CSJ - SL1722-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL1722-2023 Radicación n.° 93253 Acta 20 Bogotá, D. C., veinte (20) de junio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala los recursos de casación interpuestos por GUILLERMO BARBOSA PINEDA y por la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el tres (3) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), en el proceso ordinario que instauró el primero en contra de la segunda, como administradora del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, de ASESORES EN DERECHO SAS en calidad de mandataria con representación del PATRIMONIO AUTÓNOMO PANFLOTA, la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES, de FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. como administradora y vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO PANFLOTA y la NACIÓN –

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

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Radicación n.° 93253

I. ANTECEDENTES Guillermo Barbosa Pineda demandó a las accionadas con el fin que se declarara que es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que cumplió todos los requisitos exigidos por el Acuerdo 049 de 1990, para acceder a la pensión de vejez a partir del 28 de marzo de 2012.

En consecuencia condenara a: Asesores en Derecho

SAS, mandataria con representación Panflota, a expedirle la resolución del bono pensional o cálculo actuarial que le correspondía por el tiempo laborado en dicha compañía; la Fiduciaria la Previsora S.A. como Vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo Panflota, a pagar a Colpensiones el título pensional o cálculo actuarial que le incumbía por lo trabajado en la Flota Mercante Grancolombiana S.A., hoy Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A.; la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, a tener en cuenta lo que laboró en la Flota Mercante Gran Colombiana S. A. y al reconocimiento de su pensión de vejez con el 90 % de la tasa de reemplazo, desde el 28 de marzo de 2012, así como los intereses de mora. De manera secundaria solicitó se decretara la responsabilidad de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia como Administradora del Fondo Nacional del Café, matriz y controlante de Inversiones de la Flota Mercante S.

A. y fuera condenada a pagarle a Colpensiones el título pensional o cálculo actuarial por el tiempo que laboró en la

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Radicación n.° 93253 Flota Mercante. o, subsidiariamente que se declarara la misma responsabilidad subsidiaria sobre la NaciónMinisterio de Hacienda y Crédito Público. Fundamentó sus peticiones en lo que interesa al recurso extraordinario, que: i) la Ley 95 de 1931 autorizó al Gobierno Nacional la organización y desarrollo de una

compañía de Marina Mercante, con la Cooperación de la Federación Nacional de Cafeteros, dando un derecho de opción accionaria del 20 % del total de la participación de la compañía; ii) el 22 de noviembre de 1940 se creó el Fondo Nacional del Café mediante el Decreto 2078 del mismo año, que ordenó suscribir un contrato entre el Gobierno y la Federación Nacional de Cafeteros para manejar dicha cuenta; iii) el 8 de junio de 1946 se instituyó la Flota Mercante Grancolombiana, cuyo 100 % del capital accionario correspondía a recursos públicos parafiscales pertenecientes a la cuenta Fondo Nacional del Café. Añadió que iv) la Flota Mercante Grancolombiana tenía la obligación legal de pagar las pensiones de jubilación y efectuar los aprovisionamientos de capital necesarios para realizar el aporte previo al sistema de seguridad social de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 171 de 1961; v) aquélla no efectuó los aportes a pensiones durante su vínculo laboral; ii) era afiliado a la organización sindical de industria, Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial – UNIMAR-; vii) mediante Laudo arbitral de 1977, se determinó que las pensiones de jubilación estaban a cargo del empleador; viii) la Superintendencia de

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Radicación n.° 93253 Sociedades, dentro del proceso liquidatorio de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A., mediante Auto n.° 400 – 017782 del 18 de diciembre de 2012 declaró la

terminación del trámite, ordenando el cierre y extinción de la persona jurídica, así como que sería la Federación Nacional de Cafeteros quien en cumplimiento de la sentencia CC SU1023-2001 debía continuar con el pago del pasivo pensional. También adujo que ix) para la fecha de su desvinculación regía la CCT suscrita entre la Flota Mercante Grancolombiana y la UNIMAR (1988-1991), la cual en su cláusula vigésima establece que las normas extralegales «que se enumeran en dicho capítulo» regulan las relaciones entre la empresa y sus trabajadores. Afirmó además que x) contaba con 64 años a la presentación de la demanda y laboró para la Flota Mercante Gran Colombiana hoy Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A., mediante contrato de trabajo a término indefinido desde el 21 de junio de 1978 hasta el 21 de junio de 1990, esto es, un total de 4232 días, que equivalían a 604,57 semanas de cotización, siendo su último cargo el de segundo carpintero; xi) mensualmente devengaba un salario de US 539.08 dólares americanos, prima de antigüedad de 17 % US 88.90, y en especie (alimentación y alojamiento) US 210.54, horas extras US 230.16, viáticos nacionales e internacionales y suplementos US 6.49, incidencia de primas extralegales donde el 8.33 % era salario, US 89.59, por lo que su salario promedio mensual era de US1164,91 en pesos colombianos de $581.859,17 para el 21 de junio de 1990.

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Aseguró que: xii) se encontraba afiliado a Colpensiones y en la actualidad tenía cotizadas 1.140.43 semanas; xiii) el 30 de diciembre de 2015 pidió el reconocimiento y pago de la pensión de vejez a Colpensiones, la que fue desfavorable; xiv) el 19 de abril de 2016 solicitó la inclusión del cálculo actuarial a Asesores en derecho SAS, la que fue negada; xv) el 28 de diciembre de 2016 a las demás demandadas y las antes referidas presentó reclamación administrativa, obteniendo respuestas desfavorables; xiv) el Consejo de Estado mediante «quince (15) fallos de diferentes Salas ha emitido jurisprudencia en la cual ordena trasladar el cálculo actuarial o bono pensional a Colpensiones, para que esta entidad reconozca el tiempo trabajado en la Flota Mercante Gran Colombiana SA» (f.° 2 a 6, cuaderno 1 de primera instancia).

Al dar respuesta a la demanda, Colpensiones se opuso a las pretensiones. Dijo que eran ciertos los pronunciamientos realizados por el Consejo de Estado y la edad del actor, sobre los demás, adujo que no le constaban o que no eran verdaderos. En su defensa propuso las excepciones de inexistencia del derecho reclamado, buena fe, cobro de lo no debido, falta de causa para pedir, inexistencia de intereses moratorios e indexación, compensación, prescripción, innominada o genérica (f.°646 a 656, cuaderno 2 de primera instancia).

La Fiduciaria la Previsora S. A. - Fiduprevisora, rechazó las pretensiones y, en lo relativo a las situaciones fácticas,

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Radicación n.° 93253 admitió las actuaciones de la Superintendencia de Sociedades de cara al proceso liquidatorio de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S. A., respecto al resto, alegó que no le constaban. En su defensa propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación y la innominada (f.° 674 a 680, cuaderno 2 de primera instancia). El Ministerio de Hacienda y Crédito Público al dar respuesta a la demanda se resistió a las súplicas. Respecto de los hechos los negó y dijo no constarle. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción y excepción genérica (f.° 710 a 718, cuaderno 2 de primera instancia). La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia confrontó los pedimentos, aceptó la creación legal de la Flota Mercante Grancolombiana, su capital accionario proveniente de la cuenta de naturaleza parafiscal, el Fondo Nacional del Café y la reclamación administrativa presentada el 28 de diciembre de 2016 por el actor a la Federación. Esgrimió las excepciones perentorias de ausencia de responsabilidad subsidiaria, inexistencia de la obligación, buena fe, falta de legitimación en la causa, prescripción y la excepción genérica (f.° 757 a 767, cuaderno 2 de primera instancia).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

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Radicación n.° 93253 Mediante fallo proferido el 11 de mayo de 2018, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá (f.° CD 1995 y 1996, cuaderno 5 de primera instancia), resolvió: PRIMERO: CONDENAR a la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA con cargo a los recursos del Fondo Nacional del Café, y subsidiariamente de estos a la NaciónMinisterio de Hacienda y Crédito Público, a proveer los recursos al Patrimonio Autónomo-PANFLOTA, administrado por la Fiduciaria La Previsora que cubran el pago del cálculo actuarial en referencia del señor demandante GUILLERMO BARBOSA PINEDA […] por los tiempos servidos a la Flota Mercante Gran Colombiana y en los cuales no existió afiliación ni cotización al Instituto de Seguros Sociales-ISS, ratificando que se le ordena a esta entidad Fiduciaria la Previsora, que con cargo a los recursos del Patrimonio Autónomo-PANFLOTA, y a entera satisfacción de Colpensiones proceda a cancelar el citado cálculo actuarial y sólo en ausencia de recursos se activa la obligación antes indicada de la Federación Nacional de Cafeteros y como se indicó a La NaciónMinisterio de Hacienda y Crédito Público, el cálculo actuarial tendrá como referencia del señor demandante los tiempos de servicio del 21 de junio de 1978 al 21 de junio de 1990, como

empleador Flota Mercante Gran Colombiana S.A, último salario a corte de junio de 1990 $581.990 pesos, edad de pensión 60 años, fecha de nacimiento de 28 de marzo de 1952; indicar que la sociedad Asesores en Derecho, deberá ratificar la Resolución número 101 de 2017, no solo por la sentencia ordenada en la acción de tutela allí referida, sino por esta sentencia y por tanto notificar la orden a Fiduciaria la Previsora, en las condiciones antes indicadas para la erogación y cálculo actuarial a Colpensiones, adicionalmente esta sociedad y Fiduciaria la Previsora deberán certificar a Colpensiones, el salario mensual del demandante y sin posibilidad de reconstrucción de la información mes a mes, el salario básico de los cargos del demandante según el momento en que los haya ejercido convertido a pesos Colombianos, y a la tasa vigente al momento del respectivo devengo.

SEGUNDO: ORDENAR a Colpensiones que una vez recibido el pago del cálculo actuarial, inmediatamente habilite las semanas correspondientes en la historia laboral del señor demandante y se pronuncie sobre la solicitud de pensión de vejez en referencia al demandante en régimen de transición en referencia al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, en caso que no se le certifique a Colpensiones los devengos mensuales procederá a efectuar y cargar provisionalmente en la historia laboral aquellos tiempos que se indicaron servidos a la Flota Mercante Gran Colombiana por el salario mínimo mensual vigente, sin perjuicio de la reliquidación una vez se allegue la

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Radicación n.° 93253 certificación anteriormente ordenada a Asesores en Derecho y a Fiduciaria La Previsora, Colpensiones a fecha de esta sentencia no adeudara intereses moratorios por mesadas pensionales antes del pago del cálculo actuarial ni tampoco reconocimiento de pensión de vejez al señor demandante antes del pago del cálculo actuarial, sin perjuicio de las cotizaciones que a futuro continúe efectuando el señor demandante.

TERCERO: ABSOLVER a las demandadas de las demás pretensiones no indicadas en el numeral primero y segundo de esta sentencia.

CUARTO: El Juez se declara relevado de manifestarse por el contenido de aquellas excepciones que se relacionan al numeral tercero, no demostrado el contenido de aquellas excepciones que se relacionan al numeral primero y segundo.

QUINTO: Costas a cargo de las demandadas, agencias en derecho por el valor de siete (7 SMLMV), téngase en cuenta al momento de liquidarlas por secretaria, esto a prorrata entre las entidades demandadas, excepto Colpensiones.

SEXTO: Grado jurisdiccional de consulta en referencia a Fiduciaria La Previsora, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Colpensiones.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver los recursos de apelación interpuestos por

Guillermo Barbosa Pineda, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Asesores en Derecho S.A.S, Fiduciaria la Previsora – Fiduprevisora S. A., la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como el grado jurisdiccional

de consulta en favor de Colpensiones, a través de sentencia proferida el 3 de septiembre de 2019, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, decidió: PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada y consultada proferida el 11 de mayo de 2018, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, de acuerdo con lo expuesto anteriormente.

SEGUNDO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA

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Radicación n.° 93253 DE PENSIONES-COLPENSIONES, en los términos del Decreto 1887 de 1994, realizar el cálculo actuarial, por omisión de afiliación, a favor de GUILLERMO BARBOSA PINEDA, durante el periodo comprendido entre el 21 de junio de 1978 al 21 de junio de 1990, tiempo laborado para la FLOTA MERCANTE GRAN COLOMBIANA, teniendo en cuenta el aporte a cargo del empleador, con base en los factores salariales: salario básico; horas extras; recargos nocturnos; dominicales y festivos; auxilio de alimentación y el de alojamiento; prima de antigüedad, de acuerdo con la información que las demandadas FIDUPREVISORA S.A. y a ASESORES EN DERECHO S.A.S., deberán remitir para su elaboración, señalando mes a mes los salarios devengados por el demandante y los factores antes relacionados, valores que en consideración a que el salario del actor se estipuló en moneda extranjera, se deberán reconocer en su equivalente en moneda nacional colombiana, al tipo de cambio

oficial del día en que se debía efectuar el pago mes a mes; en el evento en que no existan soportes sobre el monto del salario real devengado por el demandante, se tendrá en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente para cada una de las anualidades que corresponden al tiempo a reconocer.

TERCERO: ORDENAR a COLPENSIONES, dar traslado del cálculo actuarial a ASESORES EN DERECHO S.A.S. en su condición de mandataria con representación de PANFLOTA, y a la FIDUCIARIA LA PREVISORA SA en su condición de administradora y vocera del patrimonio autónomo PANFLOTA.

CUARTO: ORDENAR a ASESORES EN DERECHO S.A.S. en su calidad de mandataria con representación de PANFLOTA, ratificar la Resolución N°. 101 de 2017, a través de la cual ordenó transferir a COLPENSIONES el valor correspondiente al cálculo actuarial a favor del demandante.

QUINTO: CONDENAR a FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., en su condición de administradora del patrimonio autónomo PANFLOTA, a pagar el valor del cálculo actuarial por omisión de afiliación, a favor de GUILLERMO BARBOSA PINEDA, durante el periodo comprendido entre el 21 de junio de 1978 al 21 de junio de 1990, a satisfacción de COLPENSIONES.

SEXTO: DECLARAR subsidiariamente responsable a la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, en su condición de administradora del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, del pago del valor del cálculo actuarial por aportes a

pensión a favor del actor, de conformidad con la sentencia SU1023 de 2001, siempre que FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., en su condición de administradora del patrimonio autónomo PANFLOTA, no cuente con recursos económicos necesarios para asumir tal obligación.

SÉPTIMO: ABSOLVER a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA

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Radicación n.° 93253 DE PENSIONES -COLPENSIONESde reconocer y pagar al señor GUILLERMO BARBOSA PINEDA, la pensión de vejez conforme lo dispuesto en la parte considerativa de esta sentencia, sin perjuicio de que una vez ingrese el valor del cálculo actuarial, el actor acredite el tiempo necesario para conservar el régimen de transición y se estudie nuevamente el reconocimiento de la prestación pensional.

OCTAVO: ABSOLVER a la demandada LA NACIÓNMINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, según se indicó (f.° CD 2007 a 2008 y 2009 CD, cuaderno 1 de segunda instancia).

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal determinó como problemas jurídicos los siguientes: i) si existe la obligación del empleador de reconocer los tiempos laborados y no cotizados; ii) si había lugar a ordenar el pago del cálculo actuarial o de cotizaciones indexadas o con intereses de mora; iii) en el evento de que procediera eventualmente el pago del cálculo actuarial a cargo del empleador, cuál era el porcentaje que debe asumir; iv) cuál

debía ser el ingreso base de liquidación para determinar el cálculo actuarial; vi) analizar la responsabilidad subsidiaria de la Federación Nacional de Cafeteros; y vi) si debía concederse el reconocimiento de la pensión de vejez a cargo de Colpensiones con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año. La colegiatura puntualizó que no era objeto de discusión que: i) Guillermo Barbosa Pineda nació el 28 de febrero de 1952 y laboró para la Flota Mercante Grancolombiana desde el 21 de junio de 1978 hasta el 21 de junio de 1990; ii) el empleador otorgaba de manera directa la pensión de jubilación, conforme lo establecía la convención colectiva de trabajo; iii) el demandante estuvo afiliado desde

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Radicación n.° 93253 el mes de agosto de 1968 al Instituto Colombiano de Seguros Sociales hoy, Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y solicitó el 30 de diciembre de 2015, el reconocimiento de la pensión de vejez a Colpensiones; iv) el actor el 19 de abril de 2016 pidió a la sociedad, Asesores en Derecho SAS, -mandataria con representación con cargo a Panflota-, el pago del cálculo actuarial por el tiempo laborado en la compañía Inversiones de la Flota Mercante.

1. Respecto de la obligación del empleador de reconocer los tiempos laborados y no cotizados mediante un cálculo actuarial.

En relación con el tópico mencionó que a partir de las

sentencias CSJ SL9856 de 2014 y CSJ SL17300 de 2014 reiteradas en las CSJ SL2812-2919 y CSJ SL1122-2019, esta Corporación cambió la posición en la que se predicaba la «inmunidad al empleador frente a eventualidades de falta de cobertura del Instituto de Seguros Sociales pero el actual criterio establece que los empleadores que no afiliaron a sus trabajadores por la citada falta de cobertura no están exentos de responsabilidad de cara al sistema de pensiones». Resalta que, el empleador -Flota Mercante Grancolombiana, tenía a su cargo el reconocimiento de la pensión de jubilación y por ello, el tiempo en el que el actor laboró a su servicio, esto es, desde el 21 de junio de 1978 hasta el 21 de junio de 1990, resultaba necesario para completar la densidad de cotizaciones para acceder y solicitar la pensión de vejez. Precisó que:

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Radicación n.° 93253 Conviene señalar que la demandada Asesores en Derecho SAS, mediante Resolución No. 101 del 22 de mayo de 2017, en cumplimiento de una acción de tutela que instauró el demandante ordenó a la Fiduciaria la Previsora SA -como vocera y administradora de Panflota-, que una vez ejecutoriada la presente decisión -con fundamento en lo establecido en el numeral 25 de la cláusula cuarta del “otro sí” número 3, celebrado el 10 de octubre de 2012-, realice en el término, el cálculo actuarial del señor Guillermo Barbosa Pineda por el tiempo de servicios prestados a la corporación Inversiones Flota

Mercante Grancolombiana y no cotizados al Instituto de Seguros Sociales, descontando el equivalente a 148 días por concepto de licencias no remuneradas y cumplido esto, haga las gestiones del caso ante Colpensiones y frente a la Federación Nacional de Cafeteros como administradora del Fondo Nacional del Café, para que este gire los recursos correspondientes o en su defecto, la Fiduciaria la Previsora SA -en su calidad de vocera y administradora de Panflota-, realice todos los trámites del caso frente a Colpensiones para obtener el valor del cálculo actuarial. Cumplido esto, realizar las gestiones ante la Federación Nacional de Cafeteros -como administradora del Fondo Nacional del Café, para efectuar el pago ante Colpensiones conforme se dispuso. Esta resolución, es decir, la Resolución No. 101 del 22 de mayo de 2017 se encuentra folios 1897 a 1899.

2. La condena por cotizaciones en mora debidamente indexados y no al cálculo actuarial.

Ahora bien, en punto a la forma de completar dichas cotizaciones no realizadas por el empleador, el ad quem trajo a colación la sentencia CSJ SL14388-2015, según la cual respecto de pensiones causadas en vigencia de la Ley 100 de 1993, como es la del señor Guillermo Barbosa, todas las hipótesis de omisión en la afiliación debían encontrar una solución común consistente en el reconocimiento del tiempo servido como tiempo cotizado por la entidad de seguridad social correspondiente con el correlativo cobro al empleador de los lapsos omitidos a través del cálculo actuarial.

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3. La procedencia de liquidar el cálculo actuarial únicamente con el aporte que le corresponde al empleador.

Recordó que, la liquidación del cálculo actuarial por las cotizaciones de los aportes dejados de efectuar, correspondientes al período comprendido entre el 21 de junio de 1978 al 21 de julio de 1990, se debía realizar en los términos del Decreto 1887 de 1994 y teniendo en cuenta para el efecto, los porcentajes al aporte a cargo del empleador, porque: […] la falta de afiliación obedeció a una omisión legislativa y no, por la negligencia o mala fe del empleador, sino porque el anterior modelo de los seguros sociales y el actual modelo de seguridad social exigen la contribución del trabajador en la construcción de su derecho pensional; no de otra forma, se logra concretar la finalidad de la legislación laboral dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social, previsto en el artículo 1º del CST. De acuerdo con lo antes expuesto, consideró procedía el reconocimiento y pago del cálculo actuarial por los tiempos laborados y no cotizados a favor del demandante únicamente con el aporte que le incumbe al empleador.

4. Sobre la responsabilidad subsidiaria de la

Federación Nacional de Cafeteros. Recordó lo establecido en el artículo 30 y el parágrafo del canon 148 de la Ley 222 de 1995, el aparte del certificado de existencia y representación legal de la compañía de Inversiones de la Flota Mercante (f.° 47 a 50 vuelto-), en el que se inscribió la situación de control, lo considerado por la

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Radicación n.° 93253 Corte Constitucional en la sentencia CC SU-1023-2001 que refirió a la compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A «se encontraba en la situación de subordinación descrita en el artículo 27 de la Ley 222 de 1995 respecto de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en su condición de administradora del Fondo Nacional del Café al ser titular de más del 50% de las acciones de dicha sociedad», para colegir que la situación de subordinación estaba plenamente acreditada y la responsabilidad subsidiaria de la Federación Nacional de Cafeteros, en su condición de administradora del Fondo Nacional del Café. Aclaró que el apelante se limitó a indicar que la liquidación de la Flota Mercante sucedió por hechos externos al Fondo Nacional del Café, estos eran: i) la eliminación de la exención de impuestos de renta o de la reserva de carga que hizo que la flota entrara a participar en el mercado en igualdad de condiciones a las demás flotas del mundo y refiere el estudio sobre la viabilidad económica y financiera de la Flota Mercante Grancolombiana y la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante, documento que se ocupa «de evaluar las causas económicas, financieras y del mercado que condujeron a ser inviables la Flota Mercante Grancolombiana y la Compañía de Inversiones de la Flota» -f.° 783 a 954-, sin que ninguna de las conclusiones allí contenidas demuestre nada distinto a que la eliminación de la reserva de carga fue apenas uno de los factores que incidieron en la crisis de la flota; lo que sumado a las

manifestaciones de la accionada en la contestación de la demanda en cuanto a que la Federación no fue la causante

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Radicación n.° 93253 de la situación de insolvencia, o que ninguna de las decisiones que tomó la citada Federación fue con el ánimo de beneficiarse o de perjudicar a la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante, no pasaban de ser afirmaciones genéricas sin la identidad suficiente de desvirtuar la referida presunción. En este contexto pues, no le asistía responsabilidad subsidiaria entonces, a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En consecuencia, dijo revocaría la condena que impuso la primera instancia en cuanto a que su obligación se activa ante la falta de recursos de la Federación Nacional de Cafeteros. Sobre la responsabilidad subsidiaria de la Federación Nacional de Cafeteros, se mencionó la presunción establecida en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995, precepto que indicaba que de conformidad con lo previsto en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, cuando se configura una situación de control, la sociedad controlante lo hará constar en documento privado. Al respecto, se advirtió que en el expediente obraba el certificado de existencia y representación legal de la compañía de Inversiones de la Flota Mercante, en el que se inscribió dicha situación de control en los siguientes términos: Por documento privado del 19 de abril de 1998 de Santa fe de Bogotá, -inscrito el 9 de junio de 1998, bajo el número 637602 del libro noveno con la Federación Nacional de Cafeteros de

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Radicación n.° 93253 Colombia, domiciliada en Santa Fe de Bogotá-, comunicó que en su condición de administradora del Fondo Nacional del Café y con recursos de este como matriz, se ha configurado la situación de control de la sociedad de las referencias. Adicionalmente, la Corte Constitucional en sentencia CC SU1023-2001 concluyó que la compañía de Inversiones de la Flota Mercante se encontraba en la situación de subordinación descrita en el artículo 27 de la Ley 222 de 1995 respecto de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en su condición de administradora del Fondo Nacional del Café al ser titular de más del 50 % de las acciones de dicha sociedad, motivo por el cual la situación de subordinación estaba plenamente acreditada. Agregó que la responsabilidad subsidiaria de la Federación Nacional de Cafeteros, en su condición de administradora del Fondo Nacional del Café, se deduce de la aplicación del parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995 vigente en ese momento; sin que se hubiere acreditado lo contrario pues, el apelante se limitó a indicar que la liquidación de la Flota Mercante sucedió por hechos externos al Fondo Nacional del Café, afirmaciones genéricas sin la identidad suficiente de desvirtuar la presunción. Pese a que también refirió el estudio sobre la viabilidad económica y financiera de la Flota Mercante Grancolombiana y la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante, documento que «evalúa las causas económicas, financieras y del mercado que condujeron a ser inviables la Flota Mercante Grancolombiana y la Compañía de Inversiones de la Flota»,

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Radicación n.° 93253 ninguna de las conclusiones allí contenidas demuestra nada distinto a que la eliminación de la reserva de carga fue apenas uno de los factores que incidieron en la crisis de la flota. En este contexto concluyó que no le incumbía responsabilidad subsidiaria entonces, a la NaciónMinisterio de Hacienda y Crédito Público. En consecuencia, revocó la condena que impuso la primera instancia en cuanto a que su obligación se activa ante la falta de recursos de la Federación Nacional de Cafeteros.

5. El ingreso base de liquidación para determinar el cálculo actuarial.

Consideró que el demandante en su recurso de apelación refirió que para realizar la liquidación del bono se debía tener en cuenta el salario que reportó en la liquidación de prestaciones sociales y «habla de un valor de 1164,9 dólares que correspondía, o que corresponde a $581.990 pesos para el mes de julio del año 1990, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 117 de la Ley 100 de 1993, 17 de la Ley 5499 de 1999, en concordancia con lo establecido en el Decreto 1889 de 1994». Memoró que la Federación Nacional de Cafeteros como administradora del Fondo Nacional del Café tenía que sufragar el valor del título pensional a favor del demandante entre el 21 de junio de 1978 al 21 de junio de 1990, a entera satisfacción de Colpensiones, conforme lo dispone el Decreto

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Radicación n.° 93253 1887 de 1994, con base en los salarios devengados por el

actor en este lapso. En ese orden y en lo atinente al ingreso base de liquidación sobre el cual se debe determinar el cálculo actuarial, coligió que: Teniendo en cuenta como factores los siguientes: salario básico y las horas extras, los recargos nocturnos dominicales y festivos, el auxilio de alimentación, de alojamiento, la prima de antigüedad y demás factores salariales en los términos previstos en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo; valores que acorde con lo dispuesto en el artículo 135 del Código Sustantivo del Trabajo, en consideración a que el salario del actor se estipuló en moneda extranjera, se deberán reconocer en su equivalente en moneda nacional colombiana al tipo de cambio oficial del día en que se debía efectuar el pago mes a mes. En el evento en que no existan soporte