta por los magistrados Jorge Isaac Posada Hernández (ponente) y José Duván Salazar Arias.A 16265
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desatendido el deber previsto en el numeral 10° del artículo 28 de la referida norma, de no ser porque se advierte la configuración de una causal de nulidad que debe ser declarada de oficio.
2. HECHOS QUE DIERON ORIGEN A LA ACTUACIÓN
DISCIPLINARIA
Mediante correo electrónico del veintidós (22) de septiembre de 2024 la señora Amparo Al arcón Toro presentó queja en contra del abogado Juan David Sánchez Naar, en la que manifestó que le confirió poder al abogado para que en su nombre cobrara unos títulos valores.
Refirió que le entregó al profesional del derecho dos (2) letras de cambio l as cuales dejó prescribir, puesto que omitió subsanar la demanda.
3. ACTUACIONES PROCESALES
Las diligencias fueron tramitadas ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, donde, luego de acreditar la calidad de disciplinable de Sánchez Na ar3, se dispuso abrir proceso disciplinario en su contra, mediante providencia del veintinueve (29) de octubre de 2024 4 y se señaló fecha para realizar la audiencia de pruebas y calificación provisional.
de disciplinable de Sánchez Na ar3, se dispuso abrir proceso disciplinario en su contra, mediante providencia del veintinueve (29) de octubre de 2024 4 y se señaló fecha para realizar la audiencia de pruebas y calificación provisional.
La audiencia se realizó en sesiones del veintiuno ( 21) de enero y veinticuatro (24) de febrero de 2025, oportunidades en las que se recibió la ampliación de la queja, el apoderado del disciplinable se
3 Documento 005CertificdoVigenciaTarjetaProfesional, de la carpeta de primera instancia del expediente digital. 4 Documento 008AutoAperturaProceso, de la carpeta de primera instancia del expediente digital.A 16265
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pronunció frente a los hechos objeto de queja, el investigado confesó la falta y finalmente se formularon cargos.
El apoderado del investigado señaló que la imposibilidad del cobro no se debió a una falencia de su representado, sino a un error que contenían las letras de cambio y aclaró que el proceso que se adelantó ante el Juzgado 4° Civil Municipal de Pereira.
No obstante, el reproche de la quejosa tenía que ver con el proceso 2022 00757 que se adelantó en el Juzgado Tercero Civil Municipal de Dosquebradas, en el cual en efecto existió incuria por parte de su representado, quien no subsanó en término las correcciones que se
2022 00757 que se adelantó en el Juzgado Tercero Civil Municipal de Dosquebradas, en el cual en efecto existió incuria por parte de su representado, quien no subsanó en término las correcciones que se solicitaron por parte del despacho.
Manifestó que era interés de su representado confesar la comisión de la falta para que se tuviera en cuenta el criterio de atenuación por confesar antes de la formulación de cargos, y además se tuvi era en consideración que no tenía antecedentes disciplinarios, por lo que solicitó se le impusiera sanción de censura.
En audiencia del veinticuatro (24) de febrero de 2025 el magistrado instructor procedió a calificar la actuación formulando cargos en c ontra del abogado en los siguientes términos:
Imputación fáctica: El abogado Juan David Sánchez Naar, en el proceso adelantado ante el Juzgado Tercero Civil Municipal de Dosquebradas, omitió subsanar oportunamente la demanda, lo que dio lugar a su rechaz o mediante decisión del veintidós (22) de noviembre de 2022.A 16265
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Imputación jurídica: el abogado pudo haber incurrido, a título de culpa, en la falta prevista en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley
1123 de 2007, que dispone:
Artículo 37. Constituyen falt as a la debida diligencia profesional:
culpa, en la falta prevista en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, que dispone:
Artículo 37. Constituyen falt as a la debida diligencia profesional:
1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas.
Lo anterior en desconocimiento del d eber establecido en el numeral 10° del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, que establece:
Artículo 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado: (…)
10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, lo cual se extiende al co ntrol de los abogados suplentes y dependientes, así como a los miembros de la firma o asociación de abogados que represente al suscribir contrato de prestación de servicios, y a aquellos que contrate para el cumplimiento del mismo.
4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, mediante sentencia proferida el veintinueve (29) de mayo de 2025 , declaró disciplinariamente responsable al abogado Juan David Sánchez Naar , por la comisión a título de culpa de la falta p revista en el numeral 1° del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, ello como consecuencia de haber desatendido el deber previsto en el numeral 10° del artículo 28 de la referida norma y le impuso sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses.A 16265
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de la referida norma y le impuso sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses.A 16265
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Indicó que el abogado Sánchez Naar recibió poder de parte de la señora Amparo Alarcón para que tramitara varios procesos ejecutivos y uno de esos encargos consistía en el cobro de dos letras de cambio una por tres millones de pes os ($3.000.000) y otra por dieciséis millones de pesos ($16.000.000) adeudados por Luis Dávila y Julieta Ocampo.
Señaló que el disciplinable presentó la demanda, la cual le correspondió al Juzgado Tercero Civil Municipal de Dosquebradas bajo el radicado 2022-00757, despacho que por auto del treinta y uno (31) de octubre de 2022 inadmitió la demanda y concedió cinco (5) días para su subsanación, plazo que venció el quince (15) de noviembre de ese año a las 4:00 pm, no obstante, el profesional del derecho re mitió la subsanación a las 4:44 pm, lo que derivó en el rechazo de la demanda.
Señaló que el comportamiento negligente no estaba justificado, por lo que estaban configurados los presupuestos para proferir sentencia sancionatoria en su contra por incursió n en la falta prevista en el numeral 1° del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007.
que estaban configurados los presupuestos para proferir sentencia sancionatoria en su contra por incursió n en la falta prevista en el numeral 1° del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007.
En cuanto a la dosificación de la sanción señaló que estimaba procedente la imposición de sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión teniendo en cuenta la trascendencia social de la conducta, por la desconfianza que esta generaba en la comunidad hacia los profesionales del derecho, la afectación a la administración de justicia y su propio cliente quien perdió la oportunidad de cobrar el dinero a través del proceso ejecutivo.A 16265
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Indicó que se tenía en consideración el atenuante correspondiente a haber confesado la falta y «haberse acogido a la figura de la sentencia anticipada consagrada en el parágrafo del artículo 105 de la Ley 1123 de 2007».
5. RECURSO DE APELACIÓN
Inconforme con la decisión notificada mediante correo electrónico del nueve (9) de junio de 2025, el abogado de confianza del disciplinable presentó, oportunamente, recurso de apelación con fundamento en los siguientes argumentos:
Sostuvo que el motivo prin cipal de disenso frente a la decisión de primera instancia radicaba en la dosificación de la sanción, pues la determinación desconoció los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.
Sostuvo que el motivo prin cipal de disenso frente a la decisión de primera instancia radicaba en la dosificación de la sanción, pues la determinación desconoció los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.
A su juicio, la primera instancia obvió la naturaleza y modalidad de la conducta del disciplinable, excedió los límites establecidos para la tasación de la sanción ya que incluso ante la presencia de atenuantes, aplicó la segunda sanción más gravosa, es decir, la suspensión en el ejercicio de la profesión, con lo cual no solo incurrió en un desconocimiento de la norma, sino que impuso una sanción represiva de derechos fundamentales sin la motivación que ello requería.
Señaló que de la lectura de la sentencia se podía advertir que la primera instancia incurrió e n un error al confundir criterios generales, atenuantes y agravantes sin distinguirlos.
Manifestó que una correcta aplicación del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007 habría llevado a analizar cada uno de los criterios generales, pero no simplemente mencionarlos como hizo el a quo.A 16265
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Consideró que la conducta no era trascendente socialmente, como lo sostuvo la primera instancia bajo el argumento de la desconfianza que se genera en la comunidad hacia los profesionales y la afectación sufrida por la administ ración de justicia, pues dicha afirmación sería
Consideró que la conducta no era trascendente socialmente, como lo sostuvo la primera instancia bajo el argumento de la desconfianza que se genera en la comunidad hacia los profesionales y la afectación sufrida por la administ ración de justicia, pues dicha afirmación sería equivalente a sostener que la falta es trascendente por el solo hecho de cometerse.
Sostuvo que: « La exigencia de ese numeral, en realidad, es la de desmenuzar la conducta y contrastarla frente a lo probado en el proceso y establecer, a partir de ese ejercicio, el nivel de repercusión en la sociedad. Es decir, determinar si el hecho incidió gravemente en un grupo social, si no trascendió de la órbita del cliente y cuál fue el grado de esa afectación social 5». Y, en este caso la única interesada en el proceso ejecutivo para el cual fue contratado el abogado Sánchez Naar era la señora Amparo Alarcón, por lo que era posible afirmar que la conducta no trascendió socialmente.
En cuanto a la modalidad de la conduc ta, consideró que no bastaba con la afirmación de la primera instancia según la cual la conducta omisiva se debió a negligencia, desinterés para actuar y no a la intención y voluntad de hacerlo con un propósito dañino, perverso o contrario a derecho. Consideró que al haberse demostrado que el disciplinable actuó de manera culposa, el reproche era necesariamente menor.
Frente al perjuicio causado insistió en que no bastaba con afirmar que se causó un menoscabo para concluir que el disciplinable era acreedor a una dura sanción pues por regla general una falta disciplinaria
5 Documento 024RecursoApelación contenido en la carpeta de primera instancia del expediente
se causó un menoscabo para concluir que el disciplinable era acreedor a una dura sanción pues por regla general una falta disciplinaria
5 Documento 024RecursoApelación contenido en la carpeta de primera instancia del expediente digital.A 16265
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genera un perjuicio, por lo que este criterio exige que el juzgador evalúe el nivel de daño causado en concreto frente al afectado.
Expuso en cuanto al criterio correspondiente a la conf esión de la falta, que, si bien podría parecer sencillo de analizar, pues requería solamente que se hubiese presentado antes de la formulación de cargos y que el disciplinable careciera de antecedentes, también exigía un análisis particular, dado que este criterio hace menos lesiva la situación jurídica del disciplinable que colabora eficazmente con la justicia.
Consideró que la sanción impuesta resultaba excesiva teniendo en cuenta que el abogado confesó la comisión de la falta desde el inicio del trámite colaborando con el proceso, carecía de antecedentes disciplinarios, la modalidad de la conducta fue culposa producto de una confusión en el horario judicial y afectó solamente la órbita individual de la quejosa sin que trascendiera socialmente, por lo que al existir sanciones menos gravosas como la censura, aplicadas en casos idénticos, era poco razonable haber e legido una más dura sin una justificación sólida.
individual de la quejosa sin que trascendiera socialmente, por lo que al existir sanciones menos gravosas como la censura, aplicadas en casos idénticos, era poco razonable haber e legido una más dura sin una justificación sólida.
Estimó que la sanción de censura habría cumplido con el principio de necesidad, además de que l a impuesta desconoció el principio de proporcionalidad pues no existió equilibrio entre la sanción y la conducta.
Señaló que la primera instancia desconoció el precedente vertical y horizontal y consideró extraño que ante casos con idénticos supuestos fácticos y procesales hubiese seleccionado la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión, cuando el precedente señalaba procedente la sanción de censura.A 16265
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6. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
Concedido el recurso interpuesto por el apoderado del discipli nable mediante auto del primero (1°) de julio de 2025, las diligencias fueron remitidas a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, correspondiendo el conocimiento del asunto al suscrito magistrado Julio Andrés Sampedro Arrubla conforme al acta individual de reparto del nueve (9) de julio de 2025.
7. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
7.1. Competencia
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial es competente para
del nueve (9) de julio de 2025.
7. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
7.1. Competencia
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial es competente para conocer del recurso de apelación a la luz de las previsiones del artículo 257A de la Constitución Po lítica de Colombia de 1991, que creó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y le fij ó sus atribuciones constitucionales, una de ellas, la relativa a examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en el ejercicio de la profesión.
Esta facultad encuentra desarrollo legal en el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 que establece, entre otras, la función de conocer de los procesos disciplinarios a cargo de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial6.
6 Es menester aclarar que si bien la Ley 2094 de 2021 en su artículo 73 modificó el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, y derogó la referencia a las palabras “y la consulta” previstas en el numeral 1 del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007, no debe olvidarse que el artículo 112 de la Ley 270 de 1996 aún continúa vigente, y por ende, por corresponder a una ley estatutaria, de mayor rango a la Leyes ordinarias 1952 de 2019 y 1123 de 2007, debe entenderse entonces que el conocimiento de la Comisión Nacional de Disciplina en gradoA 16265
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Como se señaló, se ría del caso que esta instancia procediera con el análisis del recurso de apelación propuesto por el apoderado del disciplinable, no obstante, se evidencia la existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso y derecho de defensa del investigado.
7.2. Caso concreto.
Tal como se anunció, esta Comisión procederá a declarar la nulidad de lo actuado a partir de la sentencia de primera instancia, al advertirse la existencia de irregularidades sustanciales que imponen su declaración oficiosa.
El artículo 106 de la Ley 1123 de 2007 establece con claridad los elementos que debe contener la sentencia siendo estos, i) la identidad del disciplinable, ii) un resumen de los hechos, iii) el análisis de las pruebas que dan la certeza sobre la existenc ia de la falta y la responsabilidad del implicado, la valoración jurídica de los cargos, de los argumentos defensivos y de las alegaciones que hubieren sido presentadas.
Encuentra esta Comisión que la sentencia proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda se profirió sin el lleno de los requisitos exigidos en el artículo 106 del Código Disciplinario del Abogado, relevándose de su deber de realizar una motivación clara, expresa y razonada sobre la responsabilidad del abogado inve stigado,
jurisdiccional de consulta de los procesos disciplinarios que adelanten en primera instancia las Comisiones
Abogado, relevándose de su deber de realizar una motivación clara, expresa y razonada sobre la responsabilidad del abogado inve stigado,
jurisdiccional de consulta de los procesos disciplinarios que adelanten en primera instancia las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, aún continúa vigente.A 16265
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requisitos que no constituyen una simple formalidad sino que comportan una garantía para los derechos del investigado y su omisión afecta sustancialmente el derecho de defensa y debido proceso del disciplinable.
Resulta evidente que, tal como lo expuso en su escrito el apoderado del disciplinable, la primera instancia se limitó a señalar la falta atribuida, correspondiente al numeral 1° del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007 e indicó que el comportamiento del abogado no estaba justificado, al no e xistir en el plenario ningún elemento que así lo indicara, encontrando configurados los presupuestos para proferir sentencia. El a quo omitió efectuar un análisis de las pruebas que daban la certeza de la existencia de la falta, puesto que únicamente señ aló que el abogado en representación de la señora Amparo Alarcón inició un proceso ejecutivo en el que se emitió auto de inadmisión el treinta y uno (31) de octubre de 2022 y cuya subsanación se remitió de manera tardía, situación que derivó en el rechazo, sin que se efectuara un
proceso ejecutivo en el que se emitió auto de inadmisión el treinta y uno (31) de octubre de 2022 y cuya subsanación se remitió de manera tardía, situación que derivó en el rechazo, sin que se efectuara un ejercicio de análisis concreto frente a los elementos de la tipicidad, así como tampoco en relación con la fund amentación de la sanción y los criterios que fueron tenidos en cuenta ya que fueron apenas señalados los criterios sin que estuvieran debidamente sustentados.
A juicio de esta Corporación la primera instancia desatendió su deber de motivar la sentencia, pues no existió en ella un sustentado juicio de reproche disciplinario por carecer la providencia de un análisis en relación con los elementos de la responsabilidad disciplinaria. En relación con este deber de los jueces, ha sostenido la Corte Constitucional que:A 16265
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«La jurisprudencia constitucional acerca del deber de motivar las decisiones judiciales ha precisado que la expo sición de las razones que llevaron a tomar una determinada decisión se erige como la mejor garantía para distinguir lo legal de lo arbitrario. Por ello, los jueces deben identificar en sus decisiones cuáles son las razones de hecho y de derecho que están e mpleando para la resolución de un caso, porque en un Estado social y democrático de derecho están prohibidas las decisiones basadas en el poder puramente personal y es apenas lógico que los operadores
razones de hecho y de derecho que están e mpleando para la resolución de un caso, porque en un Estado social y democrático de derecho están prohibidas las decisiones basadas en el poder puramente personal y es apenas lógico que los operadores judiciales estén obligados a exponer de manera clara cu áles son las bases lógicas y silogísticas de sus fallos como prenda del efectivo imperio de la legalidad en el seno de la sociedad7». Al erigirse la motivación de las sentencias en un derecho fundamental es preciso que los operadores judiciales exteriorice n los argumentos en los cuales se basó su determinación para llegar a la conclusión jurídica, ello con la intención de evitar la arbitrariedad en la autoridad judicial.
Es claro entonces que la declaratoria de nulidad ostenta un carácter excepcional, siendo la ultima ratio a la cual se acude para subsanar alguna irregularidad sustancial, siempre y cuando no exista otro medio para subsanarla, ello en aras de que prevalezcan los principios fundamentales, deberes y derechos contenidos en la Constitución Política de 1991, como son el deber del Estado de garantizar el orden social justo, el derecho al acceso a la justicia y el derecho al debido proceso.
En razón a que se encuentran configuradas las causales 2° y 3° del artículo 98 de la Ley 1123 de 2007, por la existencia de irregularidades
7 Corte Constitucional sentencia T-237 de 2017. M.P. Iván Humberto Escrucería.A 16265
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sustanciales que afectan el debido proceso y el derecho de defensa del disciplinable, ante la omisión de la primera instancia de exponer un análisis para determinar la incursión en la falta y la desatención del deber profesi onal por parte del investigado, lo procedente será decretar la nulidad de lo actuado a partir de la sentencia del veintinueve (29) de mayo de 2025 inclusive.
En mérito de lo expuesto, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECRETAR LA NULIDAD de la sentencia de primera instancia proferida el veintinueve (29) de mayo de 2025 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda a través del cual s e sancionó al abogado Juan David Sánchez Naar con dos (2) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, por incurrir, a título de culpa, en la falta prevista en el numeral 1° del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, ello como consecuencia de haber de satendido el deber previsto en el numeral 10 del artículo 28 de la referida norma, a partir de la sentencia inclusive, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: EFECTUAR las notificaciones judiciales a que haya lugar indicando que contra esta decisión no procede recurso alguno. Para el
partir de la sentencia inclusive, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: EFECTUAR las notificaciones judiciales a que haya lugar indicando que contra esta decisión no procede recurso alguno. Para el efecto se debe enviar a los correos electrónicos de las partes copia integral de la providencia notificada, en formato PDF no modificable.
Se presumirá que el destinatario ha recibido la com unicación cuando el iniciador acuse recibo. En este caso se dejará constancia de ello enA 16265
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el expediente y adjuntará una impresión del mensaje de datos y del respectivo acuse de recibo certificado por el se rvidor de la Secretaría Judicial.
TERCERO: Remítase la actuación al despacho de origen, para lo pertinente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Comisión en la presente sesión.
CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ
Presidente
JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
Vicepresidente
MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS
Magistrada
ALFONSO CAJIAO CABRERA
Magistrado
MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO
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Magistrado
MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO
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Magistrado
DIANA MARINA VÉLEZ VÁSQUEZ
Magistrada
CARLOS FERNANDO ORTÍZ CORREA
Secretario
REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
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SALVAMENTO DE VOTO
Con mi acostumbrado respeto, me permito exponer las razones por las cuales suscribí la providencia de la referencia con salvamento de voto.A 16265
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En el presente asunto, la Comisión resolvió decretar la nulidad de la
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En el presente asunto, la Comisión resolvió decretar la nulidad de la sentencia de primera instancia proferida el 29 de mayo de 2025, por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, mediante la cual sancionó al abogado Juan David Sánchez Naa r con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de 2 meses, por incurrir a título de culpa en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, en desconocimiento del deber consagrado en el numeral 10º del artículo 28 ejusdem.
La Sala consideró que se vulneró el debido proceso del investigado, en la medida en que, el Seccional de instancia no le habría explicado las razones por las cuales encontró acreditado el elemento de tipicidad, no hizo una valoración probatoria ni le justificó la sanción en debida forma.
Determinación de nulidad la cual me aparto, por las siguientes razones:
1.- Conforme al principio de limitación, la competencia del juez de segunda instancia se circunscribe estrictamente a los aspectos impugnados por quien recurre. En consecuencia, aquellos puntos que no fueron objeto de apelación, quedan excluidos del debate en sede de segunda instancia. La apelación no habilita una revisión oficiosa e integral de todos los aspectos discutidos en el proceso, sino únicamente de aquellos frente a los cuales el apelante manifestó una inconformidad concreta.
En el caso concreto, el investigado no formuló reparo alguno relacionado con una supuesta vulneración de sus derechos fundamentales o la
cuales el apelante manifestó una inconformidad concreta.
En el caso concreto, el investigado no formuló reparo alguno relacionado con una supuesta vulneración de sus derechos fundamentales o la existencia de una nulidad.
Por lo tanto, al no haber sido objeto de reproche, dicho punto se encontraba por fuera del marco de competencia funcional de la segunda instancia.A 16265
COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
M.P. DR. JULIO ANDRÉS SAMPEDRO ARRUBLA Radicado No. 660012502000202400749 01
Referencia: ABOGADO EN APELACIÓN
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En consecuencia, la Sala debió abstenerse de emitir pronunciamiento sobre este aspecto, en estricta aplicación del principio de l
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