CSJ - AC1311-2026
Detalles
- Título
- CSJ - AC1311-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Civil
- Año
- —
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada Ponente AC1311-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00671-00 Bogotá, D. C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026). Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de exequatur promovida por Melany Lorena Peñaloza Reales.
I. ANTECEDENTES 1.- Se formuló solicitud de homologación, a través de la cual se pretende el reconocimiento de efectos en la República de Colombia del fallo proferido el 25 de noviembre de 2025 por el Tribunal de Distrito del Estado de Kansas, Condado de Saline, Estados Unidos, en el que se decretó el divorcio entre la libelista y Luis Felipe González Jiménez «dentro del proceso identificado con el número de caso 26DM486». 2.- Según se indicó en el escrito de apertura, los consortes, ambos de nacionalidad colombiana, contrajeronRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00671-00 2 nupcias el 15 de noviembre de 2022 en Colombia, unión respecto de la cual el iudex extranjero declaró el divorcio.
Asimismo, se adujo que el veredicto en cuestión se encuentra ejecutoriado, debidamente apostillado, traducido al español, no vulnera el orden público colombiano, «ni desconoce derechos fundamentales, y fue proferida con pleno respeto al debido proceso» [Folios 1 y 2, Archivo digital: 0005Demanda.pdf].
II. CONSIDERACIONES 1.- Según lo ha precisado la jurisprudencia de esta Sala,
desconoce derechos fundamentales, y fue proferida con pleno respeto al debido proceso» [Folios 1 y 2, Archivo digital: 0005Demanda.pdf].
II. CONSIDERACIONES 1.- Según lo ha precisado la jurisprudencia de esta Sala, ninguna providencia dictada por jueces extranjeros puede tener obligatoriedad ni ejecución forzada en Colombia, a menos que medie la autorización del órgano judicial local competente, que según el ordenamiento adjetivo es la Corte
Suprema de Justicia. En ese sentido, para que una sentencia judicial foránea surta efectos vinculantes en nuestro país se requiere el cumplimiento de los presupuestos que se reclaman en el orden legal interno, específicamente los contenidos en el Capítulo I del Título I del Libro V del Código General del Proceso. El trámite del exequatur deberá ceñirse, por tanto, a la forma y términos establecidos en el artículo 607 ejusdem, cuyo numeral 2º prescribe que la demanda deberá rechazarse si faltare alguno de los requisitos previstos en los numerales 1º a 4º del canon 606.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00671-00 3 Entre las citadas exigencias se impone que la sentencia extranjera, cuya homologación se solicita, «no se oponga a las leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de procedimiento» (numeral 2º ídem) y, que «se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen, y se presente
leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de procedimiento» (numeral 2º ídem) y, que «se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen, y se presente en copia debidamente legalizada» (numeral 3º ibidem).Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00671-00 4 2.- No obstante, contrastadas las piezas documentales aportadas con las premisas legales que se indicaron, refulge el incumplimiento del numeral 2º referido, pues analizado el veredicto objeto de la solicitud de exequatur, se observa que, según su traducción, la causal de divorcio consistió en que «El demandante y el demandado son incompatibles », [Folio 20; Archivo digital: 0005Demanda.pdf] ; causal que no se acompasa con alguna de las contempladas en el artículo 154 del Código Civil, circunstancia que desconocería el orden público interno y haría improcedente conferirle fuerza en el territorio patrio al pronunciamiento foráneo. 3.- Además, se advierte que la libelista no aportó la constancia de ejecutoria de la decisión judicial extranjera o prueba de la que se pueda colegir que aquel pronunciamiento cobró firmeza. Y es que, si bien en el pliego introductor se indicó que la decisión quedó «ejecutoriada», ninguna constancia en tal sentido obra en el plenario, pues la certificación expedida por la «Secretaria del Tribunal de Primera Instancia II
SALINE, CONDADO DE, TRIBUNAL DE DISTRITO DE KANSAS » indica
en tal sentido obra en el plenario, pues la certificación expedida por la «Secretaria del Tribunal de Primera Instancia II SALINE, CONDADO DE, TRIBUNAL DE DISTRITO DE KANSAS » indica que la copia de la providencia mencionada corresponde a un «documento legal y auténtico del archivo original en la Corte» [Folio 25, Archivo digital: 0005Demanda.pdf]. Sobre el punto, es necesario recordar que (…) la jurisprudencia decantada de la Corte tiene dicho que, para demostrar el carácter definitivo, es menester que el interesado allegue prueba idónea que permita tener seguridad de que el fallo es ‘final’, lo cual resulta inviable cuando ‘no hay mención sobre los recursos procedentes en contra del mismo y la manera en que, de haberse interpuesto, fueron agotados, evento que impide igualmente definir el carácter definitivo’ (CSJ, AC2970-2021;Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00671-00 5 reiterado en CSJ, AC995-2022; CSJ, AC3426-2023; CSJ, AC2435-2024; CSJ, AC1770-2025 y CSJ, AC1732026). 4.- Súmese a las referidas falencias que en la postulación de apertura se pasaron por alto algunos de los requisitos formales indispensables para impulsar esta tramitación. 4.1.- En efecto, la copia de providencia que se pretende homologar está incompleta, pues de las diez páginas que dice la conforman, solo se adjuntaron nueve.
requisitos formales indispensables para impulsar esta tramitación. 4.1.- En efecto, la copia de providencia que se pretende homologar está incompleta, pues de las diez páginas que dice la conforman, solo se adjuntaron nueve. 4.2.-La interesada incumplió la carga de adjuntar medios de convicción relacionados con la reciprocidad diplomática o legislativa, esto es, si existe tratado entre Colombia y Estados Unidos sobre reconocimiento de fallos judiciales, o, en la legislación de este último país se otorgan efectos a las sentencias foráneas, desconociendo que es deber de las partes y sus apoderados la obtención de «documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir » (núm. 10 art. 78 C.G.P.), es preciso recordar que según el inciso segundo del artículo 173 eiusdem, al juez le está vedado ordenar la práctica de las pruebas que pudieron haberse obtenido por el interesado mediante el derecho de petición. Sobre el particular esta Sala ha dicho que: (…) la reciprocidad es un presupuesto neurálgico del exequátur, su demostración constituye carga del interesado 1, por lo que el fundamento fáctico y jurídico de la demanda debe contener
alusión sobre el particular, en la cual se sustente la existencia deRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00671-00 6 correspondencia jurídica de orden diplomático o la subsidiaria de carácter legislativo. Tratándose de la reciprocidad legislativa, se deberá allegar la prueba idónea de la ley extranjera en los términos del artículo 177 del Código General del Proceso (CSJ, AC2822-2021, criterio reiterado en CSJ, AC996-2022 y CSJ, AC1944-2024). 4.3.- Asimismo, como ya se enunció, tampoco se adosó el texto de las disposiciones que le sirvieron de soporte al fallo extranjero, en aras de acreditar el presupuesto del orden público. Para tal fin, el precepto 177 del Código General del Proceso, faculta su aportación «en copia al proceso, de oficio o a solicitud de parte », bien, previa expedición de «(…) la autoridad competente del respectivo país, por el cónsul de ese país en Colombia o solicitarse al cónsul colombiano en ese país »; también, mediante un «dictamen pericial rendido por persona o institución experta en razón de su conocimiento en cuanto a la ley de un país o territorio fuera de Colombia, con independencia de si está habilitado para actuar como abogado allí», o a través del «testimonio de dos o más abogados del país de origen o mediante dictamen pericial en los términos del inciso precedente». Bajo ese horizonte, la gestora no identificó las normas que le sirvieron de sustento al fallo extranjero que regulan el
país de origen o mediante dictamen pericial en los términos del inciso precedente». Bajo ese horizonte, la gestora no identificó las normas que le sirvieron de sustento al fallo extranjero que regulan el divorcio por la causal erigida en el país de procedencia, la cual, como ya se enunció anticipadamente transgrede el orden público colombiano; menos aún las acompañó en los anexos de su libelo, esto es, aquellas que contemplen las causas y los efectos de dicha figura jurídica, para proveer el cumplimiento de dicho requisito.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00671-00 7 4.4.- A lo anotado se suma que se desatendió el contenido del canon 251 de la codificación en comento, según el cual, «[p]ara que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez». Lo anterior, porque, de un lado, para la legalización de documentos extranjeros que deban surtir efectos en Colombia es indispensable la traducción oficial de estos cuando no obren en español realizada por un traductor oficial, debiéndose acreditar esta condición con el respectivo certificado que expidan las Universidades en el que conste la idoneidad para el ejercicio del oficio (art. 33 ley 962 de 20051),
oficial, debiéndose acreditar esta condición con el respectivo certificado que expidan las Universidades en el que conste la idoneidad para el ejercicio del oficio (art. 33 ley 962 de 20051), pero además, se deberá «efectuar el reconocimiento o autenticación de la firma del traductor oficial ante Notario Público » (Resol. 1959/2020 art. 6°), sin que tales formalidades se hubieran acatado, omisión que impediría tener por adecuadamente legalizada la copia del veredicto reseñado. En tal sentido, en situaciones con alguna simetría, esta Corporación ha reflexionado que: 1 Ley 962 de 2005 Artículo 33. Examen para el ejercicio del oficio de traductor e intérprete oficial. Modifíquese el artículo 4° del Decreto 382 de 1951, el cual quedará así: "Artículo 4°. Examen para el ejercicio del oficio de traductor e intérprete oficial. Toda persona que aspire a desempeñar el oficio de Traductor e Intérprete Oficial deberá aprobar los exámenes que sobre la materia dispongan las universidades públicas y privadas que cuenten con facultad de idiomas debidamente acreditadas y reconocida por el ICFES o la entidad que tenga a cargo tal reconocimiento. El documento que expidan las Universidades en que conste la aprobación del examen correspondiente, esto es, la idoneidad para el ejercicio del oficio, constituye licencia para desempeñarse como traductor e intérprete oficial….Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00671-00 8 La desatención de esta carga revela la ausencia del documento a reconocer y conduce indefectiblemente al rechazo del pedimiento
como traductor e intérprete oficial….Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00671-00 8 La desatención de esta carga revela la ausencia del documento a reconocer y conduce indefectiblemente al rechazo del pedimiento judicial, como lo ha dicho esta Corte: [S]e observa que la interesada no aportó la sentencia foránea materia de homologación con la traducción idónea, esto es, según lo determina el artículo 251 ibidem, la efectuada por ‘el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez’ [pues] si bien con el escrito introductor se trajo una traducción realizada por…, respecto de esta no se demostró su condición de ‘intérprete oficial’. En consecuencia, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 606 y 607 del Código General del Proceso, el Despacho resuelve… rechazar la demanda (AC5668, 31 ag. 2016, rad. n° 2016-00111-00). (AC1678-2018, 26 abr. 2018, rad. n.º 201800897-00, AC, 18 ene. 2018, rad. n.º 2017-03479-00 y AC3757, 4 sep. 2018, rad. n.º 2018-02230-00). (CSJ, AC2396-2023, CSJ AC4112025). 4.5.- Incluso, se echa de menos que la promotora, en el pliego genitor, no mencionó si en la unión se procrearon
2025). 4.5.- Incluso, se echa de menos que la promotora, en el pliego genitor, no mencionó si en la unión se procrearon hijos, ni si la directriz que se pretende homologar versa sobre derechos reales de bienes que se encuentren en territorio colombiano, incumpliendo lo estipulado en el numeral 1° del precepto 606 enunciado. 4.6.- Finalmente, se vislumbra que del fallo a homologar o de los anexos no emerge información de si la causa fue contenciosa o de mutuo acuerdo, lo cual es determinante, puesto que siendo contencioso deviene imperativo acreditar que en el curso de aquella actuación se cumplió con «el requisito de la debida citación y contradicción del demandado, conforme a la ley del país de origen». 5.- En vista de lo anterior, no queda alternativa diferente al rechazo de la demanda, tal como lo ordena el artículo 607 del Código General del Proceso.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00671-00 9
III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, RESUELVE: PRIMERO. Rechazar la demanda de exequatur de la referencia.
SEGUNDO. No hay lugar a devolución de anexos por haber sido allegados en medio digital. TERCERO. Se reconoce personería al abogado Joel Elías Torres Martínez, para actuar en representación de la demandante, en los términos y para los fines del mandato conferido.
NOTIFÍQUESE,
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada