CSJ - AC1163-2026

Corte Suprema de Justicia

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
CSJ - AC1163-2026
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Civil
Año
—

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada Ponente AC1163-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00486-00 Bogotá, D. C., tres (3) de marzo de dos mil veintiséis (2026). Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de exequatur promovida por David Holsinger Shenk y Eliana Marcela Tejedor Hernández.

I. ANTECEDENTES 1.- Se formuló solicitud de homologación, a través de la cual se pretende el reconocimiento de efectos en la República de Colombia del fallo proferido el 23 de febrero de 2021 por el Tribunal de Circuito del Condado de Rockingham, Estado de Virginia, Estados Unidos, mediante el cual decretó la adopción de Kaleth Steven Tejedor Hernández, hijo biológico de Eliana Marcela, a favor de David Holsinger y, por ende, «deberá y por este medio es, para todos los intereses y propósitos, el hijo de David Holsinger Shenk, y deberá tener derecho a todos los derechos y privilegios sujetos a todas las obligaciones de un niño nacido para DavidRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00486-00

2 Holsinger Shenk y Eliana Marcela Tejedor Hernández como en matrimonio legal » y de ahora en adelante será conocido como Kaleth Steven Shenk Tejedor. 2.- Según se indicó en el libelo de apertura, Eliana Marcela, de nacionalidad colombiana, contrajo matrimonio con David Holsinger, de origen estadounidense, el 21 de julio de 2024 en Ecuador, unión que registraron en dicho país. Además, que la consorte con anterioridad a las nupcias

Marcela, de nacionalidad colombiana, contrajo matrimonio con David Holsinger, de origen estadounidense, el 21 de julio de 2024 en Ecuador, unión que registraron en dicho país. Además, que la consorte con anterioridad a las nupcias concibió a Kaleth Steven, quien nació el 18 de febrero de 2008 en la mencionada nación, siendo registrado en Colombia con «indicativo serial 42746503, Nuip 1127208416, de fecha agosto 22 de 2008», cuyo progenitor «no lo reconoció como hijo y nunca asumió y/o ejerció su función de padre », motivo por el que el promotor tramitó la adopción de aquel. Asimismo, se adujo que el veredicto en cuestión no versa sobre derechos reales constituidos en bienes que se encuentren en territorio patrio, no vulnera el orden público colombiano, pues «[l]a adopción se encuentra estatuida en nuestra legislación colombiana (artículo 61 y s.s., de la Ley 1098 de 2006 », se encuentra debidamente ejecutoriado, no es de competencia exclusiva de los falladores nacionales, en la República no se impulsa proceso alguno por los mismos hechos y se expidió de conformidad con la Ley del Estado de Virginia, cumpliendo con el requisito de la «debida citación y contradicción». Finalmente, se refirió que, mediante derecho de petición, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores «certificación respecto a la existencia de tratados o convenios entre

Finalmente, se refirió que, mediante derecho de petición, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores «certificación respecto a la existencia de tratados o convenios entre Colombia y Estados Unidos y/o el Estado de Virginia, sobre elRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00486-00 3 reconocimiento recíproco de las sentencias judiciales extranjeras en procesos de adopción de menores », organismo que le informó que «dicha solicitud 'fue trasladada al Consulado de Colombia en Washington', a la fecha sin respuesta. Igualmente propone 'consultar con las autoridades estadounidenses ubicadas en Colombia' », aunado a que el Consulado de Estados Unidos en Colombia, tampoco le ha contestado la rogativa elevada en ese mismo sentido. [Folios 1 a 3, Archivo digital: DEMANDA ENERO 26 DE 2026 1 1.pdf].

II. CONSIDERACIONES 1.- Según lo ha precisado la jurisprudencia de esta Sala, ninguna providencia dictada por jueces extranjeros puede tener obligatoriedad ni ejecución forzada en Colombia, a menos que medie la autorización del órgano judicial local competente, que según el ordenamiento adjetivo es la Corte

Suprema de Justicia. En ese orden, para que una sentencia judicial foránea surta efectos vinculantes en nuestro país se requiere el cumplimiento de los presupuestos que se reclaman en el orden legal interno, específicamente los contenidos en el Capítulo I del Título I del Libro V del Código General del Proceso. El trámite del exequatur deberá ceñirse, por tanto, a la

cumplimiento de los presupuestos que se reclaman en el orden legal interno, específicamente los contenidos en el Capítulo I del Título I del Libro V del Código General del Proceso. El trámite del exequatur deberá ceñirse, por tanto, a la forma y términos establecidos en el artículo 607 ejusdem, cuyo numeral 2º prescribe que la demanda deberá rechazarse si faltare alguno de los requisitos previstos en los numerales 1º a 4º del canon 606.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00486-00 4 Entre las citadas exigencias se impone que la sentencia extranjera, cuya homologación se solicita, «no se oponga a las leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de procedimiento» (numeral 2º ídem) y, que «se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen, y se presente en copia debidamente legalizada» (numeral 3º ibidem). 2.- No obstante, contrastadas las piezas documentales aportadas con las premisas legales que se indicaron, se advierte que los libelistas no aportaron la constancia de ejecutoria de la decisión judicial extranjera o prueba de la que se pueda colegir que aquel pronunciamiento cobró firmeza. Afirmase así, por cuanto, el sello visible en folio 6 del archivo DECRETO FINAL DE ADOPCIÓN.pdf, solamente certifica que «es una copia verdadera del registro en la oficina del oficial de la Corte del Circuito del Condado de Rockingham »; más no acredita que la directriz a homologar haya cobrado ejecutoria

certifica que «es una copia verdadera del registro en la oficina del oficial de la Corte del Circuito del Condado de Rockingham »; más no acredita que la directriz a homologar haya cobrado ejecutoria conforme a la ley estadounidense, ni tampoco se mencionó que hayan o no sido formulados recursos que fueren procedentes contra esa determinación, o que la misma no era susceptible de estos y, por ende, que hubiere quedado en firme. Sobre el punto, es necesario recordar que (…) la jurisprudencia decantada de la Corte tiene dicho que, para demostrar el carácter definitivo, es menester que el interesado allegue prueba idónea que permita tener seguridad de que el fallo es ‘final’, lo cual resulta inviable cuando ‘no hay mención sobre los recursos procedentes en contra del mismo y la manera en que, de haberse interpuesto, fueron agotados, evento que impideRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00486-00 5 igualmente definir el carácter definitivo’ (CSJ, AC2970-2021; reiterado en CSJ, AC995-2022; CSJ, AC3426-2023; CSJ, AC2435-2024; CSJ, AC1770-2025 y CSJ, AC1732026). 2.1.- En este punto, es válido destacar que no hay claridad respecto de la fecha de expedición de la sentencia que se anhela homologar, pues allí se indicó que data de 23 de febrero de 2021, empero, se aportaron documentos como la “Solicitud de adopción” adiada 16 de agosto de 2021 [Folios 2 y

que se anhela homologar, pues allí se indicó que data de 23 de febrero de 2021, empero, se aportaron documentos como la “Solicitud de adopción” adiada 16 de agosto de 2021 [Folios 2 y 3; Archivo digital: Pruebas Exequatur Español.pdf] ; “Solicitud de Adopción Enmendada” y “Orden” de 23 de febrero de 2022, último en el cual se atesta: «Este caso se continúa» [Folios 9 a 12; ídem]. Incluso en el derivado “Decreto Final de Adopción” se observa que el año de proferimiento de la providencia aludida se encuentra tachado, lo cual también se evidencia con el documento original, así: De manera que los promotores no especificaron cual es en sí el proveído a convalidar y, por ende, la firmeza del mismo también es inconclusa. 3.- Sumado a lo precedido, los impulsores no cumplieron con la carga de adjuntar aquellas normas relacionadas con el reconocimiento de sentencias extranjeras por parte del país de origen de la decisión judicial, elementoRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00486-00 6 que, según el inciso segundo del artículo 173 de la codificación procesal, el juzgador debe abstenerse de decretar la práctica de las pruebas que pudo haber recaudado el interesado a través del «derecho de petición», máxime cuando es deber de las partes y de sus apoderados la

decretar la práctica de las pruebas que pudo haber recaudado el interesado a través del «derecho de petición», máxime cuando es deber de las partes y de sus apoderados la obtención de «documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir » (num. 10 art. 78 C.G.P.), como bien lo hizo acerca de las leyes que regulan el thema decidendum. Ello, por cuanto, si bien los interesados solicitaron al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Consulado de Estados Unidos en Colombia, «certificación respecto a la existencia de tratados o convenios entre Colombia y Estados Unidos y/o el Estado de Virginia, sobre el reconocimiento recíproco de las sentencias judiciales extranjeras en procesos de adopción de menores », organismo que le informó que «dicha solicitud 'fue trasladada al Consulado de Colombia en Washington', a la fecha sin respuesta. Igualmente propone 'consultar con las autoridades estadounidenses ubicadas en Colombia'»; lo cierto es que para acreditar la reciprocidad legislativa también es procedente hacerlo mediante un «dictamen pericial rendido por persona o institución experta en razón de su conocimiento en cuanto a la ley de un país o territorio fuera de Colombia, con independencia de si está habilitado para actuar como abogado allí», o a través del «testimonio de dos o más abogados del país de origen o mediante dictamen pericial en los términos del inciso precedente » (CSJ AC173-2026).

independencia de si está habilitado para actuar como abogado allí», o a través del «testimonio de dos o más abogados del país de origen o mediante dictamen pericial en los términos del inciso precedente » (CSJ AC173-2026). 4.- A lo anotado se agrega que se desatendió el contenido del canon 251 de la codificación en comento, según el cual, «[p]ara que los documentos extendidos en idiomaRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00486-00 7 distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez». Lo anterior, porque de un lado para efecto de la legalización documentos extranjeros que deban surtir efectos en Colombia es indispensable la traducción oficial de estos cuando no obren en español realizada por un traductor oficial, debiéndose fundamentar esta condición con el documento que expidan las Universidades en que conste la idoneidad para el ejercicio del oficio (art. 33 ley 962 de 20051), pero además, se deberá «efectuar el reconocimiento o autenticación de la firma del traductor oficial ante Notario Público» (Resol. 1959/2020 art. 6°), sin que tales formalidades se hubieran acatado, omisión que impediría tener por adecuadamente legalizada la copia del veredicto reseñado.

1959/2020 art. 6°), sin que tales formalidades se hubieran acatado, omisión que impediría tener por adecuadamente legalizada la copia del veredicto reseñado. En tal sentido, en situaciones con alguna simetría, esta Corporación ha reflexionado que: La desatención de esta carga revela la ausencia del documento a reconocer y conduce indefectiblemente al rechazo del pedimiento judicial, como lo ha dicho esta Corte: [S]e observa que la interesada no aportó la sentencia foránea materia de homologación con la traducción idónea, esto es, según lo determina el artículo 251 ibidem, la efectuada por ‘el Ministerio de 1 Ley 962 de 2005 Artículo 33. Examen para el ejercicio del oficio de traductor e intérprete oficial. Modifíquese el artículo 4° del Decreto 382 de 1951, el cual quedará así: "Artículo 4°. Examen para el ejercicio del oficio de traductor e intérprete oficial. Toda persona que aspire a desempeñar el oficio de Traductor e Intérprete Oficial deberá aprobar los exámenes que sobre la materia dispongan las universidades públicas y privadas que cuenten con facultad de idiomas debidamente acreditadas y reconocida por el ICFES o la entidad que tenga a cargo tal reconocimiento. El documento que expidan las Universidades en que conste la aprobación del examen correspondiente, esto es, la idoneidad para el ejercicio del oficio, constituye licencia para desempeñarse como traductor e intérprete oficial….Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00486-00 8

esto es, la idoneidad para el ejercicio del oficio, constituye licencia para desempeñarse como traductor e intérprete oficial….Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00486-00 8 Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez’ [pues] si bien con el escrito introductor se trajo una traducción realizada por…, respecto de esta no se demostró su condición de ‘intérprete oficial’. En consecuencia, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 606 y 607 del Código General del Proceso, el Despacho resuelve… rechazar la demanda (AC5668, 31 ag. 2016, rad. n° 2016-00111-00). (AC1678-2018, 26 abr. 2018, rad. n.º 201800897-00, AC, 18 ene. 2018, rad. n.º 2017-03479-00 y AC3757, 4 sep. 2018, rad. n.º 2018-02230-00). (CSJ, AC2396-2023, CSJ AC4112025). 5.- Por último, tampoco se encuentran satisfechas las formalidades impuestas en el Código General del Proceso y en la Ley 2213 de 2022 en materia de notificación, puntualmente, la de remitir al contendiente copia de la demanda y sus anexos, esto es, al padre biológico de Kaleth Steven, de quien se indicó, en la “ Declaración Jurada para Orden de Publicación ” que «no reside en el Estado de Virginia, y

demanda y sus anexos, esto es, al padre biológico de Kaleth Steven, de quien se indicó, en la “ Declaración Jurada para Orden de Publicación ” que «no reside en el Estado de Virginia, y desconozco su última dirección postal conocida. Me he puesto en contacto con él a través de las redes sociales, pero se niega a facilitarme su dirección actual. A mi leal saber y entender, actualmente él reside en Colombia» [Folio 18; Archivo digital: Pruebas Exequatur Español.pdf]. 5.1.- Y se echa de menos el poder conferido por los memorialistas a la abogada Myriam Patricia Laverde para ejercer su representación en el presente asunto. 6.- En vista de lo anterior, no queda alternativa diferente al rechazo de la demanda, tal como lo ordena el artículo 607 del Código General del Proceso.

III. DECISIÓNRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00486-00

9 En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, RESUELVE: PRIMERO. Rechazar la demanda de exequatur de la referencia. SEGUNDO. No hay lugar a devolución de anexos por haber sido allegados en medio digital.

NOTIFÍQUESE,

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada

Consultar sobre este documento ...