CSJ - AC004-2026

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - AC004-2026
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Civil
Año
—

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ Magistrada ponente AC004-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-05439-00 (Aprobado en sesión de tres de diciembre de dos mil veinticinco) Bogotá D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiséis (2026). Se decide el recurso de súplica interpuesto por los impugnantes extraordinarios contra el auto CSJ AC4963-2025, que rechazó la demanda de revisión promovida por Adela María Freyle Ariza, Yelitza Marín Ariza, Lesman Edgardo Parra González y Mirley Sofía Benítez Navarro contra la sentencia del 25 de noviembre de 2022, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.

ANTECEDENTES

1. Los impugnantes, invocando su calidad de terceros afectados, fundamentaron su censura en las causales primera, sexta y novena del artículo 355 del Código General del Proceso:

(i) Adujeron que existían documentos, principalmente resoluciones de adjudicación de la Alcaldía de PuertoRadicado n.° 11001-02-03-000-2024-05439-00 2 Colombia, posteriores al fallo, cuya valoración habría variado su sentido. Atribuyeron la imposibilidad de allegarlos oportunamente a fuerza mayor –amenazas y homicidio del hermano del señor Parra González– y a la falta de vinculación de los ocupantes al juicio (causal primera). (ii) Denunciaron que el Tribunal sustentó la sentencia

oportunamente a fuerza mayor –amenazas y homicidio del hermano del señor Parra González– y a la falta de vinculación de los ocupantes al juicio (causal primera). (ii) Denunciaron que el Tribunal sustentó la sentencia de segunda instancia en una prueba sobreviniente –Resolución SNR 7112 del 3 de agosto de 2021 –, que no fue debatida en primera instancia, y que no se encontraba en firme. A ello agregaron que la demandante, Grupo Financiero de la Costa S.A.S., conocía la condición de baldío del inmueble en disputa. Por último, adujeron que esa « maniobra fraudulenta » les habría irrogado un perjuicio, que se cristalizó con su desalojo del predio, acaecido el 13 de noviembre de 2024 (causal sexta). (iii) Finalmente, afirmaron que la sentencia censurada es contraria a otra anterior, del 21 de septiembre de 2015, proferida por el propio Tribunal Superior de Barranquilla, en el proceso de pertenencia que promovió Aurora Salazar Ortega, demandada en el juicio en el que se profirió la sentencia recurrida, contra Inversiones Borelly González & Cía. S. en C., de quien deriva sus derechos la demandante. En esa oportunidad, se negaron las pretensiones de la usucapiente, tras establecerse que el título de propiedad de la persona jurídica derivaba de una falsa tradición, y que el inmueble en

disputa tenía la connotación de baldío (causal novena).

2. La Magistrada sustanciadora inadmitió la demandaRadicado n.° 11001-02-03-000-2024-05439-00 3 por auto de 18 de marzo de 2025, para que, entre otras cosas, los impugnantes extraordinarios (i) aportaran constancia de ejecutoria del fallo recurrido; (ii) unificaran en un solo escrito la demanda y su subsanación; (iii) «clarificar[an] en las causales 1 y 6 los hechos concretos, el mérito persuasivo de los documentos, la fuerza mayor o maniobra fraudulenta (exógena al proceso) y la forma en que el perjuicio tuvo incidencia en el fallo », y (iv) «precisar[an] los elementos de identidad (causa, objeto y partes) que configuran la cosa juzgada».

3. En el escrito de subsanación, se intentaron precisar las alegaciones iniciales. En punto de la causal primera, los recurrentes identificaron como «documentos sobrevinientes», entre otros: (i) la sentencia del 21 de septiembre de 2015 de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, que negó pretensiones por la connotación de bien baldío; (ii) la Resolución 7112 del 3 de agosto de 2021 de la SNR, invocada en el fallo de segunda instancia; (iii) una certificación administrativa del 28 de julio de 2023, emitida por la Gobernación del Atlántico, y que versa sobre la declaración de baldío urbano del predio; y (iv) resoluciones municipales de 20

administrativa del 28 de julio de 2023, emitida por la Gobernación del Atlántico, y que versa sobre la declaración de baldío urbano del predio; y (iv) resoluciones municipales de 20 de noviembre de 2023, con coordenadas que precisan la ubicación catastral. Reiteraron que la no aportación oportuna obedeció a fuerza mayor y a su falta de vinculación al trámite. Sobre las maniobras fraudulentas, insistieron en que el fallo recurrido se había basado en una prueba « sobreviniente», que no fue debatida en las instancias, y que no estaba en firme al tiempo de su incorporación, lo que, a su juicio, quebrantó el contradictorio y condujo a un desalojo ilegal, que incluso fue dejado sin efecto por un juez de tutela.Radicado n.° 11001-02-03-000-2024-05439-00 4 Finalmente, respecto de la causal novena, reafirmaron la oposición entre la sentencia impugnada y el precedente del 21 de septiembre de 2015, en el que se reconoció la naturaleza de baldío del bien sobre el que recae la pretensión reivindicatoria, configurándose así la cosa juzgada.

4. Mediante el auto censurado se rechazó la demanda de sustentación, tras señalar que los impugnantes (i) no condensaron en un solo escrito la demanda y su subsanación, como se ordenó, y (ii) no aportaron constancia de ejecutoria del fallo de 25 de noviembre de 2022 –simplemente informaron haberla solicitado, sin obtener respuesta en el término–.

como se ordenó, y (ii) no aportaron constancia de ejecutoria del fallo de 25 de noviembre de 2022 –simplemente informaron haberla solicitado, sin obtener respuesta en el término–. En cuanto a las causales alegadas, se determinó que ninguna satisfizo los exigentes requerimientos del recurso de revisión. Sobre la causal primera, la demanda se limitó a describir el contenido de varios documentos, sin explicar su «mérito persuasivo» decisivo, que hubiera determinado un cambio sustancial en el sentido de la sentencia. Incluso, los propios memorialistas admitieron que la Resolución 7112 de 2021 «otorgaba pleno dominio» a persona jurídica que demandó la reivindicación, lo que lejos de variar la decisión adoptada en la providencia materia de censura, la reafirmaría. Asimismo, reconocieron que la Certificación de Actos Administrativos emitida por la Gobernación del Atlántico « no hubiere cambiado los efectos del fallo», por ser posterior al mismo, lo mismo que ocurre con las diversas resoluciones que profirió laRadicado n.° 11001-02-03-000-2024-05439-00 5 Alcaldía de Puerto Colombia. Sobre la causal sexta, advirtió que los recurrentes no explicaron por qué sería fraudulenta la incorporación oficiosa de una prueba en segunda instancia. Tampoco se refirieron propiamente a algún hecho exógeno al juicio, ya que la actuación censurada correspondió a una surtida en el curso del litigio, a instancias del Tribunal. En cuanto a la causal novena, resaltó que los

actuación censurada correspondió a una surtida en el curso del litigio, a instancias del Tribunal. En cuanto a la causal novena, resaltó que los memorialistas no cumplieron con la carga de precisar «de manera detallada los hechos que la configuran y (...) los elementos que en el caso específico determinan la ocurrencia del fenómeno jurídico de la cosa juzgada», quedando ayuna de prueba «la identidad de causa, objeto y partes con el reivindicatorio aquí inmiscuido».

5. Inconformes, los impugnantes interpusieron el recurso de súplica. Para ello, retomaron los planteamientos desarrollados en su escrito de subsanación, haciendo énfasis en consideraciones de orden constitucional –debido proceso, vivienda digna y dignidad humana–.

CONSIDERACIONES El recurso extraordinario de revisión, por su naturaleza excepcional, impone al impugnante una carga argumentativa cualificada. No basta con invocar formalmente alguna de las causales consagradas en el artículo 355 del Código General del Proceso; es indispensable exponer razonamientos claros, precisos y pertinentes que demuestren cómo las circunstanciasRadicado n.° 11001-02-03-000-2024-05439-00 6 fácticas del caso concreto se subsumen en la descripción normativa de cada motivo de revisión. En otros términos, el relato de los hechos debe dar cuenta de los elementos esenciales de cada causal invocada, evidenciando su correspondencia con alguno de los supuestos taxativamente establecidos por el legislador. Solo mediante este

En otros términos, el relato de los hechos debe dar cuenta de los elementos esenciales de cada causal invocada, evidenciando su correspondencia con alguno de los supuestos taxativamente establecidos por el legislador. Solo mediante este rigor argumentativo se preserva la naturaleza extraordinaria de este remedio procesal, limitándolo a las situaciones especialísimas que justificaron su consagración y evitando que se convierta, veladamente, en una tercera instancia. En el presente caso, el rechazo de la demanda resulta ajustado a derecho. A pesar del requerimiento formulado mediante auto de 18 de marzo de 2025, persisten deficiencias sustanciales en la fundamentación de las causales invocadas que hacen inviable la prosperidad del recurso:

1. Sobre la causal primera La censura sustentada en la causal primera del artículo 355 del Código General del Proceso no satisface las exigencias previstas en la ley y la jurisprudencia de esta Corporación. En efecto, para que proceda la revisión por este motivo, deben concurrir tres presupuestos concurrentes: (i) la preexistencia del documento al momento del cierre probatorio en las instancias ordinarias; (ii) la ajenidad de las causas que impidieron su aportación oportuna; y (iii) la trascendencia del medio probatorio, entendida como su aptitud para modificarRadicado n.° 11001-02-03-000-2024-05439-00 7 sustancialmente el sentido del fallo atacado.

En cuanto al requisito de preexistencia, los impugnantes fundaron su censura en diversas piezas documentales que son

7 sustancialmente el sentido del fallo atacado. En cuanto al requisito de preexistencia, los impugnantes fundaron su censura en diversas piezas documentales que son posteriores a la sentencia objeto de revisión, proferida el 25 de noviembre de 2022. Entre ellas figuran resoluciones municipales expedidas el 20 de noviembre de 2023, certificaciones administrativas, respuestas a derechos de petición y actuaciones judiciales que corresponden al período comprendido entre julio de 2023 y noviembre de 2024. Como lo ha establecido de manera reiterada el precedente, el documento sobreviniente al que alude la causal primera debe preexistir al vencimiento de la última oportunidad procesal para allegar pruebas en las instancias ordinarias. La razón de esta exigencia es evidente: resulta jurídicamente imposible predicar equivocación de un fallo por desconocer una pieza de evidencia que ni siquiera existía al momento de su expedición. Admitir lo contrario equivaldría a transformar la acción de revisión en una nueva instancia procesal, subvirtiendo su consabida naturaleza excepcional y extraordinaria. Respecto del requisito de trascendencia, los recurrentes tampoco satisfacen la carga argumentativa que les corresponde. Tal como lo advirtió la Magistrada sustanciadora, la demanda no explica de qué modo los documentos invocados determinarían un cambio en el sentido de la sentencia atacada. Más aún, los mismos recurrentes reconocieron que laRadicado n.° 11001-02-03-000-2024-05439-00 8

determinarían un cambio en el sentido de la sentencia atacada. Más aún, los mismos recurrentes reconocieron que laRadicado n.° 11001-02-03-000-2024-05439-00 8 Resolución 7112 de 3 de agosto de 2021 –documento preexistente que sí fue valorado por el Tribunal– reconocía tanto el derecho de propiedad del reivindicante, como la naturaleza privada del inmueble objeto de la acción de dominio. En lo atinente al requisito de ajenidad, la causal de revisión exige que el impugnante demuestre, de manera precisa, que la no aportación del documento decisivo obedeció a causas extrañas a su voluntad. En el presente asunto, la verificación de este presupuesto evidencia una clara incongruencia: los recurrentes no fueron parte en el proceso donde se dictó el fallo censurado, circunstancia que, per se, explica su imposibilidad de allegar pruebas. Sin embargo, en lugar de desarrollar las implicaciones jurídicas de su condición de terceros ajenos al litigio, invocan genéricamente una «fuerza mayor» como justificación, sin cuestionar su exclusión del proceso ni fundamentar por qué debieron ser vinculados. Esta configuración argumentativa resulta jurídicamente incoherente. La fuerza mayor presupone que quien la invoca tenía la carga y la posibilidad procesal de actuar, pero se vio impedido por un hecho extraordinario, irresistible y ajeno a su voluntad. En cambio, la situación de los recurrentes

tenía la carga y la posibilidad procesal de actuar, pero se vio impedido por un hecho extraordinario, irresistible y ajeno a su voluntad. En cambio, la situación de los recurrentes corresponde a quien originariamente carecía tanto de la carga como de la posibilidad de aportar prueba alguna por no ostentar la calidad de parte. La defensa del tercero que no fue citado al proceso exigeRadicado n.° 11001-02-03-000-2024-05439-00 9 una fundamentación sustancialmente distinta: acreditar que su vinculación era jurídicamente necesaria y que su indebida exclusión le impidió hacer valer sus derechos e intereses.

2. Sobre la causal sexta.

La censura fundada en la causal sexta del artículo 355 del Código General del Proceso deja entrever una confusión esencial sobre la naturaleza de este motivo de revisión. Los impugnantes sustentaron su reproche en que el Tribunal introdujo y valoró en segunda instancia la Resolución 7112 del 3 de agosto de 2021 de la Superintendencia de Notariado y Registro, actuación que, a su juicio, quebrantó el principio de contradicción y configuró una maniobra fraudulenta. Y dicha argumentación ignora los alcances de la causal sexta: las maniobras fraudulentas deben ser externas o exógenas al proceso. Como se señaló en el auto recurrido, la actuación del Tribunal al decretar y valorar una prueba de oficio en el curso de la segunda instancia, aunque pueda ser objeto de disconformidad o de discrepancias en torno a su valoración, constituye una actuación propia del devenir

actuación del Tribunal al decretar y valorar una prueba de oficio en el curso de la segunda instancia, aunque pueda ser objeto de disconformidad o de discrepancias en torno a su valoración, constituye una actuación propia del devenir procesal, no una maquinación fraudulenta, consciente e ilícita, orientada a falsear la verdad a espaldas del juzgador. Dicho de otro modo, la causal sexta exige un artificio ingeniado y ejecutado con el propósito deliberado de obtener, por ese medio espurio, una sentencia favorable pero contraria a la justicia, siendo ese ardid ajeno al debate judicial mismo. SeRadicado n.° 11001-02-03-000-2024-05439-00 10 trata de conductas extraprocesales que vician la confiabilidad del material probatorio o la regularidad del procedimiento mediante engaños, ocultamientos o falsedades que el juez no pudo advertir ni conjurar en su momento. Nada de esto puede predicarse de una prueba decretada oficiosamente, cuya valoración forma parte del ejercicio ordinario de la función jurisdiccional.

3. Sobre la causal novena.

Finalmente, la censura fundada en la causal novena presenta una deficiencia determinante en la demostración de la identidad de causa, requisito esencial de la cosa juzgada conforme al artículo 303 del Código General del Proceso. Los impugnantes invocaron la sentencia del 21 de septiembre de 2015, proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla, mediante la cual se estableció que el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 040-238855 –esto es, el

septiembre de 2015, proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla, mediante la cual se estableció que el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 040-238855 –esto es, el mismo predio cuya reivindicación se ordenó en la sentencia recurrida en revisión– tenía naturaleza de bien baldío. Con fundamento en ello, postularon que existe cosa juzgada sobre la improcedencia de cualquier pretensión de dominio privado respecto de dicho inmueble. En la demanda de sustentación se pueden intuir dos de los tres elementos que configuran la cosa juzgada: la identidad de objeto es evidente, pues ambos debates –el pretérito y el actual– gravitan sobre la reivindicación del mismo predio; y laRadicado n.° 11001-02-03-000-2024-05439-00 11 identidad de partes se deduce de la transferencia que hiciera Inversiones Borelly González y Cía. S. en C., demandada –y demandante en reconvención– en el proceso anterior, a favor de Grupo Financiero de la Costa S.A.S., que fungió como reivindicante en el proceso subsiguiente. No obstante, los recurrentes omitieron acreditar la identidad de causa, y esta falencia resulta insuperable. Debe recordarse que los propios impugnantes invocaron, como sustento de otras causales, la Resolución 7112 del 3 de agosto de 2021 de la Superintendencia de Notariado y Registro, mediante la cual –según sus afirmaciones– se revocaron las Resoluciones 324 de 2003 y 151 de 2011, se ordenó suprimir

de 2021 de la Superintendencia de Notariado y Registro, mediante la cual –según sus afirmaciones– se revocaron las Resoluciones 324 de 2003 y 151 de 2011, se ordenó suprimir del folio de matrícula las anotaciones “falsa tradición” y “compraventa de cosa ajena”, y se dispuso inscribir “pleno dominio” a favor de Inversiones Agropecuarias de la Costa Ltda., hoy Grupo Financiero de la Costa S.A.S. Esta circunstancia, reconocida y alegada por los propios recurrentes, pone de manifiesto una omisión insuperable en el planteamiento de la causal novena: no explicaron cómo subsiste la identidad de causa entre ambos procesos cuando medió un acto administrativo que alteró radicalmente el estado registral del inmueble, eliminando precisamente las inscripciones que sustentaron el reconocimiento de la naturaleza de baldío en el fallo de 2015 El vacío es evidente. Si los recurrentes sostienen que el fallo de 2015 se fundó en el estado registral del predio –queRadicado n.° 11001-02-03-000-2024-05439-00 12 evidenciaba “falsa tradición” y ausencia de dominio privado–, y al mismo tiempo invocan una resolución administrativa posterior que modificó sustancialmente ese estado registral, les correspondía explicar por qué ese cambio no afecta la identidad de causa litigiosa. Esta explicación resulta indispensable, toda vez que la cosa juzgada opera sobre una determinada situación fáctica y jurídica: cuando esa situación es modificada por actos

correspondía explicar por qué ese cambio no afecta la identidad de causa litigiosa. Esta explicación resulta indispensable, toda vez que la cosa juzgada opera sobre una determinada situación fáctica y jurídica: cuando esa situación es modificada por actos de autoridad competente –como acontece en este caso con las decisiones de la Superintendencia de Notariado y Registro–, no resulta evidente que la causa permanezca inalterada. Los recurrentes omitieron desarrollar este aspecto crucial. Adicionalmente, debe precisarse que ni en el proceso de 2015, ni en el posterior, el debate civil versó sobre la determinación abstracta de la naturaleza jurídica del inmueble como cuestión principal, ni sobre la legalidad o validez de los actos administrativos que distintas autoridades han expedido sobre el particular. Ambos fueron trámites ordinarios que se resolvieron conforme a la realidad fáctica y jurídica vigente al momento de proferirse cada sentencia, tomando como punto de partida el estado registral del inmueble según las inscripciones oponibles a terceros. La competencia para pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no a la ordinaria civil. En consecuencia, aunque los recurrentes insinuaron la identidad de objeto y esbozaron la identidad de partes, no cumplieron la carga de acreditar la identidad de causa en losRadicado n.° 11001-02-03-000-2024-05439-00 13 términos exigidos por el artículo 303 del Código General del Proceso y la jurisprudencia de esta Corporación. En particular, dejaron sin explicar: (i) cómo subsiste dicha identidad cuando

13 términos exigidos por el artículo 303 del Código General del Proceso y la jurisprudencia de esta Corporación. En particular, dejaron sin explicar: (i) cómo subsiste dicha identidad cuando el estado registral que fundamentó el fallo de 2015 fue modificado por acto administrativo posterior; (ii) si esta modificación fue objeto de debate y pronunciamiento en el proceso donde se dictó la sentencia recurrida en revisión; y (iii) cómo, dadas las limitaciones del debate civil respecto de cuestiones de legalidad administrativa, el fallo recurrido habría vulnerado la cosa juzgada alegada. Esta insuficiencia en la fundamentación impide el estudio de fondo de la causal novena.

4. Conclusión.

Por lo expuesto, la decisión de rechazar el recurso extraordinario de revisión es conforme a la ley y la jurisprudencia de esta Sala. Los recurrentes no lograron desvirtuar los fundamentos del auto censurado, limitándose a reiterar razones previamente desestimadas, que no se ajustan a los presupuestos estrictos de las causales de revisión, ni suplieron los defectos formales advertidos. Finalmente, debe señalarse que los recurrentes pretendieron suplir las falencias de su demanda mediante la invocación genérica de principios constitucionales –debido proceso, vivienda digna, dignidad humana–, que, si bien

pretendieron suplir las falencias de su demanda mediante la invocación genérica de principios constitucionales –debido proceso, vivienda digna, dignidad humana–, que, si bien merecen toda consideración, no pueden sustituir ni enervar losRadicado n.° 11001-02-03-000-2024-05439-00 14 requisitos de admisibilidad que el legislador estableció de manera taxativa para este recurso extraordinario. Admitir lo contrario equivaldría a vaciar de contenido las formas legales, convirtiendo la revisión en un mecanismo de protección constitucional abstracto, desnaturalizando así su función específica dentro del ordenamiento procesal. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR el auto CSJ AC4963-2025, dictado por la Magistrada sustanciadora en este trámite. SEGUNDO. SIN COSTAS , por no aparecer justificadas (art. 365-8, Código General del Proceso). Notifíquese,

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑORadicado n.° 11001-02-03-000-2024-05439-00

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FRANCISCO TERNERA BARRIOS

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